Luis Daniel Domínguez Araujo

Expediente 98/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 65 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
98/2017
Año
2017
Actuaciones
65
Última actuación
30/11/2018

Partes del expediente

  • Luis Daniel Domínguez Araujo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 65.

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, treinta de noviembre de dos mil dieciocho. Téngase recibido el oficio de cuenta signado por Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, a través del cual remite los autos del expediente en que se actúa; así como testimonio de la resolución de quince de noviembre de dos mil dieciocho, dictada en los autos del toca 3/2018; acúsese el recibo de estilo correspondiente, agréguense los antecedentes para que obren como correspondan y estése a lo resuelto por el tribunal revisor mediante la resolución de que se trata, en cuyos puntos resolutivos dice: "ÚNICO. Se declara sin materia el incidente de inejecución de sentencia 3/2018, relativo al juicio de amparo indirecto 98/2017-II, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, con residencia en Ciudad Valles NOTIFIQUESE." Remítase a la superioridad el acuse de que se trata vía Sistema integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado. DETERMINACIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO Atento a lo resuelto por la Superioridad, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, es menester determinar que existe imposibilidad jurídica para cumplir la ejecutoria de amparo. ARCHIVO Por lo que en términos del párrafo cuarto del citado precepto legal y 214 del ordenamiento legal en consulta, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL CUADERNO PRINCIPAL De conformidad con los puntos Noveno, fracción III y Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; una vez transcurrido el plazo de cinco años este expediente debe ser depurado, toda vez que cuenta con valor jurídico al haberse concedido el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; y al no tratarse de un asunto que deba conservarse en su integridad por su valor histórico o relevancia documental. VALORACIÓN DOCUMENTAL CUADERNO INCIDENTAL ORIGINAL Por otra parte, con fundamento en los puntos noveno fracción III, y vigésimo primero fracción III, párrafo primero, del citado acuerdo, el original del cuaderno incidental es depurable, en virtud de que cuenta con valor jurídico al haberse concedido la suspensión provisional y definitiva; además que no existen documentos originales, y transcurrido el plazo de cinco años que se establece en el primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo en comento, procédase a su destrucción, previo desglose de las constancias relativas que sirvieron de base para conceder la medida cautelar. VALORACIÓN DOCUMENTAL CUADERNO INCIDENTAL DUPLICADO Por lo que respecta al duplicado del cuaderno incidental procédase a su destrucción dentro del plazo de seis meses, en términos de lo previsto en el punto vigésimo, fracción III, del indicado Acuerdo. REMISIÓN EXPEDIENTE AL CENTRO ARCHIVÍSTICO JUDICIAL. Una vez transcurrido el plazo de tres años establecido en el punto Décimo Primero del Acuerdo en comento, remítase este expediente al Centro Archivístico Judicial que corresponda. ANOTACIÓN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL Y FECHA DE ARCHIVO EN CARÁTULAS DE EXPEDIENTES. Por tanto, anótese en la carátula del expediente principal y en la del expediente original del incidente de suspensión que son depurables y destruible en la carátula del duplicado del mencionado incidente; así como la fecha en que se ordena el archivo. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, dieciséis de julio de dos mil dieciocho. Téngase recibido el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, por el cual informa a este Juzgado de Distrito que admitió a trámite la solicitud de verificación de incumplimiento al fallo protector dictado mediante acuerdo de cinco de julio pasado, mismo que se registró con el número de toca 3/2018 y acusa recibo del oficio 5902-II-A mediante el cual se le remitió el expediente original para el efecto precisado; en tal virtud, agréguese a los presentes autos para que obre como constancia.

  3. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, cinco de julio de dos mil dieciocho. Vista la certificación de esta fecha y el estado que guardan los presentes autos, se desprende que ha transcurrido la vista concedida a la parte quejosa mediante proveído de veintisiete de junio de dos mil dieciocho, respecto del informe rendido por la autoridad responsable sobre el cumplimiento dado a la sentencia de amparo; por tanto, se procede a establecer si la ejecutoria constitucional fue acatada por dicha responsable con los elementos que obran en autos. Se advierte en primer lugar, que en la sentencia terminada de engrosar el dieciséis de octubre de dos mil diecisiete y que causó ejecutoria el trece de noviembre siguiente, en su único resolutivo se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso ********************* para el efecto siguiente: "Deberá la autoridad responsable Juez Primero Familiar del Sexto Distrito Judicial en esta ciudad, dejar insubsistente la resolución de veintidós de febrero de dos mil diecisiete, dictada en el expediente *********en la parte relativa a la negativa de proveer la petición del hoy quejoso, únicamente por lo que hace al informe para conocer si el licenciado en psicología designado ********************* cuenta con la especialización para practicar la prueba psicológica en ********************* propuesta en el juicio natural por la tutora especial de la menor y, en su lugar, con sujeción a los lineamientos establecidos en el presente fallo, dicte otro en el que, en el aspecto puntualizado, tenga a bien girar el oficio a la Directora del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia en esta ciudad, para que haga de su conocimiento si el licenciado en psicología designado ********************* cuenta con la especialización para practicar la prueba psicológica en la menor disidente ********************* en términos de la fracción VI del artículo 75 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de San Luis Potosí. Asimismo, para que provea sobre el desahogo de la aludida prueba, en respeto al interés superior del niño y atienda lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de San Luis Potosí, así como observe para mayor auxilio, las directrices que entorno a las periciales infantiles se establecen en el Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Involucren Niñas, Niños y Adolescentes, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Segunda Edición, expedido en dos mil catorce." ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO Ahora, a fin de acatar el fallo amparatorio, mediante oficio número SC 3996/17 signado por el Juez Primero Familiar del Sexto Distrito Judicial en esta ciudad, hizo del conocimiento de este Juzgado Federal que por resolución de diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, dictada en autos del expediente 508/2016/1°, dejó insubsistente la determinación declarada inconstitucional y, en su lugar, declaró procedente el recurso de revocación promovido por el aquí quejoso, solo en cuanto a la petición relativa al informe para conocer si el licenciado ********************* perito en psicología designado, contaba con la especialización para desahogar la experticia en psicología a cargo de la menor quejosa A.D.R., para lo cual ordenó girar oficio a la Directora del Sistema Municipal de Desarrollo Integral de la Familia en esta ciudad, quien después de diversos requerimientos de la responsable y uno de este juzgador, mediante oficio DIF-J-023/2018 de veintiséis de enero de dos mil dieciocho (foja 146), informó que el profesionista en cuestión no contaba con la especialidad en alienación parental. De ahí que, la autoridad responsable, en atención a los lineamientos de la ejecutoria de amparo dispuso solicitar a la Directora del Sistema Estatal del Desarrollo Integral de la Familia en San Luis Potosí y Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado (foja 145), hicieran del conocimiento de esa autoridad si en la plantilla laboral de tales dependencias, contaban con licenciado en psicología con especialización en alienación parental; sin embargo, por acuerdo de seis de febrero pasado, el que esto provee, puntualizó que la especialidad con que debía contar el perito que desahogara la prueba con cargo a la menor quejosa, era en psicología infantil (foja 151); por lo que, el ocho siguiente el juez responsable ordenó girar los oficios a las dependencias aludidas con la precisión de que la especialidad solicitada era en psicología infantil (foja 154) y, en respuesta, hicieron del conocimiento que no contaban con profesionista especialidad en esa materia (foja 158). Por tal razón, como resultado de la gestión efectuada por la responsable, el uno de marzo del presente año (foja 160), obtuvo datos del registro de una perito dictaminadora en psicología clínica, infantil y de familia, de nombre ********************* con domicilio en la ciudad de San Luis Potosí y, una vez que dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera, el veintidós siguiente (fojas 164 y 165), en cumplimiento a la sentencia de amparo, determinó nombrar a dicha profesionista como perito para que desahogara la prueba pericial psicológica con cargo a la menor quejosa, de igual modo, dispuso la forma y términos en que debía desahogarse la probanza en comento, en atención a lo establecido en los artículos 1 y 4, octavo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, fracciones IV y V, 12, fracciones I y VI, 17 y 75, fracciones I, II y VII a XII, de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de San Luis Potosí, así como el Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Involucren Niñas, Niños y Adolescentes, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Segunda Edición, expedido en dos mil catorce, en concreto en el capítulo III, relativo a las Reglas y Consideraciones Generales para las y los juzgadores, apartado 11, correspondiente a las periciales infantiles. Luego, notificada la dictaminadora de referencia, presentó ante el juzgado responsable un escrito mediante el cual hacía del conocimiento los honorarios y costos que erogaría la elaboración del dictamen pericial encomendado (fojas 180 y 181), de lo que se dio vista a las partes y el veintinueve de mayo de dos mil dieciocho (foja 186), el juez de origen determinó solicitar que esa erogación fuera cubierta por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, al tratarse de una controversia en donde se veían involucrados derechos de una menor. Posteriormente, el uno de junio de dos mil dieciocho, ante la autoridad responsable, comparecieron las partes actora y demandada, quienes manifestaron no contar con los recursos económicos para cubrir los honorarios de la experta designada (fojas201 y 202). Asimismo, el seis de junio de dos mil dieciocho, el juez natural en diligencia formal escuchó las manifestaciones expuestas por la menor involucrada (fojas 210 y 211) y en la propia fecha, en audiencia ante el citado juzgador, se celebró convenio entre las partes, del cual tanto la tutora de la infante como el Ministerio Público manifestaron su conformidad (fojas 216 vuelta a 218); convenio en el que al establecerse días y horas para la convivencia entre la menor y la parte actora y sin existir oposición o inconformidad de las partes o cualquier otro interesado, fue aprobado, sancionado y elevado a categoría de cosa juzgada el veintidós de junio pasado, y al que quedaban obligados a estar y pasar por el en todo tiempo y lugar, como si se tratara de sentencia debidamente ejecutoriada. En esa tesitura, si bien el juez de origen dejó insubsistente la resolución reclamada y dispuso la forma y términos en que había de desahogarse la pericial a cargo de la menor, con apego a los lineamientos de la sentencia dictada en el presente juicio, así como que realizó las gestiones respectivas para obtener que un experto en psicología infantil fuera quien la llevara a cabo, lo cierto es que la prueba pericial en comento no se ha logrado practicar dada la falta de recursos económicos para cubrir los honorarios de la dictaminadora; sin embargo, con motivo de la celebración de un convenio en el que se establecieron días y horas para la convivencia entre la menor quejosa y la parte actora, el juez responsable determinó que al no existir oposición o inconformidad de las partes o cualquier otro interesado, el veintidós de junio de este año lo aprobó, sancionó y elevó a categoría de cosa juzgada, y determinó que las partes quedaban obligadas a estar y pasar por el en todo tiempo y lugar, como si se tratara de sentencia debidamente ejecutoriada; lo que tiene como consecuencia que la prueba pericial aludida no pueda ser desahogada, dado el estado procesal del controvertido familiar de origen. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que existe imposibilidad para cumplir la sentencia que concedió el amparo y protección de la justicia federal. Por tanto con apoyo en el último párrafo del artículo 196 en relación con el 193 de la Ley de la Materia, previa formación del cuaderno de antecedentes, remítase el presente asunto al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en turno, a efecto de que se dicte la resolución que corresponda. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 44/2017 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 490, Libro 42, mayo de 2017, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL ÓRGANO JUDICIAL QUE CONOZCA DEL JUICIO DEBE REMITIR LOS AUTOS AL SUPERIOR EN LOS CASOS EN LOS QUE DETERMINE QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA LOGRARLO. Cuando exista declaración del órgano judicial de amparo en el sentido de que una sentencia protectora no puede cumplirse, sea por razones jurídicas, o bien, materiales, debe cesar en el conocimiento del asunto y enviar los autos al superior, acorde con el quinto párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, que prevé que si la ejecutoria no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como lo establece, en lo conducente, el artículo 193 de dicha ley; disposición que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pormenorizó en el inciso D) de la fracción VI del artículo segundo de su Acuerdo General Número 5/2013 (*), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 2013. Ahora bien, si en lugar de cumplir con esta obligación, el juzgador ordena el archivo del asunto porque, en su concepto, la concesión del amparo no pudo realizar su misión de restituir al quejoso en el goce del derecho humano violado, la fracción II del artículo 201 del mismo ordenamiento habilita a las partes para que interpongan el recurso de inconformidad contra dicha determinación, a fin de que el superior examine su legalidad y, particularmente, si existe o no la pretextada imposibilidad de acatar la sentencia protectora, o la razón esgrimida para renunciar a restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación cometida pues, de no existir este medio de defensa, se privaría al quejoso de la oportunidad de obtener, en los casos que proceda, la sustitución del cumplimiento de la sentencia mediante el pago de los daños y perjuicios que habrían de liquidarse en el incidente respectivo."

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 27 fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista el auto de cinco de julio de dos mil dieciocho, a la parte quejosa que dice: "Ciudad Valles, San Luis Potosí, cinco de julio de dos mil dieciocho. Vista la certificación de esta fecha y el estado que guardan los presentes autos, se desprende que ha transcurrido la vista concedida a la parte quejosa mediante proveído de veintisiete de junio de dos mil dieciocho, respecto del informe rendido por la autoridad responsable sobre el cumplimiento dado a la sentencia de amparo; por tanto, se procede a establecer si la ejecutoria constitucional fue acatada por dicha responsable con los elementos que obran en autos. Se advierte en primer lugar, que en la sentencia terminada de engrosar el dieciséis de octubre de dos mil diecisiete y que causó ejecutoria el trece de noviembre siguiente, en su único resolutivo se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso ********************* para el efecto siguiente: "Deberá la autoridad responsable Juez Primero Familiar del Sexto Distrito Judicial en esta ciudad, dejar insubsistente la resolución de veintidós de febrero de dos mil diecisiete, dictada en el expediente *********en la parte relativa a la negativa de proveer la petición del hoy quejoso, únicamente por lo que hace al informe para conocer si el licenciado en psicología designado ********************* cuenta con la especialización para practicar la prueba psicológica en ********************* propuesta en el juicio natural por la tutora especial de la menor y, en su lugar, con sujeción a los lineamientos establecidos en el presente fallo, dicte otro en el que, en el aspecto puntualizado, tenga a bien girar el oficio a la Directora del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia en esta ciudad, para que haga de su conocimiento si el licenciado en psicología designado ********************* cuenta con la especialización para practicar la prueba psicológica en la menor disidente ********************* en términos de la fracción VI del artículo 75 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de San Luis Potosí. Asimismo, para que provea sobre el desahogo de la aludida prueba, en respeto al interés superior del niño y atienda lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de San Luis Potosí, así como observe para mayor auxilio, las directrices que entorno a las periciales infantiles se establecen en el Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Involucren Niñas, Niños y Adolescentes, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Segunda Edición, expedido en dos mil catorce." ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO Ahora, a fin de acatar el fallo amparatorio, mediante oficio número SC 3996/17 signado por el Juez Primero Familiar del Sexto Distrito Judicial en esta ciudad, hizo del conocimiento de este Juzgado Federal que por resolución de diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, dictada en autos del expediente 508/2016/1°, dejó insubsistente la determinación declarada inconstitucional y, en su lugar, declaró procedente el recurso de revocación promovido por el aquí quejoso, solo en cuanto a la petición relativa al informe para conocer si el licenciado ********************* perito en psicología designado, contaba con la especialización para desahogar la experticia en psicología a cargo de la menor quejosa A.D.R., para lo cual ordenó girar oficio a la Directora del Sistema Municipal de Desarrollo Integral de la Familia en esta ciudad, quien después de diversos requerimientos de la responsable y uno de este juzgador, mediante oficio DIF-J-023/2018 de veintiséis de enero de dos mil dieciocho (foja 146), informó que el profesionista en cuestión no contaba con la especialidad en alienación parental. De ahí que, la autoridad responsable, en atención a los lineamientos de la ejecutoria de amparo dispuso solicitar a la Directora del Sistema Estatal del Desarrollo Integral de la Familia en San Luis Potosí y Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado (foja 145), hicieran del conocimiento de esa autoridad si en la plantilla laboral de tales dependencias, contaban con licenciado en psicología con especialización en alienación parental; sin embargo, por acuerdo de seis de febrero pasado, el que esto provee, puntualizó que la especialidad con que debía contar el perito que desahogara la prueba con cargo a la menor quejosa, era en psicología infantil (foja 151); por lo que, el ocho siguiente el juez responsable ordenó girar los oficios a las dependencias aludidas con la precisión de que la especialidad solicitada era en psicología infantil (foja 154) y, en respuesta, hicieron del conocimiento que no contaban con profesionista especialidad en esa materia (foja 158). Por tal razón, como resultado de la gestión efectuada por la responsable, el uno de marzo del presente año (foja 160), obtuvo datos del registro de una perito dictaminadora en psicología clínica, infantil y de familia, de nombre ********************* con domicilio en la ciudad de San Luis Potosí y, una vez que dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera, el veintidós siguiente (fojas 164 y 165), en cumplimiento a la sentencia de amparo, determinó nombrar a dicha profesionista como perito para que desahogara la prueba pericial psicológica con cargo a la menor quejosa, de igual modo, dispuso la forma y términos en que debía desahogarse la probanza en comento, en atención a lo establecido en los artículos 1 y 4, octavo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, fracciones IV y V, 12, fracciones I y VI, 17 y 75, fracciones I, II y VII a XII, de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de San Luis Potosí, así como el Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Involucren Niñas, Niños y Adolescentes, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Segunda Edición, expedido en dos mil catorce, en concreto en el capítulo III, relativo a las Reglas y Consideraciones Generales para las y los juzgadores, apartado 11, correspondiente a las periciales infantiles. Luego, notificada la dictaminadora de referencia, presentó ante el juzgado responsable un escrito mediante el cual hacía del conocimiento los honorarios y costos que erogaría la elaboración del dictamen pericial encomendado (fojas 180 y 181), de lo que se dio vista a las partes y el veintinueve de mayo de dos mil dieciocho (foja 186), el juez de origen determinó solicitar que esa erogación fuera cubierta por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, al tratarse de una controversia en donde se veían involucrados derechos de una menor. Posteriormente, el uno de junio de dos mil dieciocho, ante la autoridad responsable, comparecieron las partes actora y demandada, quienes manifestaron no contar con los recursos económicos para cubrir los honorarios de la experta designada (fojas201 y 202). Asimismo, el seis de junio de dos mil dieciocho, el juez natural en diligencia formal escuchó las manifestaciones expuestas por la menor involucrada (fojas 210 y 211) y en la propia fecha, en audiencia ante el citado juzgador, se celebró convenio entre las partes, del cual tanto la tutora de la infante como el Ministerio Público manifestaron su conformidad (fojas 216 vuelta a 218); convenio en el que al establecerse días y horas para la convivencia entre la menor y la parte actora y sin existir oposición o inconformidad de las partes o cualquier otro interesado, fue aprobado, sancionado y elevado a categoría de cosa juzgada el veintidós de junio pasado, y al que quedaban obligados a estar y pasar por el en todo tiempo y lugar, como si se tratara de sentencia debidamente ejecutoriada. En esa tesitura, si bien el juez de origen dejó insubsistente la resolución reclamada y dispuso la forma y términos en que había de desahogarse la pericial a cargo de la menor, con apego a los lineamientos de la sentencia dictada en el presente juicio, así como que realizó las gestiones respectivas para obtener que un experto en psicología infantil fuera quien la llevara a cabo, lo cierto es que la prueba pericial en comento no se ha logrado practicar dada la falta de recursos económicos para cubrir los honorarios de la dictaminadora; sin embargo, con motivo de la celebración de un convenio en el que se establecieron días y horas para la convivencia entre la menor quejosa y la parte actora, el juez responsable determinó que al no existir oposición o inconformidad de las partes o cualquier otro interesado, el veintidós de junio de este año lo aprobó, sancionó y elevó a categoría de cosa juzgada, y determinó que las partes quedaban obligadas a estar y pasar por el en todo tiempo y lugar, como si se tratara de sentencia debidamente ejecutoriada; lo que tiene como consecuencia que la prueba pericial aludida no pueda ser desahogada, dado el estado procesal del controvertido familiar de origen. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que existe imposibilidad para cumplir la sentencia que concedió el amparo y protección de la justicia federal. Por tanto con apoyo en el último párrafo del artículo 196 en relación con el 193 de la Ley de la Materia, previa formación del cuaderno de antecedentes, remítase el presente asunto al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en turno, a efecto de que se dicte la resolución que corresponda. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 44/2017 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 490, Libro 42, mayo de 2017, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL ÓRGANO JUDICIAL QUE CONOZCA DEL JUICIO DEBE REMITIR LOS AUTOS AL SUPERIOR EN LOS CASOS EN LOS QUE DETERMINE QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA LOGRARLO. Cuando exista declaración del órgano judicial de amparo en el sentido de que una sentencia protectora no puede cumplirse, sea por razones jurídicas, o bien, materiales, debe cesar en el conocimiento del asunto y enviar los autos al superior, acorde con el quinto párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, que prevé que si la ejecutoria no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como lo establece, en lo conducente, el artículo 193 de dicha ley; disposición que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pormenorizó en el inciso D) de la fracción VI del artículo segundo de su Acuerdo General Número 5/2013 (*), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 2013. Ahora bien, si en lugar de cumplir con esta obligación, el juzgador ordena el archivo del asunto porque, en su concepto, la concesión del amparo no pudo realizar su misión de restituir al quejoso en el goce del derecho humano violado, la fracción II del artículo 201 del mismo ordenamiento habilita a las partes para que interpongan el recurso de inconformidad contra dicha determinación, a fin de que el superior examine su legalidad y, particularmente, si existe o no la pretextada imposibilidad de acatar la sentencia protectora, o la razón esgrimida para renunciar a restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación cometida pues, de no existir este medio de defensa, se privaría al quejoso de la oportunidad de obtener, en los casos que proceda, la sustitución del cumplimiento de la sentencia mediante el pago de los daños y perjuicios que habrían de liquidarse en el incidente respectivo.""Ciudad Valles, San Luis Potosí, cinco de julio de dos mil dieciocho. Vista la certificación de esta fecha y el estado que guardan los presentes autos, se desprende que ha transcurrido la vista concedida a la parte quejosa mediante proveído de veintisiete de junio de dos mil dieciocho, respecto del informe rendido por la autoridad responsable sobre el cumplimiento dado a la sentencia de amparo; por tanto, se procede a establecer si la ejecutoria constitucional fue acatada por dicha responsable con los elementos que obran en autos. Se advierte en primer lugar, que en la sentencia terminada de engrosar el dieciséis de octubre de dos mil diecisiete y que causó ejecutoria el trece de noviembre siguiente, en su único resolutivo se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso ********************* para el efecto siguiente: "Deberá la autoridad responsable Juez Primero Familiar del Sexto Distrito Judicial en esta ciudad, dejar insubsistente la resolución de veintidós de febrero de dos mil diecisiete, dictada en el expediente *********en la parte relativa a la negativa de proveer la petición del hoy quejoso, únicamente por lo que hace al informe para conocer si el licenciado en psicología designado ********************* cuenta con la especialización para practicar la prueba psicológica en ********************* propuesta en el juicio natural por la tutora especial de la menor y, en su lugar, con sujeción a los lineamientos establecidos en el presente fallo, dicte otro en el que, en el aspecto puntualizado, tenga a bien girar el oficio a la Directora del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia en esta ciudad, para que haga de su conocimiento si el licenciado en psicología designado ********************* cuenta con la especialización para practicar la prueba psicológica en la menor disidente ********************* en términos de la fracción VI del artículo 75 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de San Luis Potosí. Asimismo, para que provea sobre el desahogo de la aludida prueba, en respeto al interés superior del niño y atienda lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de San Luis Potosí, así como observe para mayor auxilio, las directrices que entorno a las periciales infantiles se establecen en el Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Involucren Niñas, Niños y Adolescentes, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Segunda Edición, expedido en dos mil catorce." ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO Ahora, a fin de acatar el fallo amparatorio, mediante oficio número SC 3996/17 signado por el Juez Primero Familiar del Sexto Distrito Judicial en esta ciudad, hizo del conocimiento de este Juzgado Federal que por resolución de diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, dictada en autos del expediente 508/2016/1°, dejó insubsistente la determinación declarada inconstitucional y, en su lugar, declaró procedente el recurso de revocación promovido por el aquí quejoso, solo en cuanto a la petición relativa al informe para conocer si el licenciado ********************* perito en psicología designado, contaba con la especialización para desahogar la experticia en psicología a cargo de la menor quejosa A.D.R., para lo cual ordenó girar oficio a la Directora del Sistema Municipal de Desarrollo Integral de la Familia en esta ciudad, quien después de diversos requerimientos de la responsable y uno de este juzgador, mediante oficio DIF-J-023/2018 de veintiséis de enero de dos mil dieciocho (foja 146), informó que el profesionista en cuestión no contaba con la especialidad en alienación parental. De ahí que, la autoridad responsable, en atención a los lineamientos de la ejecutoria de amparo dispuso solicitar a la Directora del Sistema Estatal del Desarrollo Integral de la Familia en San Luis Potosí y Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado (foja 145), hicieran del conocimiento de esa autoridad si en la plantilla laboral de tales dependencias, contaban con licenciado en psicología con especialización en alienación parental; sin embargo, por acuerdo de seis de febrero pasado, el que esto provee, puntualizó que la especialidad con que debía contar el perito que desahogara la prueba con cargo a la menor quejosa, era en psicología infantil (foja 151); por lo que, el ocho siguiente el juez responsable ordenó girar los oficios a las dependencias aludidas con la precisión de que la especialidad solicitada era en psicología infantil (foja 154) y, en respuesta, hicieron del conocimiento que no contaban con profesionista especialidad en esa materia (foja 158). Por tal razón, como resultado de la gestión efectuada por la responsable, el uno de marzo del presente año (foja 160), obtuvo datos del registro de una perito dictaminadora en psicología clínica, infantil y de familia, de nombre ********************* con domicilio en la ciudad de San Luis Potosí y, una vez que dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera, el veintidós siguiente (fojas 164 y 165), en cumplimiento a la sentencia de amparo, determinó nombrar a dicha profesionista como perito para que desahogara la prueba pericial psicológica con cargo a la menor quejosa, de igual modo, dispuso la forma y términos en que debía desahogarse la probanza en comento, en atención a lo establecido en los artículos 1 y 4, octavo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, fracciones IV y V, 12, fracciones I y VI, 17 y 75, fracciones I, II y VII a XII, de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de San Luis Potosí, así como el Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Involucren Niñas, Niños y Adolescentes, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Segunda Edición, expedido en dos mil catorce, en concreto en el capítulo III, relativo a las Reglas y Consideraciones Generales para las y los juzgadores, apartado 11, correspondiente a las periciales infantiles. Luego, notificada la dictaminadora de referencia, presentó ante el juzgado responsable un escrito mediante el cual hacía del conocimiento los honorarios y costos que erogaría la elaboración del dictamen pericial encomendado (fojas 180 y 181), de lo que se dio vista a las partes y el veintinueve de mayo de dos mil dieciocho (foja 186), el juez de origen determinó solicitar que esa erogación fuera cubierta por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, al tratarse de una controversia en donde se veían involucrados derechos de una menor. Posteriormente, el uno de junio de dos mil dieciocho, ante la autoridad responsable, comparecieron las partes actora y demandada, quienes manifestaron no contar con los recursos económicos para cubrir los honorarios de la experta designada (fojas201 y 202). Asimismo, el seis de junio de dos mil dieciocho, el juez natural en diligencia formal escuchó las manifestaciones expuestas por la menor involucrada (fojas 210 y 211) y en la propia fecha, en audiencia ante el citado juzgador, se celebró convenio entre las partes, del cual tanto la tutora de la infante como el Ministerio Público manifestaron su conformidad (fojas 216 vuelta a 218); convenio en el que al establecerse días y horas para la convivencia entre la menor y la parte actora y sin existir oposición o inconformidad de las partes o cualquier otro interesado, fue aprobado, sancionado y elevado a categoría de cosa juzgada el veintidós de junio pasado, y al que quedaban obligados a estar y pasar por el en todo tiempo y lugar, como si se tratara de sentencia debidamente ejecutoriada. En esa tesitura, si bien el juez de origen dejó insubsistente la resolución reclamada y dispuso la forma y términos en que había de desahogarse la pericial a cargo de la menor, con apego a los lineamientos de la sentencia dictada en el presente juicio, así como que realizó las gestiones respectivas para obtener que un experto en psicología infantil fuera quien la llevara a cabo, lo cierto es que la prueba pericial en comento no se ha logrado practicar dada la falta de recursos económicos para cubrir los honorarios de la dictaminadora; sin embargo, con motivo de la celebración de un convenio en el que se establecieron días y horas para la convivencia entre la menor quejosa y la parte actora, el juez responsable determinó que al no existir oposición o inconformidad de las partes o cualquier otro interesado, el veintidós de junio de este año lo aprobó, sancionó y elevó a categoría de cosa juzgada, y determinó que las partes quedaban obligadas a estar y pasar por el en todo tiempo y lugar, como si se tratara de sentencia debidamente ejecutoriada; lo que tiene como consecuencia que la prueba pericial aludida no pueda ser desahogada, dado el estado procesal del controvertido familiar de origen. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que existe imposibilidad para cumplir la sentencia que concedió el amparo y protección de la justicia federal. Por tanto con apoyo en el último párrafo del artículo 196 en relación con el 193 de la Ley de la Materia, previa formación del cuaderno de antecedentes, remítase el presente asunto al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en turno, a efecto de que se dicte la resolución que corresponda. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 44/2017 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 490, Libro 42, mayo de 2017, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL ÓRGANO JUDICIAL QUE CONOZCA DEL JUICIO DEBE REMITIR LOS AUTOS AL SUPERIOR EN LOS CASOS EN LOS QUE DETERMINE QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA LOGRARLO. Cuando exista declaración del órgano judicial de amparo en el sentido de que una sentencia protectora no puede cumplirse, sea por razones jurídicas, o bien, materiales, debe cesar en el conocimiento del asunto y enviar los autos al superior, acorde con el quinto párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, que prevé que si la ejecutoria no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como lo establece, en lo conducente, el artículo 193 de dicha ley; disposición que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pormenorizó en el inciso D) de la fracción VI del artículo segundo de su Acuerdo General Número 5/2013 (*), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 2013. Ahora bien, si en lugar de cumplir con esta obligación, el juzgador ordena el archivo del asunto porque, en su concepto, la concesión del amparo no pudo realizar su misión de restituir al quejoso en el goce del derecho humano violado, la fracción II del artículo 201 del mismo ordenamiento habilita a las partes para que interpongan el recurso de inconformidad contra dicha determinación, a fin de que el superior examine su legalidad y, particularmente, si existe o no la pretextada imposibilidad de acatar la sentencia protectora, o la razón esgrimida para renunciar a restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación cometida pues, de no existir este medio de defensa, se privaría al quejoso de la oportunidad de obtener, en los casos que proceda, la sustitución del cumplimiento de la sentencia mediante el pago de los daños y perjuicios que habrían de liquidarse en el incidente respectivo."

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