Luis Daniel Aguilar Leon
Expediente 51/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 7 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 51/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 06/04/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Luis Daniel Aguilar Leon
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Mexicali, Baja California, a seis de abril de dos mil diecisiete. CAUSA ESTADO AUTOVisto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de diez días, a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes haya recurrido el proveído de diez de marzo de dos mil diecisiete, dictado en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la ley de la materia, se declara que dicho acuerdo que sobreseyó fuera de audiencia en esta instancia, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo, se hace la indicación que el presente cuaderno es susceptible de depuración, Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. LIBROS DE GOBIERNO Y SISE Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, notifíquese a las partes en el juicio, y en su oportunidad archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el mencionado libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Finalmente, hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias.
- Principal
Mexicali, Baja California, a dieciséis de marzo de dos mil diecisiete. Vista la razón actuarial que antecede de la que se advierte la imposibilidad de notificar al quejoso el contenido del acuerdo de diez de marzo de dos mil diecisiete, por los motivos que se exponen en la misma. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, proceda el Actuario Judicial, a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal, el acuerdo de mérito, al citado quejoso; así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, hasta en tanto, señale domicilio para oír y recibir notificaciones; lo anterior, para los efectos legales conducentes. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEÍDO DE DIECISÉIS DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, SE NOTIFICA POR LISTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN III, INCISO A) DE LA LEY DE AMPARO, A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE DIEZ DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, QUE DICE: Mexicali, Baja California, a diez de marzo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio que remite la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, mediante el cual exhibe documentales, en alcance a su informe justificado. PRUEBA DOCUMENTAL Por tanto, téngase como prueba de la referida autoridad responsable, la documental consistente en copia certificada de la resolución de siete de marzo de dos mil diecisiete, relativa al expediente 680/2015 S.S., de conformidad con el numeral 119 de la Ley de Amparo. EXAMEN ESTADO ACTUAL DE AUTOS SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA Analizadas las documentales exhibidas en apoyo al informe con justificación, y en congruencia al estado que guardan los presentes autos, se advierte que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo cual hace imposible la prosecución del presente juicio de amparo, ya que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse; por ende, inexiste necesidad de pronunciar la presente determinación hasta la audiencia constitucional, a fin de no incurrir en el retardo en la impartición de la justicia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto, son: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Para ilustrar lo anterior, se invoca el contenido del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" En efecto, de la lectura de la demanda de amparo, se revela que la parte quejosa reclama la omisión de dictar resolución con motivo del recurso de revisión interpuesto en el expediente 680/2015 S.S., del índice del Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad; en cambio, la autoridad responsable el siete de marzo de dos mil diecisiete, pronunció la resolución correspondiente, tal como es posible corroborar jurídicamente de la documental que acompaña al comunicado oficial de cuenta. Medio de convicción que alcanza el rango de prueba plena, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º. Aplica lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su anterior integración, visible en la página 153, tomo VI, primera parte, materia común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente hacen prueba plena." Consecuentemente, si de las constancias que obran en autos queda demostrado que dejó de prevalecer la actitud de abstención de la autoridad responsable, por ende, todos los efectos del acto reclamado fueron destruidos en forma total e incondicional, produciéndose el resultado que la sentencia protectora, conforme al artículo 77, de la Ley de Amparo, sea imposible la fijación de sus extremos; por lo que, como se anticipó, se actualiza la causa de improcedencia invocada. Es aplicable, en la especie, la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página treinta y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, que a la letra, dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Sin que pase desapercibido que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha subrayado la trascendencia de las causas de improcedencia en el juicio de amparo, al tratarse de cuestiones de orden público que ha lugar a analizar de oficio y, por tanto, son de estudio preferente, por lo que incluso en el supuesto de existir violaciones en el procedimiento del juicio, resultaría inoficioso reponer el procedimiento por violaciones procesales, pues a pesar de que el Juez de Distrito subsane la violación cometida, llegará a la misma conclusión de improcedencia, lo que provocaría la tramitación innecesaria del proceso, ello pone de manifiesto la trascendencia de actualizarse durante el juicio una causal de improcedencia. En este tema, es aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación número 2a./J. 151/2015 (10a.), publicada en la página 1293 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo II, noviembre de dos mil quince, Décima Época, cuyo rubro y texto son: "VIOLACIONES PROCESALES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO DEBE ORDENARSE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO A PESAR DE QUE ÉSTAS SE HAYAN COMETIDO, SI SE CONFIRMA LA IMPROCEDENCIA DECRETADA POR EL JUEZ DE DISTRITO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el procedimiento de amparo debe reponerse sólo cuando la violación cometida trascienda al resultado de la sentencia definitiva y cause perjuicio a la parte recurrente, pues lo contrario provocaría llegar al extremo de retardar la resolución del juicio sin resultado práctico. Asimismo, ha subrayado la trascendencia de las causas de improcedencia en el juicio de amparo, al tratarse de cuestiones de orden público que ha lugar a analizar de oficio y, por tanto, son de estudio preferente. Sobre esa base, si en la revisión el ad quem examina la improcedencia decretada por el Juez de Distrito y advierte la existencia de elementos suficientes que conducen a confirmar su existencia, ello provoca que la reposición del procedimiento por violaciones procesales sea innecesaria, pues a pesar de que el Juez de Distrito subsane la violación cometida, llegará a la misma conclusión de improcedencia, lo que provocaría la tramitación innecesaria del proceso, con la consecuente dilación en la resolución del asunto, en detrimento del derecho a la justicia pronta y expedita reconocido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Desde luego, ello opera bajo la lógica de que la violación procesal cometida no se relacione con el supuesto de improcedencia que tenga por actualizado el Juez de Distrito pues, en ese caso, deberá privilegiarse el estudio de las violaciones procesales y ordenarse la reposición del procedimiento." En relatadas condiciones al actualizarse la causal de improcedencia analizada, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio sumario. En razón de lo anterior, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se encuentra señalada para las once horas con treinta minutos del dieciséis de marzo de dos mil diecisiete. Sin que pase inadvertido para este juzgador, que no se encuentra emplazada a juicio la Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Tijuana, Baja California, a quien le resulta el carácter de tercero interesado, en términos de lo dispuesto en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo; por ser contraparte de la hoy quejosa en el juicio natural. Sin embargo, se considera que no procede ordenar que se subsane tal irregularidad, porque ningún beneficio les acarrearía el llamamiento a dicho tercero interesado, pues la pretensión que pudieran hacer valer de que subsista el acto reclamado, queda satisfecha con el sobreseimiento del amparo a la parte quejosa. Es aplicable al caso por identidad jurídica la jurisprudencia número 531, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 349, del tenor siguiente: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado". Finalmente, hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista egresos de la estadística de este Juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias.
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A SIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de catorce de febrero de dos mil diecisiete, emitido por la autoridad responsable en el juicio de origen 680/2015 S.S., se turnaron los autos al Magistrado Ponente para emitir resolución en cumplimiento al artículo 94 de la Ley del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Baja California. REQUERIMIENTO CONSTANCIAS AUTORIDAD RESPONSABLE Tomando en cuenta lo anterior, requiérase al Pleno del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, para que en el plazo de tres días, computados legalmente, informe a este juzgado federal, si emitió la resolución respectiva en el expediente 680/2015 S.S., de su índice, y en caso afirmativo, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero de la Ley de Amparo, remita copia certificada de la misma. Al respecto, es aplicable en términos de lo que establece el artículo 217 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 1a./J. 163/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Enero de dos mil seis, página 319, cuyo rubro dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL." APERCIBIMIENTO AUTORIDAD REQUERIDA Se apercibe a la autoridad requerida, que en caso de no hacerlo así, se le impondrá una multa de $8,004.00, (ocho mil cuatro pesos, moneda nacional), que es el equivalente al valor de cien veces la Unidad de Medida y Actualización ($80.04 pesos mexicanos UMA), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 238 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo.
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