Luis Cosme García Lazáro
Expediente 1165/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1165/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Luis Cosme García Lazáro
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de diciembre de dos mil veintiuno. En atención a la cuenta que antecede, el juez determina lo siguiente: Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada en este juicio de amparo ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se sobreseyó en el juicio de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
"En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a las dieciséis horas con diez minutos del veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, junto con el secretario de acuerdos Gamaliel Sánchez Cruz, procede a celebrar la presente audiencia constitucional, sin la comparecencia de las partes. Relación de constancias. El secretario de acuerdos hace una relación de las constancias que obran en el juicio de amparo 1165/2021, entre las que se encuentran las siguientes: (i) demanda de amparo, (ii) auto admisorio dictado el veintidós de octubre de dos mil veintiuno, (iii) informe justificado rendido por la responsable. El Juez de Distrito acuerda: con fundamento en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias que antecede para los efectos legales a que haya lugar; se ordena pasar a la siguiente etapa. Etapa probatoria. El secretario da cuenta con las documentales que la responsable anexó como apoyo a su informe justificado. El Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas y admitidas las pruebas antes relacionadas. Con la precisión que tales medios de convicción, se desahogan de la siguiente manera: Todas y cada una de las documentales allegadas por las partes que intervienen en el juicio constitucional, por su propia y especial naturaleza. Por otro lado, toda vez que no existe diverso medio de prueba que desahogar, se cierra el periodo de pruebas. Etapa de alegatos. En esta etapa se hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. Consecuentemente, como no existen diligencias pendientes por desahogar, se da por concluida la presente audiencia constitucional en términos de la presente acta y se procede a dictar la siguiente: S E N T E N C I A Mediante la que resuelve el juicio de amparo indirecto 1165/2021 promovido por **********, en contra de la omisión de dictar auto de radicación. El problema jurídico en el presente asunto exige analizar, en el caso de que se cumplan los presupuestos procesales correspondientes para el dictado de una sentencia de fondo, si la omisión reclamada vulnera en perjuicio del inconforme el derecho sustantivo a una tutela judicial efectiva reconocido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, y particularmente la ejecución de la sentencia que constituye cosa juzgada. ANTECEDENTES A través del escrito presentado el veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, el inconforme presentó demanda ante la Junta Especial Número Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca y aduce, que a hasta la fecha de la presentación de la demanda origen de esta controversia constitucional, aún no existía pronunciamiento por parte de la responsable de esa petición. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Mediante escrito presentado el veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, **********, promovió juicio de amparo en contra de la omisión de dictar auto de radicación, acto atribuido a la Juna Especial Número Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca. Por acuerdo de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto admitió a trámite la demanda registrándola bajo el expediente 1165/2021; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; dio la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de ley. El quejoso señaló como derechos fundamentales violados los consagrados en los artículos 8, 14, 16 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del acto reclamado y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. La audiencia constitucional tuvo verificativo en términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo establecido en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; y, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se reclaman actos omisivos. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que el inconforme reclama lo siguiente: De la Junta Especial Número Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, la omisión de dictar auto de radicación a su escrito inicial de demanda. V. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS Al rendir su informe justificado el Presidente de la Junta Especial Número Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, convino en la existencia del acto reclamado, agregando que el diez de junio del año en curso, se había dictado auto de inicio en el expediente laboral **********, y que el mismo se encontraba pendiente de notificación, en dicho proveído fueron señaladas las diez horas del día seis de octubre del año dos mil veintiuno, para el desahogo de la Audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, la cual no fue posible desahogar en virtud de que derivado de los diversos bloqueos efectuados en diferentes puntos de la Ciudad, esta Junta Local, declaró el día inhábil, sin embargo con fecha veinte de octubre del año que transcurre, dictó otro acuerdo en el que se señaló nueva fecha y hora para el desahogo de la Audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, el cual se encuentra en poder del C. Actuario Adscrito a esta Junta para la debida notificación a las partes, lo que se corrobora con las constancias que anexó a su informe justificado consistente en copia certificada de los autos del expediente agrario 361/2020; documental a la que se le otorga el carácter de documento público de conformidad con el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo abrogada, puesto que su formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario investido de fe pública, expedida en el ejercicio de sus funciones; y, esa publicidad se demuestra por las características que presentan tales documentales, como son, la existencia de los sellos, firmas y demás signos provenientes de las leyes; por lo que, al tener esa calidad de documentos públicos, se les confiere valor probatorio pleno, atento a lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del citado código procesal. Cobra aplicación en tal supuesto, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Sin Embargo, contrario a lo aseverado por la responsable, lo cierto es que la autoridad responsable dio contestación el diez de junio de dos mil veintiuno, a la petición formulada por la impetrante del amparo al escrito de diecinueve de mayo de esta anualidad, y la respuesta fue realizada el diez de junio siguiente, en el que dictó el auto inicio en el juicio laboral **********, del índice de la responsable; en consecuencia, es evidente que a la fecha de presentación de la demanda de amparo -21 de octubre de 2021-, el acto reclamado no existía, lo que ratifica del acto atribuido a la responsable. De lo anterior, se estima que al veintiuno de octubre dos mil veintiuno, fecha en la que se presentó la demanda de amparo, ya no existía ese acto reclamado por la quejosa, puesto que la autoridad responsable con anterioridad había dado respuesta a la petición formulada a su escrito de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, de lo cual se duele en esta instancia constitucional el disidente del amparo. Por otro lado, debe destacarse que la parte quejosa no desvirtuó tal negativa, porque no ofreció algún medio de convicción en el presente sumario con ese propósito. Sin que impacte en la presente determinación que de las constancias de que remite la autoridad, no se advierta la notificación realizada a la parte quejosa, pues si bien la quejosa alega, entre otros, como conceptos de violación el contenido en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, que refiere que a toda petición deberá de recaer un acuerdo escrito, el cual deberá de hacérselo saber en breve termino. Cierto es también que la Primera Sala de nuestro máximo tribunal ya se ha pronunciado en el sentido que cuando se reclama la violación del artículo 8º dentro de un procedimiento jurisdiccional, como en el que actúa la parte quejosa, no puede considerarse como de ejecución irreparable, pues no se cumple con el requisito de procedencia del amparo indirecto consistente en la transgresión a un derecho sustantivo, puesto que no se trata de una actuación autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da en dicho contexto, por lo que tiene el carácter de adjetivo y debe atenderse a las reglas establecidas en la legislación ordinaria, para obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada, así como de constreñirla a impulsar el procedimiento. Motivo por el cual, la falta de notificación no puede combatirse de forma autónoma, por no causa a la quejosa un daño irreparable. Apoya lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 1a./J. 7/2015 (10a.), y 1a./J. 8/2015 (10a.), publicadas en el Semanario Judicial de la Federación el diecisiete de abril de dos mil quince y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 17, Tomo I, abril de 2015, páginas 480 y 478, que reza: DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento. Aunado a que en proveído de ocho de noviembre del año que transcurre, se dio vista con el informe justificado de la responsable, actuación con la que tuvo oportunidad de imponerse de lo acordado en el juicio laboral 502/21 (2) Bis. VI. DECISIÓN En consecuencia, como no existe prueba en contrario, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo que procede en este asunto es el sobreseimiento. Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por **********, en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables, por los motivos expuestos en el apartado VI de esta sentencia. NOTIFÍQUESE."
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de noviembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes el informe justificado rendido por la Junta Especial Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje de Oaxaca; asimismo, se tiene a dicha autoridad por anunciadas las documentales que exhibe, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional respectiva; con el contenido de tales instrumentos dese vista a las demás partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En otro punto, a fin de que el justiciable se imponga del contenido del informe justificado y de los documentos que la responsable presentó en términos de lo dispuesto por el ordinal 117, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy se difiere para las DIECISÉIS HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. En respaldo de lo anterior, se cita la jurisprudencia P/J 54/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página cinco, tomo XI, abril de dos mil, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, bajo el rubro "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA LA CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO". Notifíquese.
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