Luis Contreras Ponce
Expediente 666/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 666/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 07/06/2023
Partes del expediente
- Luis Contreras Ponce
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que se haya presentado promoción encaminada a impugnar el auto de once de mayo de dos mil veintitrés; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos de ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes En razón de lo anterior, de conformidad a lo establecido en los artículos 12, 14 y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; el presente juicio es susceptible de depuración, por lo que una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente a que surta efectos la notificación de este proveído, dentro de los siguientes noventa días, se verificará la depuración del presente expediente; y terminado ese proceso, deberá realizarse una transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, para el trámite respectivo. Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental ni susceptible de conservación. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Finalmente, notificado que sea el presente acuerdo, archívese este asunto totalmente concluido.
- Principal
Analizado este expediente, se advierte que la valoración del mismo, se realizó de manera incorrecta, de conformidad al ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte En razón de lo anterior: de conformidad a lo establecido en los artículos 12, 14 y 18, fracción I, inciso b), del referido Acuerdo, el presente juicio es susceptible de depuración, por lo que una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente a que surta efectos la notificación de este proveído, dentro de los siguientes noventa días, se verificará la depuración del presente expediente; y terminado ese proceso, deberá realizarse una transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, para el trámite respectivo. Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental ni susceptible de conservación.
- Principal
CÚMPLASE.
- Principal
Analizado el oficio signado por la Titular del Instituto Federal de Defensoría Pública, Delegación Jalisco, por el que designa representante especial de la parte quejosa personas menores de edad de iniciales ****, todas de apellidos V.R. y propone herramientas tecnológicas oficiales de comunicación instantánea; agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar y con fundamento en el artículo 8 de la Ley de Amparo, se tiene a la Asesora Jurídica Federal ******, como su representante especial. Por otro lado, visto el escrito por el que ***, acepta el cargo de representante especial de la indicada parte quejosa; agréguese a los autos y téngasele aceptando el cargo conferido. Máxime a que la aceptación se efectuó vía su certificado digital respectivamente asignado; el cual, consiste en un documento de identidad que permite la identificación del usuario o del autor del documento en los sistemas electrónicos del Poder Judicial de la Federación, mismo que será intransferible, irrepetible, personal y único. Ello, al tenor a las reglas que prevé la regulación que para tal efecto emitió el Consejo de la Judicatura Federal en el artículo 3°, fracción VI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. En atención a su solicitud tanto por la consulta del expediente electrónico como por la práctica de notificaciones por dicha vía; se acuerda favorable su solicitud, y se comisiona a la o el Secretario del Juzgado habilite la vía electrónica de acuerdo con las condiciones que la misma requiera, con fundamento en el artículo 3 de la ley de la materia y la o el Actuario adscrito para que practique las notificaciones de carácter personal, en la citada vía, dado que la parte lo solicitó expresamente. A fin de obtener de manera más ágil una consulta de las constancias obrantes en el expediente, y en aras de una justicia pronta y expedita en términos del artículo 17 constitucional, expídansele a su costa las copias simples solicitadas, previo recibo y razón que se otorgue en autos. Por otro lado, hágase de su conocimiento que el expediente físico, se encuentra integrado únicamente con las constancias presentadas por esa vía, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós; con fundamento en el "SEXTO" transitorio, del diverso ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, que precisa: "SEXTO. Los órganos jurisdiccionales deberán garantizar la integridad del expediente electrónico. A partir del 1 de diciembre de 2022, los expedientes físicos deberán contener únicamente aquellos documentos recibidos por esa vía". Téngasele señalando correo electrónico, así como número de teléfono, a través del cual se podrá brindar atención respecto de comunicaciones no procesales; de lo que se deberá conservar el registro de las comunicaciones hasta la conclusión del trámite. Se tiene(n) como autorizado(s) en los términos restringidos de los artículos 12, segunda parte, y 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a la totalidad de persona(s) restante(s), al así haberse solicitado. En razón de lo anterior, requiérase a la representante especial para que en el término de tres días posteriores a aquél en que haya surtido efectos la notificación respectiva, manifieste cuál es su postura en relación al juicio de amparo en que se actúa; sin que sea óbice a lo anterior que las directrices sobre la impartición de justicia tratándose de asuntos en los que intervengan menores de edad, no se encuentren contempladas en la Ley de Amparo; pues dicha circunstancia no impide a los Jueces, Magistrados y demás entidades auxiliares de la administración judicial, observar los principios y obligaciones previstos en distintos ordenamientos que rigen esa materia; a saber: la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; Convención Americana sobre los Derechos Humanos; Convención sobre los Derechos del Niño; Directrices y Manual sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos para uso de profesionales y encargados de la formulación de políticas; e incluso, conforme al Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren niñas, niños y adolescentes, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es obligación de los Jueces y Magistrados proporcionarle un legítimo representante. Bajo apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá como medida de apremio, la multa prevista por el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo.
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