Luis Chaides Rios

Expediente 150/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
150/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
18/12/2019

Partes del expediente

  • Luis Chaides Rios

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que el Coordinador del Área Penal Zona Costa de Defensoría Pública Estatal, con sede en esta ciudad, no ha dado cumplimiento a lo solicitado en proveído dictado el tres de diciembre de dos mil diecinueve. En ese contexto, requiérase de nueva cuenta a la citada autoridad, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que surta efectos la presente notificación, asigne al quejoso un defensor público, a fin de que adquiera una representación jurídica capacitada para enfrentar las diversas situaciones que se le presenten en el juicio, en razón a las condiciones restrictivas de libertad en las que se encuentra. Se invoca como apoyo la tesis de Jurisprudencia 1ª/J.43/2019, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en Libro 69, página 1301, Agosto de 2019, tomo II de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro y texto es del siguiente: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja." Con el apercibimiento, a la citada dependencia, que de no cumplir, dentro del término señalado, con fundamento en los artículos 237, fracción I, en relación con el artículo 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos ($84.49), valor diario de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con los preceptos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    ...Se admite la demanda de amparo promovida por Luis Chaides Ríos, de propio derecho, contra actos del Juez de Control Especializado en Ejecución, con residencia en Tecate, Baja California, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 150/2019-C. Sin que sea el caso tramitar incidente de suspensión respectivo, toda vez que no fue solicitado por la parte quejosa. Audiencia constitucional. Cítese a las partes a la audiencia constitucional que tendrá verificativo a las nueve horas con cincuenta minutos del siete de enero de dos mil veinte. Agente del Ministerio Público de la Federación. Dese la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, en términos de los artículos 107, fracción XV, constitucional, y 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. Informes justificados. Pídase informe justificado a la autoridad responsable, la que en términos del precepto 117, de la Ley de Amparo, deberá rendir dentro del plazo de quince días hábiles, siguientes a aquel en que reciba el oficio en el que se le solicita, en el cual expondrá las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, y de ser el caso, remita copia certificada y legible de las constancias necesarias para apoyarlo, en la inteligencia que de no hacerlo así, se presumirá cierto el acto que se le reclama, salvo prueba en contrario; asimismo, de ser omisa, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cien unidades de medida y actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos ($84.49), valor diario de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con los preceptos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Se faculta al actuario de la adscripción, para que una vez apersonado en el domicilio en el que se encuentre ubicada la autoridad responsable en este juicio de amparo, si ésta se niega a recibir los comunicados a ella dirigida, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; sin perjuicio que se le aplique la sanción que establece el numeral 245, de la ley de la materia. Causas de sobreseimiento. Se previene a las partes que en caso de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, debiendo, de ser posible, acompañar las constancias que así lo acrediten; de no hacerlo, se impondrá la multa prevista en el artículo 251, de la Ley de Amparo. Conocimiento previo. Requiérase a la autoridad responsable para que al rendir su informe con justificación, comunique a este órgano de control constitucional si tiene conocimiento de algún juicio de amparo que se relacione con el acto que se reclama en éste, o sea, que haya sido promovido por el mismo quejoso o que derive del mismo procedimiento o juicio del que emana el acto que aquí se reclama; lo anterior, a efecto de aprovechar, en su caso, el conocimiento previo del asunto y evitar el dictado de resoluciones contradictorias. Tercero interesado. Ahora bien, este Juzgado Federal se reserva de acordar a quiénes les reviste el carácter de terceros interesados en el presente juicio de amparo hasta en tanto la autoridad rinda su informe justificado, una vez que conste en el expediente copias certificadas del juicio de origen, y analizadas, se hará el pronunciamiento de a quiénes les reviste tal carácter en el presente juicio de amparo y se ordenará su emplazamiento. Copias del escrito de demanda. No es óbice a la presente determinación, el hecho de que el quejoso no haya exhibido la totalidad de las copias del escrito de demanda de amparo para traslado, pues tratándose de actos derivados del orden penal, el párrafo segundo del numeral 110, de la Ley de Amparo establece una excepción a la obligación de presentar las copias de referencia. Capítulo de pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, requiérase a Correos Sepomex de Tecate, Baja California, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que surta efectos la presente notificación, remita a este Juzgado copia del acuse de recibo de la correspondencia que fue enviada en uno de marzo de dos mil diecinueve, por Luis Chaides Ríos, con el apercibimiento que en caso de incumplir con lo ordenado, con fundamento en el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación al diverso 259, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta unidades de medida y actualización, por el equivalente a la cantidad de $4,224.50 (cuatro mil doscientos veinticuatro pesos 50/100 moneda nacional), la que resulta de multiplicar por cincuenta la cantidad de ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos ($84.49), valor diario de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con los preceptos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. En virtud que el agraviado se encuentra privado de la libertad y que de su demanda no se aprecia que designe a alguien que lo patrocine en este juicio, a fin de salvaguardar sus derechos y no dejar al peticionario del amparo en estado de indefensión, con fundamento en el artículo 20, fracciones I y V, de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado de Baja California, en relación con lo dispuesto en el diverso numeral 10, fracción VI, del Reglamento de la Ley de Defensoría de Oficio del Estado de Baja California, gírese oficio al Coordinador del Área Penal Zona Costa de Defensoría Pública Estatal, con residencia en esta ciudad, anexando copia simple de la demanda, con la finalidad que dentro del plazo de tres días, computados legalmente, asigne al quejoso un defensor público, a fin de que adquiera una representación jurídica capacitada para enfrentar las diversas situaciones que se le presenten en el juicio, en razón a las condiciones restrictivas de libertad en las que se encuentra. Señalamiento de domicilio. Atento a lo dispuesto en el numeral 108 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio del promovente el Centro de Reinserción Social "El Hongo", en Tecate, Baja California, tal como lo señala en su escrito de demanda; por lo que con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena al Actuario de la adscripción, que las notificaciones personales que emanen de este asunto se notificarán personalmente al quejoso en ese centro penitenciario, entregándole copia autorizada de las actuaciones. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Transparencia Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte. Expediente electrónico. Finalmente, en atención al Acuerdo General 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y los diversos Acuerdos Generales Conjuntos 1/2009 y 1/2015, ambos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como al contenido del artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

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