Luis César Zambrano Huerta

Expediente 1108/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1108/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
27/10/2017

Partes del expediente

  • Luis César Zambrano Huerta

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el auto de diez de octubre de dos mil diecisiete, por el que DESECHÓ la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja procedente en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, causa estado dicho auto. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. En razón de lo anterior, en cumplimiento a lo que establece el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente expediente en que se actúa, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes, conforme a lo que dispone la fracción XVIII, del capítulo primero, del referido acuerdo general conjunto; por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa la anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el capítulo tercero, punto décimo primero, párrafo segundo, del multicitado acuerdo general conjunto número 1/2009.

  2. Principal

    Vista la demanda de garantías promovida por ***, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Tercero de lo Penal de la ciudad de Puebla y otra autoridad. Fórmese el cuaderno de amparo correspondiente y regístrese con el número 1108/2017. Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo resulta improcedente en tanto que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo establece: Dicho precepto establece la improcedencia del juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por éstos aquellos contras los que no se promueve el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Al respecto, es necesario transcribir el artículo 17 de la Ley de la Materia, que prevé: Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. El primero de los preceptos transcrito prevé el plazo genérico de quince días para presentar la demanda de amparo, el cual es aplicable en la especie pues no se está en presencia de alguna de las hipótesis consagradas en las facciones I a IV de dicha disposición legal; ello, porque no se está en presencia de un amparo contra leyes o contra el procedimiento de extradición (que debe promoverse en treinta días); tampoco se reclama la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal (que puede reclamarse en el lapso de ocho años), ni se promueve por un núcleo de población comunal o ejidal respecto de actos que puedan tener como efecto privarlos total o parcialmente, en forma temporal o definitiva de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios (respecto de los que el plazo es de siete años) y tampoco implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, ni de incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales (en que la demanda podrá presentarse en cualquier tiempo). Por su parte, el segundo de los artículos citados establece que el término de quince días para la promoción del juicio de garantías correrá a partir del día siguiente: 1) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; 2) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución; o 3) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. De una recta interpretación del precepto citado se desprende que los supuestos antes precisados son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno y, por tanto, es claro que la intención del legislador fue la de establecer que el término para la promoción del juicio de amparo se compute a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de aquéllos. Entonces, tomando como base el supuesto previsto en el inciso 2) se tiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por éstos, aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro del término a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, esto es, dentro de los quince días siguientes al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución, supuesto que se actualiza en el presente caso, como a continuación se demostrara. En efecto, Luis César Zambrano Huerta, reclamó el auto de treinta de mayo de dos mil diecisiete, a través del cual se le dijo que no era procedente su solicitud de cancelar sus antecedentes penales, así como el cumplimiento y ejecución del mismo. De lo cual se advierte que con anterioridad a la presentación de demanda ya tenía conocimiento del acto que pretende controvertir en el presente juicio. En efecto, el inconforme en el citado juicio constitucional reclamo al Juez Tercero de lo Penal de la ciudad de Puebla, en su carácter de ordenador a la Diligenciaría adscrita al Juzgado en cita, como ejecutor la notificación del auto de molestia, aduciendo, bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento de dicho acto el treinta de mayo del año en curso. En ese contexto, es evidente que en el caso concreto el quejoso debió controvertir el auto de treinta de mayo del presente año atribuido al Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, dentro de la causa penal 195/2017;el día siguiente al en que tuvo conocimiento de dicho acto, tomando en consideración que el artículo 18 de la Ley de Amparo dispone, en su segunda hipótesis, que los plazos a que se refiere el artículo 17 de la propia ley se computarán a partir del día siguiente, al en que tenga conocimiento del acto reclamado; siendo que, como se evidenció, en la especie existe prueba de que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado a partir del treinta de mayo de dos mil diecisiete, por lo que el plazo para la promoción del amparo se contará desde el día siguiente de dicha data. En consecuencia, dicho plazo transcurrió del uno al veintiuno de junio de dos mil diecisiete, descontando del mismo los días 3, 4, 10, 11, 17 y 18 de junio, de la anualidad en curso, por ser sábados y domingos y, por ende, inhábiles para la promoción del juicio de amparo. Por tanto, si su escrito de demanda de amparo se presentó hasta el nueve de octubre de dos mil diecisiete, es evidente que el juicio de garantías se promovió en forma extemporánea, consintiendo el agraviado en forma tácita su contenido. Ante ello, resulta inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XIV, en relación con el 17 y 18 de la Ley de Amparo. En consecuencia, por ser notoria e indudable la improcedencia que se observa en términos del artículo 113 del ordenamiento en cita, se desecha de plano la ampliación de demanda de amparo intentada por el quejoso que se provee. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, así como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la Materia a Neptali Campos Vélez, y únicamente para oír y recibir notificaciones a los diversos profesionistas que menciona en su escrito de demanda.

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