Luis Cervantes García

Expediente 433/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
433/2016
Año
2016
Actuaciones
6
Última actuación
01/06/2016

Partes del expediente

  • Luis Cervantes García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, se colige que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes recurriera la sentencia dictada en el sumario en que se actúa, mediante la cual sobreseyó en el juicio de amparo promovido por Luis Cervantes García; en consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86 de la ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales conducentes. En consecuencia y atento a la certificación de cuenta, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en Libro de Gobierno. De conformidad con lo establecido en la certificación de que se trata, con apoyo en el Acuerdo General De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es destruible, toda vez que encuadra en la fracción IV, de dicho punto, al ser un juicio de amparo sobreseído. c) Transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo. e) Pasados cinco años, del dictado del auto de archivo, este expediente es destruible.

  2. Principal

    VISTOS, para resolver los autos, del juicio de amparo indirecto 433/2016, promovido por Luis Cervantes García, contra actos del Juez Segundo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México y otra autoridad; por lo que, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el cuatro de abril de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, remitida al día siguiente, por razón de turno, a este Juzgado, Luis Cervantes García, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que a continuación se indican (foja 2): "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: Ordenadoras. C. JUEZ SEGUNDO PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA CON RESIDENCIA EN ALMOLOYA DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. IV.- ACTOS RECLAMADOS. Le reclamo la violación al derecho de petición consagrada en el artículo 8º Constitucional, toda vez que en varias ocasiones le he solicitado mediante acuerdo me informe la forma en la que cuantificó el término establecido en el artículo 148 del Código de Procedimientos Penales abrogado para decretar el sobreseimiento". En escrito aclaratorio presentado ante este Juzgado el catorce de abril de dos mil dieciséis, el quejoso señaló: "EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE: La violación al derecho de petición, porque la responsable no me ha dado respuesta a la petición que le hice por escrito en la cual le solicité que mediante acuerdo o auto me informara la forma en la que cuantificó el término establecido en el artículo 148 del Código de Procedimientos Penales abrogado, para decretar el sobreseimiento. Aclarando que NO se reclama el sobreseimiento, sino la falta de respuesta a mi petición". SEGUNDO. La parte quejosa señaló que el acto reclamado es violatorio de los derechos humanos protegidos por el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como, expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. TERCERO. Por auto de quince de abril de dos mil dieciséis, este Juzgado de Distrito admitió a trámite la demanda, solicitó su informe justificado a la autoridad responsable, dio la intervención que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no presentó pedimento ministerial alguno; ordenó se notificara al tercero interesado; y se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos, tuvo verificativo, al tenor del acta que antecede; por lo que, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia de este órgano jurisdiccional. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Civiles Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, es competente legalmente para conocer y resolver el juicio de garantías planteado, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I y VII de la Constitución General de la República; 1° fracción I, 37 de la Ley de Amparo; 48 y 55, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que el acto reclamado se le atribuye a un tribunal laboral que reside dentro de la circunscripción territorial asignada a este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Definición de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se coligen del análisis de la demanda íntegramente considerada, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior, de conformidad con lo sustentado en la jurisprudencia P./J.40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de dos mil, página treinta y dos, que es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, de la lectura integral de la demanda de garantías, en concordancia con la información allegada al juicio, se concluye que el quejoso reclama: La negativa a dar contestación al escrito por el cual el quejoso solicita se le haga saber mediante acuerdo la manera en la que la autoridad responsable cuantificó el término establecido en el artículo 148 del Código de Procedimientos Penales (abrogado) para decretar el sobreseimiento dentro de la causa penal 120/2014. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Ahora bien, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, el tribunal que conozca del mismo, en primer lugar, debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar de manera oficiosa las causas de improcedencia que advierta se actualicen en el particular, para que, de ser procedente el juicio, pronunciar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, ya que, al no ser ciertos los actos combatidos, es innecesario ocuparse del estudio de cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 61 de la ley de la materia, es decir, del análisis de alguna causa de improcedencia o bien del fondo del asunto, pues todo ello implica inicialmente que se tenga la seguridad de que los actos reclamados son ciertos, y así, estar en posibilidad de analizar causales de improcedencia y de no actualizarse alguna, estudiar el fondo del asunto. Tiene aplicación a lo precedente la tesis de jurisprudencia XVII.2o. J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro establece: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. En ese sentido el Juez Segundo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, al rendir su informe justificado, negó el acto reclamado; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa con las copias certificadas de las constancias de la causa penal 120/2014, que la responsable remitió en compañía a su informe con justificación; documentales a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º. CUARTO. Cuestiones de procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación deben analizarse las causales de improcedencia que surjan en el presente juicio de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo vigente, por ser una cuestión de orden público. De esta forma, se considera que en el caso de actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Así, del análisis gramatical del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, permite precisar que según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Así, de la interpretación que se realiza de la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia, existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) Por revocación; y, b) Por sustitución. El primer supuesto [por revocación], se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos fundamentales, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto [por sustitución], se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso o proceso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente. Cabe precisar que la cesación de efectos se da cuando el acto queda destruido en su totalidad, porque la autoridad en forma unilateral lo revocó y la situación jurídica del particular se restablece como si ese acto jamás hubiera existido, porque los efectos que pudo haber provocado en la esfera jurídica del gobernado quedaron destruidos. En ese caso, los efectos de la determinación recurrida cesan al haber sido sustituido por una nueva resolución, o por haber surgido una de esta clase, que es la que rige el procedimiento correspondiente. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce sus derechos fundamentales, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos del motivo de improcedencia apuntado, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Y eso es lo que acontece en el caso que se analiza, pues respecto al acto de autoridad por el que se acudió a la presente instancia constitucional consistente en la negativa de dar contestación al escrito por el cual el quejoso solicita se le haga saber mediante acuerdo la manera en la que la autoridad responsable cuantificó el término establecido en el artículo 148 del Código de Procedimientos Penales (abrogado) para decretar el sobreseimiento dentro de la causa penal 120/2014; sobrevino una cesación en virtud de que en el expediente en mención el dieciocho de abril del año en curso, la responsable emitió un auto mediante el cual dio respuesta a la petición del quejoso. Por tanto, la determinación reclamada por esta vía, quedó sin efectos, puesto que la responsable dio contestación al escrito presentado el dieciocho de abril de dos mil dieciséis, el cual contenía la misma petición de la que se duele el aquí quejoso, como se advierte de las constancias que obran en autos y que fueron exhibidas por la responsable mediante oficio 963, de diecinueve de abril de este año. Consecuentemente, es evidente que las cosas quedaron en el estado que guardaban con anterioridad a la emisión del acto reclamado. Luego, si la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Son aplicables al caso, las jurisprudencias emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las cuales son del rubro siguiente: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. (S.J.F. y su Gaceta, novena época, tomo IX, junio de 1999, página 38). SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. (S.J.F y su Gaceta, novena época, tomo VII, febrero de 1998, página 210). A mayor abundamiento, es conveniente dejar definido que para concluir lo aquí resuelto, se toma como directriz el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al dirimir el amparo directo en revisión 3103/2012, el veintiocho de noviembre de dos mil doce, en tanto que en la ejecutoria de que se trata, se sostuvo, en líneas generales, que incluso con la existencia de la reforma al artículo 1º de la Constitución Federal, de junio de dos mil once, no es dable asumir que a través del juicio de amparo sea posible dolerse de cualquier acto o ley, sin que se verifiquen ciertos supuestos que permitan el inicio de un medio de defensa, como lo es el hecho de que la demanda de amparo se formule atendiendo a las formalidades procesales, las cuales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución; así, concluyó la Primera Sala, que estimar lo contrario significaría modificar el régimen establecido por la Constitución, respecto de los aspectos de procedencia del juicio de amparo, declarando procedente lo improcedente. De la ejecutoria en cuestión derivó la tesis 1ª LXXXIV/2013 (10ª), consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 1, página 890, que es del tenor siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." En consecuencia, el presente juicio resulta improcedente de conformidad con la causa prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por consiguiente, lo que procede es sobreseer en el mismo con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la normatividad de mérito. Por último, no se soslaya en el presente juicio no se notificó al Agente del Ministerio Público Adscrito al Juzgado responsable, en su carácter de tercero interesado, sobre la presentación de la demanda de amparo; sin embargo, lo anterior se considera innecesario, en virtud del sobreseimiento decretado en líneas precedentes, por lo que su intervención no podría trascender en el sentido de este fallo, máxime, es un hecho que tal determinación no le repara perjuicio alguno, por lo que diferir la presente audiencia, para el efecto de notificarle, sólo retrasaría inútilmente el trámite y solución de presente asunto. Es aplicable la tesis 1ª./J.59/2015, de la Primera Sala, emitida en la Décima Época, Tomo I, veinticuatro de noviembre de dos mil quince, página ochocientos cuarenta y uno de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente tenor: "REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN ESENCIAL QUE LA HACE PROCEDENTE, LA OMISIÓN DE NOTIFICAR AL MINISTERIO PÚBLICO QUE HAYA INTERVENIDO EN EL PROCEDIMIENTO PENAL DEL CUAL DERIVE EL ACTO RECLAMADO, SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO, SIEMPRE QUE SU INTERVENCIÓN PUEDA TENER TRASCENDENCIA PARA EL SENTIDO DEL FALLO, PERO NO CUANDO TENGA QUE SOBRESEERSE EN EL JUICIO (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En la jurisprudencia 1a./J. 87/2012 (10a.), (1) emitida conforme a la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la omisión de notificar al Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal, sobre la presentación de la demanda en que se impugna la resolución jurisdiccional reclamada en el juicio de amparo, para que esté en posibilidad de formular alegatos, constituye una violación esencial a las reglas del procedimiento del juicio de amparo, en virtud de que su intervención podría influir en el sentido de la sentencia de amparo que deba dictarse. Dicho criterio continúa siendo aplicable, en términos del artículo Sexto Transitorio de la nueva Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, toda vez que no se opone a este último ordenamiento, sino que ha ampliado la participación del Ministerio Público que intervino en el proceso penal del que deriva el acto reclamado, al reconocerle el carácter de parte tercero interesada, como se advierte del contenido de los artículos 5o., 12, 115, 116 y 124 de la nueva ley". En mérito de lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 61, fracción XXI, 63, fracción V, 117, 124 y 217 de la Ley de Amparo vigente, se: Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 433/2016, promovido por Luis Cervantes García, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable aludida en el resultando primero, por los motivos expresados en el considerando último de esta resolución.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2, se agrega a los autos el escrito de cuenta, a través del cual el quejoso, solicita le sean expedidas copias certificadas por duplicado del informe justificado rendido por la responsable y anexos. Atento a lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 121 de la Ley de Amparo, expídanse a costa del promovente las copias certificadas solicitadas, previa razón que por su recibo obre en autos y una vez que las labores del juzgado lo permitan.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; veintiuno de abril de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos los escritos de cuenta, mediante los cuales los terceros interesados ***, Presidente, Secretario y Tesorero, del Comisario de Bienes Comunales de San Francisco Xochicuatla y su Barrio la Concepción, se apersonan al presente sumario, designan domicilio para oír y recibir notificaciones, autoriza a diversas personas para tal efecto, informan que el régimen de explotación de la tierra es comunal, realizan diversas manifestaciones en vía de alegatos y ofrece pruebas. Con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso a) de la ley de la materia, se le tiene por apersonado en su carácter de tercero interesado, al presente juicio de amparo, por lo que se deja a la vista los autos del sumario en que se actúa por hechas sus manifestaciones en vía de alegatos y por desahogado el requerimiento formulado en autos. De igual modo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas que se publiquen en este órgano jurisdiccional, para los efectos legales conducentes y como autorizados a las personas que refieren. Con fundamento el en el artículo 119 de la ley de la materia se tienen como pruebas de su parte las documentales que exhiben, la presuncional y la instrumental pública de actuaciones, mismas que se desahogan dada su propia y especial naturaleza. Por cuanto a la devolución de los documentos que exhiben previo cotejo y compulsa devuélvanse dichas documentales. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa asistido con el licenciado Erik Roberto Frías Guerrero, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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