Luis Carlos Vega Pámanes

Expediente 991/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 10 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
991/2018
Año
2018
Actuaciones
10
Última actuación
19/08/2022

Partes del expediente

  • Luis Carlos Vega Pámanes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Visto el oficio de cuenta, signado por la Directora General de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales del Consejo de la Judicatura Federal, por medio del cual solicita información del presente juicio en atención a la petición P-1348-19 ***, en trámite ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por tanto, a efecto proporcionar la información se da contestación a los puntos solicitados por la autoridad oficiante: "1. Antecedentes, desarrollo procesal y estado actual del expediente de mérito, así como los datos relativos en su caso, de recursos interpuestos en la secuela procesal o contra la sentencia que se hubiere emitido." Infórmese a la autoridad oficiante que el veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, la demanda de amparo promovida por ***. Posteriormente, en auto de tres de abril de dos mil dieciocho se desechó de plano la demanda de amparo. Por auto de diecinueve de abril de dos mil dieciocho, se tuvo a la parte quejosa interponiendo recurso de queja contra el citado desechamiento. De dicho recurso correspondió conocer al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, bajo el número de queja 135/2018. Mediante auto de dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, se recibió el testimonio derivado del recurso de reclamación 24/2018 del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, el cual interpuso el aquí quejoso contra el auto de veintiocho de junio de dos mil dieciocho, emitido dentro del recurso de queja 135/2018, a través del cual se desestimó la pretensión del recurrente de tramitar el incidente de incompetencia; el cual se resolvió infundado. En auto de tres de enero de dos mil diecinueve, se recibió la resolución pronunciada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en el recurso de queja 135/2018, en la que se resolvió como infundado el recurso de queja interpuesto, y se ordenó el archivo del presente juicio. "2. Síntesis de los razonamientos jurídicos relevantes, el sentido de la sentencia, así como la fecha en que ésta le fue notificada al peticionario." Se informa que en el presente juicio no se dictó sentencia alguna, en razón de que se desechó de plano la demanda de amparo, al actualizarse una causa de improcedencia, pues la parte quejosa en concreto reclamó: Las sentencias condenatorias emitidas en los juicios políticos números 12/2016, 28/2016 y 35/2016, así como la substanciación, declaraciones y resoluciones emitidas durante la tramitación de los mismos (actos que se atribuyen al Congreso y a la Comisión de Responsabilidades del Congreso, ambos del Estado de Jalisco). Las comunicaciones remitidas a los demás Poderes de esta entidad federativa en términos del artículo 60 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos a efecto de hacerles de su conocimiento la aprobación de las mencionadas sentencias condenatorias (acto que se reclama del Secretario General del Congreso del Estado de Jalisco). La publicación de las sentencias reclamadas en el Periódico Oficial de esta entidad federativa (acto que se atribuye al Director del Periódico Oficial "El Estado de Jalisco"). Por lo que este órgano jurisdiccional determinó que se actualizaba la causal de improcedencia establecida en la fracción VII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que los actos reclamados son de naturaleza política, ya que derivan del procedimiento que en su totalidad participa de las características de un sistema de control político; luego, dada la naturaleza del procedimiento y de las actuaciones de las autoridades que participan en el juicio político y, merced a que se trata de una facultad soberana y discrecional del Congreso del Estado. Causa de improcedencia que se hizo extensiva a la expedición y promulgación de los artículos 98 de la Constitución Política del Estado de Jalisco y el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, en virtud de que la parte quejosa los impugnó con motivo de los que consideró su primer acto de aplicación. Asimismo, en relación con los actos reclamados consistentes en la expedición y promulgación de la fracción VII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que se reclamó de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, ambas del Congreso de la Unión y del Presidente de la República, este Juzgado de Distrito advirtió que se actualizó la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la ley de la materia. Ello, pues se precisó que sería un contrasentido que este juzgado de Distrito admitiera una demanda que se promueve contra un precepto de la Ley de Amparo para evadir su contenido, pues es improcedente la impugnación de la Ley de Amparo mediante el juicio de amparo indirecto, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que se trata de una norma heteroaplicativa, pero al tratarse de la legislación que regula la tramitación del juicio de amparo, su aplicación necesariamente se dará durante la substanciación de este último, lo que imposibilita su impugnación con el acto que la individualice, al actualizarse la causa de improcedencia consignada en la fracción IX del artículo 61 de la ley invocada. Por tanto, se estimó que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, puesto que para actualizar el perjuicio contra el gobernado se requiere de la emisión de actos o resoluciones concretas y que estén fundadas en dicho artículo para poder combatirlo, dado que este juzgado no puede analizar la legalidad de las determinaciones que éste emita con sustento en esa normativa ni de aquellas emitidas por diversos tribunales de amparo. También, se destacó que no era obstáculo que el desechamiento se fundara en causas de improcedencia que aparentemente no podrían considerarse manifiestas e indudables, esto es, en las previstas en las fracciones VII y XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que desde el análisis preliminar que se efectúa de la demanda es posible determinar la improcedencia del juicio, situación que no podría ser desvirtuada por el promovente durante el procedimiento del juicio de amparo ni en la audiencia constitucional, de ahí que no existía justificación jurídica, práctica, ni lógica para tramitar y sujetar a las partes al mismo, pues, finalmente, no sería factible el estudio de fondo del derecho discutido. Asimismo, se precisó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido la improcedencia del juicio en tratándose de juicio político, el carácter de heteroaplicativo de la Ley de Amparo, así como la forma en que ésta puede ser impugnada, por lo cual, este órgano jurisdiccional se limitó a realizar una relatoría de lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a adherirse a dicho criterio. Resolución que confirmó el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el recurso de queja 135/2018, en el que medularmente sostuvo lo siguiente: "[.] Sin embargo, la ineficacia de los agravios que se contestan, deriva de que en la especie lo razonado por el juez de Distrito sí colma esos supuestos previstos en el artículo 113 de la Ley de Amparo, precisamente ante la existencia de jurisprudencias que resultan aplicables al caso concreto y que definen ciertos aspectos que de forma directa dan lugar a la actualización de alguna de las causales de improcedencia contenidas en el diverso numeral 61 de tal legislación federal, las cuales además de resultar de observancia obligatoria en términos de lo previsto por el numeral 217, su aplicación presupone el examen de adecuación concreto al asunto que mediante las mismas se pretende fundamentar o directamente resolver. [...] Así pues, por más que la parte recurrente sostenga que en el auto recurrido se efectuaron múltiples consideraciones y fueron citadas diversas normatividades, jurisprudencias y tesis aisladas, esto no genera, por sí mismo, un análisis propio de la sentencia, en tanto que atendiendo al número y naturaleza distinta de los actos reclamados, así como al propio planteamiento contenido en la demanda inicial, es que el juez federal se vio en la necesidad de sustentar debidamente las causales de improcedencia que estimó actualizadas en aquellas fuentes del derecho. Pero sobre todo, este tribunal revisor coincide con el juzgador federal, en cuanto a que respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables Congreso del Estado de Jalisco, Comisión de Responsabilidades y Secretario General, ambos de esa legislatura local, así como al Director del Periódico Oficial de dicha entidad federativa, consistentes en las substanciaciones, declaraciones y sentencias condenatorias dictadas en los juicios políticos números 12/2016, 28/2016 y 35/2016, incluidas las comunicaciones remitidas a los demás Poderes del Estado de Jalisco, en términos del artículo 60 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a efecto de hacerles de su conocimiento la aprobación de las mencionadas sentencias y sus publicaciones en tal medio de comunicación procesal; sí se actualiza de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia a que alude el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo. [...] De lo que resulta claro que tratándose de resoluciones de los Congresos de los Estados, en declaración de procedencia y en juicio político, siempre es improcedente el juicio de amparo, puesto que el legislador federal separó los supuestos previstos en dicha fracción mediante el uso de las conjunciones disyuntivas o distributivas "y" y "así como", de la siguiente forma: ".VII. Contra las resoluciones o declaraciones. en declaración de procedencia y en juicio político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente;."; lo que denota que se trata de tres supuestos independientes, del tipo de resoluciones o declaraciones emitidas por el Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes. [...] En ese tenor, es ajustado a derecho que el juez federal haya considerado actualizada la causa de improcedencia a que alude la fracción VII del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque aun cuando tomó en cuenta lo relativo a la facultad soberana o discrecional en la emisión de los actos reclamados; lo cierto es que ello no varía el sentido de la presente determinación, en cuanto a que la hipótesis relativa a las declaraciones y resoluciones emitidas con motivo de un juicio político, tienen una naturaleza diversa a la de los actos emitidos en elección, suspensión o remoción de funcionarios. [...] Con base en todas esas precisiones, este órgano federal estima que, contrario a lo que se intenta hacer valer, el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo, no contraviene el derecho a la tutela judicial efectiva, en específico, el de acceso a un recurso efectivo, cuya violación se hace derivar de que restringe la posibilidad de promover juicio de amparo contra resoluciones emitidas por las Legislaturas de los Estados en los casos de juicio político. [...] Dicho en otras palabras, aun cuando el juicio político no escapa a los referidos principios por tratarse de un proceso que busca fincar responsabilidades y sanciones ante conductas que no son afines con el ejercicio de cargos públicos, como ya se precisó, también se refiere a un acto de naturaleza política, cuya inimpugnabilidad tiene concordancia con los principios democráticos de un Estado Constitucional, en el que su correcto funcionamiento demanda que existan controles de tipo político para reprochar responsabilidad política de actos que constituyan abuso o exceso de poder por parte de los funcionarios públicos. Es corolario de lo anterior, que el derecho al recurso judicial efectivo no puede estimarse transgredido por la restricción prevista en la Ley de Amparo, para combatir resoluciones emitidas en los juicios políticos instaurados por las legislaturas locales, porque no se trata de actos materialmente jurisdiccionales, sino actos de orden político que sancionan la actuación política de los servidores públicos. Aunado a que la imposibilidad de recurrir ese tipo de resoluciones deriva de una disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y no de una norma secundaria como se intenta hacer valer, toda vez que en términos de lo previsto por el artículo 108 de aquella Carta Magna, las Legislaturas Locales se encuentran facultadas para regular en sus Constituciones y en los mismos términos, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, así como el tipo de responsabilidad por el manejo indebido de recursos públicos y la deuda pública. Por lo que es innegable que el legislador estatal actuó de conformidad con lo estipulado en la Constitución Federal, pues en el referido numeral 98 de la máxima norma jalisciense tan solo se reprodujo la restricción constitucional, que precisa que las declaraciones y resoluciones que se dictan en contra de quienes se sujeten a juicio político son inatacables. De suerte que, al ser esto así, la redacción del artículo 61, fracción VII, de Ley de Amparo, es acorde con el texto de la Norma Suprema Nacional, sobre todo, porque la restricción constitucional se encuentra por encima de los derechos previstos en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte. Al respecto cobra aplicación la tesis jurisprudencial P./J. 20/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 202 del Libro 5, Tomo I, Abril de 2014, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL. El primer párrafo del artículo 1o. constitucional reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte. De la interpretación literal, sistemática y originalista del contenido de las reformas constitucionales de seis y diez de junio de dos mil once, se desprende que las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte final del primer párrafo del citado artículo 1o., cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional, ya que el principio que le brinda supremacía comporta el encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal como material, circunstancia que no ha cambiado; lo que sí ha evolucionado a raíz de las reformas constitucionales en comento es la configuración del conjunto de normas jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha supremacía en el orden jurídico mexicano. Esta transformación se explica por la ampliación del catálogo de derechos humanos previsto dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual evidentemente puede calificarse como parte del conjunto normativo que goza de esta supremacía constitucional. En este sentido, los derechos humanos, en su conjunto, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano". Así como la tesis aislada del propio Pleno del Máximo Tribunal del País, que enseguida se inserta: "SENTENCIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. DIRECTRICES PARA ESTABLECER Y CONCRETAR LAS OBLIGACIONES QUE DEBE CUMPLIR EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN TRATÁNDOSE DE RESTRICCIONES CONSTITUCIONALES. La jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es aceptada por el Estado Mexicano y, en esa medida, en tanto se esté frente al incumplimiento de obligaciones expresamente contraídas por éste, no corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizar, revisar, calificar o decidir si una sentencia dictada por aquel organismo internacional es correcta o no, lo que debe entenderse en forma unímoda y dogmática, ya que la competencia del Máximo Tribunal Constitucional del país, como garante de la supremacía constitucional, descansa ontológica e inmanentemente en su actuación, de acuerdo con el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, para establecer y concretar las obligaciones que debe cumplir el Poder Judicial de la Federación en atención a las sentencias internacionales, se estima necesario analizar siempre: (I) los débitos que expresamente se desprenden de tales fallos para el Poder Judicial de la Federación, como parte del Estado Mexicano; y, (II) la correspondencia que debe existir entre los derechos humanos que estimó vulnerados la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con los reconocidos por la Constitución General de la República o los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano y que, por tanto, se comprometió a respetar. En el entendido de que si alguno de los deberes del fallo implica desconocer una restricción constitucional, ésta deberá prevalecer, en términos de la jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.) (*)." (Época: Décima Época. Registro: 2010000. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I. Materia(s): Constitucional. Tesis: P. XVI/2015 (10a.). Página: 237). Sin que el hecho de que se deseche de plano la demanda inicial con fundamento en el tantas veces referido numeral 61, fracción VII, de la Ley de Amparo, signifique por sí mismo la vulneración del derecho humano a que alude el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, como se pretende hacer valer en el quinto motivo de agravio; ya que no debe soslayarse que el que se cuente con el derecho a un recurso legal efectivo, no tiene el alcance de inadvertir los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tienen a su alcance, en tanto que tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen la función jurisdiccional. Le resulta cita, en tal sentido, a la tesis jurisprudencial 2a./J. 98/2014 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 909 del Libro 11, Tomo I, Octubre de 2014, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que enseguida se inserta: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio". En suma, se concluye que aun cuando la improcedencia del juicio de amparo constituye un impedimento legal para resolver sobre la existencia o no de alguna violación a los derechos fundamentales de quien se dice agraviado por algún acto de autoridad, las causales de inejercitabilidad previstas en la Ley de Amparo no son violatorias del acceso a un recurso judicial efectivo o de acceso a la justicia, porque encuentran su razonabilidad en la medida de que se justifican en el derecho a recibir justicia pronta y expedita, al evitar que los juicios de amparo proliferen de manera desmedida, haciendo nugatorio el referido derecho fundamental, debido a la demora en la solución de los conflictos. Es aplicable al caso, la tesis aislada I.7o.A.15 K (10a.) del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro, texto y datos de identificación siguientes: "SOBRESEIMIENTO EN LOS JUICIOS. EL DERIVADO DE LA ACTUALIZACIÓN DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA NO ENTRAÑA, PER SE, EL DESCONOCIMIENTO AL DERECHO DE TODO GOBERNADO A UN RECURSO EFECTIVO, EN TÉRMINOS DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. El sobreseimiento en los juicios, por la actualización de las causales de improcedencia, no entraña, per se, el desconocimiento al derecho de todo gobernado a un recurso efectivo frente a la actuación del poder público, en términos de los artículos 8, numeral 1 (garantías judiciales) y 25, numeral 1 (protección judicial), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que esa obligación del Estado se satisface previendo un medio de defensa a través del cual el afectado pueda plantear con toda amplitud su defensa; requisito que se cumple cuando éste tiene la oportunidad de promover, por ejemplo, amparo contra un acto que estime lesivo de su esfera de derechos, pero se acredita la inutilidad del juicio por consentimiento tácito del acto reclamado, pues la obligación de garantizar ese "recurso efectivo" no implica soslayar la existencia y aplicación de los requisitos procesales que rigen al medio de defensa respectivo. Incluso, la existencia y aplicación de causales de admisibilidad de un recurso resulta compatible con la propia Convención, dado que su efectividad implica que, potencialmente, cuando se cumplan los requisitos del caso, el órgano jurisdiccional evalúe sus méritos". (Época: Décima Época. Registro: 2006083. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II. Materia(s): Constitucional. Tesis: I.7o.A.15 K (10a.). Página: 1947). Visto lo anterior, en nada beneficia la pretensión a la parte recurrente los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que cita a su favor, intitulados: "DERECHO A UN RECURSO EFECTIVO. ALCANCE GENERAL" "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. DEBE PRODUCIR EL RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO CONCULCADO Y LA REPARACIÓN ADECUADA DE LOS DAÑOS PRODUCIDOS" "DERECHO A LA PROTECCIÓN JUDICIAL. COMPRENDE EL CONTROL JUDICIAL PARA LA DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS DE LA CADH. LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES NACIONALES" "PROTECCIÓN JUDICIAL. SUPUESTO EN QUE EL DERECHO NACIONAL PREVÉ LA INIMPUGNABILIDAD DE NORMAS ANTERIORES A LA VIGENCIA DE LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO. INCONVENCIONALIDAD" "DERECHO A LA PROTECCIÓN JUDICIAL. COMPRENDE EL DERECHO AL RECURSO DE AMPARO" "RECURSO EFECTIVO. AUSENCIA DE UN RECURSO EFECTIVO EN DEFENSA DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN. INCONVENCIONALIDAD" "DERECHO A LA PROTECCIÓN JUDICIAL. JUICIO POLÍTICO. INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD" "DERECHO A LA PROTECCIÓN JUDICIAL. CONTROL JUDICIAL EN MATERIA ELECTORAL" "DERECHO A RECURRIR EL FALLO (DOBLE INSTANCIA) EN MATERIA PENAL (INCULPADO). ALCANCE". Esto, porque como ya vio, las restricciones constitucionales al ejercicio de los derechos y libertades prevalecen sobre las normas convencionales, sin posibilidad de emprender algún juicio de ponderación posterior, máxime que aun practicando un examen de interpretación más favorable, no podría estimarse la factibilidad de controvertir las resoluciones adoptadas en los juicios de tipo político. Algo similar sucede en torno con las opiniones doctrinales que se citan en el escrito de agravios, tales como el libro intitulado "El nuevo juicio de amparo. Guía de la reforma constitucional y de la nueva Ley de Amparo", de Eduardo Ferrer Mac-Gregor y Rubén Sánchez Gil, así como el diverso libro editado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título "La improcedencia de la acción de amparo" y el libro del Ministro del Máximo Tribunal del País, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, llamado "Hacia una Nueva Ley de Amparo", "Un juez reflexiona sobre su labora: el papel de un tribunal constitucional en una democracia"; pues sin desconocer que tratándose de una resolución que involucra el estudio del contenido y alcance de los derechos humanos es posible acudir a la doctrina, en el caso que nos ocupa, la Constitución Federal y la del Estado de Jalisco, son claras y precisas al establecer la inimpugnabilidad de ese tipo de juicio políticos. Todo lo cual evidencia que el precepto legal de referencia es acorde con el marco constitucional que impera en el Sistema Mexicano, en el que las resoluciones de juicio político son inatacables por las razones expuestas con antelación. Resta decir que por las razones expuestas, caen por su propio los restantes argumentos vertidos en el sentido de que el juez federal obvió el análisis del apartado de procedencia del juicio de amparo, así como que no es jurídicamente admisible extender la improcedencia del juicio de amparo respecto de los artículos 98 de la Constitución Política del Estado de Jalisco y 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco; cuenta habida que, aunado a que esas manifestaciones de procedencia fueron desvirtuadas de manera implícita con lo considerado en el auto recurrido y más específicamente con lo determinado en párrafos precedentes, si como ya se estableció, no es jurídicamente factible controvertir las sentencias de juicio político, por mayoría de razón, no es procedente impugnar en el juicio de amparo tales preceptos que establecen dicha inatacabilidad. Más aún, la parte quejosa sostiene que el acto de aplicación de esos preceptos que tilda de inconstitucionales, lo constituyen precisamente las resoluciones de juicio político que también señala como actos reclamados, porque dice que desde el momento en que estas se emitieron se surten las hipótesis de inimpugnabilidad contenidas en aquellas normas; de ahí que habiéndose ya evidenciado que el juicio de amparo es improcedente respecto de dichas resoluciones, al actualizarse el supuesto del artículo 61, fracción VII, de la ley de la materia, entonces el sobreseimiento en cuanto a esos alegados actos de aplicación debe hacerse extensivo a los propios artículos 98 de la Constitución Política del Estado de Jalisco y 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco. Ilustra sobre el tema, al no oponerse a las disposiciones de la Ley de Amparo en vigor, la tesis jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, página 235: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." En suma, la improcedencia indudable y manifiesta del juicio contra las resoluciones de juicio político reclamadas y, por ende, de las normas que se dice que tácitamente se aplicaron por su solo dictado; deriva de que se actualiza exactamente el supuesto de inejercitabilidad de la acción de amparo, establecido en el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo, mismo que, como ya se vio, no resulta inconstitucional ni inconvencional. [.]". "3. Precise si el peticionario manifestó transgresión a sus derechos a la integridad personal, a la honra y dignidad, así como a sus garantías judiciales, en específico a su derecho a la presunción de inocencia, derivado de las actuaciones fuera del procedimiento, consistentes en el supuesto hostigamiento por parte del gobernador del Estado de Jalisco y diversos servidores públicos, relativo a la presión que infringieron en contra del señor Vega Pámanes para el efecto de que renunciara a su cargo de manera pública, así como, la exposición a medios de comunicación, en la que supuestamente se hicieron acusaciones respecto de hechos delictuosos ejercitados por el peticionario. En su caso, la fecha y las medidas que se hayan tomado al respecto." Se indica que la parte quejosa no señaló destacadamente transgresión a sus derechos a la integridad personal, a la honra y dignidad; sin embargo, señaló en concreto la transgresión a los artículos 1, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los numerales 1, 8, 9, 11 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; asimismo, en sus conceptos de violación sí manifestó violación a su derecho a la presunción de inocencia; transgresión a sus derechos de un recurso judicial efectivo; legalidad y seguridad jurídica; derecho de audiencia y defensa; debido proceso; y, efectivo acceso a la jurisdicción. Ello con motivo de los juicios políticos instaurados en su contra, sin que se haya realizado pronunciamiento alguno de constitucionalidad respecto de dichos derechos, en razón de que se desechó de plano la demanda de amparo. "4. Si refirieron vulneración a sus derechos de acceso a la justicia, a su defensa y protección judicial, así como a sus garantías judiciales, en particular, al debido proceso, con motivo de la omisión de analizar las pruebas ofrecidas por el peticionario durante los juicios políticos instaurados en su contra. También si refirió que algunas de las pruebas fueron obtenidas de manera ilícita. O bien, si señalaron que no se desahogaron la totalidad de las pruebas, lo que generó que el análisis de los hechos se hiciera de forma aislada, En caso afirmativo, especifique los razonamientos con los que se dio respuesta a estas manifestaciones." La parte quejosa sí adujo vulneración a sus derechos de acceso a la justicia, defensa, así como a sus garantías judiciales, en particular y al debido proceso; empero no analizaron los conceptos de violación relacionados con la transgresión a dichos derechos, en razón de que se desechó de plano la demanda de amparo. "5. Informe si tiene conocimiento de algún juicio diverso al aquí solicitado, del índice del juzgado a su cargo y, que esté relacionado con los hechos que se refieren en el oficio en mención. En caso afirmativo, se le solicita amablemente que también responda los cuestionamientos anteriores, relacionados con ese expediente y, remita las constancias que se precisan en párrafos posteriores." Atendiendo a lo anterior, así como a la certificación de cuenta, dígasele que este órgano jurisdiccional únicamente tuvo conocimiento del juicio de amparo 991/2018, promovido por Luis Carlos Vega Pámanes. "6. Cualquier información u observación que estime pertinente para integrar la postura del Estado Mexicano en el presente asunto y que esté relacionada con los hechos narrados en el escrito del peticionario." Se hace de su conocimiento que del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en un rango de búsqueda en el Estado de Jalisco del uno de enero de dos mil doce a la fecha de la emisión del presente acuerdo, se advierte que el quejoso Luis Carlos Vega Pámanes promovió los juicios de amparo siguientes: 1722/2015 del índice del ahora Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, en el que se reclamó: El acto reclamado consiste en el auto de siete de julio pasado dictado en los autos del juicio V-547/2015 del índice de la responsable en el cual no se admitieron a trámite los escritos de trece de mayo de dos mil quince y veintiuno de mayo de dos mil quince. 1379/2017 del índice del ahora Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, en el que se reclamó: Del Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, la amonestación pública que impuso a los quejosos mediante resolución que emitió en la sesión ordinaria celebrada el día veintidós de marzo del año dos mil diecisiete, dentro de los autos del recurso de revisión número 052/2016 de su índice; y Del Consejo de la Judicatura del propio Estado de Jalisco, el correspondiente cumplimiento de la resolución acabada de mencionar, consistente en agregar a los expedientes laborales de los quejosos la respectiva constancia de amonestación pública. 2041/2017 del índice del ahora Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, en el que se reclamó: La instauración de Juicios Políticos. Sin que este juzgado tenga mayores datos respecto de tales juicios de amparo. Finalmente, en atención a la solicitud de copias que refiere, del oficio que derive del presente asunto, remítasele copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el presente juicio; oficio que se ordena notificar mediante los correos electrónicos que se indican. Notifíquese.

  2. Principal

    En atención al escrito de la parte quejosa dígasele que deberá de estarse a lo acordado en autos

  3. Principal

    La Secretaria de Acuerdos del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, remite los autos originales del juicio de amparo así como copia certificada de la resolución dictada en el recurso de queja de su índice; por tanto, hágase del conocimiento de las partes para sus efectos, que el recurso fue resuelto en los siguientes términos: "ÚNICO.- Es infundado el recurso de queja". Al respecto, agréguense a los autos los oficios y anexos de cuenta para los efectos legales conducentes. Acúsese de recibo correspondiente, y A consideración de este órgano jurisdiccional, se ordena que notificado que sea el presente acuerdo, se archive este asunto como concluido. Finalmente, Se informa a las partes que a partir del dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, la nueva denominación y competencia de este órgano será: Juzgado Séptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, conservando la misma ubicación, personal y Titular; lo anterior para todos los efectos a que haya lugar.

  4. Principal

    La Secretaria de Acuerdos del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, informa el impedimento planteado por el Magistrado para intervenir en la resolución del recurso de queja, por lo que se dio el trámite correspondiente para calificar tal planteamiento y se turnaron los autos a la Magistrada , para la formulación del proyecto de resolución correspondiente; por tanto, agréguese a los autos y téngasele informando lo anterior.

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