Luis Carlos Vásquez
Expediente 779/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 10 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 779/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 15/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Luis Carlos Vásquez
- Luis Carlos Vásquez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por los quejosos ...; visto su contenido, téngasele interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este juicio, por tanto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, agréguese una copia del escrito de expresión de agravios a este expediente, distribúyanse las otras entre las demás partes, y una vez que el expediente se encuentre debidamente integrado, remítanse estos autos al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, en turno, con residencia en esta localidad, para la substanciación del citado medio de impugnación. Fórmese cuaderno de antecedentes, a partir de este auto, no así con anteriores actuaciones, en virtud de que éstas pueden ser consultadas en el expediente electrónico. En ese orden de ideas, con la finalidad de que el Tribunal de Alzada se encuentre en posibilidad de substanciar el recurso interpuesto, de conformidad con el Acuerdo General número 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite del Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y artículo 3 de la Ley de Amparo, se informa que el presente asunto se encuentra disponible para ser consultado en forma electrónica; por tanto, remítase la certificación correspondiente que acredite que se incorporó cada promoción, documento, auto y resolución del expediente físico. Una vez que se cuente con el número de toca, realícese la vinculación del presente juicio de amparo. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE TERCERA INTERESADA.
- Principal
PREVIO AVISO QUE SE DEJÓ PARA LA PARTE TERCERA INTERESADA.- Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1°, fracción I, 73, 74 y 77, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a ******************** contra el acto y autoridad precisados en el considerando segundo de este fallo, para los efectos indicados en la parte final del último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente.
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 779/2023; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda en la vía directa. Mediante escrito presentado el veintinueve de junio de dos mil veintitrés, en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles y Familiares del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, ******************** solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto reclamado de los Magistrados de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, que estiman violatorio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1º, 2º, apartado A, fracciones I, II y VIII, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El once de julio de dos mil veintitrés, la citada autoridad responsable remitió la demanda a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con sede en Oaxaca de Juárez, turnándola al Segundo Tribunal de esa especialidad; y en auto de doce de julio de dos mil veintitrés, la Magistrada Presidenta, radicó la demanda con el número de juicio de amparo directo 328/2023 de su índice, y declaró que ese Tribunal carecía de competencia legal, por razón de la vía, para conocer de ella. En proveído de siete de agosto de dos mil veintitrés, se declaró la firmeza de ese auto y ordenó remitir la demanda de amparo y anexos al juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, en turno, en San Bartolo Coyotepec. SEGUNDO. Admisión de demanda de amparo en la vía indirecta. El ocho de agosto de dos mil veintitrés, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, turnó la referida demanda, a este Juzgado Federal, quien la radicó con el número de juicio de amparo indirecto 779/2023, y en auto de nueve de agosto de dos mil veintitrés, admitió la demanda, solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Seguido el trámite respectivo, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, párrafo segundo de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece y reformado mediante Acuerdo General 45/2016, de ese propio órgano colegiado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis; tomando en consideración que la autoridad responsable tiene su domicilio dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce competencia. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el cual prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener "(.) La fijación clara y precisa del acto reclamado; (.)", es necesario delimitar los actos combatidos que se desprenden la demanda. La resolución de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, emitida por la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el toca civil ******************** de su índice, en la que se declaró improcedente la excepción de incompetencia por materia, opuesta por los demandados ******************** en el juicio sumario civil 189/2021 relativo al interdicto de recuperar la posesión, promovido por Elvira Carlos Vásquez, ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Ocotlán de Morelos, Oaxaca. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Magistrado Presidente de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, aceptó la existencia del acto que se le atribuye, pues refiere que el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, esa Sala dictó resolución declarando improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria por cuestión de la matera. Lo que se corrobora con el toca civil ******************** de su índice. Por tanto, se tiene por cierto el acto reclamado. CUARTO. Causa de Improcedencia. Previo al estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causas de improcedencia que hagan valer las partes o aquéllas que se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso concreto, las partes no hicieron valer la existencia de alguna causa de improcedencia. De igual forma, este Juzgado Federal, considera no se actualiza alguna de ellas; por lo que se procede al análisis de fondo del asunto. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. De las constancias deducidas del expediente civil de origen 189/2021 del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, así como del toca civil ******************** del índice de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se demuestra lo siguiente: Elvira Carlos Vásquez, demandó de ******************** la recuperación de la posesión del bien inmueble consistente en un terreno de sembradura, ubicado al norte del templo católico de Santa Catarina Minas, Ocotlán, en el paraje denominado "El Ciruelo". Exhibió como documento fundatorio de su acción, el instrumento notarial número siete mil ochocientos cincuenta y siete, volumen noventa y siete, de fecha dieciocho de marzo de dos mil diecinueve, pasado ante la fe del Notario Público número Ciento doce en el Estado de Oaxaca, que contiene la protocolización de la constancia de posesión de ocho de noviembre de dos mil dieciocho, suscrita por el Alcalde Único Constitucional de esa población, en la que se hace constar que ese terreno corresponde a la propiedad privada y no está dentro del régimen comunal ni ejidal. También anexó copia certificada de la constancia de registro de ese instrumento notarial, en el Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca, con fecha de registro el veinte de junio de dos mil diecinueve. En auto de dos de agosto de dos mil veintiuno, se radicó el juicio sumario civil 189/2021 en el Juzgado Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, se admitió la referida demanda y se ordenó emplazar a los demandados. ******************** contestaron la demanda civil y opusieron la excepción de incompetencia por razón de la materia, por considerar que corresponde conocer de ese asunto a la Asamblea de Ciudadanos de Santa Catarina Minas, Ocotlán, Oaxaca, de acuerdo a sus usos y costumbres y sistemas normativos internos; al respecto argumentaron que de conformidad con los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, las normas, procedimientos y prácticas tradicionales seguidas por las comunidades o pueblos indígenas deben identificarse como leyes sobre la materia civil o cualquiera otra, dentro de la comunidad para la solución de conflictos, como verdaderas disposiciones del orden jurídico nacional. En proveído de ocho de septiembre de dos mil veintidós, se dió trámite a la excepción de incompetencia y se ordenó enviar testimonio del expediente al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, para su substanciación y resolución. El Magistrado Presidente de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en auto de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, radicó el toca civil ********************, y dio vista a las partes para que en el plazo de tres días ofrecieran pruebas y alegatos. La actora Elvira Carlos Vásquez, ofreció la confesional a cargo de los demandados, la instrumental de actuaciones, presuncional legal y humana. Los demandados ******************** ofrecieron las pruebas de informes a rendir por: el Presidente y Síndico Municipales de Santa Catarina Minas, Ocotlàn, Oaxaca; el Director de la Delegación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas en Oaxaca; la Secretaria de Pueblos Indígenas y Afromexicanos; y, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca; la instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana. En audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, de ocho de mayo de dos mil veintitrés, se hizo constar que los demandados ******************** no acudieron a la misma, por lo que se les tuvo por confesos de las posiciones ofrecidas por la actora, tampoco ofrecieron alegatos. El treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, resolvieron improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria opuesta por los demandados ********************. Consideraciones del acto reclamado. La Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, resolvió conforme a las siguientes consideraciones: i) Precisó que los demandados solicitaron que se determinara qué órgano es el competente para conocer del asunto, si el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Ocotlán, Oaxaca, o la Asamblea de Ciudadanos de Santa Catarina Minas, Ocotlán, Oaxaca, de acuerdo a los usos y costumbres o sistemas normativos internos de ese municipio. ii) La Sala de Justicia Indígena de ese tribunal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23, fracción V, incisos a), b), c), d) y e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, no tiene atribuciones para resolver cuestiones sobre competencia. iii) La Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, fundamentó su competencia en la fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, al tratarse de un asunto en materia civil. iv) Analizó las pruebas ofrecidas por los demandados, respecto: a) Del informe rendido por el Presidente y el Síndico Municipal de Santa Catarina Minas, Oaxaca, precisó que ellos manifestaron que en esa población corresponde a la Sindicatura Municipal y a la Alcaldía Municipal, resolver únicamente conflictos administrativos de la comunidad que no constituyan delitos, y el procedimiento utilizado para esa solución es la conciliación, de no llegarse a una resolución, las personas son canalizadas a las autoridades competentes o a la Asamblea General de Ciudadanos; no cuentan con otra instancia para resolver conflictos; hablan castellano en ese municipio; y ******************** y Elvira Carlos Vásquez, son originarios y vecinos de esa comunidad; esa población se rige por usos y costumbres y eligen a sus representantes libremente mediante una Asamblea General; los máximos órganos de autoridad son el Ayuntamiento integrado por un Cabildo Municipal, conformado por el Presidente, Sindico, Regidores de Hacienda, Educación, Salud, Obras, Policía, con sus respectivos suplentes, Tesorero, Secretario, y la Alcaldía Municipal integrada por el Alcalde y su Suplente, Topil y Secretario. b) Del informe rendido por la Secretaria de Interculturalidad, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Gobierno del Estado de Oaxaca, destacó que la comunidad de Santa Catarina Minas, Ocotlán, Oaxaca, tiene un dictamen del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, en el que se identifica el método de elección de los concejales de ese Ayuntamiento, por lo que electoralmente se rige por el sistema normativo indígena interno, y sus particularidades deben solicitarse a las autoridades de la propia comunidad. c) Del informe rendido por el Director Ejecutivo de Sistemas Normativos Indígenas del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, resaltó que el municipio de Santa Catarina Minas, Ocotlán, Oaxaca, es considerado como comunidad indígena, de conformidad con el Acuerdo IEEPCO-CG-SIN-09/2022, de veintiséis de marzo de dos mil veintidós, del Consejo General del Instituto, sujeto al régimen de Sistemas Normativos Indígenas para elegir a sus representantes del Ayuntamiento, en Asamblea General Comunitaria, los candidatos surgen por planillas y los asambleístas emiten su voto de forma directa; y de conformidad con el Dictamen DESNI-IEEPCO-CAT-384/2022, se detalla el método de elección de concejalías de dicho Municipio. d) Del informe rendido por el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en Oaxaca, resaltó que esa localidad pertenece al pueblo indígena zapoteco; sin embargo, corresponde a la propia comunidad definir su auto adscripción, que conforme a la información contenida en la página oficial del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, ese municipio electoralmente se rige por Sistemas Normativos Indígenas. v) Consideró que esas probanzas informan el sistema electoral que rige en el municipio de Santa Catarina Minas, Ocotlán, Oaxaca, donde se ubica el inmueble controvertido; pero no constituyen prueba respecto a la existencia de normas, procedimientos, autoridades, principios y sanciones, implementadas en esa población para resolver controversias internas, distintas a la materia electoral. vi) Destacó lo manifestado en su informe por la Secretaria de Interculturalidad, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Gobierno del Estado de Oaxaca, en el sentido de que de conformidad con el artículo 33 de la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Oaxaca, las autoridades administrativas, jueces y procuradores, en los procedimientos en que intervenga algún pueblo o comunidad indígena, o alguno de sus integrantes, aplicarán las leyes estatales vigentes, homologándolas con las normas internas de cada pueblo y comunidad, para ello se basarán en la información que les proporcione la autoridad comunitaria, buscando en todo caso la articulación entre dichas normas. Precisó que en relación con ello, la propia Secretaría manifestó que dado que tales derechos y obligaciones se transmiten en forma oral de generación en generación, no se conoce alguna versión escrita, por lo que las particularidades del Sistema Normativo deberán solicitarse a las autoridades de la propia comunidad. vii) Puntualizó que derivado de lo manifestado por el Presidente y el Síndico Municipal de Santa Catarina Minas, Oaxaca, los órganos encargados de resolver sólo los conflictos administrativos, son la Sindicatura Municipal y la Alcaldía Municipal, a través de la conciliación, y de no lograr el avenimiento, son canalizados a las autoridades competentes, o bien a la Asamblea General de Ciudadanos y no cuentan con otra instancia para resolver los conflictos. viii) En atención a ello, concluyó que es claro que en esa población no existe un sistema de resolución de conflictos estructurado en asuntos de naturaleza civil, como lo es la posesión de un inmueble, ni se tiene evidencia que el Municipio resuelva conflictos como el del juicio de origen el cual está regulado por el Código Procesal Civil y por las normas del Código Civil del Estado de Oaxaca; tampoco que exista base probatoria para determinar que la Asamblea General de Ciudadanos es quien resuelve los conflictos relativos a recuperar la posesión de un inmueble ubicado dentro de su demarcación territorial. ix) Por otra parte, dijo que los oponentes de la excepción no manifestaron necesitar apoyo con el idioma castellano, y el propio Presidente Municipal de esa población informó que en esa localidad se habla únicamente el español; y tampoco demostraron que son estrictamente indígenas pertenecientes a la etnia zapoteca, para que sean sujetos de derechos conforme a una interpretación culturalmente adecuada a su identidad, que les impida el acceso a una tutela judicial efectiva, ya que en el expediente civil de origen, se encuentran asesorados legalmente, entienden el español y no manifestaron en su contestación de demanda lo contrario, y la comunidad a la que pertenecen se encuentra inmersa en el estado de derecho vigente, y tomó en consideración algunas actividades realizadas por ellos, para sustentar que en su vida cotidiana no se actualiza una situación de desventaja cultural, étnica, económica, territorial o de idioma, que lleve a juzgar el asunto conforme a normas especiales en materia indígena. x) Por tanto, consideró que de conformidad con el artículo 135 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, al no existir un sistema normativo interno para resolver conflictos como el de la especie -interdicto de recuperar la posesión de un bien inmueble-, como tampoco una condición indígena estricta, por parte de los sujetos de derecho; lo procedente es que el asunto a resolver se continúe tramitando por el Juez Mixto de Primera Instancia de Ocotlán, Oaxaca, por tratarse de un asunto en materia civil y no indígena. Esa resolución constituye el acto reclamado en el presente juicio constitucional. SEXTO. Conceptos de violación. De la determinación reclamada importa resaltar que la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para resolver la competencia por razón de la materia, en favor del Juez Mixto de Primera Instancia de Ocotlán, Oaxaca, se basó en dos argumentos torales: Que en el municipio de Santa Catarina Minas, Ocotlán, Oaxaca, no existe un sistema normativo interno para resolver conflictos relativos a recuperar la posesión de un bien inmueble ubicado dentro de su demarcación territorial. Los demandados ******************** no demostraron tener una condición indígena estricta. Para concluir que el asunto de origen, es materia civil y no indígena. A. Respecto del primer argumento que sustenta el acto reclamado. Los quejosos aducen en el primer concepto de violación, que el artículo 2º, apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y autonomía, para decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural, y aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de conflictos internos. Consideran que ese precepto constitucional fue transgredido en su perjuicio, en la resolución reclamada de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, emitida en el toca civil ******************** del índice de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, porque los sujeta a continuar un procedimiento sumario civil, sin tomar en consideración las pruebas que se ofrecieron en el toca de referencia, en especial los informes rendidos por el Presidente y Síndico Municipal de Santa Catarina Minas, Ocotlán, Oaxaca. Arguyen que al tratarse de una comunidad indígena, y ellos auto adscribirse como indígenas, su controversia debe resolverse a través de los procedimientos establecidos en esa comunidad, que si bien no han sido establecidos en forma escrita, sí se han transmitido de manera oral de generación en generación como lo reconocen las citadas autoridades, y lo establece el artículo 28 de la Ley de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Comunidades Indígenas del Pueblo de Oaxaca. Refieren que el Presidente y Síndico Municipal de Santa Catarina Minas, Ocotlán, Oaxaca, se limitaron a informar dos puntos relativos a su forma de elección y participación electoral, y omitieron informar respecto a la solución de conflictos que afrontan los ciudadanos frente a situaciones de propiedad o posesión de bienes localizados dentro de su delimitación territorial, únicamente refirieron que resuelven casos administrativos que no constituyen delitos, iniciándose con etapa conciliatoria, y de no llegar a acuerdo alguno, se somete ante la Asamblea Popular de la Comunidad, como máxima autoridad. Aducen que el asunto que les ocupa, del interdicto de recuperar la posesión, promovido por Elvira Carlos Vásquez, debe considerarse dentro del rubro "administrativo", ya que son las dos únicas vertientes de conflictos que se analizan en esa comunidad Es infundado el concepto de violación. El artículo 2º de la Constitución General de la República, en lo que interesa para el análisis de este asunto, establece: "ARTÍCULO 2o.- La Nación Mexicana es única e indivisible. La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico. A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para: I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural. II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes. III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad; así como a acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados, en un marco que respete el pacto federal, la soberanía de los Estados y la autonomía de la Ciudad de México. En ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político-electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales. IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad. V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos establecidos en esta Constitución. VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas, en términos de esta Constitución. Para estos efectos las comunidades podrán asociarse en términos de ley. VII. Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos, observando el principio de paridad de género conforme a las normas aplicables. Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán estos derechos en los municipios, con el propósito de fortalecer la participación y representación política de conformidad con sus tradiciones y normas internas. VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así como las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público. B. La Federación, las entidades federativas y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. [.]" [Lo resaltado el propio de este órgano de control constitucional] Dicho precepto legal establece que es un derecho fundamental de las comunidades indígenas, aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de la Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y la dignidad de las personas; en esos casos, los procedimientos serán validados por los jueces o tribunales correspondientes, conforme a lo establecido en ley. También prevé que de actualizarse el supuesto de que las personas indígenas, figuren como parte en los juicios, las autoridades jurisdiccionales deben resolverlo tomando en cuenta las costumbres y especificidades culturales del pueblo al que pertenezcan. Ello evidencia, que el artículo 2º de la Constitución General de la República, regula dos supuestos para dirimir controversias en las que intervengan personas indígenas, uno, que la comunidad indígena a la que pertenezcan, tenga su propio sistema normativo para resolver el asunto concreto, siempre que no sea contrario a los principios generales, los derechos humanos y a las garantías individuales contenidas en la propia Constitución, y ese procedimiento sea validado por los jueces o tribunales correspondientes; y dos, de no existir un sistema normativo propio aplicable al conflicto, se substancie la controversia ante las autoridades jurisdiccionales competentes, quienes al resolver el asunto, tomen en cuenta las costumbres y especificidades culturales de la comunidad indígena a la que pertenecen. Conforme a dicho precepto constitucional, la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en la resolución reclamada, estuvo en lo correcto al determinar, con la información contenida en el toca civil, como lo es, la proporcionada por el Presidente y el Síndico Municipal de Santa Catarina Minas, Oaxaca, que los órganos encargados de resolver los conflictos en esa población son la Sindicatura Municipal y la Alcaldía Municipal, a través de la conciliación, y de no lograr el avenimiento, son canalizados a las autoridades competentes, o bien a la Asamblea General de Ciudadanos y no cuentan con otra instancia para resolver conflictos, y su competencia es sólo para resolver conflictos administrativos; que si bien tienen un sistema normativo interno, ello es en materia de elección de sus representantes. Y que los demandados no demostraron, ni de autos advirtieron, que en esa comunidad, exista la costumbre que los conflictos relativos a recuperar la posesión de inmuebles ubicados dentro de esa población, sean resueltos por la Asamblea General de Ciudadanos. Y tampoco que dentro de Santa Catarina Minas, Oaxaca, exista alguna versión escrita de un sistema normativo de justicia aplicable al respecto. Es así, pues ninguna de las autoridades estatales a quienes se les solicitó información: el Presidente y el Síndico Municipal de Santa Catarina Minas, Oaxaca, la Secretaria de Interculturalidad, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Gobierno del Estado de Oaxaca, el Director Ejecutivo de Sistemas Normativos Indígenas del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, y el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en Oaxaca, manifestó que en Santa Catarina Minas, Ocotlán, Oaxaca, existiera un sistema normativo interno de justicia en materia civil, aplicado por la Asamblea General Comunitaria de esa población. Por tanto, es correcta la determinación de la Sala Civil responsable, en el sentido de que en el caso concreto, la comunidad de Santa Catarina Minas, Ocotlán, Oaxaca, respecto de la controversia consistente en recuperar la posesión de un inmueble ubicado dentro de su territorio, no tiene un sistema normativo propio para resolver ese conflicto; ni existe evidencia de que la Asamblea General de Ciudadanos, aplicando usos y costumbres, resuelva al respecto; pues no existen elementos que sustenten lo contrario. Ahora bien, al no poderse dirimir la controversia de mérito, conforme a la primera hipótesis planteada en el artículo 2º constitucional, por no actualizarse los supuestos legales allí previstos; la Sala Civil responsable estuvo en lo correcto, en resolver la competencia en favor de la autoridad jurisdiccional respectiva -Juzgado Mixto de Primera Instancia de Ocotlán, Oaxaca-, ello, siempre que ésta tome en cuenta las costumbres y especificidades culturales de la comunidad indígena a la que pertenecen las partes procesales. Es así, porque ante la existencia de indicios de que, al menos la parte demandada en el juicio de origen, pertenece a una comunidad indígena, objeto de la protección especial reconocida tanto en el artículo 2o., apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales, el juzgador debe adoptar una postura activa "proderechos", en la que deberán recabar datos que permitan conocer si forman parte de una comunidad indígena y, en su caso, investigar las costumbres y especificidades culturales que rigen en el lugar al que pertenecen, para establecer si existen o no elementos relevantes, a fin de tomarlos en cuenta al resolver el juicio, para en su caso, estar en aptitud de ponderar los preceptos legales aplicables al caso, así como las costumbres y especificidades culturales de las partes, para efecto de dilucidar si se vincularon o influyeron en el desarrollo de los actos que dieron origen a la posesión del bien inmueble controvertida. Ello, a fin de respetar la protección especial a las personas indígenas de acceder plenamente a la jurisdicción del Estado, a efecto de que no se transgreda su derecho a una defensa adecuada reconocido por el orden jurídico nacional y convencional. En ese sentido se pronunció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la tesis 1a. CCXCVIII/2018 (10a.), visible en la página 366, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Materia Constitucional, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 2018748, de rubro y texto siguientes: "PERSONAS INDÍGENAS. DERECHO APLICABLE CUANDO INTERVIENEN EN UN PROCESO JUDICIAL. De acuerdo con el principio interpretativo pro persona, las normas de derecho consuetudinario indígena podrían resultar aplicables en casos concretos, incluso, tramitados en la jurisdicción del Estado central, cuando prevean la protección más amplia para cierto derecho, siempre y cuando, como lo establece claramente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no la contravengan y se respete la protección y garantía de los derechos humanos. Para que esto sea posible, es necesario documentar con un peritaje antropológico, o con cualquier otro medio lícito, la cultura de las personas, pueblos o comunidades involucrados; la forma en que se gobiernan; las normas que les rigen; las instituciones que les sustentan, los valores que suscriben, la lengua que hablan y el significado, para ellos, de las conductas y derechos materia del juicio respectivo. Por tanto, la autoridad judicial deberá adoptar, dentro del marco constitucional de protección, respeto y garantía de los derechos humanos, una perspectiva que fomente el diálogo entre sistemas normativos, acepte la multiculturalidad como una realidad en México y garantice el acceso a la justicia en condiciones de igualdad y autonomía de las personas, pueblos y comunidades indígenas, sin imponer arbitrariamente una visión determinada del mundo que atente contra la igualdad entre las culturas y la diversidad étnica. Ahora bien, las normas del derecho consuetudinario indígena estarán, en todo tiempo, sujetas, tal como el resto de las disposiciones que integran nuestro régimen jurídico, a examen constitucional, convencional y legal para decidir sobre su pertinencia y aplicabilidad en casos concretos, dentro del necesario diálogo intercultural para definir el significado y contenido de los derechos. La mera existencia de una norma de usos y costumbres no implica su aplicabilidad inmediata, pues es posible que el reconocimiento de ciertos usos y prácticas culturales de las personas, pueblos y comunidades indígenas afecte los derechos humanos de quienes componen la comunidad indígena o de quienes se relacionan con ella. Luego, los conflictos de normas y derechos que surgieran a propósito de la vigencia y aplicabilidad de una norma de derecho consuetudinario indígena deberán resolverse, en cada caso concreto, mediante los principios y métodos constitucional y legalmente admisibles, dentro de estándares mínimos de tolerancia, que cubran los diferentes sistemas de valores, esto para lograr el consenso mínimo necesario para la convivencia entre las distintas culturas, sin que ello implique renunciar a los presupuestos esenciales que marcan la identidad de cada una, esto es, debe adoptarse una perspectiva intercultural." Por tanto, no asiste razón a la parte quejosa cuando aduce que la Sala Civil responsable, al emitir la resolución reclamada de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, en el toca civil ******************** de su índice, transgrede en su perjuicio el derecho fundamental contenido en el artículo 2º, apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque, en el caso concreto, no se demostró que existan los supuestos legales allí previstos, para que la autoridad estuviera obligada a aplicar esa porción normativa. Además, la resolución reclamada no se contrapone con lo dispuesto en la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Oaxaca, como lo pretende hacer ver la parte quejosa, pues si bien el Estado de Oaxaca reconoce la validez de las normas internas de los pueblos indígenas en el ámbito de la vida civil, entre otros, y en general de la prevención y solución de conflictos al interior de la comunidad, siempre y cuando no contravengan la Constitución Política del Estado, las Leyes Estatales vigentes ni vulneren derechos humanos de terceros; en el caso concreto, no se demostró que exista un sistema interno aplicable. Por tanto, para llegar a esa conclusión, la Sala responsable sí valoró el materia probatorio ofrecido por los quejosos en el toca civil de antecedentes, como quedó precisado en líneas que anteceden, y este Juzgado Federal considera que el valor probatorio que otorgó a las pruebas aportadas es acorde a derecho; y precisamente con esas pruebas es que resuelve que el conocimiento del asunto de origen es competencia de un Juez en materia civil del fuero común. Tampoco es violatorio del derecho fundamental contenido en el artículo 2º constitucional, el que la controversia sea substanciada a través de un procedimiento civil, como lo aduce la parte quejosa; porque el propio precepto constitucional prevé ese supuesto cuando una de las partes es una persona indígena. No asiste razón a la parte quejosa cuando aduce que su controversia debe resolverse a través de los procedimientos establecidos en esa comunidad, que si bien no han sido establecidos en forma escrita, sí se han transmitido de manera oral de generación en generación como lo reconocen las autoridades; pues, de los informes rendidos por las aludidas autoridades, ninguna de ellas manifiesta que en el municipio de Santa Catarina Minas, Ocotlán, Oaxaca, las autoridades que lo integran, resuelvan conflictos sobre posesión de inmuebles; si bien, no dijeron expresamente que la Asamblea Comunal de Ciudadanos no dirime controversias de esa especie; sí informaron que solo existen sistemas normativos internos en materia de elección de sus representantes, y sus órganos designados únicamente resuelven conflictos administrativos, que no sean delitos, y ello lo hacen mediante la conciliación, en caso de desavenencia, lo someten a la Asamblea Popular de la Comunidad, como máxima autoridad. Lo que evidencia, por excepción que los asuntos relativos a la posesión de bienes inmuebles y derechos reales sobre ellos, no son de su atribución. Sin que sea dable como lo pretenden los quejosos, que el asunto que les ocupa, del interdicto de recuperar la posesión, promovido por Elvira Carlos Vásquez, deba considerarse dentro del rubro "administrativo", solventado por la Asamblea Comunal; porque las autoridades que representan esa población, no refirieron que así acontezca dentro de su comunidad, ni tampoco se demostró que existiera un sistema normativo interno debidamente documentado, de vigencia y observancia general dentro del pueblo de Santa Catarina Minas, Ocotlán, Oaxaca, que regulara derechos reales de los inmuebles inmersos en esa población. Aunado a que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 38 y 39 de la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Oaxaca, además de la preexistencia de un sistema normativo interno, las autoridades comunitarias de los pueblos indígenas ejercen jurisdicción sólo en los casos siguientes: Tratándose de controversias en las cuales ambas partes sean indígenas, ya sea que pertenezcan a un mismo pueblo o a pueblos indígenas. Cuando el conflicto de que se trate involucre como partes a indígenas y no indígenas, el infractor en un asunto penal, o el demandante en un asunto de materia diversa, elegirá a la autoridad a la que se someterá la controversia. La materia de la controversia verse sobre: delitos que estén sancionados en el Código Penal del Estado de Oaxaca, con pena económica o corporal que no exceda de dos años de prisión; tenencia individual de la tierra en la comunidad; faltas administrativas y de policía; atentados contra de las formas de organización, cultura, servicios comunitarios, trabajos y obras públicas; cuestiones del trato civil y familiar; incumplimiento del deber de las madres y padres de familia consistente en enviar a sus hijos e hijas a la escuela; y en general, todos aquellos casos en los que los ascendientes o los esposos y esposas no se conduzcan como buenos padres y madres de familia. Siendo en el caso concreto, la parte actora no se autoadscribió como indígena, por tanto ambas partes no tienen esa categoría de especificidad, y la demandante eligió a la autoridad jurisdiccional en materia civil para someter a su conocimiento la controversia. Además, el inmueble objeto de la controversia de posesión planteada en el juicio civil de origen, corresponde a la propiedad privada, pues así se encuentra asentado en el documento público exhibido por la parte actora, en que funda su acción, a saber: ".el Alcalde Único Constitucional de esa población, hace constar que ese terreno corresponde a la propiedad privada y no está dentro del régimen comunal ni ejidal."; esto es, no se trata de un derecho de tenencia individual de la tierra de carácter comunal o ejidal. De ahí, que tampoco se actualizó alguna de las hipótesis legales establecidas, que otorgan jurisdicción a las autoridades comunitarias de los pueblos indígenas. Por lo que es conforme a derecho, lo determinado por la Sala Civil responsable, en el sentido de que en el asunto de origen, es competente la autoridad jurisdiccional estatal. B. Ahora bien, respecto del segundo argumento que sustenta el acto reclamado, consistente en que los demandados ******************** no demostraron tener una condición indígena estricta, y por ello se resolvió que el asunto de origen, es materia civil y no indígena. Los quejosos aducen en el segundo concepto de violación, que por parte de la autoridad responsable existe desconocimiento a la jurisdicción especial indígena, y al emitir la resolución reclamada transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales de seguridad jurídica, debido proceso, y a ser reconocida su auto adscripción como indígenas; pues el que ellos estén inscritos como representantes en una sociedad, paguen el impuesto predial, aperturen a su nombre cuentas bancarias, contraten pólizas de seguros y estén asesorados por un abogado en el juicio civil de origen, no les quita su auto adscripción como indígenas, ya que esas actividades no son exclusivas de personas que no pertenezcan a una comunidad indígena; lo que contraviene sus derechos fundamentales contenidos en el artículo 2º constitucional. Es fundado el concepto de violación. El artículo 2º, párrafo segundo, constitucional, eleva a rango constitucional, la conciencia de las personas sobre su identidad indígena, como criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. En efecto, dicho precepto reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación, y en consecuencia, a su autonomía, así como el derecho de acceso a la jurisdicción del Estado. Para garantizar esos derechos se deben tomar en cuenta las costumbres y especificidades culturales en todos los procesos en los que participen individual o colectivamente, así como el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que conozcan su lengua y cultura, sin que haga distinción sobre su aplicación en alguna etapa procesal específica o algún procedimiento en particular. De esa forma, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha definido la autoadscripción como el acto voluntario de personas o comunidades que teniendo un vínculo cultural, histórico, político, lingüístico o de otro tipo, deciden identificarse como miembros de un pueblo indígena reconocido por el Estado. Conforme a lo anterior, si la autoadscripción es una manifestación de identidad y pertenencia cultural con la finalidad de acceder a la jurisdicción del Estado, en todo tipo de juicio o procedimiento en el que sean parte las personas indígenas, individual o colectivamente, se deben tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales, y en todo tiempo deberán ser asistidas por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. De tal manera, que si la parte procesal, en cualquier etapa del procedimiento, se autodetermina como persona indígena ante la autoridad jurisdiccional, sin que sea necesario que demuestre su pertenencia a ese grupo indígena, el juzgador está obligado a atender esa manifestación y a valorar su condición de persona indígena, y detonar en su favor las prerrogativas previstas en el artículo 2o., apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política del país, a saber: "[.] VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así como las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público." [Lo resaltado el propio de este órgano de control constitucional] Esto es, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales, respetando los preceptos constitucionales. Al respecto, los artículos 32 y 33 de la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Oaxaca, establecen lo siguiente: "Artículo 32.- A fin de garantizar el efectivo acceso de los pueblos y comunidades indígenas a la jurisdicción del Estado, en los procesos penales, civiles, agrarios, administrativos o cualquier procedimiento que se desarrolle en forma de juicio, que sea competencia de las autoridades del Estado y en el que intervenga un miembro de algún pueblo indígena que ignore el español, éste contara con un traductor bilingüe ya sea oficial o particular. Los jueces, procuradores y demás autoridades administrativas que conozcan del asunto, bajo su responsabilidad se asegurarán del cumplimiento de está disposición. En todas las etapas procesales y al dictar resolución, los jueces, procuradores y demás autoridades administrativas que conozcan del asunto, deberán tomar en consideración la condición, prácticas, tradiciones y costumbres del o de los miembros de los pueblos y comunidades indígenas. El Estado, por conducto de la Secretaría de Asuntos Indígenas, en coordinación con el Ministerio Público, vigilará la eficaz protección de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, desde el inicio de las averiguaciones previas hasta la consignación de los casos, cerciorándose que aquéllos cuenten oportunamente con la asistencia de traductores bilingües y de defensores de oficio. En los casos en que se omita dicha asistencia, la Secretaría de Asuntos Indígenas o los interesados, solicitarán a la Representación Social que, de nueva cuenta, se desahoguen las diligencias subsanando dichas omisiones a efecto de ejercitar acción penal correspondiente. En los casos en que los indígenas o sus pueblos o comunidades sean parte o partes, se abrirá de oficio la segunda instancia a efecto de verificar que los derechos individuales y sociales de aquéllos efectivamente hayan sido reconocidos y respetados. Los Magistrados revisarán las actuaciones de los jueces que conocieron en primera instancia. Artículo 33.- Cuando en los procedimientos intervengan algún pueblo o comunidad indígena, o algún hombre o mujer indígena, las autoridades administrativas, jueces y procuradores, aplicarán las leyes estatales vigentes, homologándolas con las normas internas de cada pueblo y comunidad. Para ello se basarán en la información que en diligencia formal les proporcione la autoridad comunitaria del pueblo o comunidad indígena correspondiente; buscando en todo caso la apropiada articulación entre dichas normas. Al resolver las controversias se procederá en los mismos términos. Para el caso de que en los procedimientos a que se refiere el párrafo anterior intervengan personas no indígenas se suplirá la deficiencia de la queja a favor de la parte indígena. Cuando exista duda de la pertenencia o no de una persona a algún pueblo o comunidad indígena, serán las autoridades comunitarias de aquéllos, quienes expedirán la constancia respectiva. Para el caso de que quien tenga la necesidad de acreditar su identidad cultural en juicio o fuera de él, no obtenga la constancia a que se refiere el párrafo anterior, tal calidad la acreditará recurriendo al juez civil competente en la vía de jurisdicción voluntaria, siendo admisibles todos los medios de prueba autorizados por la Ley Procesal Civil, pero la testimonial exigirá un principio de prueba por escrito." [Lo resaltado el propio de este órgano de control constitucional] En efecto, el juez, al advertir la intervención en el procedimiento, de un miembro de algún pueblo indígena, debe: i) asegurarse de que éste cuente con un traductor, ii) deberá aplicar las leyes estatales vigentes, homologándolas con las prácticas, tradiciones y costumbres de su población, de existir, con las normas internas de la población, iii) para ello, se basará en la información que en diligencia formal le proporcione la autoridad comunitaria del pueblo o comunidad indígena correspondiente. Es aplicable, la tesis (IV Región)1o.6 A (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, visible en la página 1963, Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo II, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2015120, de rubro y texto siguientes: "PERSONAS INDÍGENAS QUE SON PARTE EN UN JUICIO AGRARIO. EL TRIBUNAL DE LA MATERIA DEBE RECABAR OFICIOSAMENTE LOS DATOS NECESARIOS PARA CONOCER SUFICIENTEMENTE LAS COSTUMBRES Y ESPECIFICIDADES CULTURALES DE LOS PUEBLOS O COMUNIDADES A QUE PERTENECEN, A FIN DE ESTABLECER SI RESULTAN RELEVANTES PARA LA SOLUCIÓN DE LA CONTROVERSIA. El artículo 2o., apartado A, fracción VIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que es un derecho fundamental de las personas indígenas que, en los juicios en los que figuren como parte, las autoridades jurisdiccionales deben resolver tomando en cuenta las costumbres y especificidades culturales del pueblo al que pertenezcan. Por su parte, el precepto 164, fracción I, de la Ley Agraria señala que para la resolución de las controversias en que una de las partes sea persona indígena, los tribunales considerarán los usos y costumbres del grupo al que pertenezca siempre que no contravengan la Norma Suprema o la propia ley, ni se afecten derechos de tercero. En ese contexto, constituye un derecho fundamental de las personas indígenas y un imperativo para los Tribunales Agrarios, recabar oficiosamente, a través de informes o cualquiera otra fuente que tengan a su alcance, los datos necesarios que les permitan conocer las costumbres y especificidades culturales que rijan en el pueblo o comunidad al que aquéllas pertenezcan para establecer si resultan relevantes para la solución del juicio agrario." Ahora, en el supuesto de que el juzgado tenga duda de la pertenencia o no de una persona a algún pueblo o comunidad indígena; la legislación establece que la autoridad comunitaria de aquél expedirá la constancia respectiva en favor del interesado, para acreditar tal pertenencia en el juicio. Y para el caso de que quien tenga la necesidad de acreditar su identidad cultural en juicio, no obtenga la constancia de referencia, tal calidad la acreditará recurriendo al juez civil competente en la vía de jurisdicción voluntaria, siendo admisibles todos los medios de prueba autorizados por la Ley Procesal Civil, pero la testimonial exigirá un principio de prueba por escrito. Lo que la Sala Civil responsable soslayó realizar, bajo el argumento de que los oponentes de la excepción no manifestaron necesitar apoyo con el idioma castellano, pues el propio Presidente Municipal de esa población informó que en esa localidad se habla únicamente el español, y tampoco demostraron que son estrictamente indígenas pertenecientes a la etnia zapoteca, para que sean sujetos de derechos conforme a una interpretación culturalmente adecuada a su identidad, que les impida el acceso a una tutela judicial efectiva, ya que en el expediente civil de origen, se encuentran asesorados legalmente, entienden el español y no manifestaron en su contestación de demanda lo contrario, y la comunidad a la que pertenecen se encuentra inmersa en el estado de derecho vigente; aunado a que de las actividades que realizan en su vida cotidiana no se actualiza una situación de desventaja cultural, étnica, económica, territorial o de idioma, que lleve a juzgar el asunto conforme a normas especiales en materia indígena. Esto es, la autoridad responsable no dio oportunidad a los demandados de acreditar su identidad cultural en el juicio civil de origen, y con ello les negó contar con las prerrogativas previstas en el artículo 2o., apartado A, fracción VIII, de la Constitución General de la República. Es aplicable, por las razones que contiene, la jurisprudencia 1a./J. 91/2022 (11a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1933, Libro 15, Julio de 2022, Tomo II, Undécima Época, del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 2024911, de rubro y texto siguientes: "DERECHO DE TODA PERSONA A SER RECONOCIDA COMO PARTE DE UNA COMUNIDAD INDÍGENA. LA AUTOADSCRIPCIÓN COMO INTEGRANTE DE UNA COMUNIDAD INDÍGENA QUE REALIZA UNA PERSONA HASTA LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO REQUIERE QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO ANALICE SI ES POSIBLE DETONAR EN SU FAVOR LOS DERECHOS RECONOCIDOS EN EL ARTÍCULO 2o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PAÍS. Hechos: En un procedimiento penal de corte tradicional se dictó sentencia condenatoria por el delito de despojo, la cual fue confirmada en segunda instancia. Inconforme con esa determinación, la persona sentenciada promovió amparo directo en cuya demanda se autoadscribió como miembro de una comunidad indígena y señaló que, de acuerdo con sus usos y costumbres, no era posible que cometiera el ilícito que se le atribuyó. El Tribunal Colegiado negó el amparo sin tomar en consideración la manifestación efectuada por la parte quejosa sobre su autoadscripción a una comunidad indígena, por lo que no analizó si era posible detonar en favor de la persona sentenciada los derechos reconocidos en el artículo 2o. de la Constitución Política del país. Criterio jurídico: Si una persona se autoadscribe como integrante de una comunidad indígena en cualquier procedimiento judicial, incluso hasta la presentación de la demanda de amparo directo, aunque no se hubiera autoadscrito durante el procedimiento, ello obliga al Tribunal Colegiado a pronunciarse sobre los derechos que tiene reconocidos en el artículo 2o. de la Constitución Política del país. Justificación: El artículo 2o., apartado A, de la Constitución Política del país reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación, y en consecuencia, a su autonomía, así como el derecho de acceso a la jurisdicción del Estado. Para garantizar esos derechos se deberán tomar en cuenta las costumbres y especificidades culturales en todos los procesos en los que participen individual o colectivamente, así como el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que conozcan su lengua y cultura, sin hacer distinción sobre su aplicación en alguna etapa procesal específica o algún procedimiento en particular. En ese sentido, esta Primera Sala ha definido la autoadscripción como el acto voluntario de personas o comunidades que teniendo un vínculo cultural, histórico, político, lingüístico o de otro tipo, deciden identificarse como miembros de un pueblo indígena reconocido por el Estado. En concordancia con lo anterior, si la autoadscripción es una manifestación de identidad y pertenencia cultural con la finalidad de acceder a la jurisdicción del Estado, en todo tipo de juicio o procedimiento en el que sean parte las personas indígenas, individual o colectivamente, se deben tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales, y en todo tiempo deberán ser asistidas por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. De esa forma, si es hasta el juicio de amparo directo en que la parte quejosa se autodetermina como persona indígena ante la autoridad jurisdiccional o solicita ser asistida por un defensor y un intérprete, el Tribunal Colegiado está obligado a atender esa manifestación y a valorar su condición de persona indígena, pues no debe tomar en cuenta el momento procesal en que ocurre esta autoadscripción, por lo que deberá valorar dicha condición y detonar en su favor las prerrogativas previstas en el artículo 2o., apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política del país, así como considerar las especificidades culturales y costumbres de las personas y comunidades indígenas en el trámite y resolución del juicio de amparo directo." En tal virtud, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, solicitada por ******************** contra la resolución reclamada de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, emitida en el toca civil ******************** del índice de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, sólo en la parte relativa en que determina que los demandados no demostraron tener una condición indígena estricta. SÈPTIMO. Efectos de la concesión del amparo. I. Se deja intocada la parte de la resolución reclamada en que declara la competencia legal planteada, en favor del Juez Mixto de Primera Instancia de Ocotlán, Oaxaca, analizada en el apartado A del considerando sexto de esta sentencia. II. Una vez que cause ejecutoria esta sentencia, la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el toca civil ******************** de su índice, deberá modificar únicamente la última parte de la resolución reclamada de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, en la que determina que ******************** no demostraron tener una condición indígena estricta; para que tomando en consideración lo expuesto en esta sentencia de amparo, resuelva de conformidad con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 de la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Oaxaca, como se precisó en la última parte del considerando quinto de esta sentencia, ordenando al juez competente lo conducente. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1°, fracción I, 73, 74 y 77, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a ******************** contra el acto y autoridad precisados en el considerando segundo de este fallo, para los efectos indicados en la parte final del último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por Elvira Carlos Vásquez; visto su contenido, téngasele apersonando con el carácter de tercera interesada al presente juicio de amparo; así también, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y autorizando únicamente para esos efectos a las personas que señala, por así haberlo indicado expresamente De igual forma, se le tiene proporcionando el correo electrónico y el número de teléfono, que indica, únicamente para contacto con el presente Órgano Jurisdiccional en casos necesarios, no así para recibir notificaciones, toda vez que dicha vía no se encuentra contemplada por la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.
Quedan 6 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · 11,308 expedientes
- Luis Armando Buen Día Guzmán295/2022
- Luis Arturo Avalos Diaz Covarrubias242/2019
- Luis Arturo Chazari Merlín89/2023
- Luis Bermudez Nolazco1263/2021
- Luis Campio Gómez1279/2021
- Luis Cardolfo Chagoya Suárez308/2018
- Luis Chávez López556/2021
- Luis Cruz Cruz1599/2016
- Luis Cruz Lule1236/2021
- Luis Cuevas Sembrano148/2021
- Luis Demetrio Hernández Ruiz635/2016
- Luis Demetrio López Zambrano1877/2016