Luis Carlos Reyes Montes de Oca Varela

Expediente 905/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
905/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
18/10/2019

Partes del expediente

  • Luis Carlos Reyes Montes de Oca Varela

Actuaciones

  1. Principal

    HA CAUSADO ESTADO; archívese como asunto totalmente concluido; susceptible de destrucción.

  2. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE "...Xalapa, Veracruz, dieciocho de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guarda este juicio de amparo y de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto en el que se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletoriamente aplicado, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este asunto como concluido. Por otra parte, en cumplimiento al capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que este expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse desechado la demanda de amparo y NO considerarse de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado; por lo que transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción del mismo, esto es, con posterioridad al DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO. De igual modo, de conformidad con lo establecido en el capítulo tercero, punto décimo, fracción I, del acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido TRES AÑOS de haberse ordenado el archivo de este asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Finalmente, en cumplimiento al punto noveno del Acuerdo General Conjunto a que se hace referencia en el párrafo que antecede, prevéngase a la parte quejosa, para que de estimarlo conveniente solicite la devolución de las documentales que exhibió en el presente juicio; para lo cual cuenta con un lapso de noventa días; apercibida que de no hacerlo así, dichos documentos serán destruidos con el presente expediente.."

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDO A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE: Xalapa, Veracruz; veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos, así como la certificación secretarial que antecede, se advierte que ya se ordenó el archivo del juicio principal del cual deriva este expediente; en consecuencia, debido a que no existen escritos, pruebas ni diligencias pendientes que desahogar, se ordena el archivo de este incidente, como asunto concluido. En razón de lo anterior, acorde con lo dispuesto en la fracción III, párrafo primero, del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cuaderno original del incidente de suspensión en que se actúa es susceptible de DEPURACIÓN, pues se concedió la suspensión provisional y la definitiva; por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la depuración del original del incidente de suspensión; esto es, con posterioridad al VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en la fracción III, del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo disponen los puntos vigésimo cuarto y vigésimo quinto del acuerdo normativo, es decir, con posterioridad al VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTE. Finalmente, devuélvase al quejoso Lennyn López Suárez, debidamente endosado a su nombre, el billete de depósito con el número de serie N 623349, por la cantidad de $3,500.00 (tres mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional), expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, exhibido en el incidente de suspensión en que se actúa, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos; apercibiéndolo que, de no comparecer a este órgano jurisdiccional a recoger el billete precisado, una vez que transcurra el término de dos años, previsto en el artículo 36 de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación, se declarará prescrito a favor del Erario Federal. Notifíquese como corresponda. Así lo proveyó y firma José Ezequiel Santos Álvarez, Juez Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, ante Silvia Clementina Ochoa Castillo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE: "...Xalapa, Veracruz; tres de octubre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida ********, contra actos de los Magistrados de la Sala Regional del Centro II (Querétaro) del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Querétaro; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 905/2019. SEPARACIÓN DE JUICIOS De la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que el aquí quejoso **********, reclama lo siguiente: a) La resolución de cinco de agosto de dos mil diecinueve, dictada por la Sala Regional del Centro II del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Querétaro, en los autos del juicio de nulidad 5223/17-09-01-2, en el que resolvió el recurso de reclamación promovido por el aquí quejoso, en contra del auto de uno de marzo del año en curso, en el que desechó parcialmente la demanda de nulidad. b) La interlocutoria de cinco de agosto de dos mil diecinueve, dictada por la Sala Regional del Centro II del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Querétaro, en los autos del juicio de nulidad 5223/17-09-01-2 de su índice, en el que se negó la suspensión definitiva. Lo anterior, pone de manifiesto que se reclaman actos completamente desvinculados entre sí, atribuido a la autoridad antes mencionada, emitidos en perjuicio del quejoso, por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Amparo, resulta procedente la separación material de juicios. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 76/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento dieciocho, Tomo VI, del mes de septiembre de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 197671, de rubro siguiente: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA". Por tanto, respecto del acto reclamado señalado en el inciso a), para el efecto de la separación material de autos, obténgase copia certificada de las constancias necesarias, a efecto de que se estudie por separado en diverso juicio de amparo. En lo conducente, cobra aplicación por su sentido y consideraciones la tesis jurisprudencial P./J. 78/97 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento diecisiete, Tomo VI, septiembre de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 197669 bajo el rubro siguiente: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. EL JUEZ DE DISTRITO, AL DECRETARLA, DEBERÁ TOMAR LAS MEDIDAS Y SEÑALAR EL TRATO QUE A CADA UNO CORRESPONDA." Gírese atento oficio a la Oficina de Correspondencia Común adscrita a los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, para que asigne el número de ingreso del asunto que fue motivo de esta separación de juicios, y realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En consecuencia, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento de la demanda de amparo, únicamente por el acto reclamado precisado en el inciso b). IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el Juez de Distrito, ante todo, examinará la demanda de amparo y, en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. Tal consideración se encuentra sustentada por la Tesis I.1o.A. J/4 emitida por el Primer Tribunal en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable a página ochocientos noventa, tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, novena época, cuyo rubro es el siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Del anterior criterio, se concluye que los lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda son: a) Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, c) También debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el caso, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, ya que previo a acudir al juicio biinstancial, la quejosa debió agotar el principio de definitividad. El artículo 61, fracción XVIII de la ley de la materia establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Ahora, la fracción transcrita con anterioridad, consagra uno de los principios rectores del juicio de amparo, que es el de definitividad. Éste consiste en que el juicio de amparo sólo procede contra actos definitivos, esto es, contra los que ya no proceda recurso, juicio o medio de defensa alguno por el que puedan ser revocados, modificados o confirmados. Asimismo, dicho precepto consagra las excepciones que operan a tal carga procesal en tratándose de resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo. De lo anterior se sigue que, previamente a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, la parte quejosa debe agotar el recurso, juicio o medio de defensa legal que sea procedente conforme a las leyes que rijan los actos y que pueda producir como efecto su modificación, revocación o nulidad. En ese sentido, como se dijo, la anterior hipótesis de improcedencia se actualiza en la especie. Sin que en el caso, opere alguna de las excepciones al principio de definitividad que establece el artículo antes transcrito. Sirve de sustento, la tesis jurisprudencial I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página novecientos dos, tomo XV, Mayo de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." En el caso a estudio, del análisis integral a la demanda de amparo que se provee, se desprende en lo sustancial, que el quejoso reclama la interlocutoria de cinco de agosto de dos mil diecinueve, dictada por la Sala Regional del Centro II del Tribunal Federal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro, con sede en Santiago Querétaro, en los autos del juicio de nulidad 5223/17-09-01-2 de su índice, en el que se negó la suspensión definitiva. Establecido lo anterior, debe tenerse presente que el numeral 62 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establece lo siguiente: "Artículo 62. Las resoluciones que concedan, nieguen, modifiquen o revoquen cualquiera de las medidas cautelares previstas en esta Ley, podrán ser impugnadas mediante la interposición del recurso de reclamación ante la Sala Regional que corresponda. (.)" De esta forma, queda evidenciado que el numeral 62 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establece que procederá el Recurso de Reclamación en contra de la resolución que conceda, niegue, modifique o revoque cualquiera de las medidas cautelares previstas en esa Ley antes mencionada, del cual tendrá conocimiento la Sala Regional competente. Por tanto, en el caso en estudio se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en la interlocutoria de cinco de agosto de dos mil diecinueve, en el que se negó la suspensión definitiva. Ello es así, ya que el primer requisito se surte, pues la resolución impugnada proviene de Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el Estado de Querétaro, con sede en Santiago Querétaro, siendo éste un tribunal administrativo. También se cumple el segundo supuesto, consistente en que la ley conceda contra el acto reclamado algún recurso o medio de defensa; pues, se insiste, de conformidad con el numeral 62 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, procede la interposición del Recurso de Reclamación en contra de la interlocutoria que aquí se combate. De igual manera, se surte el tercer requisito consistente en que el recurso que se concede se dé dentro del procedimiento en que se emitió la resolución reclamada, pues el recurso de reclamación previsto en el artículo 62 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en efecto, se da dentro del juicio de donde emana el auto reclamado. Asimismo, se cumple con el último requisito, ya que la resolución impugnada puede ser modificada o revocada mediante un recurso ordinario; pues tal y como se advierte el referido artículo 62 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, los Magistrados Integrantes de la Sala Regional correspondiente, al conocer del Recurso de Reclamación, se encuentran facultados para revocar o modificar la resolución aquí reclamada. Sin que en la especie se actualice alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad previstos en el propio artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, puesto que no se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco el acto reclamado consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso; y, tampoco es promovida por persona extraña al procedimiento. Elementos por los que el suscrito concluye que en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues se reitera, en contra del acto reclamado que por esta vía reclama la parte promovente, procede el Recurso de Reclamación del cual tendrá conocimiento la Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa competente, previamente a la promoción del presente juicio de amparo. En ese orden de ideas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en los artículos 61, fracción XVIII y 113 de la Ley de Amparo, toda vez que no se agotó el principio de definitividad, por los motivos expuestos en párrafos que anteceden. Sustenta lo anterior, la tesis aislada VI11.A101. A (10ª), emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página dos mil trescientos treinta y tres, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo III, Materia Común, Libro 39, Febrero de dos mil diecisiete, Décima Época, de rubro siguiente: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL JUIDICO DE AMPARO. SUPUESTO QUE SE ESTIMA SATISFECHO EN RELACIÓN CON LA IMPUGNACIÓN DE UN ACUERDO DE DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DICTADO POR EL MAGISTRADO INSTRUCTOR EN EL JUICIO DE NULIDAD." Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que el quejoso tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que el promovente interponga oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23 de la Novena Época, con número de registro 174737, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Julio de 2006, Materia Común, página 921 de rubro y texto siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA." Lo anterior, hágase de conocimiento a la parte quejosa y hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, para los efectos legales a que haya lugar "

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · 5,087 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano