Luis Carlos Moreno Lopez

Expediente 1442/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1442/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
21/07/2023

Partes del expediente

  • Luis Carlos Moreno Lopez
  • Jhoan Sebastian Riaño Perdomo

Actuaciones

  1. Principal

    Villahermosa, Tabasco, veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta, téngase por recibido el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, mediante el cual devuelve diligenciado en sus términos el exhorto 346/2023 II, orden 664/2023, que se envió con el fin de localizar y notificar a los quejosos ******************************, el proveído de diecisiete de julio de dos mil veintitrés, así como para que ratificaran la demanda de amparo promovida a su favor por N*********************. En consecuencia, regístrese su llegada, dese de baja en el Libro de Gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente. Ahora, de una revisión a la constancia de notificación personal realizada por la fedataria adscrita al Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, se advierte la diligencia de dieciocho de julio de dos mil veintitrés, efectuada por la Actuaria adscrita al Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, se advierte que el quejoso Luis Carlos Moreno López, se encuentra alojado en las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con sede Tijuana, Baja California, además, al momento de la diligencia ratificó la demanda de amparo promovida a su favor por *********************** Por otro lado, téngase por recibido el oficio signado por el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, mediante el cual rinde informe respecto a la suspensión de plano; en consecuencia, con apoyo en el artículo 126 de la Ley de Amparo, dese vista a partes a efecto de que manifiesten lo que a su interés convenga. Ahora de una revisión al informe de cuenta se advierte que a los directos quejosos ******************, el diecisiete de julio del año en curso, se les autorizó el otorgamiento de la condición de la estancia de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas durante el termino de que dure el expediente de amparo y se emita su resolución, por dicha responsable, lo que se corrobora con la constancia actuarial realizada por la fedataria adscrita al Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, respecto del diverso quejoso **************** En razón de lo anterior y de las constancias que obran en autos, se logra advertir que la ejecución del acto reclamado se llevó a cabo en Tijuana, Baja California, pues de la documental mencionada en párrafos que preceden, se tiene que los directos quejosos **********************, estuvieron a disposición de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California, el diecisiete de julio de dos mil veintitrés; y, por ende, al no tener ejecución material en esta entidad el acto reclamado, este órgano jurisdiccional es legalmente incompetente para conocer del mismo, como se expondrá enseguida. A fin de sustentar dicha afirmación resulta pertinente reproducir el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, que prevé las hipótesis que se deben tomar en consideración para fijar la competencia en materia de amparo: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la interpretación del artículo citado se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, al tenor siguiente: 1) La primera hipótesis que se encuentra contenida en el numeral en comento, se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren necesariamente de ejecución material para su cumplimentación por parte de autoridad diversa a la ordenadora; 2) La segunda previsión normativa que se contiene en el artículo transcrito, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la anterior, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, 3) En el tercer párrafo del precepto aludido, se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera la ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Del dispositivo legal antes reseñado, se aprecian supuestos que pueden actualizarse y que deben ser analizados para establecer la competencia para conocer de un asunto; por tanto, una vez establecidas las reglas básicas de competencia para los tribunales federales en materia de amparo, procede analizar a continuación la naturaleza del acto reclamado por la quejosa, para delimitar cuál de las contenidas en el artículo 37 de la ley de la materia se actualiza en el caso a estudio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.1o.A.44 A de la Novena Época, Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, agosto de 2001, tomo XIV, que a la letra dice: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora". Ahora, en el caso, el acto reclamado requiere de una ejecución material; por tanto, resulta preponderante citar que los directos quejosos estuvieron alojados en la Estación Migratoria de Tijuana, Baja California, el diecisiete de julio de dos mil veintitrés, lo que se encuentra acreditado con base en lo informado por el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Tijuana, Baja California. "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Asimismo, por identidad de razón, el criterio sustentado por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCIÓN EN DONDE HAYAN DE EJECUTARSE LOS ACTOS RECLAMADOS. En consecuencia, con fundamento en los numerales 37 y 48 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, remítase el presente asunto al Juez de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, en turno, a fin de que conozca del presente asunto, dada la competencia que se le plantea, solicitándole atentamente informe si acepta la competencia declinada; por tanto, fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias respectivas. Notifíquese.

  2. Principal

    Villahermosa, Tabasco, diecisiete de julio de dos mil veintitrés. RADICACIÓN DE LA DEMANDA. Visto lo de cuenta, se provee; agréguese a los autos la demanda de amparo promovida por********************en representación de ********************, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California, residente en Tijuana, y otras autoridades. ASPECTOS GENERALES. Regístrese la demanda con el número de juicio de amparo 1442/2023. Fórmese tanto el expediente electrónico, así como el impreso únicamente para agregar los documentos que se exhiban de manera física. Sin que sea procedente aperturar el incidente de suspensión respecto de los actos reclamados que no son considerados de los previstos en el numeral 15 de la Ley de Amparo, esto en razón que la demanda no fue promovida por los directos quejosos y no ha sido ratificada. SUSPENSIÓN DE PLANO RESPECTO DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD. Por otro lado, toda vez que de la demanda de derechos fundamentales se desprende que la parte quejosa reclama la privación de la libertad fuera de procedimiento con fines de deportación, de la que son objeto los quejosos por parte de las autoridades migratorias; con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano del referido acto reclamado para los efectos siguientes: En caso de que se hubiese iniciado el procedimiento administrativo migratorio correspondiente, se decrete la inmediata libertad de los quejosos bajo las siguientes condiciones: -La autoridad responsable del Instituto Nacional de Migración: 1. Dicte las medidas previstas legalmente (diversas a las que impliquen privación de la libertad personal, cualquiera que sea su forma de denominación), que asegure que los impetrantes del amparo no evadan el cumplimiento de las leyes sobre inmigración, refugio, protección complementaria y asilo político, para que en caso de que hubiese iniciado procedimiento administrativo se pueda lograr su continuación de no existir impedimento legal o material alguno. 2. Se les requiera para que proporcionen tanto a esa autoridad administrativa como a este juzgador el domicilio donde puedan ser localizados, así como el cambio que del mismo pudiera acontecer. 3. Se indique a los quejosos que no deberán abandonar la demarcación geográfica de la ciudad en que se esté llevando a cabo el trámite migratorio respectivo, o sus áreas conurbadas, sin previa autorización de la autoridad. 4. Se requiera a los quejosos para que presenten solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. Determinación que encuentra sustento en el artículo 147, de la Ley de Amparo, al disponer que cuando la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional debe fijar la situación en que quedarán las cosas y dictar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, para lo cual se podrán establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. En el caso particular, atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados, es menester traer a colación el amparo en revisión 388/2022, publicado en la página electrónica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que, la Primera Sala del referido máximo órgano, en lo que interesa, precisó: a) En primer lugar, se puso de relieve que se analizó, por un lado, la privación de la libertad de personas por razones migratorias, por otro, la duración del plazo para la privación de la libertad de personas por razones migratorias; y, así como, la constitucionalidad del artículo 111 de la Ley de Migración. b) En ese sentido, analizó la razonabilidad, necesidad y proporcionalidad de la detención por razones migratorias; y, al efecto subrayó que tratándose de sanciones administrativas el artículo 21 Constitucional dispone que estas únicamente consistirán en multa, o en su caso, en un arresto por treinta y seis horas. c) Posteriormente, señaló que el numeral 111 de la Ley de Migración que establece que la duración máxima de una detención por razones migratorias es de quince a sesenta días, a partir de la presentación del extranjero, contraviene la temporalidad prevista en la constitución federal para legitimar la privación de la libertad de una persona por razones de naturaleza administrativa; y, d) Finalmente, subrayó que el límite establecido en el texto constitucional para una detención administrativa -arresto-, no puede tener una temporalidad superior a las treinta y seis horas; y, por tanto, concluyó que el artículo 111 de la Ley de Migración, es inconstitucional en cuanto a los plazos que prevé; pues, ello es violatorio de los artículos 17 y 21 de la Constitución Federal, así como los diversos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. De lo antes expuesto, conforme a los artículos 215, 216, 217 y 223 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia se constituye por precedentes obligatorios, reiteración o por contradicción; y, respecto a los primeros -precedentes obligatorios- estos serán obligatorios cuando las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus sentencias esgriman razones que justifiquen sus decisiones por mayoría de cuatro votos. Ahora, en el caso, del análisis de la página electrónica del Máximo Tribunal: https: //www.scjn.gob.mx/sites/default/files/versionestaquigraficas/documento/2023-0315/15032023%20PS%20PÚBLICA.pdf; se advierte que las razones contenidas en el amparo en revisión 388/2022, del índice de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a declarar la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del artículo 111 de la Ley de Migración, constituye un procedente obligatorio; pues, dicho criterio se sustentó por mayoría de cuatro votos. Por tanto, podemos concluir que lo resuelto en el amparo en revisión antes señalado, constituye un precedente obligatorio para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas; es decir, en todo procedimiento migratorio el plazo máximo de detención y alojamiento debe ser de treinta y seis horas; pues, los plazos contemplados en la Ley de migración contravienen la temporalidad prevista en el artículo 21 Constitucional; esto es, treinta y seis horas; motivo por el cual, las personas que se encuentren sujetas a un proceso de esa índole, habrán de continuarlo en libertad, una vez que rebasen el plazo antes señalado. En ese orden de consideración, para el caso particular de que en la detención del quejoso, haya transcurrido el plazo de treinta y seis horas de referencia, contadas desde el momento en que fueron puestos a disposición de las autoridades migratorias señalas como responsables, invariablemente éstas deberán dejarlo en inmediata libertad, conforme a lo previsto en el numeral 21, cuarto párrafo constitucional. Al respecto es aplicable, la I.20o.A.19 A (10a.), sostenida por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 3551, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA LA PROLONGACIÓN DEL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. SU CONCESIÓN DEBE TENER COMO EFECTO LA LIBERTAD DEL EXTRANJERO. De conformidad con el artículo 164 de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado en un juicio constitucional consista en la detención del quejoso, efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, que no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá como efecto que sea puesto en libertad. En ese sentido, en los casos en que se reclame la prolongación del alojamiento temporal de un migrante en situación irregular en una estación migratoria, se actualiza dicha hipótesis, ya que las autoridades migratorias, que tienen dentro de sus atribuciones realizar detenciones con motivo de la irregularidad en el ingreso migratorio, son de naturaleza administrativa y distintas al Ministerio Público; además, esas detenciones no derivan de la comisión de un delito. Por tanto, el efecto de la medida cautelar, cuando proceda, debe ser que el extranjero sea puesto en libertad, pues al no derivar la detención de la comisión de un delito, debe ser excepcional." MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO. Atendiendo a la naturaleza de la medida cautelar, esta surte efectos de inmediato, y continuará haciéndolo siempre y cuando, se cumplan los lineamientos y medidas de seguridad, siguientes: Dentro del término de tres días siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, los quejosos deberán presentarse ante las autoridades responsables para la continuación del procedimiento correspondiente, por ser éste insuspendible como lo establece el artículo 150 de la Ley de Amparo, y cuantas veces sean requeridos para ello. Adicionalmente, deberán presentarse ante la responsable los días lunes de cada quince días, o el siguiente hábil si aquel no lo fuera, motivo por el cual, se instruye a las autoridades responsables a efecto de que establezcan un sistema de registro, a fin de que se certifiquen las comparecencias del quejoso con la finalidad de dar cumplimiento a la presente medida de aseguramiento. Requiriéndose a las autoridades responsables, para que una vez que el quejoso realice la primera de dichas presentaciones, informen de inmediato a este Órgano Jurisdiccional la fecha en que se efectuó, o bien haga del conocimiento que no se cumplió con esa o cualquier posterior. En la misma tesitura, dentro de los tres días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente auto, deberán proporcionar tanto a las autoridades responsables como a este Juzgado de Distrito sus domicilios en donde residirán en esa ciudad, a efecto de que se les pueda practicar las citaciones respectivas. En el entendido, de que los quejosos no podrán ausentarse de dicho lugar, sin previa autorización de este órgano de control constitucional. La medida cautelar aquí decretada, surtirá efectos de inmediato sin requisito de garantía alguna. En la inteligencia de que la medida cautelar no surtirá efecto legal alguno si los actos reclamados son diversos o derivan de hechos distintos a los narrados en la demanda de amparo que provengan de: La comisión de un delito y se le hubiera sorprendido en su ejecución flagrante, si infringen el bando de policía y gobierno; En cumplimiento a una orden de detención y/o aprehensión librada por diversa autoridad; o Tenga sustento en la existencia de alguna alerta migratoria vigente, exista acta de rechazo o deriven de cualquier otra situación diversa a la aquí analizada. INCOMUNICACIÓN, MALOS TRATOS, TORTURA FÍSICA Y PSICOLÓGICA. En atención a lo anterior, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO, para el efecto de que de manera inmediata cese cualquier tipo de incomunicación, malos tratos, tortura física y psicológica, de la que puedan estar siendo objeto los directos quejosos, o cualquier otro de los actos contemplados por el artículo 22 de la Constitución Federal; y, se les permita la libre comunicación con sus abogados. En la inteligencia de que la seguridad y la salud de los quejosos, queda bajo la más estricta responsabilidad de la autoridad a cuya disposición se encuentren, quien deberá tomar todas y cada una de las medidas pertinentes para tal efecto, atendiendo a la naturaleza y circunstancias del asunto. RESERVA DE VISTA A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA, POR POSIBLES ACTOS DE TORTURA ALEGADA. En relación a lo manifestado por la promovente, respecto a la posible tortura física y psicológica que eventualmente pudieran sufrir los quejosos, se reserva de dar vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, en atención a que no se señala como un acto ejecutado, sino solo como actos posibles de ejecución; máxime que, en el capítulo de antecedentes, no se advierte ninguna referencia de cómo el promovente se enteró de dichos actos; sino por el contrario, este promueve a favor de los directos quejosos los cuales posiblemente se encuentran incomunicados, los cuales no pueden, hasta este momento, tenerse como cierto los actos aludidos, por lo que resérvese la vista de mérito, hasta en tanto la demanda sea ratificada. SUSPENSIÓN DE PLANO RESPECTO A LA DEPORTACIÓN, Y/O EXPULSIÓN. Por otro lado, de conformidad con los artículos 15 y 160 ambos de la Ley de Amparo, se concede a su vez la suspensión de plano para que no se ejecute ORDEN DE DEPORTACIÓN o como quiera que se le denomine al acto que implique la salida del país de los quejosos; sin embargo, la medida cautelar decretada no impide que las autoridades responsables, continúen con el procedimiento administrativo respectivo y, en su caso, lo resuelvan, lo cual deberán informar de manera inmediata a este Juzgado de Distrito, ya que éste es de orden público y no puede suspenderse. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 80/2007, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo a lo establecido en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, registro digital 170578, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo." ORDEN DE TRASLADO En ese contexto, la suspensión de plano decretada además tiene como efecto que las autoridades responsables se abstengan de trasladar a los quejosos a diversa instalación de la misma institución y/o dependencia, siempre que no se haya ejecutado; con excepción de que el traslado atienda a cuestiones de atención médica o cualquiera que implique salvaguardar la integridad y la vida de los peticionarios de amparo, lo cual deberá informar y justificar de manera inmediata ante este Juzgado de Distrito. De igual forma, se requiere a las autoridades responsables para que permitan el acceso al actuario que se designará para localizar a los quejosos a las instalaciones de la Estación Migratoria, correspondiente, así como el acceso a la bitácora que se lleve en dicha centro y todos los lugares o documentos que el fedatario considere necesarios, incluso al lugar donde se alojan los migrantes, a fin de lograr la notificación del presente proveído y del cercioramiento de los quejosos. Se apercibe a las autoridades de mérito, que de no dar cumplimiento al requerimiento anterior, se les impondrá multa de cincuenta a mil Unidades de Medidas y Actualización, de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con el numeral 259, de la Ley de Amparo, así como con apoyo el numeral 26, apartado B, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para el inmediato y debido cumplimiento de la suspensión concedida, comuníquese desde luego a las autoridades responsables, la presente suspensión de plano; y para que en el TÉRMINO DE VEINTICUATRO HORAS informen por oficio a este Juzgado de Distrito el cumplimiento que hayan dado a la misma, ya que dicha determinación deberá ser obedecida bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades señaladas como responsables, de conformidad con lo establecido en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (.) III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra." Oficio que deberán remitir a este Juzgado de Distrito de manera electrónica, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Se hace saber a las responsables que el informe de suspensión de plano deberá contener firma electrónica y; solo para el caso de que no se cuente con la misma o bien, exista imposibilidad para remitir el informe y las constancias de manera electrónica, podrán hacerlo físicamente. OBSERVACIÓN. En el entendido que, conforme al nuevo esquema de integración de expedientes, se exhorta a las autoridades de mérito para que, el oficio que contenga el requerimiento citado, deba realizarse de forma digital, autorizado con la firma electrónica correspondiente; y para el caso, de remitir copias certificadas o tomos de pruebas no mayor a veinte (20) megabytes (Mb), éstas deberán estar debidamente digitalizadas; en la inteligencia que, de no contar con las herramientas necesarias para firmar digitalmente sus comunicaciones, podrán hacerlo de manera física, debiendo expresar bajo protesta de decir verdad, la imposibilidad que se tenga para hacerlo electrónicamente. Lo anterior en aras de una pronta impartición de justicia y sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria pertinente. MEDIDA DE ASEGURAMIENTO La medida cautelar concedida no surtirá efectos y por consiguiente, no impedirá la detención del quejoso si se le pretende privar de su libertad en cumplimiento a una orden librada en su contra por autoridad diversa de las aquí señaladas como responsables o se les haya sorprendido en la comisión de delito flagrante. SE GIRA EXHORTO. Por otra parte, toda vez que el promovente del amparo refiere que los directos quejosos podrían estar a disposición de autoridades migratorias residentes en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, gírese exhorto a través del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE) a: Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California, residente en Tijuana, en turno. Para que, en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, y mediante el personal a su cargo que goce de fe pública, realicen las siguientes encomiendas: 1. El actuario de su adscripción, se constituya en las instalaciones de las autoridades responsables señaladas en el escrito de demanda, así como, en las instalaciones que ocupan las Estaciones Migratorias y las de los Aeropuertos Internacionales, ubicados dentro del territorio de su competencia, respectivamente; para que procedan a la búsqueda y localización de los directos quejosos ********************, de nacionalidad colombiana, debiendo revisar la bitácora de ingresos o egresos de esa estación entrar a la misma y vocear a los quejosos para que una vez en su presencia, le notifique personalmente el contenido de este proveído. En ese sentido, deberán cerciorarse de que aquellos hablen o entiendan el idioma español; en caso contrario, se comuniquen con ellos haciendo uso de un traductor en alguna aplicación móvil o bien, en caso de no contar con alguna, lo realicen por conducto de algún traductor. 2. El actuario deberá proceder a dar fe, a través de lo que logre percibir a través de sus sentidos; es decir, cuál es su estado físico y el lugar donde se encuentran, así como la condición de estén. 3. También proceda a interrogar a los quejosos en relación a si han sufrido incomunicación, tortura o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. En el entendido que, para el caso de que los directos quejosos hayan realizado manifestación alguna en el sentido de que han sido objeto de tortura o malos tratos, el actuario practicante, los requiera para que manifiesten: - De qué forma fueron torturados, es decir, psicológica o físicamente. - En qué consistieron los actos sobre los que se duelen. - Precisar las circunstancias de tiempo y lugar en que fueron torturados. - De ser posible, si saben o conocen quienes fueron sus agresores, o bien, indicar mayores datos con los que puedan ser identificables. 4. Luego tomando en consideración que de la demanda se advierte que los directos quejosos son extranjeros, deberán hacerles saber el derecho a la asistencia consular a la que tienen derecho por encontrarse en territorio nacional Mexicano; y si desean que este juzgado intervenga para lograr dicha comunicación, lo deberán hacer del conocimiento para estar en condiciones de proveer lo conducente. 5. Haga entrega de los oficios dirigidos a las autoridades responsables, a fin que tengan conocimiento de la suspensión de plano decretara en el presente proveído, en el entendido que al momento de hacer entrega de las misivas sea informado de la denominación correcta de las autoridades responsables, queda facultado a testar la denominación con la que fueron señaladas y asiente su denominación correcta. RATIFICACIÓN DE LA DEMANDA. De igual manera se comisiona al actuario para que, en el acto de la diligencia requiera a los directos quejosos para que en el momento de la notificación o por escrito, en el plazo de tres días, ratifiquen la demanda promovida a su favor por ********************; apercibidos que de no hacerlo, ésta se tendrá por no presentada y quedarán sin efectos las providencias dictadas, en términos del numeral 15 de la ley de la materia. En ese mismo sentido, requiérase a los justiciables para que al momento de la notificación o por escrito, en el plazo de tres días, manifiesten si es su deseo señalar a la promovente ********************, como su autorizado. De igual manera, señalen un domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Lo anterior, en el entendido que de ser así, por lo que hace a su autorizada, deberá acreditar que se encuentre facultado legalmente para ejercer la profesión de licenciada en derecho o abogada; de lo contrario, se le tendrá por autorizada en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones, e imponerse de autos. Ello, dado que la intervención de quien promueve la demanda, sólo descansa en la presentación de la misma a favor de otro, dada la imposibilidad con que cuenta para hacerlo en forma personal en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, sin ulterior acuerdo se dejará de reconocer calidad alguna a dicha persona con relación al presente juicio de amparo y en términos del artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, las notificaciones se realizaran por lista que se fije en los estrados de este juzgado. Por otra parte, al actualizarse uno de los supuestos a que se refiere el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilita al actuario judicial adscrito para que realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente cuaderno, entregue y dirija los oficios que del mismo deriven, para obviar trámites innecesarios que sólo retrasarían el procedimiento del juicio de amparo que se provee. RESERVA RESPECTO DE LOS AUTORIZADOS, Y NOTIFICACIONES POR MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se reserva proveer respecto de los autorizados señalados en el escrito de cuenta, correo electrónico y número de teléfono, hasta en tanto los directos quejosos ratifiquen la demanda que nos ocupa. CONOCIMIENTO DE LA PRESENTE DETERMINACIÓN A LA PROMOVENTE Y REQUERIMIENTO. A fin de que la promovente tenga conocimiento de la presente determinación se ordena al fedatario de la adscripción notificar el presente proveído a través del correo electrónico que proporcionó en su escrito de demanda para tal efecto, hasta en tanto los directos quejosos ratifiquen el presente escrito de demanda. Asimismo, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase a la promovente de la demanda que nos ocupa, para que dentro del término de tres días hábiles que se empezarán a computar al día siguiente al en que surta efectos su notificación informe si cuenta con algún dato donde puedan ser localizados los directos quejosos. Con el apercibimiento que en caso de no desahogar el requerimiento anterior y del resultado de la comunicación oficial enviada no se adviertan datos respecto del domicilio de los quejosos, se notificará el presente auto por medio de lista de estrados, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Por lo anterior, se instruye al actuario de la adscripción para que notifique el presente proveído a ********************, por cualquiera de los medios de contacto proporcionados en el escrito inicial de demanda. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL PERSONAL DEL JUZGADO. Se autoriza a los secretarios y actuarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Desde este momento, se autoriza el uso de medios electrónicos a todas las partes en el presente juicio de amparo para la reproducción de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, considerándose como información reservada la señalada en el artículo 13 de la Ley Federal en comento. Notifíquese en términos de ley.

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