Luis Carlos López Jiménez

Expediente 1095/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 11 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1095/2023
Año
2023
Actuaciones
11
Última actuación
25/10/2023

Partes del expediente

  • Luis Carlos López Jiménez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, veinticinco de octubre de dos mil veintitrés. I. Declaración de días inhábiles. Según se advierte de la certificación de cuenta, de conformidad con la Circular 28/2023, emitida por la Secretaría General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal y Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, derivado de las manifestaciones realizadas por los integrantes del Poder Judicial de la Federación y sus sindicatos, se declaró como días inhábiles del diecinueve al veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés; asimismo, de manera retroactiva, se declararon inhábiles los días dieciséis, diecisiete y dieciocho del citado mes y año, en el entendido que aquellas actuaciones y diligencias que ya se hubieren celebrado subsistirá su validez. De lo que se toma conocimiento para efectos legales a que haya lugar. II. Estado de autos. Según se advierte del estado procesal que guardan los autos, se fijaron las doce horas con diez minutos del veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional, sin embargo, existió imposibilidad jurídica y material para el verificativo de aquélla, con motivo de la suspensión de labores derivada de las manifestaciones realizadas por los integrantes del Poder Judicial de la Federación y sus sindicatos. III. Se fija fecha de audiencia constitucional. En consecuencia, para estar en aptitud de proseguir con el trámite del presente juicio, se señalan las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa; y, por oficio a las autoridades responsables, así como al Agente del Ministerio Público adscrito.

  2. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, seis de octubre de dos mil veintitrés. I. Autorizado de la parte quejosa ofrece pruebas de informes. Agréguese a los autos el escrito signado por la parte quejosa por medio del cual ofrece prueba de informes a cargo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, dirección de Oficialía de Partes Común, Civil, Cuantía Menor, Oralidad Familiar y Sección Salas, así como al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro. En ese sentido, dígase al promovente que no es procedente su petición, pues si bien el numeral 119 de la Ley de Amparo, establece que en el juicio de amparo es admisible toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones, también es verdad que el Juez de Control Constitucional tiene la ineludible obligación de analizar los puntos sobre los cuales versará dicho medio de convicción, para estar en aptitud de determinar si su desahogo se relaciona con la Litis constitucional planteada. Así es, el principio de la idoneidad de la prueba, aunque falta en la Ley de Amparo, es recogido por el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la aludida ley; por tanto, debe considerarse que toda prueba, de las permitidas por el artículo 119 de la Ley de Amparo, para ser admitida, debe "tener relación inmediata con los hechos controvertidos", pues sería contrario a la lógica y aun al sentido común, que se admitieran las pruebas cuando de la solicitud de las mismas, se viera, desde luego y sin dudas, que nada tiene que ver con la litis. En el caso con la prueba de informes a cargo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, dirección de Oficialía de Partes Común, Civil, Cuantía Menor, Oralidad Familiar y Sección Salas, así como al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, la parte quejosa pretende se realice una investigación a efecto de tener conocimiento si existe algún juicio en su contra, sin que dicho medio de convicción tenga como finalidad la de investigar diversos actos reclamados, pues como se dijo, ésta deber acotarse únicamente a la Litis constitucional y si en el caso la materia del acto reclamado lo constituye la falta de llamamiento a juicio dentro del procedimiento de origen que alude el quejoso y que atribuyó a la autoridad responsable, la prueba debe encaminarse a probar dichos actos, no así realizar una búsqueda para acreditar la existencia de diversos procedimientos. De esta manera, si la prueba ofertada por el promovente se encamina a verificar si en algún órgano jurisdiccional existe un procedimiento en su contra, es claro que no se acota a la Litis constitucional, es por lo que resulta procedente su desechamiento. Sustenta lo anterior, la tesis aislada I.1o.A.14 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1888, del Tomo XXIII, Febrero de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 175823, de rubro y texto siguientes: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO. LA FALTA DE IDONEIDAD Y PERTINENCIA IMPLICA QUE EL JUEZ DE DISTRITO NO ESTÉ OBLIGADO A RECABARLAS. Los artículos 150 y 152 de la Ley de Amparo, así como el 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a los juicios de garantías, disponen que en el juicio de amparo son admisibles toda clase de pruebas, con excepción de la de posiciones y de las que atenten contra la moral y el derecho y que, a efecto de que las partes puedan rendirlas, las autoridades están obligadas a expedir con toda oportunidad las que tengan en su poder y si no cumplen con esa obligación, a petición del interesado, el Juez de Distrito les exigirá tales medios de prueba con el único requisito de que, previo a esa petición, se hubieran solicitado directamente a los funcionarios. Sin embargo, el contenido de dichos dispositivos no debe interpretarse en el sentido de que el juzgador está obligado, en todos los casos, a recabar las pruebas ofrecidas por las partes, sino que, para su admisión, deben cumplir con los principios de pertinencia e idoneidad. Ahora bien, el primero de tales principios impone como limitación al juzgador, tanto al calificar la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes como las que traiga oficiosamente, que tengan relación inmediata con los hechos controvertidos, con la finalidad de evitar, por economía procesal, diligencias innecesarias y carentes de objeto, y el segundo, regido, a su vez, por los principios de expeditez en la administración de justicia y de economía procesal, consiste en que la prueba sea el medio apropiado y adecuado para probar el hecho que se pretende demostrar, de modo que intentar recabar una prueba que no cumpla con esas exigencias provocaría una mayor dilación en el trámite del proceso en perjuicio de los justiciables y de la pronta y expedita impartición de justicia." Así también, la tesis que se lee en la página seiscientos veintiuno del Tomo III, Segunda Parte-2, del Semanario Judicial de la Federación, y su Gaceta, que señala: "PRUEBAS INCONDUCENTES. DEBEN DESECHARSE POR SER CONTRARIAS AL PRINCIPIO DE ECONOMÍA PROCESAL. En materia procesal destaca el empleo por parte del juzgador de diversos principios generales del derecho, entre los cuales se hallan lo de preclusión, exhaustividad, buena fe, congruencia, eventualidad y el de economía procesal. Precisamente por efecto de este último, es deber del órgano jurisdiccional asegurarse de la celeridad de los procedimientos y de la pronta decisión de los pleitos ante él ventilados. Y resulta evidente que dichos propósitos no se cumplirían si durante el juicio de amparo se admitieran pruebas ofrecidas por las partes que no condujeran a acreditar los extremos de la acción y excepciones deducidas en el proceso, pues su rendición y desahogo retrasaría injustificadamente el dictado de la resolución final, por lo cual, resulta ajustado a derecho el desechamiento que de estas pruebas se decrete por razones de economía procesal.".

  3. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, tres de octubre de dos mil veintitrés. I. Estado procesal. Vista la certificación de cuenta, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo previsto en el párrafo segundo del artículo 117 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se imponga del contenido del informe justificado de la Juez Interina Trigésimo Tercero de lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México II. Se difiere audiencia constitucional. Para dar lugar a lo anterior y no violar las formalidades del procedimiento, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las DOCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo.

  4. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, dos de octubre de dos mil veintitrés. I. Pedimento Ministerial. Agréguese a los autos el Pedimento Ministerial signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, mismo que será tomado en consideración al momento de celebrarse la audiencia constitucional del presente juicio, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo; y, como lo solicita, expídasele copia de la resolución que al efecto se emita, con fundamento en el artículo 278 y 279 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, previa constancia que se otorgue en autos por su entrega.

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