Luis Carlos Jiménez Fabian
Expediente 646/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 14 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 646/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 14/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Luis Carlos Jiménez Fabian
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a catorce de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Del incidente de suspensión Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado de dicho incidente al cuaderno principal, así como del original en toda vez que encuadra en la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso c), de dicha normativa, ello en razón de que la medida cautelar fue negada definitivamente. Devolución documentos originales Infórmese a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y hora hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia de no hacerlo en dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Karina Vanessa Corona Alday, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veinte de junio de dos mil veintidós Visto el estado de los autos de los que se advierte que no se cuenta con la notificación personal a la parte quejosa de la resolución de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno; al respecto, se comisiona al actuario de la adscripción para que a la brevedad notifique de manera personal dicha resolución. Ahora, instrúyase al personal de actuaria a fin de que se vincule al expediente electrónico la notificación personal realizada a la parte quejosa, correspondientes a la sentencia de referencia y para el caso de que no esté realizada, proceda de manera inmediata a realizar la misma. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el seis de octubre de dos mil veinte, ante la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, que por razón de turno fue remitido al día hábil siguiente, Luis Carlos Jiménez Fabián, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridad responsable. Administrador de Salas de los Juzgados de Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Estado de Morelos. Acto reclamado: ".La omisión de turnar para dar trámite a los escritos presentado el diecisiete de marzo de dos mil veinte." SEGUNDO. El tres de septiembre de dos mil veinte, esta autoridad radicó la demanda de amparo del quejoso Luis Carlos Jiménez Fabián, con el consecutivo 646/2020, requirió a la responsable su informe justificado dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Mediante escrito de veinticuatro de noviembre de dos mil vente, la parte quejosa presentó escrito de ampliación de demanda, el que fue acordado favorable el veinticinco de noviembre de dos mil veinte, para señalar como autoridad responsable: Juez de Control Juicio Oral y Ejecución de Sanciones de Primera Instancia del Distrito Único en el Estado de Morelos. Esta autoridad requirió su informe justificado, y la audiencia constitucional tuvo lugar en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables: La omisión de turnar y dar trámite el escrito de diecisiete de marzo de dos mil veinte, donde pide la prescripción de la sanción pecuniaria a que fue condenado, causa penal JC/458/2011. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La autoridad responsable Administrador de Salas de los Juzgados de Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Estado de Morelos, al rendir el informe justificado negó la existencia del acto reclamado, señalando que la promoción del quejoso de diecisiete de marzo de dos mil veinte, fue registrada por la Oficialía de Partes que depende de la Administración de Salas, con el folio 4749, el diecisiete de marzo de dos mil veinte, y fue turnada a la Juez Elvia Terán Peña, a través de su personal quien lo recibió a las catorce horas con treinta y siete minutos del diecisiete de marzo de dos mil veinte, como lo demuestra con las constancias que en copia certificada anexó a su informe con justificación, documentales a las que se les otorga valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de amparo. El artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y." Así, dicho numeral prevé dos situaciones, la primera, la clara demostración de la inexistencia del acto reclamado y, la segunda, la falta de prueba de su existencia en la audiencia del juicio (cuando la responsable lo niega). Respecto de la primera, la "inexistencia" propiamente dicha, implica una prueba directa de que no existe el acto reclamado. En este sentido, la existencia del acto reclamado debe analizarse en relación con la fecha de presentación la demanda de amparo (lo que marca el inicio del juicio de amparo), por ello, si el acto es posterior a ese evento, debe concluirse que, al incoarse la acción constitucional, el acto reclamado era inexistente, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Apoya la Jurisprudencia 1a./J. 36/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, junio de 1998, página 5, titulada: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN". Así como la jurisprudencia 2a./J. 3/94 de rubro: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA." Tocante al segundo supuesto la "falta de prueba de la existencia del acto", aunque es un principio generalmente reconocido en el derecho, en materia de cargas probatorias, que las negativas no son susceptibles de demostrarse; sin embargo, cuando en el juicio de amparo la autoridad responsable niega el acto reclamado, tal negativa puede ser desvirtuada por una prueba directa de la existencia de dicho acto. Luego, si no se aporta alguna prueba para demostrar que el acto reclamado existe, no cabe otra cosa que dar por concluido el juicio con el sobreseimiento por falta de materia. Se cita la Tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, tomo Primera Parte, XLIII, página 181, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES". En el caso, el disconforme reclama de la autoridad responsable, la omisión de turnar para trámite el escrito de diecisiete de marzo de dos mil veinte, con lo que señala se contraviene lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional. De las constancias relativas al libro de control de promociones que le asignó el folio 4749, y de entrega a la juez Elvia Terán Peña, en data diecisiete de marzo de dos mil veinte, relativa al expediente JC/458/2011, remitidas por la responsable anexó a su informe, las que han sido valoradas en párrafo que antecede, se advierte que él escrito de que se duele la parte quejosa le dado el folio 4749, recibido el diecisiete de marzo de dos mil veinte, y turnado a la juez de control en su fecha, relacionado con el expediente JC/458/2011, para su trámite respectivo. Que si bien, es cierto el gobernado cuenta con el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, de que se le administre justicia expedita y completa en los plazos y términos que fijen las leyes, sin embargo, como se ha analizado el escrito del quejoso de diecisiete de marzo de dos mil veinte, fue registrado con el folio 4749, y turnado al juez de control en su fecha, para su atención en el expediente JC/458/2011. Por ello, si el quejoso reclama que la autoridad responsable es omisa en turnar para su trámite el escrito de que se duele, tal acto no existe, en razón que de las constancias remitidas por la responsable se desprende que fue atendida en la fecha de su presentación, registrada con el folio 4749 y turnada al juez de control bajo el expediente JC/458/2011, en su data. Es decir, para efectos de estudiar algún acto omisivo atribuido a determinada autoridad, en primer lugar es menester determinar su existencia a la presentación de la demanda, lo que en el caso no acontece, por los motivos antes precisados. Así, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo contra el acto en estudio, por virtud de su inexistencia. Apoya lo anterior la tesis VII.1º.C.4 K, visible en la página 433, del Tomo VI, julio de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE AUN CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ADMITA LA VERACIDAD DEL MISMO AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La circunstancia de que la autoridad responsable, al rendir su informe con justificación, manifieste que es cierto el acto que se reclama, no impide decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, si de las constancias procesales se desprende lo contrario, es decir, que se desvirtúa la aseveración de la autoridad designada como responsable, respecto de la certeza del acto que se le atribuye. En consecuencia, de acuerdo con la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio en tal hipótesis". Así como la Jurisprudencia número XVII. 2o. J/10, visible en la página 68, Tomo 76, Abril de 1994, Octava Epoca, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TECNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." En consecuencia, como se ha señalado lo procedente es sobreseer en el juicio respecto del acto previamente citado, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto que se atribuye a la Juez de Control Juicio Oral y Ejecución de Sanciones de Primera Instancia del Distrito Único en el Estado de Morelos, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado, lo que se corrobora con las constancias que remitió como soporte de su informe justificado, consistente en copia certificada del juicio JCE/458/2011, que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. QUINTO. Causales de Improcedencia fundadas. Previamente al estudio del fondo del asunto, procede examinar las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes o que operen de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Sobre el particular, esta autoridad de control constitucional en cuanto al acto reclamado consistente en desahogar todas las pruebas admitidas en diligencia de doce de abril de dos mil diecinueve, advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, en relación con la X, de la Ley de Amparo. El artículo invocado establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; [.]". De la interpretación armónica del artículo y fracciones transcritos con anterioridad, se advierte que el juicio de amparo es improcedente siempre que se actualicen las siguientes hipótesis: a) Que el acto que se reclame haya sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo; b) Que ambos juicios de amparo estén promovidos por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. La figura jurídica que se analiza encuentra justificación en la seguridad jurídica de las decisiones o resoluciones que establecen situaciones de derecho concretas, mediante la individualización de normas jurídicas a través del procedimiento jurisdiccional respectivo, que concluye con la sentencia definitiva; en materia de amparo, su finalidad es evitar el pronunciamiento de resoluciones contradictorias, así como la promoción de nuevos juicios con idéntico objeto. En efecto, la cosa juzgada, como verdad legal, significa que si en un diverso juicio se ha emitido un fallo en el que se resolvió el fondo sustancial controvertido, es improcedente someter el mismo punto en un proceso distinto. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 131, de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000 Tomo VI Página 107, de rubro y texto: "COSA JUZGADA, EXISTENCIA DE LA. Para que exista cosa juzgada es necesario que se haya hecho anteriormente un pronunciamiento de derecho entre las mismas partes, sobre las mismas acciones, la misma cosa y la misma causa de pedir; por tanto, debe existir identidad de partes, identidad de cosa u objeto materia de los juicios de que se trate, e identidad en la causa de pedir o hecho jurídico generador del derecho que se haga valer" En el caso, el juicio en que se actúa fue incoado por Luis Carlos Jiménez Fabián, contra actos de la Juez de Control Juicio Oral y Ejecución de Sanciones de Primera Instancia del Distrito Único en el Estado de Morelos, ahora -Leticia Damián Avilés-, con sede en esta ciudad, a quien le atribuye la omisión de dar trámite al escrito de diecisiete de marzo de dos mil veinte, donde solicita la prescripción de la sanción pecuniaria en el expediente JCE/458/2011. A la par, del sistema de seguimiento de expedientes SISE, ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, existe radicado el diverso juicio de amparo 51/2021, promovido por Luis Carlos Jiménez Fabián, contra actos de la Jueza de Primera Instancia Especializada de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en Atlacholoaya, Morelos, Elvia Terán Peña, a quien le reclama el mismo acto -la falta de contestación al escrito que presentó el diecisiete de marzo de dos mil veinte- en el juicio JCE/458/2011. Con la puntualización, que mediante sentencia de diez de agosto de dos mil veintiuno, emitida por la Juez Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, relativo al juicio de amparo 51/2021, donde sobreseyó el juicio al considerar que el acto reclamado no es de imposible reparación, asimismo, que por acuerdo de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, causo ejecutoria; este último dato, constituye un hecho notorio por estar publicado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Lo anterior encuentra apoyo, en la jurisprudencia VI.1º.P.J/25 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, visible en la página 1199, tomo XV, marzo de 2002, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 187526, de rubro y texto: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO. Por hechos notorios para un tribunal, deben entenderse aquellos que conozcan por razón de su actividad jurisdiccional. En ese sentido, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, los Magistrados de Tribunal de Circuito y los Jueces de Distrito pueden válidamente invocar de oficio, como un hecho notorio, las ejecutorias que se hayan emitido anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en específico, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes, ya que esa es una facultad que la propia ley les confiere y que desde luego es de su conocimiento." Asimismo, resulta aplicable por analogía, la jurisprudencia II.T.20K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en la página 226, tomo XII, julio de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 189309, cuyo contenido es el siguiente: "IMPROCEDENCIA POR RECLAMARSE EL ACTO EN DOS AMPAROS. Si en un amparo se reclama el mismo acto reclamado en otro juicio, es claro que en el caso concurre la causa de improcedencia, respecto de ese acto, de acuerdo con la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, sin que obste para ello la circunstancia de que en los juicios se reclamen actos de ejecución distintos, porque esta diferencia implica solamente que el sobreseimiento es infundado respecto de los actos de ejecución." De ese modo, es incuestionable que la omisión de dar trámite al escrito del quejoso de diecisiete de marzo de dos mil veinte, por el que pide la prescripción de la sanción pecuaria a que fue condenado en el juicio abreviado, reclamado en este controvertido es materia del diverso juicio de amparo 51/2021, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, que esta totalmente concluido, pues por acuerdo de veinte de septiembre de dos mil veintiuno causo ejecutoria, promovido por el aquí quejoso Luís Carlos Jiménez Fabián , contra la misma autoridad Jueza de Primera Instancia Especializada de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en Atlacholoaya, Morelos, Elvia Terán Peña, y, el propio acto reclamado. De ahí que, no pueden ser analizados de nueva cuenta en este juicio de amparo, pues ante la firmeza que adquirió la determinación pronunciada en aquél, se obtiene la improcedencia del actual juicio, en virtud de la decisión irrebatible, indiscutible e inmodificable. En consecuencia, se actualiza el supuesto de improcedencia en estudio. Al caso, es aplicable la tesis VI.2o. J/348, Octava Época Registro: 209207, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 86, Febrero de 1995, que dice: "AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DERIVADOS DE OTROS RESUELTOS EN DIVERSO AMPARO. El juicio de amparo es improcedente no sólo cuando se reclaman actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro amparo, sino cuando se reclaman actos que se derivan de los ya estudiados y resueltos en esa ejecutoria, siempre que se apeguen a su estricto cumplimiento." Así como la sentencia I.6o.T. J/86, registro 170735, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVI, Diciembre de 2007, Página: 1532, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO DIRECTO. SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA, SI SE INTERPONE POR EL PROPIO QUEJOSO CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES Y ACTO RECLAMADO QUE FUERON MATERIA DE UNA EJECUTORIA EN OTRO JUICIO DE ESA NATURALEZA. Si el quejoso promueve juicio de garantías contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado que fueron materia de otro amparo directo resuelto por el Tribunal Colegiado de Circuito, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción IV, de la Ley de Amparo, y procede, en consecuencia, sobreseer en el juicio, en términos de la fracción III del artículo 74 del propio ordenamiento legal." Por tanto, respeto de dicho acto procede sobreseer en el presente juicio de amparo en este aspecto, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a nueve de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar, el informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez de Primera Instancia Especializada en Ejecución Sanciones del Distrito Judicial Único del Estado con sede en Xochitepec, Morelos. Al respecto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con dicho informe dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. Asimismo, con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas las documentales que anexa la autoridad responsable a su oficio de cuenta, de las cuales se hará relación en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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