Luis Cantera Cazares

Expediente 835/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
835/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
17/08/2022

Partes del expediente

  • Luis Cantera Cazares

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y visto el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98, con relación al 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de catorce de julio de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Luis Cantera Cazares, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes, con fundamento en el artículo 288, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. Transferencia. Ahora bien, de conformidad con el capítulo segundo, artículo 5, en relación con el capítulo tercero, artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las NICOLAS BLANCAS SANCHEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5f.53 14/01/24 12:48:19 2 JUZGADO OCTAVO EXP. 835/2022 disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de Marzo de dos mil veinte, una vez que transcurra el término de tres años de archivo del presente expediente, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación; lo anterior, por no ubicarse en ninguno de los supuestos que establece el artículo 18, capítulo séptimo del citado acuerdo. Clasificación documental. Por otra parte, en cumplimiento a lo que establece el artículo 35, del capítulo décimo tercero, del Acuerdo General, señalado en el párrafo precedente, este expediente a criterio de este juzgador no es de relevancia documental, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Depuración o destrucción del expediente. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente es destruible toda vez que se desechó la demanda de amparo; por ende, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21 inciso d), del Acuerdo General citado. Devolución de documentos. En caso de que existan documentos originales, en términos del artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se requiere a la parte oferente del mismo para que presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a la notificación del presente proveído. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del artículo 21, párrafo segundo, de ese Acuerdo. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Notifíquese.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, catorce de julio de dos mil veintidós. Recepción de demanda. Se tiene por recibida la demanda presentada Luis Cantera Cazares, por propio derecho, contra actos que reclama de la Comisión de Honor y Justicia de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de Cuautitlán Izcalli, Estado de México y otras autoridades. Registro de la demanda. Fórmese expediente y regístrense en el libro de gobierno de este juzgado con el consecutivo 835/2022, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Promociones duplicadas y acuses. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena únicamente certificar y agregar a los autos los trámites siguientes: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes; y c) acuses de recibo. Estudio de la demanda. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la Ley de CLAUDIA LORENA MENDOZA HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d9.9b 18/10/22 17:36:37 2 JUZGADO OCTAVO EXP. 835/2022 Amparo, se establece la obligación que tiene este juzgador de examinar en su integridad la demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Los artículos precisados son del tenor literal siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo expuesto por diversos tribunales de la Federación, éstos se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. De ahí, que deban analizarse de manera preferente las causales de improcedencia por ser éstas una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la Jurisprudencia VI.2o.J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Número 80, Agosto de 1994, CLAUDIA LORENA MENDOZA HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d9.9b 18/10/22 17:36:37 3 JUZGADO OCTAVO EXP. 835/2022 Octava Época, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, visible a página 64, con número de registro 210751, cuyo rubro y texto, son: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." También resulta aplicable la jurisprudencia 814, publicada en la página 553, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años de 1917-1995, que lleva por rubro y texto los siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Causal de improcedencia. Ahora bien, de un análisis integral de la demanda de amparo, este juzgador advierte que se configura de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, toda vez que antes de acudir al juicio de amparo, el quejoso debió agotar el medio ordinario de defensa respectivo, en contra del acto reclamado, de conformidad con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo; precepto legal que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, CLAUDIA LORENA MENDOZA HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d9.9b 18/10/22 17:36:37 4 JUZGADO OCTAVO EXP. 835/2022 que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley." No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" Lo anterior es así, toda vez que la parte quejosa señala como acto reclamado: a) La ilegal incoación (acuerdo de inicio) del procedimiento administrativo con número de expediente CHJ/SEP/007/2022, instruido en mi contra por la autoridad responsable, del que tuve conocimiento a través del oficio citatorio CGSC/CHJ/412/2022, dictado dentro del procedimiento administrativo citado. Mismo que me fue notificado de forma personal el ocho de junio de dos mil veintidós en las instalaciones de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de Cuautitlán Izcalli. b) El inminente dictado de la resolución definitiva que ponga fin al procedimiento administrativo con número CHJ/SEP/007/2022, incoado en contra del suscrito por la autoridad responsable." Ahora bien, de los medios de prueba que anexó el peticionario de amparo, se advierte la resolución emitida en el expediente CHJ/SEP/007/2022, de veintiuno de junio de dos mil veintidós, dictada por la Comisión de Honor y Justicia de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana del municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, en cuyos puntos CLAUDIA LORENA MENDOZA HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d9.9b 18/10/22 17:36:37 5 JUZGADO OCTAVO EXP. 835/2022 resolutivos son: "(.) PRIMERO.- Se determina la separación, es decir la baja definitiva del servicio y la terminación de los efectos de nombramiento expedido a favor del ciudadano LUIS CANTERA CAZARES, como Policía , adscrito a la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, con base en los razonamientos expuestos en el Considerando II de la presente resolución. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 179 de la Ley de Seguridad del Estado de México, notifíquese el presente instrumento legal al ciudadano LUIS CANTERA CAZARES, para todos los efectos legales a que haya lugar. TERCERO. Hágase del conocimiento al ciudadano LUIS CANTERA CAZARES, que en términos de lo dispuesto en el artículo 180 de la Ley de Seguridad del Estado de México, que en contra de esta Resolución, podrá interponer Recurso Administrativo de Inconformidad, dentro de los quince días posteriores al que surta efectos la notificación del presente documento legal, ante el Titular de la Institución Policial, o bien vía juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. (.)" De lo antes transcrito, se advierte que de conformidad con lo establecido en el artículo 180 de la Ley de Seguridad del Estado de México, que en contra de esta Resolución, el quejoso procede el recurso administrativo de inconformidad, dentro de los quince días posteriores al que surta efectos la notificación del presente documento legal, ante el Titular de la Institución Policial, o bien vía juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, ya que del contenido del citado artículo se desprende lo siguiente: "Artículo 180. Las resoluciones sancionadoras podrán ser impugnadas mediante el Recurso Administrativo de Inconformidad, ante el Titular de la Institución Policial correspondiente o a través del juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, dentro de los quince días posteriores al en que surta efectos la notificación de la resolución." Ahora, es importante precisar que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario de defensa para invalidar los actos de autoridad conculcatorios de garantías individuales, motivo por el cual, su estructura se funda en diversos principios CLAUDIA LORENA MENDOZA HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d9.9b 18/10/22 17:36:37 6 JUZGADO OCTAVO EXP. 835/2022 o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común. Dichos principios generales del juicio de amparo se encuentran previstos en el artículo 107 de la Constitución General de la República, entre los que se encuentra el de definitividad, que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional. En efecto, el principio de definitividad del juicio de amparo obliga a la parte quejosa a agotar previamente a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, pues, como se dijo, el juicio de garantías se concibió como un medio extraordinario de defensa, lo que significa que sólo procede en casos excepcionales, como lo son, entre otros, aquellos no susceptibles de ser revisados a través de los citados recursos o medios de defensa ordinarios. En ese contexto la causal de improcedencia prevista en el artículo y fracción citados, alude a que el juicio de amparo se tornará improcedente, cuando se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales resulte procedente algún recurso, juicio o medio de defensa legal, a través del cual, puedan ser modificados, revocados o nulificados, o bien, que deban ser revisados de oficio, de conformidad con las leyes por las cuales se rijan; siempre y cuando, atento a los ordenamientos que prevean dichos medios de defensa, se suspendan los efectos de los actos impugnados, sin que se exijan mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder su suspensión; ello, con independencia de que el acto sea susceptible de ser suspendido de acuerdo a la propia ley de la materia. En la inteligencia de que no existirá tal obligación de agotar tales medios de defensa cuando el acto reclamado carezca de fundamentación. Es decir, el amparo en materia administrativa únicamente será procedente cuando previamente se hayan CLAUDIA LORENA MENDOZA HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d9.9b 18/10/22 17:36:37 7 JUZGADO OCTAVO EXP. 835/2022 agotado los recursos o medios de defensa legales que pudieren revocar, modificar o nulificar el acto reclamado; sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión; salvo la excepción prevista por la propia ley de la materia, como cuando el acto reclamado adolezca de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución Federal; todo ello, atendiendo al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia del tenor siguiente: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN." 1 Asimismo, es importante mencionar, que de acuerdo con la interpretación que de la improcedencia en comento, ha realizado el Máximo Tribunal de Justicia en el País, únicamente los medios de defensa previstos en una ley formal y material son susceptibles de provocar dicho motivo de improcedencia, siempre que como se dijo, éstas no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los que prevé la Ley de Amparo. Cobra aplicación a ese respecto, la jurisprudencia que lleva por título: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)."2 En ese tenor, debe puntualizarse que no constituye un requisito indispensable que los medios de impugnación a los que alude la causal de improcedencia en comento tengan que estar previstos por el ordenamiento legal del que emane formalmente o en la que encuentre su fundamento el acto de autoridad reclamado, pues ninguna de las disposiciones aplicables al juicio de garantías establece esa limitante, a más de que debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el 1 Consultable en el registro electrónico número 2017117 2 Consultable en el registro electrónico número 193142. CLAUDIA LORENA MENDOZA HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d9.9b 18/10/22 17:36:37 8 JUZGADO OCTAVO EXP. 835/2022 legislador cuenta con plena libertad para instituir los recursos o medios ordinarios de defensa que estime pertinentes, sin quedar constreñido a algún ordenamiento en particular. De ahí, que si en el caso el quejoso reclama el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo con número de expediente CHJ/SEP/007/2022, instruido en su contra por la autoridad responsable, del que tuvo conocimiento a través del oficio citatorio CGSC/CHJ/412/2022, así como el inminente dictado de la resolución definitiva que ponga fin al procedimiento administrativo con número CHJ/SEP/007/2022; sin embargo, de las constancias anexas a la demanda de amparo se advierte que dicha resolución ya fue dictada, el veintiuno de junio del año en curso, es decir, previo a la presentación de la demanda, por tanto, previamente a la instauración de este juicio de amparo, la parte quejosa, debió combatir dicha resolución a través de los recursos previstos por la ley aplicable, ya sea el recurso administrativo de inconformidad ante el Titular de la Institución Policial, o bien vía juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. Ahora, para el caso de que el peticionario de amparo opte por instar el recurso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, es pertinente hacer mención el contenido de los artículos 186, 187, 189, 194, 229, 230 fracciones I, II y III, 231, 254 y 255 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México vigente: "Artículo 186.- Contra los actos y resoluciones de las autoridades administrativas y fiscales, los particulares afectados tendrán la opción de interponer el recurso administrativo de inconformidad ante la propia autoridad o el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Cuando se esté haciendo uso del recurso de inconformidad, previo desistimiento del mismo, el interesado podrá promover el juicio ante el propio Tribunal. La resolución que se dicte en el recurso de inconformidad también puede impugnarse ante el Tribunal. Para los efectos del párrafo anterior, tienen el carácter de particulares las personas afectadas en sus intereses jurídicos o legítimos por los actos y resoluciones reclamados, incluyendo a los CLAUDIA LORENA MENDOZA HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d9.9b 18/10/22 17:36:37 9 JUZGADO OCTAVO EXP. 835/2022 servidores públicos que se les atribuya alguna causal de responsabilidad administrativa y los integrantes de los cuerpos de seguridad pública que sean molestados en sus derechos e intereses, en términos de las leyes aplicables." "Artículo 187.- El recurso de inconformidad procede en contra de: I. Las resoluciones administrativas y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, por violaciones cometidas en las mismas o durante el procedimiento administrativo, en este último caso cuando trasciendan al sentido de las resoluciones; II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación; y III. Las resoluciones que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, de manera unilateral, las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, respecto de contratos, convenios y otros acuerdos de voluntad que se hayan celebrado con los particulares en materias administrativa y fiscal". "Artículo 189. El escrito de interposición del recurso deberá llenar los siguientes requisitos formales: I. El nombre y domicilio del recurrente para recibir notificaciones y, en su caso, de quien promueva en su nombre; II. La resolución impugnada; III. El nombre y domicilio del tercer interesado, si lo hubiere; IV. Las pretensiones que se deducen; V. La fecha en que se notificó o se tuvo conocimiento del acto impugnado; VI. Los hechos que sustenten la impugnación del recurrente; VII. Las disposiciones legales violadas, de ser posible; VIII. Las pruebas que se ofrezcan; y CLAUDIA LORENA MENDOZA HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d9.9b 18/10/22 17:36:37 10 JUZGADO OCTAVO EXP. 835/2022 IX. La solicitud de suspensión del acto impugnado, en su caso". "Artículo 194. La interposición del recurso suspenderá la ejecución del acto impugnado, siempre y cuando: I. Lo solicite expresamente el recurrente; II. Se admita el recurso; III. No se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público; IV. No se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos que se garanticen éstos para el caso de no obtener resolución favorable; y V. Tratándose de créditos fiscales, el recurrente garantice su importe en cualquiera de las formas previstas por la legislación financiera aplicable, cuando así lo acuerde discrecionalmente la autoridad". "Artículo 229.- Procede el juicio contencioso administrativo en contra de: I. Las resoluciones administrativas y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, por violaciones cometidas en las mismas o durante el procedimiento administrativo, en este último caso cuando trasciendan al sentido de las resoluciones; II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación; III. Los actos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, de manera unilateral, las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, respecto de contratos, convenios y otros acuerdos de voluntad que se hayan celebrado con los particulares en los renglones administrativo y fiscal; IV. De los actos administrativos o fiscales que se relacionen con la resolución afirmativa ficta en estas materias, que se configure por el silencio de las autoridades estatales o municipales para dar respuesta a las peticiones de los particulares, en términos de este Código; CLAUDIA LORENA MENDOZA HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d9.9b 18/10/22 17:36:37 11 JUZGADO OCTAVO EXP. 835/2022 V. De las resoluciones negativas fictas que se configuren por el silencio de las autoridades administrativas y fiscales de carácter estatal o municipal, para dar respuesta a las peticiones de los particulares, en el plazo de 30 días siguientes a su presentación, conforme a las disposiciones de este ordenamiento; VI. Las omisiones de las autoridades del Poder Ejecutivo, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal para dar respuesta a las peticiones de los particulares, una vez que hayan transcurrido por lo menos 20 días siguientes a su presentación; VII. Los reglamentos, decretos, circulares y demás disposiciones generales de naturaleza administrativa y fiscal que expidan las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, sin que sea obligatorio o requisito previo para promover cualquier otro medio de impugnación en contra de tales determinaciones; VIII. Las resoluciones favorables a los particulares, que causen una lesión a la hacienda pública del Estado o de los municipios, cuya invalidez se demande por las autoridades fiscales del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal; IX. Los actos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las personas que se ostenten como autoridades administrativas o fiscales de carácter estatal o municipal, sin serlo; y X. Los demás actos y resoluciones que señalen las disposiciones legales." "Artículo 230.- Serán partes en el juicio: I. El actor; II. El demandado. Tendrá ese carácter: a) La autoridad estatal o municipal que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto impugnado. b) La autoridad estatal o municipal que omita dar respuesta a las peticiones o instancias de los particulares. c) La autoridad estatal o municipal que expida el reglamento, decreto, circular o disposición general. CLAUDIA LORENA MENDOZA HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d9.9b 18/10/22 17:36:37 12 JUZGADO OCTAVO EXP. 835/2022 d) El particular a quien favorezca la resolución cuya invalidez pida alguna autoridad fiscal de carácter estatal o municipal. e) La persona que se ostente como autoridad estatal o municipal, sin serlo. III. El tercero interesado, que es cualquier persona cuyos derechos e intereses legítimos puedan verse afectados por las resoluciones del Tribunal." "Artículo 231.- Sólo podrán intervenir en juicio los particulares que tengan un interés jurídico o legítimo que funde su pretensión. Tienen interés jurídico los titulares de un derecho subjetivo público e interés legítimo quienes invoquen situaciones de hecho protegidas por el orden jurídico, tanto de un sujeto determinado como de los integrantes de un grupo de individuos, diferenciados del conjunto general de la sociedad." "Artículo 254.- La suspensión del acto impugnado se decretará de oficio o a petición de parte. Sólo procede la suspensión de oficio cuando se trate de multa excesiva, confiscación de bienes, privación de libertad por autoridad administrativa y actos que de llegar a consumarse harían físicamente imposible restituir al actor en el pleno goce de sus derechos. Esta suspensión se decretará de plano por el magistrado de la sala regional, en el mismo acuerdo en que se admita la demanda. En los demás casos, la suspensión podrá solicitarla el actor en el escrito de demanda o en cualquier momento, mientras se encuentre en trámite el proceso administrativo, ante el magistrado de la sala regional que conozca del asunto. Cuando se otorgue la suspensión, se comunicará sin demora a la autoridad demandada para su inmediato cumplimiento." "Artículo 255.- La suspensión tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, en tanto concluye el proceso administrativo. No se otorgará la suspensión sino a solicitud de parte, si se sigue perjuicio al interés social, si se contravienen disposiciones de orden público o se deja sin materia el juicio. La suspensión podrá concederse con efectos restitutorios siempre que proceda el otorgamiento de la medida cautelar genérica, cuando se trate de actos privativos de libertad decretados por autoridad administrativa, cuando se actualicen a favor del particular la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora o bien, cuando a criterio del CLAUDIA LORENA MENDOZA HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d9.9b 18/10/22 17:36:37 13 JUZGADO OCTAVO EXP. 835/2022 magistrado sea necesario otorgarle estos efectos con el objeto de conservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular. La suspensión podrá ser revocada o modificada por la sala, en cualquier momento del juicio, previa vista que se conceda a los interesados en un plazo de tres días, si varían las condiciones en las cuales se otorgó.". De la citada transcripción, se advierte que podrán intervenir en juicio contencioso, entre otros, los particulares que tengan un interés jurídico que funde su pretensión, que pueda traducirse en un beneficio a su favor derivado de una afectación a su esfera jurídica, es decir, el derecho subjetivo del que es titular. Además, no se desatiende que la segunda parte de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, establezca una excepción al principio de definitividad, esto es, que no existe obligación de agotar el recurso cuando en la ley que rige el acto reclamado no se contemplen: a) Los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo, para la suspensión del acto reclamado. b) Se exijan mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión, y c) Que el plazo para otorgar la suspensión sea mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional la Ley de Amparo. Lo anterior es así, dado que de la interpretación de los artículos 254 al 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, que regulan la suspensión del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo, no se advierte que se exijan mayores requisitos para otorgarla que los consignados en los artículos 128 a 158 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, para el caso de que la parte quejosa solicitara la medida cautelar, pues no disponen requisitos adicionales, sino sólo ciertas diferencias que atienden a las características propias de cada sistema; por tanto, al no existir excepción al CLAUDIA LORENA MENDOZA HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d9.9b 18/10/22 17:36:37 14 JUZGADO OCTAVO EXP. 835/2022 principio de definitividad, aquella instancia debe agotarse antes de acudir al juicio constitucional. Es aplicable la jurisprudencia de título: "SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDERLA QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO Y, POR TANTO, AQUELLA INSTANCIA DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL JUICIO CONSTITUCIONAL." 3 Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de rubro: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO."4 En efecto, este juzgador advierte que el quejoso no está en el supuesto de excepción, toda vez que del análisis de los artículos 128 a 158 de la Ley de Amparo en contraste con los numerales 254 al 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México (que rige el acto reclamado), se observa que se prevén requisitos esencialmente iguales para la procedencia de la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, porque sólo presentan diferencias derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio, como se demuestra a continuación: a) El Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, prevé que la suspensión podrá ser acordada por el Magistrado instructor que conozca del asunto y que la medida precautoria debe hacerse del conocimiento de las autoridades demandadas para su cumplimiento; por su parte, aunque la Ley de Amparo no refiere expresamente que la suspensión podrá ser emitida por el Juez de Distrito, ello se infiere de lo dispuesto en los artículos 125 y 138 de dicho 3 Consultable en el registro electrónico número 2010436. 4 Consultable en el registro electrónico número 2003858. CLAUDIA LORENA MENDOZA HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d9.9b 18/10/22 17:36:37 15 JUZGADO OCTAVO EXP. 835/2022 ordenamiento, en el sentido de que en los casos de la competencia de los Jueces de Distrito, la suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición de parte, y el Juez deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y concederá la suspensión provisional fijando los requisitos y efectos de la medida; o negara la suspensión y la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado; además, señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y solicitará informe a las autoridades responsables. Entonces, en tal aspecto el primero de dichos ordenamientos no prevé un requisito mayor que el segundo. b) El citado Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, requiere que el inconforme solicite la medida suspensional y prevé que aquél podrá gozar de ese beneficio en cualquier etapa del juicio; por su parte, la Ley de Amparo exige también que el quejoso solicite expresamente la concesión de la medida cautelar y dispone en su artículo 130, que podrá solicitarse con la presentación de la demanda de garantías, o en cualquier tiempo, mientras no se dicte la ejecutoria relativa. Luego, dichos ordenamientos son coincidentes en que no existe límite procesal para iniciar el trámite de la suspensión, por lo que su promoción puede llevarse a cabo en cualquier tiempo y en que en el proveído correspondiente debe dictarse a partir de que se admita la demanda o de que se solicite aquella medida. Además, en que el interesado debe solicitar la concesión de la suspensión; y que cuando la suspensión es solicitada al presentar la demanda, esto es suficiente para que la autoridad competente (Magistrado instructor o Juez de Distrito) se avoque a determinar si se encuentran satisfechos los supuestos para poder otorgar la medida cautelar en comento. c) El Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, dispone que de llegar a otorgarse la CLAUDIA LORENA MENDOZA HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d9.9b 18/10/22 17:36:37 16 JUZGADO OCTAVO EXP. 835/2022 suspensión, no debe causarse perjuicio al interés social, contravenirse disposiciones de orden público, ni dejarse sin materia el juicio relativo; asimismo, que el actor o quejoso debe otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar de los perjuicios que con la referida medida cautelar se causaren si no obtiene sentencia favorable en el juicio respectivo; por su parte, la Ley de Amparo dispone lo mismo. d) La Ley de Amparo exige para conceder la suspensión que los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto reclamado sean de difícil reparación; en cambio, el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México no pide tal requisito, por lo que en ese aspecto, es menos exigente que la referida Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. e) La Ley de Amparo establece que para que surta efectos la suspensión, el actor debe cumplir con los requisitos que se le exijan (entre otros, exhibir garantía) dentro de los cinco días siguientes al de la notificación de la concesión de la medida cautelar, a diferencia del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, que no establece plazo alguno para satisfacer tales requisitos. Este último aspecto se expone no obstante que tal exigencia no es, propiamente, un requisito para conceder la suspensión, sino de eficacia de ésta. Lo anterior pues los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, no prevén que para que opere la excepción al principio de definitividad, las leyes que establezcan el recurso, juicio o medio de defensa susceptible de modificar el acto, deban contener esquemas suspensionales semejantes en cuanto a requisitos de procedencia y efectividad, sino sólo que las leyes no deben contener más requisitos para conceder la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo. CLAUDIA LORENA MENDOZA HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d9.9b 18/10/22 17:36:37 17 JUZGADO OCTAVO EXP. 835/2022 Ahora, en cuanto a que la norma tenga los mismos alcances que la Ley de Amparo, debe decirse que la suspensión en el amparo no resulta más benéfica ni más amplia en general que la contemplada por el código en análisis. El numeral 255 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, refiere que la suspensión tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentran, en tanto concluya el proceso; también que se puede conceder la suspensión con efectos restitutorios, es decir, se restablecen las cosas al estado que guardaban antes de la violación, atendiendo a la naturaleza del acto combatido. En efecto, dicho numeral prevé que se concederá la suspensión con efectos restitutorios siempre que proceda el otorgamiento de la medida cautelar genérica, cuando se trate de actos privativos de libertad decretados por autoridad administrativa, cuando se actualicen a favor del particular la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora o bien, cuando a criterio del magistrado sea necesario otorgarle estos efectos con el objeto de conservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular. Por su parte, el numeral 147 de la Ley de Amparo, contempla que en los casos en que la suspensión sea procedente el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, y podrá establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. Asimismo, prevé que de acuerdo a la naturaleza del acto reclamado ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guardan y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. Ahora, si bien es cierto que el Juez de Distrito debe dictar medidas e imponer obligaciones necesarias y fijar CLAUDIA LORENA MENDOZA HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d9.9b 18/10/22 17:36:37 18 JUZGADO OCTAVO EXP. 835/2022 requisitos y efectos de la medida, éstas en ningún caso podrá tener por efecto modificar o restringir los derechos ni constituir aquellos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda, pues así lo dispone el numeral 131 de la ley de Amparo. Entonces, el Juez de Distrito para conceder la suspensión debe considerar la naturaleza del acto reclamado, y de ser jurídica y materialmente posible restablecerá provisionalmente a la parte quejosa en el goce del derecho violado, esto es, con apoyo en la apariencia del buen derecho y peligro en la demora. La ponderación de la apariencia del buen derecho constituye un test de probabilidad y verosimilitud del derecho alegado por la parte quejosa con efectos a otorgar la medida cautelar; empero, ello no significa que constituya una regla normativa que en todos los casos indefectiblemente se aplique cuando se solicite la suspensión del acto reclamado, sino que dicho juicio ponderativo se aplicará cuando a juicio del juzgador, el acto reclamado aparentemente resulte inconstitucional, por lo que su aplicación dependerá de los casos concretos sometidos a la potestad del juez. Lo anterior tiene sustento en la tesis de título: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. RELACIÓN DEL EFECTO RESTAURATIVO, PROVISIONAL Y ANTICIPADO QUE DEBE DÁRSELE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 147, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA, CON LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL PELIGRO EN LA DEMORA." 5 De lo anterior, se advierte que tanto el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México y la Ley de Amparo contemplan alcances similares, esto es, tienen efectos conservativos o paralizantes, así como restaurativos y restitutorios, atendiendo a la naturaleza del acto controvertido. Ello, en razón de que cuando la Ley de Amparo menciona la posibilidad de restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado constituye una 5 Consultable en el registro electrónico número 2006949. CLAUDIA LORENA MENDOZA HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d9.9b 18/10/22 17:36:37 19 JUZGADO OCTAVO EXP. 835/2022 expresión y control que el legislador previó a fin de otorgar la suspensión con un efecto restaurativo, provisional y anticipado pero excepcionalmente, atendiendo a la naturaleza del acto combatido, lo cual acontece bajo un esquema de ponderación y análisis que resulta perfectamente posible en la ley local. Entonces, se colige que al analizar los alcances de la suspensión resultan similares a los contemplados en la Ley de Amparo en vigor. En este contexto resulta evidente que en la especie el peticionario de amparo no cumplió con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, pues respecto de los actos que reclama consistente en: a) La ilegal incoación (acuerdo de inicio) del procedimiento administrativo con número de expediente CHJ/SEP/007/2022, instruido en mi contra por la autoridad responsable, del que tuve conocimiento a través del oficio citatorio CGSC/CHJ/412/2022, dictado dentro del procedimiento administrativo citado. Mismo que me fue notificado de forma personal el ocho de junio de dos mil veintidós en las instalaciones de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de Cuautitlán Izcalli. b) El inminente dictado de la resolución definitiva que ponga fin al procedimiento administrativo con número CHJ/SEP/007/2022, incoado en contra del suscrito por la autoridad responsable." Procede el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, tal como lo establecen los numerales ya transcritos; por lo que resulta manifiesto e indudable que se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere la precitada fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación, la jurisprudencia de rubro: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." 6 6 Consultable en el registro electrónico número 187016. CLAUDIA LORENA MENDOZA HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d9.9b 18/10/22 17:36:37 20 JUZGADO OCTAVO EXP. 835/2022 En ese contexto, el recurso de inconformidad o juicio contencioso previstos en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, en los artículos 187 y 229, deben agotarse antes de la promoción del juicio de amparo, al no establecer dichos ordenamientos mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión, salvo que se actualice alguna excepción al principio de definitividad, lo que en el caso no acontece como ya se precisó en párrafos precedentes. Se desecha demanda. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo y atento a lo dispuesto en el artículo 113 del mismo ordenamiento, lo procedente es desechar de plano la presente demanda, promovida por Luis Cantera Cazares, por propio derecho. Domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa. Ahora bien, no ha lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala en su escrito de demanda, lo anterior, en atención a que se encuentra fuera de la residencia de este juzgado federal, por tanto, requiérasele para que dentro del término de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, señalen un domicilio dentro de la residencia de este órgano jurisdiccional, apercibido que de no hacerlo así, las notificaciones que se le deban hacer, incluso las de carácter personal, se realizarán por medio de las listas que se publiquen en este juzgado, de acuerdo a lo previsto en los artículos 27 y 29 de la Ley de Amparo, sin ulterior acuerdo. Atento a lo anterior, se comisiona a un actuario adscrito a este juzgado, a fin de que se constituya en el domicilio ubicado en calle Sonora, número 42, colonia Constitución de 1917, código postal 54190, municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, y notifique el contenido del presente proveído al quejoso. CLAUDIA LORENA MENDOZA HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d9.9b 18/10/22 17:36:37 21 JUZGADO OCTAVO EXP. 835/2022 Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Acceso y consulta al expediente electrónico De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, que reglamenta la posibilidad para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales, sea de forma impresa o electrónica, mediante el empleo de las tecnologías de la información; y en virtud de que señala el usuario "Castelán", que se encuentra registrado en el Sistema de Consulta en Línea del Poder Judicial de la Federación, como lo solicita se le autoriza tener acceso y consultar vía internet las actuaciones del presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 34 a 41 del acuerdo general 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Por lo anterior, la oficial judicial A, deberá realizar las gestiones correspondientes. Sin perjuicio, de que sí es su deseo de que a través del citado usuario se le realicen las notificaciones de carácter personal, deberá realizar la solicitud correspondiente. Autorizados. Téngase por autorizadas a las personas que indica para los efectos precisados, hasta en tanto acrediten haber registrado su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad CLAUDIA LORENA MENDOZA HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d9.9b 18/10/22 17:36:37 22 JUZGADO OCTAVO EXP. 835/2022 con el artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que si ya lo hizo, podrán válidamente promover en términos amplios del dispositivo legal invocado. Exhortación a las partes para continuar la tramitación del juicio mediante del uso de su Firel o E.firma (antes Fiel). De conformidad con el artículo 1, fracción I, párrafo tercero del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgador exhorta a la parte quejosa, para que, de ser posible, continúe la tramitación del presente juicio de amparo a través del sistema de "juicio en línea", es decir, mediante el uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, páralo cual, podrán consultar el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Ho me/Ayuda Y, de no ser posible lo anterior, por no contar con alguna firma electrónica, en términos del artículo 2º, fracción XIX del invocado Acuerdo General, proporcionen algún correo electrónico al que se le puedan hacer llegar subsecuentes comunicaciones, así como el nombre y teléfono de la persona responsable del mismo, a fin de estar en posibilidad de confirmar la recepción de cualquier comunicación que les sea enviada por este medio. Con la precisión de que, lo anterior no implica que esa información (correo electrónico y número telefónico), sustituya los requisitos precisados con anterioridad, para la tramitación del juicio en línea, sino que facilitará el contacto con las partes, por lo que se autoriza a los Actuarios para que prioritariamente realicen las notificaciones a través de medios electrónicos, con la razón actuarial correspondiente. Integración del expediente físico. CLAUDIA LORENA MENDOZA HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d9.9b 18/10/22 17:36:37 23 JUZGADO OCTAVO EXP. 835/2022 Se instruye a los secretarios y actuarios para que se incorporen al expediente la totalidad de las constancias que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, en el entendido de que la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Se ordena al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico en caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas. Devolución de documentos. Se hace del conocimiento de la parte oferente de documentos originales, que al concluirse el presente juicio deberá recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio, en términos de los capítulos séptimo y octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el entendido que de no hacerlo, se destruirán en términos de los artículos 18 y 20, del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Se precisa que no se consideran como documento original la carta poder manuscrita, ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se CLAUDIA LORENA MENDOZA HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d9.9b 18/10/22 17:36:37 24 JUZGADO OCTAVO EXP. 835/2022 suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Finalmente, se ordena al Actuario Judicial adscrito que vincule de inmediato la totalidad de las constancias de notificación que integran el sumario constitucional en que se actúa.7 Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    CITATORIO. SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE CATORCE DE JULIO ACTUAL, DICTADO EN EL JUICIO DE AMPARO 835/2022 DEL ÍNDICE DE ESTE JUZGADO Y EN VIRTUD DEL CITATORIO DE DIECINUEVE DE LOS CORRIENTES

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