Luis Camarillo Frontini
Expediente 847/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 8 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 847/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 09/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Luis Camarillo Frontini
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
"Boca del Río, Veracruz, nueve de diciembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio 5492. El secretario de acuerdos adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, informa se declaró sin materia el recurso de queja hecho valer por la Directora Médica de Alta Especialidad, Hospital de Especialidades número Catorce, Centro Médico Nacional "Adolfo Ruiz Cortines" del Instituto Mexicano del Seguro Social, domiciliada en Veracruz, Veracruz, contra el auto de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, en el que el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en la aludida ciudad de Xalapa, concedió la suspensión de plano al solicitante de derechos humanos. Acúsese recibo vía electrónica. Por otro lado, añádase sin mayor pronunciamiento el oficio 33643/2021 firmado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, por el que remite diversas actuaciones relativas a la queja interpuesta en el juicio de amparo 815/2021 -de su índice-, promovido por **********, por las razones expuestas en párrafos anteriores. Notifíquese..."
- Principal
"...Boca del Río, Veracruz, treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio firmado electrónicamente por la secretaria del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. Remite, entre otras constancias, lo siguiente: Comunicado con registro 16157 signado por el apoderado y representante legal del Instituto Mexicano del Seguro Social, en representación de la autoridad responsable Subdelegado del Instituto Mexicano del Seguro Social con sede en Veracruz, Veracruz. Recurso de queja registrado con el folio 15286 y constancias de notificación relativas al mismo. Así las cosas, como lo señaló el homólogo federal del Juzgado oficiante -en el auto de cuatro de octubre pasado-, remítase el medio de impugnación de que se trata al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, en turno, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común, con residencia en Xalapa, Veracruz, para la sustanciación del recurso de que se trata. Destacándose que: Mediante proveído de veintisiete de septiembre del año en curso este órgano recibió el expediente de amparo indirecto 815/2021 del orden cronológico del Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, aceptó la competencia planteada y procedió al conocimiento del presente asunto. Por acuerdo de catorce de octubre de dos mil veintiuno desechó la demanda y dejó sin efecto la suspensión de plano concedida en el juicio de amparo 815/2021 referido. Esa determinación causó estado el veintiocho del mes próximo pasado. Notifíquese...".
- Principal
"Boca del Río, Veracruz, veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se declara que el auto que desechó la demanda de amparo y dejó sin efectos la suspensión de plano de plano concedida en el juicio de amparo 815/2021 del índice del Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, con el que se formó el presente expediente, ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Archívese como asunto concluido. Hágase la anotación de rigor en el libro de gobierno respectivo y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, intégrese a los autos sin mayor proveído el ocurso mediante el cual el apoderado y representante legal del Subdelegado del Instituto Mexicano del Seguro Social Veracruz, con sede en la ciudad de mismo nombre, pretende rendir informe justificado, en atención a lo ordenado en párrafos precedentes. Notifíquese..."
- Principal
Boca del Río, Veracruz, catorce de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos que guarda el presente asunto se advierte lo siguiente: En auto de veintisiete de septiembre pasado se formuló prevención en relación con el escrito de demanda. En los siguientes términos: PRIMERO. Ratificar su escrito de demanda. De ser así: SEGUNDO. Señalar a qué autoridades les imputa el acto consistente en la negativa de aplicarle la vacuna contra el virus Covid-19. En el entendido que deberá anexar una copia de la demanda, con sus respectivos anexos para cada una de ellas. TERCERO. Aclarar si insiste en llamar como autoridades responsables al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social y Consejo de Salubridad General, ambas con residencia en la Ciudad de México, conforme lo dispone la fracción IV del ordinal 108 de la ley de la materia. O bien, si desiste de su intención de señalarlas como responsables en el presente juicio. CUARTO. De insistir en tenerlas como responsables, precise el acto u omisión que concretamente reclama a cada una, además deberá manifestar bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes de los actos u omisiones que impute a dichas autoridades. En dicho auto se estableció que - De no ratificar la demanda de amparo especificada en el primer punto, se tendría por no presentada de conformidad con lo dispuesto por el precepto 15, párrafo tercero de la Ley de Amparo y quedarán sin efecto las providencias decretadas (máximo tres días). - De no cumplir con los puntos de prevención restantes (cinco días), se entendería su falta de interés en llamar a juicio a las autoridades correspondientes y se seguirá con la secuela procesal sin incluirlas en la litis. En el entendido que este punto estaba supeditado a que ratificara la demanda dentro de los tres días concedidos. Por auto de treinta de septiembre siguiente se estableció que el directo quejoso ratificó en todas y cada una de sus partes la demanda de amparo (firmada electrónicamente por su autorizado), con la cual se formó el expediente en que se actúa. En el diverso proveído de ocho del mes en curso se estableció la parte quejosa no dio cumplimiento a la prevención que se le realizó en proveído de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, dentro del plazo que le fue concedido y se tuvo por no presentada. Lo que debe interpretarse en el sentido de continuar con la secuela procesal por cuanto hace a los actos reclamados consistentes en: a) La negativa de aplicarle la vacuna; y, b) Que le retiraran el resguardo domiciliario que actualmente goza. Respecto de las autoridades señaladas como responsables, con excepción de las identificadas con residencia en la Ciudad de México. Bajo ese tenor, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, se tiene la obligación de examinar el escrito de demanda, y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deberá desechar de plano. Ahora, por cuanto hace al acto a), se actualiza la indudable improcedencia del presente sumario, pues el acto de que se duele el quejoso depende de las acciones u omisiones que en lo personal realice el impetrante. Situación que implica no se configura el principio de agravio personal y directo que como presupuesto básico subyace en toda petición de amparo. Este se encuentra consagrado en el arábigo 107, fracción I, Constitucional. Al respecto, los artículos 107, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5º, fracción I, párrafo cuarto, y 6°, párrafo primero, de la Ley de Amparo, disponen: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.). Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.). Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. (.) De los artículos antes trascritos se advierte, en lo conducente, que es parte en el juicio de amparo el quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la Ley de Amparo y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Persona quien estará legitimada para instar la acción constitucional. Ahora bien, tal como se hizo alusión previamente, uno de los principios que rigen al juicio de amparo, es la existencia de un agravio personal y directo. Este principio implica que la acción de amparo sólo podrá promoverse por aquella persona física o moral, que se vea afectada en su esfera jurídica por un acto de autoridad (agravio personal), y que exista inmediatez entre la emisión o ejecución del acto y el surtimiento de sus consecuencias (agravio directo), es decir, la afectación debe ser resentida directamente por la persona impetrante de amparo, debiendo derivar tal afectación precisamente del acto reclamado. Luego, debe entenderse por la expresión "agravio" al perjuicio sufrido en la persona de la parte quejosa, es decir, el agravio es la afectación o la alteración que se desprende del acto de autoridad y que recae en la esfera de derechos de la quejosa. Cabe destacar que para la procedencia de la acción constitucional no basta sea impulsada por un interés cualquiera. Porque un interés "simple", como suele llamársele a aquel que sin contar con respaldo legal puede tener el gobernado, no es suficiente para ejercer la acción de amparo. Es necesario e indispensable que tal interés descanse en un derecho reconocido por la ley. Sin que baste la existencia del acto reclamado, pues éste debe afectar su esfera de derechos subjetivos tutelados de manera directa. En suma que el interés descanse en un derecho reconocido por la ley. Así, de tal regla se sigue necesariamente que quien solicite la protección de la Justicia Federal debe hacerlo respecto de una norma, acto u omisión de autoridad que conculca en forma directa alguno de los derechos que en su favor tutela el orden jurídico, es decir, el gobernado debe estar en posición que efectivamente resienta afectación personal, inmediata y directa en su esfera de derechos. Lo que conlleva también implícito que lo reclamado debe ser imputable a la autoridad y no propiamente a quien promueve el amparo. De no estar en ese supuesto, el juicio resulta improcedente por aplicación de la hipótesis prevista en el invocado artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5, fracción I y 6 de la Ley de Amparo, así como el dispositivo 107, fracción I constitucional. Como es de advertirse, de lo antes relatado deriva el principio de iniciativa o instancia de parte agraviada que establece que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por el gobernado a quien perjudique el acto que reclama. Así sólo se encuentran procesalmente legitimados para promover el juicio de amparo quienes resientan una afectación derivada directamente del acto combatido. En el caso concreto, como ya se precisó, la parte quejosa reclama la negativa de aplicarle la vacuna sin sufrir consecuencias negativas o prohibitivas por parte de las autoridades que señaladas como responsables. Sin embargo, el impetrante pierde de vista que a la fecha, en el país se está llevando a cabo la vacunación del personal de salud, maestros, población que se ubica en el rango de edad de dieciocho años en adelante. En las campañas difundidas se ha instruido a la población acudir en los grupos subsecuentes para el caso de estar rezagados o por alguna razón no haber podido cubrir su cuadro de vacunación en la primera oportunidad programada [debiendo destacarse que contrario a lo señalado por el impetrante, el Plan Nacional de Vacunación contempla únicamente la aplicación de dos dosis como esquema completo de vacunación]. En el entendido que de su escrito de demanda y anexos, se advierte cuenta con cincuenta años de edad. En ese tenor, el planteamiento de amparo ni siquiera se basa en argumentar haber acudido ante alguna institución para la aplicación de la vacuna, conforme a los lineamientos dados por el Gobierno Federal y que se le haya negado la misma -con el fin de contar con su esquema completo de vacunación-. Siendo un hecho notorio por las campañas de difusión establecidas por el Gobierno Federal que la vacunación es voluntaria, esto es, depende de la asistencia de las personas interesadas su aplicación. En ese sentido, como se indicó, la parte aquí quejosa no resiente una afectación real, objetiva y directa en su esfera de derechos en relación con la aplicación de la vacuna que invoca como reclamo, que la faculten para promover el presente juicio de amparo. Se itera, la aplicación de la vacuna contra el referido virus es voluntaria y de encontrarse identificado como rezagado, está en aptitud de acudir a ante la convocatoria de un grupo etario subsecuentes y con ello completar su esquema completo de vacunación. Pero ello depende de su voluntad, no de una negativa de las responsables. De ahí que se considere la improcedencia de la demanda de amparo, toda vez que lo reclamado no causa un perjuicio directo en contra del quejoso, al no establecerle en definitiva alguna situación jurídica concreta en su esfera legal. Por otro lado, por cuando hace al segundo acto b), previo al estudio de la causal de improcedencia que se verá más adelante, es dable traer a cuenta los argumentos sustentados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los autos de la contradicción de tesis 127/2020, para una comprensión más amplia del panorama que envuelve el presente asunto, ya que de manera esencial, los actos reclamados que dieron origen a los criterios contradictorios, son semejantes a los que ahora se estudian. Como primer punto, la citada contradicción se circunscribió en determinar si el conocimiento de una demanda de indirecto promovida en contra de la negativa de aplicar en beneficio de alguna persona trabajadora las medidas implementadas para prevenir los contagios de la enfermedad COVID-19 en los centros de trabajo, corresponde a un Juzgado de Distrito en Materia de Trabajo, o bien en Materia Administrativa. A manera de contexto, la Segunda Sala hizo alusión a la contingencia epidemiológica derivada del virus SARSCoV2 (COVID-19), y las medidas que tomó el Estado Mexicano para su control y mitigación, coligiendo que, si bien se advierte los acuerdos que mencionó, derivaron de autoridades de carácter administrativo en ejercicio de las facultades que tienen en materia de salud pública, lo cierto es que ellos también tienen un impacto en el mundo del trabajo. Lo anterior -continuó la Sala-, en el entendido de que las acciones se llevarían a cabo respetando los derechos laborales de las personas trabajadoras, de ahí que las medidas adoptadas para contener la propagación de la enfermedad en los lugares de trabajo se ubican en el marco de protección del derecho a la seguridad y salud en el trabajo, al buscar reducir el riesgo de exposición de los trabajadores al virus SARS-CoV2. En ese orden, la Sala estimó que dichas medidas tienen una naturaleza laboral, por ende, debería ser un Juzgado de Distrito en Materia de Trabajo quien conozca de estos asuntos. Finalmente, concluyó que debe prevalecer el criterio adoptado por esa Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria dictada en el expediente relativo a la contradicción de tesis 127/2020 en la sesión ordinaria celebrada vía remota el ocho de julio del dos mil veinte1, y con ello la jurisprudencia 2a./J. 42/2020 (10a.), publicada el nueve de octubre del presente año en el Semanario Judicial de la Federación, bajo el número de registro 2022187 de rubro siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA NEGATIVA DE APLICAR A FAVOR DE UNA PERSONA TRABAJADORA, LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA MITIGAR Y CONTROLAR LOS RIESGOS PARA LA SALUD ORIGINADOS POR EL VIRUS SARS-CoV2 EN LOS CENTROS DE TRABAJO. CORRESPONDE A UN JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA DE TRABAJO". En ese sentido, se estima en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, con los diversos 1°, fracción I y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo. Básicamente, el acto reclamado no puede ser considerado acto de autoridad para los efectos del presente juicio. Deriva de una relación laboral que une al promovente con las señaladas como responsables. Consecuentemente, no es posible su análisis en la vía extraordinaria como lo es el Amparo. Así, los derechos aludidos en la demanda son de carácter laboral que facultan a quien promueve a ejercer su acción ante tribunales del trabajo, previamente a la acción constitucional en la vía que corresponda. Máxime que actualmente no se advierte particularidad alguna que vede su derecho para instar el juicio respectivo ante la instancia jurisdiccional ordinaria correspondiente a efecto de defender lo que a su derecho corresponda con motivo de los actos enunciados en su demanda. De esa manera, actuando bajo el esquema del Acuerdo General 21/2020 (cuya vigencia ha sido prorrogada en diverso de número 9/2021) donde en esta entidad federativa se ha catalogado a nivel federal la evolución de semáforo epidemiológico estableciéndose en color amarillo, se estima el acceso a los órganos jurisdiccionales de índole laboral se ha restablecido para los trabajadores de la salud. De ahí que carezcan del carácter de autoridades responsables por las razones ya expuestas en párrafos precedentes. Además, en relación con la materia de trabajo, como se dijo, las autoridades jurisdiccionales laborales actualmente han reactivado sus actividades. En específico, resulta un hecho notorio que la Junta Especial Número Cuarenta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Veracruz, Veracruz, a partir del veintisiete de septiembre pasado reanudó los términos, diligencias, audiencias y actividades íntegras, conforme a lo señalado en el aviso publicado en la misma. Por lo cual, los gobernados ya están en aptitud de acceder a una instancia judicial efectiva para dilucidar los conflictos como el que se plantea. Por consiguiente, al ser notorias, indudables y manifiestas las causales de improcedencia analizadas a lo largo de este proveído, dado que los actos reclamados no son susceptibles de ser impugnados en esta vía constitucional por el promovente, por los motivos expuestos en esta resolución, conforme con lo establecido por el artículo 1°, fracción I, 61, fracción XXIII, relacionado con los diversos 107, fracción I, 5, fracción I, párrafo cuarto, II, así como el 6, párrafo primero, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda planteada, con fundamento en el numeral 113 de la propia legislación. Por vía de consecuencia deja de surtir efectos la suspensión de plano concedida en el juicio de amparo 815/2021 del índice del Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, con el que se formó el presente expediente. Notifíquese personalmente.
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