Luis Bosco Dieguez Cortes

Expediente 1348/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1348/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
19/07/2023

Partes del expediente

  • Luis Bosco Dieguez Cortes

Actuaciones

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, diecinueve de julio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Téngase por recibido el oficio de cuenta, mediante el cual las autoridades responsables remiten copia certificada de diversas constancias con las que pretenden dar cumplimiento al fallo protector; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo primero, de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa y al tercero interesado con el oficio y las constancias de cuenta, para que dentro del término de tres días, legalmente computados, manifieste lo que a su interés legal convenga respecto del cumplimiento que comunica la autoridad responsable. En el entendido de que con o sin el desahogo de la vista otorgada, este órgano jurisdiccional emitirá pronunciamiento en el que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay una imposibilidad para cumplirla. Por último, de considerarse que la ejecutoria no fue cumplida en su totalidad, de ser lo conducente, en términos del artículo 193 de la ley de la materia, se remitirán los autos al tribunal colegiado de circuito competente. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa y al tercero interesado, con copia autorizada de las constancias referidas en el auto.

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, cinco de julio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Téngase por recibido el oficio signado vía electrónica por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual comunica el estado procesal que guarda el juicio de amparo 1188/2022, de su índice, informando que el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, se tuvo al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, informando que declaró infundado el recurso de queja interpuesto contra el auto de treinta de diciembre de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo, por lo que ordenó el archivo del juicio de amparo 1188/2022, de su índice. Archivo. En atención a lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno correspondiente y archívese como asunto concluido, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía. Destino del cuaderno principal. Asimismo, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo 15 del citado acuerdo general. De igual forma, se destaca que en el presente asunto este Juzgado de Distrito careció de competencia funcional para conocer del juicio planteado y se ordenó formar cuaderno de antecedentes, por lo que es susceptible de destrucción; por tanto, se realizará dicha circunstancia una vez transcurridos seis meses, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo 20, fracción X, del aludido acuerdo general. Notifíquese.

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, veinte de junio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Se califica cumplimiento. De la certificación secretarial que antecede, así como del estado de autos, se advierte que mediante acuerdo de treinta de mayo de dos mil veintitrés, se dio vista a la parte quejosa con las constancias que en cumplimiento al fallo protector aportó la autoridad responsable; lo anterior, para que dentro del término de diez días manifestara lo que a su interés legal conviniera, con el apercibimiento de que en caso de ser omisa, este órgano jurisdiccional se pronunciaría sobre el cumplimiento únicamente con las constancias que integran este expediente. Ahora bien, no obstante que el mencionado acuerdo se notificó a la parte quejosa el treinta y uno de mayo pasado, fue omisa en emitir pronunciamiento al respecto. Sin embargo, toda vez que, en términos de los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, para estar en aptitud de determinar si la sentencia de amparo se encuentra cumplida, es necesario destacar las directrices establecidas en el fallo protector, y precisar los deberes impuestos en éste y, con base en ello, determinar si la autoridad señalada como responsable dio el cumplimiento esperado. En este orden de ideas, se tiene que en la sentencia concesoria de amparo, en lo que interesa, se resolvió: "a. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa, la obligación de calcular el impuesto predial conforme a la sobretasa prevista en el artículo 45, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para los ejercicios fiscales dos mil veinte, dos mil veintiuno y dos mil veintidós, para predios no edificados, durante todo el tiempo en que se encuentren vigentes y/o aplicables. b. Devolver la cantidad que enteró la parte quejosa con motivo al pago del impuesto predial contenido en el recibo de pago *, de doce de mayo de dos mil veintidós, en el entendido de que dicha devolución versará exclusivamente respecto del monto de la sobretasa pagada, prevista en el artículo 45, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para los ejercicios fiscales dos mil veinte, dos mil veintiuno y dos mil veintidós, o en su caso, informe la imposibilidad que tenga para ello." Por ello, mediante oficio con número de orden *, la Directora de Presupuesto y Egreso en funciones de Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, informó que mediante acuerdo de devolución * de veinticinco de mayo del año en curso, ordenó desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa, la obligación de calcular el impuesto predial conforme a la sobretasa prevista en el artículo 45, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para los ejercicios fiscales dos mil veinte, dos mil veintiuno y dos mil veintidós y, como consecuencia, devolver las cantidades que resultaron a favor de la parte quejosa respecto del recibo de pago número 6981853 AA, con lo que se dio vista a la parte quejosa, para que acreditara haber recogido dicho documento mercantil, sin que lo hubiera hecho, en consecuencia, la autoridad responsable cumplió con lo ordenado en la sentencia de amparo. Lo anterior, conforme al criterio emitido por la Segunda Sala de rubro y texto: "CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO OFICIOSO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO CONTRA NORMAS TRIBUTARIAS. NO PRIVA AL QUEJOSO DEL DERECHO PARA SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN DE LO PAGADO POR VIRTUD DE LA APLICACIÓN DE AQUÉLLAS Y, EN SU CASO, IMPUGNAR LA NEGATIVA A TRAVÉS DE LAS VÍAS ORDINARIAS. La inclusión en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución General de la República, de la institución de la caducidad de los procedimientos tendentes al cumplimiento de las sentencias de amparo, que se traduce en la sanción impuesta por la ley al promovente por el abandono del proceso durante determinado tiempo, tuvo la finalidad de otorgar seguridad jurídica, dando estabilidad y firmeza a los negocios, disipar incertidumbres del pasado y poner fin a la indecisión de los derechos. Dicha inclusión, sin embargo, quedó condicionada a que las reformas legales observaran lo establecido respecto de la caducidad de la instancia en el juicio de amparo; de donde se sigue que la caducidad de dichos procedimientos prevista en el artículo 113, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, debe interpretarse sistemáticamente con la caducidad de la instancia contemplada en el numeral 74, fracción V, de dicha Ley. Acorde con lo anterior, si la caducidad constituye una institución extintiva de actos procesales, no sustanciales y, en congruencia con ella, en este último precepto legal se prevé que en primera instancia la caducidad implica el sobreseimiento en el juicio de garantías y en la segunda, que quede firme la sentencia recurrida, es evidente que la decretada en el procedimiento oficioso de ejecución de las sentencias de amparo contra normas tributarias sólo significa que queden sin efectos los actos de ejecución y que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban hasta antes del inicio del procedimiento relativo, y que no pueda volver a solicitarse el cumplimiento a la autoridad obligada a ello, pero sin demérito del derecho sustancial reconocido en la sentencia, por lo que el quejoso puede solicitar a la autoridad hacendaria la devolución de lo pagado con motivo de la aplicación de la norma declarada inconstitucional y, en su caso, impugnar la negativa a través de las vías ordinarias, con apoyo en la sentencia de amparo que es cosa juzgada y una norma individualizada a su favor, cuyo cumplimiento es de orden público conforme al citado artículo 113."1 Constancia que, de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2, este juzgador, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tiene valor probatorio pleno, dado su carácter de documento público, expedido por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Así, atento al marco fáctico que antecede y de la comparación entre los efectos ordenados en el fallo, y la actuación de la autoridad responsable frente a éstos, se demuestra que se cumplió con la totalidad de los efectos ahí contenidos; por tanto, resulta evidente que la responsable no incurrió en exceso, porque no se extralimitó en el cumplimiento, ya que no fue más allá de lo ordenado en la ejecutoria; ni existe defecto, dado que no hubo deficiencia en el actuar de la entidad obligada al cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. Archivo. En atención a lo anterior, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad a lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 196, en relación con el 214 de la ley de la materia; y, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Destino del cuaderno principal. Asimismo, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con apoyo en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo 15 del citado acuerdo general. De igual forma, se destaca que por una parte se sobreseyó y por otra se concedió el amparo solicitado, por lo que es susceptible de conservación una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído; debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso a), del aludido acuerdo general. Notifíquese.

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