Luis Bernardo Rodriguez Barbosa
Expediente 768/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 768/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 28/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Luis Bernardo Rodriguez Barbosa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. SE RECIBE RESOLUCIÓN. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, por medio del cual remite copia certificada de la ejecutoria emitida en el recurso de queja administrativa 232/2022, misma que en sus puntos resolutivos dice: "PRIMERO. Es infundado el recurso de queja interpuesto por ***, por conducto de su autorizado ***, en contra del auto de diez de junio de dos mil veintidós, dictado por la Juez Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo, dentro del juicio de amparo indirecto 768/2022. SEGUNDO. Se confirma el auto recurrido descrito en el punto que antecede" Confírmese la recepción de estilo correspondiente Háganse las anotaciones conducentes en el libro de gobierno que corresponde y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO Y VALORACIÓN. Con fundamento en el dispositivo 214 de la Ley de Amparo y ya que, de conformidad con el diverso 3, penúltimo párrafo, de la misma legislación, el expediente electrónico coincide con el expediente, en su oportunidad, archívese el presente juicio. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible, al haberse desechado la demanda que le dio origen....M-V
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Pachuca de Soto, Hidalgo; veintiséis de julio de dos mil veintidós. CONFIRMA RECEPCIÓN DE RECURSO. Agréguese a los autos el oficio referido en la cuenta secretarial; visto su contenido, se tiene al Secretario del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito acusando recibo del oficio por medio del cual, se rindió informe sobre la materia del recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, contra el proveído que desechó su demanda, de las copias certificadas del juicio de amparo 768/2022-V-A, así como del original y copia del escrito de expresión de agravios relativo. Asimismo, informa que dicho medio de impugnación fue admitido a trámite bajo el número de queja 232/2022...M V
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Pachuca de Soto, Hidalgo; veinticuatro de junio de dos mil veintidós. SE TRAMITA RECURSO DE QUEJA. Visto el escrito de cuenta signado por Antonio de Jesús Cervantes Cervantes, autorizado del quejoso en términos amplios, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se acuerda: 1. Se tiene a la parte quejosa por conducto de su autorizado, interponiendo recurso de queja en contra del auto en el que se desechó de plano su demanda; y, 2. Por tanto, envíense a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Vigésimo Noveno Circuito, para que esta turne al órgano jurisdiccional que corresponda, las siguientes constancias: (i) informe sobre la materia de la queja, (ii) original y copia del escrito de agravios y (iii) copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el presente juicio de amparo. Lo anterior, para la resolución del medio de impugnación interpuesto....V
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Pachuca de Soto, Hidalgo; diez de junio de dos mil veintidós. CUMPLIMIENTO PREVENCIÓN. Se tiene al quejoso Luis Bernardo Rodríguez Barbosa, dando cumplimiento a la prevención formulada en el presente sumario. DESECHAMIENTO. De un análisis integral de la demanda y escritos aclaratorios se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable; por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desecharla de plano. En efecto, el precepto citado es del tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo transcrito se advierte la obligación del juez de distrito de realizar un examen integral de la demanda de amparo, con la finalidad de determinar si el juicio de derechos fundamentales es procedente, pues de lo contrario dicha demanda debe ser desechada, ya que la acción constitucional sólo está reservada para aquellos casos previstos en el numeral 107 de la Ley de Amparo. Además, debe tenerse en cuenta que el diverso 62 del cuerpo de leyes en cita impone la obligación al juzgador de amparo de analizar oficiosamente las causas de improcedencia que advierta, pues estas son de orden público y por ello su estudio es imperativo. No obstante, es necesario aclarar que el desechamiento de la demanda de garantías se encuentra condicionado a que la actualización de la o las causales de improcedencia sea manifiesta e indudable, es decir, que debe ser clara, evidente por sí misma, y RENE FUENTES MARTINEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.cd.83 29/09/22 17:37:23 2 que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; tal como lo consideró el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, en la jurisprudencia número XVII.2o. J/11, emitida por publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, página 648, Novena Época, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". En la especie, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.] De lo anterior se colige que el juicio de derechos fundamentales es improcedente en contra de actos de autoridad consentidos tácitamente por el quejoso, es decir, de aquellos respecto de los cuales no se haya promovido dentro de los términos previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Ahora, dado que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, cuya promoción obedece principalmente al reclamo del gobernado respecto de aquellos actos de autoridad que inciden de manera directa o indirecta en su esfera jurídica, causándole un perjuicio o menoscabo en su persona o patrimonio. Sin embargo, el ejercicio de la tutela constitucional, como cualquier otro derecho que se instituye a favor del gobernado en las leyes secundarias, está sujeto a los plazos y términos previstos por la Ley de Amparo, ya que no puede dejarse al arbitrio del justiciable RENE FUENTES MARTINEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.cd.83 29/09/22 17:37:23 3 la decisión de impugnar, a través del juicio constitucional, los actos de autoridad que le afectan en el momento en que lo desee, porque tal circunstancia ocasionaría incertidumbre jurídica, tanto para las autoridades responsables como para aquellas partes que, en su caso, se encuentren interesadas en la subsistencia del acto reclamado, al no saber en qué momento éste adquiere firmeza legal. En congruencia con lo anterior, el legislador federal estableció términos para la promoción del juicio de amparo e incluso fijó consecuencias, como la improcedencia del mismo, para aquellos actos jurídicos de naturaleza omisiva, es decir, aquellos cuya inacción implican una conformidad o aceptación tácita de los efectos de los actos emitidos por las autoridades responsables, ya que ante tal beneplácito se presume que ningún perjuicio causan en la persona o patrimonio del quejoso o que está conforme con esa circunstancia. Por su parte, los artículos 17 y 18 del mismo ordenamiento, establecen: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución RENE FUENTES MARTINEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.cd.83 29/09/22 17:37:23 4 Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Conforme a dicho precepto, las normas jurídicas pueden ser impugnadas a través del juicio de amparo, en distintos momentos, según sea su naturaleza, es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas), o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concretice la aplicación al particular de la norma en cuestión (heteroaplicativas). En el primer caso, es decir, tratándose de normas generales autoaplicativas, basta que el particular se encuentre ubicado en los supuestos que se establecen en un determinado ordenamiento legal que afecta su interés jurídico, para que surja su derecho a solicitar el amparo, lo cual deberá realizar en el plazo de treinta días a partir de su entrada en vigor, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo. En el segundo caso, o sea, normas generales heteroaplicativas, se requiere de un acto de aplicación para que se produzca la actualización de la hipótesis normativa y para que surja su derecho a solicitar el amparo, lo cual deberá realizar en el plazo genérico de quince días contados a partir del acto de aplicación en su persona, conforme al numeral 17 invocado. En efecto, conforme a la técnica del juicio de amparo contra leyes de naturaleza heteroaplicativa, el estudio de las normas generales combatidas no debe desvincularse del que concierne al acto de materialización, de manera que primero debe verificarse si el juicio es procedente en contra de este último, pues en caso de RENE FUENTES MARTINEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.cd.83 29/09/22 17:37:23 5 que en su contra se materialice alguna causal de inejercitabilidad, el amparo será igualmente improcedente en contra de la ley o disposición de observancia general reclamada. De lo anterior, resulta que para la impugnación de las normas a través del juicio de amparo debe quedar acreditado que se produjeron efectos en la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, bien porque la entrada en vigor de las mismas los produzca de inmediato (ley autoaplicativa), o porque dichos efectos se hayan producido por una actuación, ya sea que se trate de un acto de autoridad o que, tratándose de actos de un particular (ley heteroaplicativa), éstos vinculen al peticionario a la ley, por actualizarse los supuestos de la norma. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 323, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 378 y 379, Tomo I, Materia Constitucional, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, cuyo contenido es el siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. TÉRMINO PARA PROMOVER LA DEMANDA. Los distintos términos para impugnar una ley que se estime inconstitucional, son: a) Dentro de los treinta días siguientes al en que entre en vigor la ley si es autoaplicativa (artículo 22, fracción I, de la Ley de Amparo); b) Dentro de los quince días a partir del primer acto de aplicación (artículo 21 de la misma ley) y, c) Dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se notifique la resolución del recurso o medio de defensa ordinario, si éste se agotó previamente a la interposición del amparo (artículo 73, fracción XII, tercer párrafo, de la ley invocada)." Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia 2a./J. 71/2000, publicada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la página 235 del Tomo XII, agosto de 2000, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN RENE FUENTES MARTINEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.cd.83 29/09/22 17:37:23 6 ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: 'LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.', cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." En la especie, Luis Bernardo Rodríguez Barbosa combate la discusión, aprobación y promulgación de los artículos 111 de la Ley de Migración y 234 del Reglamento de la Ley de Migración, con motivo de su acto de aplicación. En este tenor, si en el presente juicio de derechos fundamentales se reclaman leyes heteroaplicativas, es evidente que el término para su promoción es el genérico de quince días posteriores a la fecha en que tuvo conocimiento de los primeros actos concretos de aplicación, previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Ahora bien, de los antecedentes que, bajo protesta decir verdad, narra el promovente en la demanda de amparo, así como de la lectura de los escritos aclaratorios, a los cuales se les otorga pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 199 y 200 RENE FUENTES MARTINEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.cd.83 29/09/22 17:37:23 7 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, al constituir una confesión espontánea, se advierte que tuvo conocimiento de los actos de aplicación en el mes de marzo de dos mil veintiuno. En esa virtud, el referido plazo de quince días evidentemente transcurrió en exceso, lo anterior, en atención a que el promovente tuvo conocimiento de la aplicación de los multicitados numerales desde su alojamiento en la estación migratoria, el cual refiere se originó en el mes de marzo de dos mil veintiuno, y toda vez que la demanda de amparo se presentó hasta el dieciocho de mayo de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Hidalgo, es innegable que la misma se promovió fuera del plazo de quince días establecido en el artículo 17 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, lo que conduce a afirmar que los actos reclamados fueron consentidos tácitamente, de ahí que se actualiza la causa de improcedencia invocada. Se considera necesario precisar, que como se dijo en el auto de prevención, que no se está ante alguna de las excepciones previstas en el propio numeral 17 de la Ley de Amparo. En consecuencia, al no haberse presentado la demanda de amparo dentro del término de quince días a que hace referencia el artículo 17 de la Ley de Amparo, y sin que se actualice la excepción establecida en la fracción IV de dicho precepto, se acredita la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, del mismo ordenamiento, por lo que procede desecharla de plano. Es importante señalar que la causa de improcedencia invocada es manifiesta porque, como se expuso, se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y escritos aclaratorios. Además, es indudable porque se tiene la certeza y plena convicción de que efectivamente se actualizan en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda de amparo y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa....M-V
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