Luis Benito Loría Gorocica
Expediente 495/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 495/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 16/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Luis Benito Loría Gorocica
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación del Secretario que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada el veinticinco de abril del presente año, ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en su primer punto resolutivo SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 18 y 21, inciso a), del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Lo anterior, toda vez que se trata de un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el numeral 15 de citado Acuerdo General. Igualmente, en acatamiento al acuerdo general en cita y de conformidad con el numeral 35, se hace la precisión de que este expediente físico impreso coincide en su totalidad con el electrónico generado con la FIREL. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Visto, para resolver el juicio de amparo 495/2022-VII-A, promovido por **********; y RESULTANDO PRIMERO. Por escrito presentado el dieciocho de febrero de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, y turnado al día hábil siguiente a este órgano jurisdiccional, compareció Luis Benito Loría Gorocica, por conducto de quien se ostenta su apoderado legal Diego Adán Chan Viana, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclamó de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje y actuario de su adscripción, ambos con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Por auto de veintidós de febrero de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda, se solicitó el informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados y se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le compete; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERACIONES PRIMERA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48, en relación con el 61, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDA. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este orden de ideas, del análisis integral de la demanda se advierte que en esencia la parte quejosa reclamó de las autoridades señaladas como responsables: La omisión de dictar el laudo en autos del juicio laboral 15/2019 y notificarlo a las partes. TERCERA. NO SON CIERTOS los actos reclamados de las autoridades responsables, pues así se advierte del contenido de sus informes justificados, registrados con los números 6873 y 6874. Se afirma lo anterior, puesto que, de las constancias remitidas con el informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta responsable, a las que se les otorga pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del diverso 2º de la propia ley. Se advierte que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (dieciocho de febrero de dos mil veintidós), no se había acordado lo relativo al cierre de la etapa probatoria, a la formulación de los alegatos por las partes, ni en cuanto al cierre de instrucción, motivo por el cual la autoridad responsable se encontraba jurídicamente impedida para dictar el laudo respectivo, de conformidad con el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo Ordenamiento legal que impone a la autoridad que conozca del juicio laboral de que se trate que al concluir el desahogo de pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del Secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, el auxiliar de oficio, declarará cerrada la instrucción; y dentro de los diez días siguientes formulará por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo. En efecto, para poder considerar que a la fecha de la presentación del libelo constitucional el citado expediente laboral se encontraba en estado de resolución y, en consecuencia, que existía el acto reclamado, la autoridad responsable tendría que estar en la posibilidad de emitir el laudo respectivo, lo que no es así. De ahí que no pueda establecerse que a esa fecha había la omisión imputada a la autoridad laboral, al no encontrarse ésta en posibilidad de dictar el laudo respectivo, puesto que procesalmente, primero las partes tendrían que haber presentado sus respectivos alegatos y declarar cerrada la instrucción, para estar en aptitud de resolver en definitiva la controversia laboral planteada. Bajo ese tenor, se tiene que a la fecha en que la parte quejosa promovió el juicio en el que se actúa, las autoridades responsables se encontraban imposibilitadas para fallar en definitiva el juicio laboral. En este punto, debe precisarse, que la existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, ya que de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Cobra aplicación en el presente caso, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 3/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 79, Julio de 1994, página: 15, en materia común, bajo el rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Atendiendo a lo anterior, ante la inexistencia del acto reclamado, lo que procede en el caso es sobreseer en el juicio al actualizarse la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 926, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." CUARTA. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. QUINTA. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SEXTA. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y considerado, con apoyo también en los artículos del 73, 74, 75, 124 y demás relativos de la citada Ley de Amparo, se: RESUELVE PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Luis Benito Loría Gorocica, por conducto de quien se ostenta su apoderado legal Diego Adán Chan Viana, en contra de los actos que reclamó de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje y actuario de su adscripción; por los motivos expuestos en la tercera de las consideraciones de la misma. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la consideración cuarta de esta resolución definitiva, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración quinta de este fallo, captúrese el día de la publicación de la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en la última considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y cúmplase
- Principal
VISTO, para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 2268/2021-I-B, promovido por Mario Ramón Pérez Alcocer, Defensor Público Federal de los quejosos Noé Emmanuel Sandoval Magaña y Ángel Geovany Cetina Wood. R E S U L T A N D O PRIMERO. Solicitud de la medida cautelar. En la correspondiente demanda de amparo, Mario Ramón Pérez Alcocer, Defensor Público Federal de los quejosos Noé Emmanuel Sandoval Magaña y Ángel Geovany Cetina Wood solicitaron la suspensión definitiva de los actos que reclamaron de las autoridades siguientes: Congreso de la Unión, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y del Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Yucatán, en su Calidad de Juez de Control. SEGUNDO. Formación de los cuadernos incidentales. Por acuerdo dictado en el juicio principal el siete de diciembre de dos mil veintiuno, se ordenó tramitar por separado y duplicado el incidente de suspensión, y en cumplimiento a ello, mediante proveído de la propia fecha, se abrieron los presentes autos. Asimismo, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual tuvo verificativo el veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno respecto a la autoridad responsable Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Yucatán, en su Calidad de Juez de Control y se difirió en lo tocante a las autoridades foráneas celebrándose, previo diferimiento, al tenor del acta que precede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 146 de la Ley de Amparo, se proceden a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados por la parte quejosa, que hizo consistir en: 1. Del Congreso de la Unión reclama la expedición, sanción del decreto, de fecha diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, por el que se reforma y adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, del Código Penal Federal, de la Ley General de Salud, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y de la Ley de Vías Generales de Comunicación. 2. del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos reclama la promulgación, publicación y ejecución del decreto, de fecha diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, por el que se reforma y adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, del Código Penal Federal, de la Ley General de Salud, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y de la Ley de Vías Generales de Comunicación; SEGUNDO. Existencia del acto. Son ciertos los actos que se reclaman al Congreso de la Unión [promociones 3588 y 6275] pues así lo manifestaron expresamente por conducto de quien los representa. De igual forma se tienen por ciertos los actos reclamados al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos [promoción 6744], no obstante, que al rendir su informe previo, hizo referencia a un acto diferente al que se le atribuye. En virtud de lo anterior, para el solo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva, opera en su contra la presunción de certeza prevista en el artículo 142 de la Ley de Amparo. TERCERO. Medida cautelar. Ahora bien, analizando en primer término la naturaleza de los actos reclamados, se advierte que se trata de actos consumados con efectos positivos, pues son normas ya emitidas; no obstante, respecto a los efectos y consecuencias de dichos actos, que se traducen en la determinación de la imposición de la medida cautelar es viable analizar si resulta procedente o no la concesión de la medida cautelar que se solicita. Tiene aplicación al caso la tesis de jurisprudencia número 12, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con el número de registro 917546, cuyo rubro y texto dicen: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo." De igual forma, por analogía, la tesis de jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número 1135, visible en la página 781, tomo VI, materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a los años de 1917-1995, del siguiente tenor: "LEYES, SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE CONTRA EXPEDICIÓN Y PROMULGACIÓN DE LAS. No puede concederse la suspensión contra la promulgación y expedición de las leyes, si aquellas ya se llevaron a cabo." Así como la sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 378, tomo XI-Marzo, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "SUSPENSIÓN CONTRA UNA LEY. Es improcedente conceder la suspensión contra la expedición de la leyes, porque la materia de la suspensión es la ejecución o aplicación de las mismas leyes, y no estas en sí, y su inconstitucionalidad, que es lo que puede perjudicar a los quejosos, es materia del fondo del amparo y no del incidente de suspensión." Atendiendo a lo anterior, respecto a los efectos y consecuencias de los actos reclamados, también se impone negar esa medida, toda vez que de conformidad con el artículo 128 de la Ley de Amparo, adicionado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, no serán objeto de suspensión la medida cautelar concedida o decretada por autoridad judicial. Por tanto, con fundamento en el indicado precepto legal se niega la SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada por los quejosos. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 138 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. SE NIEGA a Noé Emmanuel Sandoval Magaña y Ángel Geovany Cetina Wood, la suspensión definitiva de los actos que reclamó Congreso de la Unión y Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con residencia en la Ciudad de México, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta resolución incidental. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan estos autos y lo de cuenta, se acuerda: se tiene por recibido de la Secretaria de Acuerdos Interina del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, el oficio 1776, con el que devuelve estos autos y remite testimonio de la resolución dictada en el incidente de inejecución de sentencia 1/2022, de su índice. Ejecutoria que en su resolutivo primero, declaró de oficio que no existe la causa de imposibilidad jurídica invocada en proveído de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno; y en el segundo, ordenó devolver los presentes autos, para que en los términos establecidos en dicha ejecutoria, este órgano jurisdiccional vigile el cumplimiento del fallo protector. Acúsese recibo. Hágase del conocimiento de las partes el sentido de dicha resolución. Asimismo, glósense a estos autos las constancias originales que obren en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del aludido recurso de revisión y deséchense las copias certificadas que lo originaron para evitar la voluminosidad del presente expediente. Ahora bien, en acatamiento a la ejecutoria de mérito, dado que la Jueza Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, no fue llamada a este juicio como responsable, es dable vincularla al cumplimiento de la sentencia dictada en el presente asunto. Por tanto, con fundamento en lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, prevéngasele para que cumpla con la ejecutoria de mérito, como lo dispone el artículo 77 del propio ordenamiento legal, esto es, que mantenga informado a este órgano jurisdiccional, con una periodicidad que no supere los quince días hábiles, respecto a la vigencia de la suspensión de la fuerza pública decretada con motivo de la promoción del juicio de tercería; asimismo, comunique las resultas de dicha contienda, como base para poder resolver el cumplimiento de la ejecutoria concedida en este juicio de amparo. Para lo cual, se le envía copia certificada de la sentencia, proveído de ejecutoria y del testimonio de cuenta, relativo a la resolución dictada en el incidente de inejecución de sentencia 1/2022. Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento en el ordinal 258 de la citada ley de la materia, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, con cero centavos, moneda nacional), conforme al párrafo sexto, del Apartado B, del Articulo 26 de la Constitución Federal y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase.
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