Luis Bastida González

Expediente 784/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
784/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
01/10/2021

Partes del expediente

  • Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en Toluca, Estado de México del Valle de Toluca, Estado de México
  • Luis Bastida González

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, uno de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy el quejoso no interpuso revisión, dentro del término legal, contra el proveído que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que el mismo ha causado estado. Dicho cómputo sólo se realiza respecto al solicitante del amparo, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, con relación al punto 8.1.2, numeral 2, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran tres años de archivado este expediente es susceptible de destrucción, ya que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio y carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, nueve de septiembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, intégrese el informe justificado rendido por la Presidenta por Ministerio de Ley de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, en términos del artículo 635 de la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, de las constancias remitidas se advierte que en auto de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, una vez desahogadas todas las pruebas ofrecidas por las partes en el expediente laboral **********, se cerró la instrucción correspondiente y se ordenó turnar los autos al auxiliar dictaminador a efecto de que se elabore el proyecto de laudo, el cual fue debidamente notificado por boletín el seis de los cursantes, documentales a las que se les otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Improcedencia del juicio. El estudio de las causas de improcedencia debe hacerse de oficio, en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo; por ende, a continuación se analiza la contenida en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, del propio ordenamiento, ambos interpretados a contrario sensu; preceptos legales que se citan a continuación: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." La disposición imperativa de la fracción XXIII transcrita, a diferencia de las fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo previsto en el artículo 107, fracción V, de la legislación de la materia. Por su parte, la fracción V del numeral 107 antes referido establece la procedencia del amparo indirecto contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; de modo que una interpretación en sentido contrario lleva a la conclusión de que el juicio de amparo es improcedente contra actos emitidos dentro de juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Cabe destacar que producen "ejecución irreparable" los actos que afectan "materialmente" derechos sustantivos protegidos constitucional y convencionalmente. En este punto, conviene indicar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, interpretó la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo en los siguientes términos: "De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8º., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8º. Constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente". De la transcripción que antecede se advierte, en lo que interesa, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que por regla general es notoriamente improcedente el juicio de amparo promovido por una de las partes en el juicio natural, contra la omisión de la autoridad jurisdiccional de acordar promociones o de proseguir en tiempo con el juicio, al tratarse de una violación intraprocesal que -por regla general- la actual no afecta materialmente derechos sustantivos; excepción hecha de los asuntos en que el contenido de la demanda se advierta una abierta dilación procesal o la paralización total del juicio. Sobre tales premisas, debe considerarse que el acto que por esta vía se reclama, consiste en la dilación procesal en el expediente laboral ******** al no emitir el laudo correspondiente, del índice de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, que en esencia se traduce en que, el veintitrés de agosto del año que transcurre, se decretó el cierre de instrucción y no el veintinueve de octubre de dos mil veinte, como citó el quejoso en los antecedentes del escrito inicial de demanda, por lo que se turnaron los autos de dicho expediente al Auxiliar Dictaminador y a la fecha no se ha emitido el laudo correspondiente; omisión que no constituye para el peticionario del amparo una afectación de imposible reparación, por lo que no se satisface el requisito de procedibilidad de la acción constitucional establecido en la fracción V del numeral 107 de la Ley de Amparo. Lo anterior, debido a que el acto de autoridad no afecta materialmente, de manera directa e inmediata, algún derecho sustantivo del quejoso, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener laudo favorable al momento de resolverse el juicio laboral relativo; lo anterior, considerando que la omisión reclamada, por más que cause, en mayor o menor grado, una molestia al solicitante del amparo en el proceso de origen, por sí misma no justifica la procedencia del amparo indirecto, dado que sus efectos y consecuencias únicamente se traducen en el retraso en el juicio de origen; sin embargo, estos efectos no son de imposible reparación, en los términos precisados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así, la omisión reclamada por su alcance y contenido natural, no encuadra en la hipótesis a que se contrae el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al no tener una ejecución de imposible reparación; ello en atención al concepto de irreparabilidad antes mencionado. Además, se considera que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción que estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que no se advierte que exista una abierta dilación procesal o que el procedimiento se encuentre totalmente paralizado; de ahí que se actualice la causa de improcedencia que se analiza. Es aplicable al caso, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del trece de abril de dos mil dieciséis. "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. (10a. Época; 2a. Sala; Semanario Judicial de la Federación; 2a./J. 48/2016 (10a.))" Máxime porque en los preceptos de la Ley Federal del Trabajo que contienen los términos que deben respetar los tribunales obreros para tomar las medidas necesarias a fin de lograr la mayor economía procesal, concentración y sencillez del proceso, establecen: "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes." Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. I. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma; II. El señalamiento de los hechos controvertidos; III. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado; y V. Los puntos resolutivos. Artículo 886. Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas. Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas. Artículo 888. La discusión y votación del proyecto de laudo se llevarán a cabo en sesión de la Junta, certificando el secretario la presencia de los participantes que concurran a la votación, de conformidad con las normas siguientes: I. Se dará lectura al proyecto de resolución y a los alegatos y a las observaciones formulados por las partes; II. El Presidente pondrá a discusión el negocio con el resultado de las diligencias practicadas; y III. Terminada la discusión, se procederá a la votación, y el Presidente declarará el resultado. Artículo 889. Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. Si al proyecto se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. En este caso, el resultado se hará constar en acta. Artículo 890. Engrosado el laudo, el Secretario recogerá, en su caso, las firmas de los miembros de la Junta que votaron en el negocio y, una vez recabadas, turnará el expediente al actuario, para que de inmediato notifique personalmente el laudo a las partes. Artículo 891. Si la Junta estima que alguna de las partes obró con dolo o mala fe, podrá imponerle en el laudo una multa, en los términos de lo dispuesto en la fracción II del artículo 729 de esta Ley. Así, de un análisis de los antes citados se obtiene que una vez que se haya declarado cerrada la instrucción, dentro de los diez días siguientes, formulara por escrito el proyecto de laudo, del cual se entregara una copia a cada uno de los integrantes de la junta, para que en los cinco días subsecuentes soliciten se practiquen las diligencias que juzguen convenientes, las que tendrán desahogo en los ocho días posteriores, transcurridos estos el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes. En suma, se concluye que el acto aquí reclamado - la dilación procesal que aduce la parte quejosa, se desestima, en razón al cierre de instrucción el veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, por lo que al día de la fecha el no emitir el laudo correspondiente, en autos del expediente laboral ********, de ninguna manera transgrede derechos sustantivos de la quejosa, porque no se advierte una abierta dilación, en tanto que desde que se cerró instrucción a la data en la que se promovió la demanda que nos ocupa (veintisiete de agosto del año en curso), sólo han transcurrido cuatro días hábiles, lo que es insuficiente para sostener que la violación aducida por el promovente de la demanda, se ubique en el caso de excepción a la regla general de procedencia del amparo indirecto. Por ende, atendiendo a la naturaleza del acto se evidencia que a esta data no existe un tiempo prudente en que se concluya que la responsable ha incumplido con lo establecido en el artículo 17 constitucional, en consecuencia, se pone de manifiesto que al día de la fecha no existe violación a las garantías reclamadas. De ahí que es inconcuso que en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, prevista en la fracción XXIII en el artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, del propio ordenamiento, ambos interpretados a contrario sensu; por lo que debe sobreseerse fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis publicada en la página 254, del Tomo XIII, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, enero de 1994 bajo el rubro: "JUICIO DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL. POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo, cuando a la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizase con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías." De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2833, Tomo CXXV, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. El sobreseimiento puede dictarlo el juez en cualquier momento en que proceda, sin importar que se haya o no celebrado la audiencia, y eso no significa la indefensión del quejoso, porque se le dio entrada a la demanda." Consecuentemente, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional fijada para las nueve horas con cuarenta minutos del treinta de septiembre del año en curso; háganse las anotaciones respectivas.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. ADMISIÓN. Vista la demanda promovida por ****; con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, admítase y regístrese bajo el número 784/2021-II-D. INCIDENTE. No se tramita el incidente de suspensión, por no haber sido solicitado. MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. Dese intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación por medio de lista electrónica y física que se pública en el Portal del Consejo ...AUDIENCIA Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las nueve horas con cuarenta minutos del treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Sin que por el momento sea necesario que la referida audiencia de ley se desahogue por videoconferencia en términos del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, ya que del estadio procesal no se advierte la necesidad de realizar de esa forma dicha diligencia. Sin embargo, en caso de que alguna de las partes considere lo contrario, deberá de realizar su petición motivando por qué considera necesario se realice la audiencia constitucional por medio de videoconferencia. REQUERIMIENTO DE AUTORIDAD. En términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que rinda su informe justificado, que deberá remitir dentro del plazo de quince días contados a partir de la notificación de este proveído, debiendo anexar copia certificada legible, completa y ordenada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe. ...NOTIFICACIÓN AUTORIDAD. Por otro lado, se hace del conocimiento a la autoridad responsable, que en términos del artículo 28, fracción I, 29, 30 y 31 de la Ley de Amparo, los acuerdos de trámite de menor trascendencia se le notificaran por lista, y los restantes por oficio. En apoyo se invoca la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, visible en la página 1253, de enero de dos mil trece, tomo 2, Décima Época del Semanario Judicial y su Gaceta, cuyo rubro es: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. " TERCERO INTERESADO El quejoso señala como tercero interesado al: ...Sin embargo, se estima que éste no tiene ese carácter toda vez que la dilación procesal reclamada, también le afecta a esa parte, por lo cual no tiene un interés contrario al quejoso. En el entendido que este juzgado de Distrito no soslaya el contenido de la jurisprudencia 1ª/J. 90/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO.". No obstante, se considera que esa interpretación dejó de ser aplicable en la actualidad, pues la Ley de Amparo, en su artículo 5, fracción III, inciso b) precisa la necesidad de un interés adverso, para sostener la existencia de un tercero interesado antagonista de la parte quejosa lo cual, se reitera, no sucede en la especie, en tanto que el actor como la demandada esperan la pronta resolución de la controversia a la que son sometidos. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso el señalado en el proemio de su demanda. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, sin ulterior acuerdo se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Por otra parte, en relación a las personas que designa como autorizados; dígasele que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. NÚMEROS TELEFÓNICOS Asimismo, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tienen como "medios de comunicación alternos" (no procesal) los números telefónicos ***, para efectos del sumario en que se actúa. CORREO ELECTRÓNICO Adicionalmente, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere al peticionario del amparo para que señale un correo electrónico, a efecto de poder establecer mejor comunicación. CONSULTA FÍSICA DEL EXPEDIENTE Ahora, en caso de que alguna de las partes opte por revisar el presente asunto físicamente, indíquese que para ello, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 3°, 4°, 5°, 6° y 7°, del capítulo II, del acuerdo general 21/2020; preceptos que en síntesis hacen referencia a la forma en que los justiciables, podrán acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de desahogar cualquier clase de diligencias (desahogo de audiencias, comparecencias, revisión de expedientes como en el caso); sin embargo, para tal fin deberán generar su código QR y agendar la cita respectiva conforme a los lineamientos allí establecidos. NOTIFICACIÓN ESPECIAL A LAS PARTES. En términos del Acuerdo General 9/2021, hágase del conocimiento de las partes que el instrumento que regirá la actividad de este órgano jurisdiccional hasta el treinta y uno de octubre de dos mil veintiuno o hasta que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine, será el Acuerdo General 21/2020. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHABILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.

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