Luis Barrera Ruiz

Expediente 323/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
323/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
10/07/2017

Partes del expediente

  • Luis Barrera Ruiz

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, y con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en su contra. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo.

  2. Principal

    Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Luis Barrera Ruiz, contra actos de la siguiente autoridad: Juez Tercero de lo Civil, con residencia en Ensenada, Baja California. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en el Libro de Gobierno de este Juzgado, bajo el número 323/2017-II-A. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar si el acto recamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 ó 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto de los actos reclamados por la parte quejosa, y no obstante que en su capítulo correspondiente refiere: A).- LA VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO, LA VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN DE DECLARARME HEREDERO DE LA SUCESIÓN A BIENES DE JULIÁN BARRERA SERRATO. B) EL PROCEDIMIENTO ILEGAL QUE LLEVO A CABO LA AUTORIDAD RESPONSABLE A PARTIR DE LA RESOLUCIÓN DE DECLARATORIA DE HEREDEROS DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2017. C) LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE ADMITIR EL INCIDENTE DE NULIDAD PRESENTADO EN CONTRA DEL AUTO DE FECHA 31 DE MAYO DE 2017, PUBLICADO EN BOLETIN JUDICIAL DE FECHA 05 DE JUNIO DEL 2017, DENTRO DEL JUICIO DEL ORDEN FAMILIAR NUMERO 641/2016." Del estudio integral de la demanda se advierte que de lo que se duele es de la resolución de declaratoria de herederos de fecha diecisiete de noviembre de dieciséis, dictada en el expediente 641/2016, del índice del Juzgado Tercero de lo Civil del Partido Judicial de esta ciudad, en la que se negó otorgarle el carácter de heredero y, del auto de treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, por el cual se niega la admisión del incidente de nulidad de actuaciones promovido por el quejoso para combatir aquella resolución. Precisado lo anterior, a juicio de esta juzgadora se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo, 61, de la Ley de Amparo, que señala: 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. De la cita que antecede se aprecia que la definitividad refiere, a la exigencia de agotar recursos y medios de defensa ordinarios antes de acudir al juicio de amparo indirecto, a fin de modificar, revocar o nulificar el acto impugnado. Ello, ya que al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa, no pueden analizarse cuestiones respecto de las cuales la ley común prevea un medio legal ordinario que pueda hacerse valer. Ahora bien, la hipótesis - actos reclamados- sujeta a estudio en el presente juicio, no cumple con la definitividad exigida, en razón que los actos impugnados pueden ser modificados, revocados o anulados, a través del medio de defensa ordinario establecido en la norma secundaria, en el caso concreto, el recurso de apelación y de revocación, respectivamente, previstos en los numerales 670 y 788, en relación con el diverso 674, fracción III, todos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California; preceptos que a la letra disponen: ART. 670.- Los autos que no fueren apelables y los Decretos pueden ser revocados por el Juez que los dicte o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, salvo que la Ley expresamente disponga que no son recurribles." ART. 788.- Practicadas las diligencias antes dichas, haya o no pedimento del Ministerio Público, el Juez, sin más trámites, dictará auto haciendo la declaración de herederos ab-intestato, si la estimare procedente, o denegándola con reserva de su derecho a los que la hayan pretendido, para el juicio ordinario. Este auto será apelable en el efecto devolutivo." ART. 674.- El recurso de apelación tiene por objeto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. Sólo podrán ser objeto de apelación las siguientes resoluciones de primera instancia: I.- Las sentencias definitivas en toda clase de juicios, excepto cuando la Ley declare expresamente que no son apelables; II.- Las sentencias interlocutorias, excepto cuando por disposición de la Ley no se otorgue a las partes el recurso o la sentencia definitiva no fuere apelable; III.- Los autos, cuando expresamente lo disponga este código y también lo fuera la sentencia definitiva, y [.]" En efecto, el acto reclamado consistente en la resolución de declaratoria de herederos de fecha diecisiete de noviembre de dieciséis, dictada en el expediente 641/2016, del índice del Juzgado Tercero de lo Civil del Partido Judicial de esta ciudad, en la que se negó otorgarle el carácter de heredero al promovente del amparo, es dable su impugnación a través del recurso de apelación en términos del artículo 788, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California. Por su parte, contra el auto de treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, en el que no se admitió el incidente de nulidad de actuaciones promovido por el quejoso para combatir la resolución de declaratoria de herederos en el mencionado expediente, procede el recurso de revocación previsto por el artículo 670, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California. Apoya lo anterior por identidad de razón, la tesis XV.4o.1 C del Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de lña Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Febrero de 2005, página 1727, Novena Época, de rubro y texto siguientes: NULIDAD DE NOTIFICACIONES. PREVIAMENTE AL AMPARO DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE REVOCACIÓN CONTRA EL AUTO QUE DESECHA O TIENE POR NO INTERPUESTO ESE INCIDENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). Conforme al artículo 670 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el Juez que los dicte, salvo que la ley expresamente disponga que son irrecurribles, de ahí que si no existe precepto legal alguno que prevea de manera expresa el recurso de apelación en contra del auto que desecha o tiene por no interpuesto el incidente de nulidad de notificaciones, resulta incuestionable que en su contra procede el recurso de revocación, por lo que si no se agota ese medio de impugnación, el juicio de amparo que se promueva en contra del aludido auto resulta improcedente en términos de la fracción XIII del artículo 73 de la ley de la materia." No pasa desapercibido el hecho de que la parte quejosa haya interpuesto el incidente de nulidad actuaciones para estar en oportunidad de combatir la resolución de declaratoria de herederos, pues al persistir el medio de defensa en contra de dicha negativa, previo acudir al juicio de amparo, éste debe agotarse; de ahí que subsiste la causal de improcedencia señalada, además de que aun considerando que estuviera en aptitud de reclamar en forma independiente la resolución de declaratoria de herederos, como ya se estableció el presente juicio de amparo, igual resulta improcedente. Por lo tanto, al ser el aquí quejoso parte en el juicio de origen, no le reviste el carácter de tercero extraño; además, tampoco se desprende que los actos reclamados se ubiquen en alguno de los supuestos de excepción previstos en los incisos a), b) o c), de la citada fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Luego, al advertirse que el promovente del amparo no agotó los recursos ordinarios previamente a la promoción del juicio de amparo, a pesar de que se encontraba obligado, en función del principio de definitividad que rige en el mismo, y que consiste precisamente en que con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se agoten todos los recursos o medios de defensa que la ley otorgue a las partes de un juicio o procedimiento, es que se actualiza la causa de improcedencia en estudio. Sirve de apoyo la Jurisprudencia 1a./J. 113/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice Diciembre del 2013, del Libro I, Tomo I , Materia Común, Decima Época, visible en la página 350, cuyo rubro y texto es el siguiente: DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo establecido por el artículo 113 en relación con el 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo en vigor, se estima procedente DESECHAR DE PLANO la demanda promovida por la quejosa, por resultar notoriamente improcedente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el indicado en su escrito de demanda, y por autorizados a las personas que menciona en el mismo. Por lo que hace a Denis Gastelum Lezama y Anneth Contreras Macías, se les tiene por autorizadas en términos del artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, al igual que Beatriz Yepez Maravilla y Silvia Nayeli Cabrera Ochoa, por no contar con su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente.

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