Luis Azael Torres Martínez
Expediente 488/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 18 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 488/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 12/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Juez del Juzgado Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Andrés Tuxtla, Veracruz
- Luis Azael Torres Martínez
- Nayeli Ángeles González, en su carácter de defensor de Luis Azael Torres Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
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Boca del Río, Veracruz, doce de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos, el oficio signado por el Juez Interino del Juzgado Primero de Primera Instancia, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz. En atención a su contenido, con el cual solicita lo siguiente: "solicito a usted informe a este juzgado si la sentencia amparadora (sic) dictada dentro del juicio de amparo número 488/2022-2 ha quedado firme, lo anterior para estar en condiciones de acordar lo procedente en la causa penal que nos ocupa." Atento a lo anterior, se reitera al Juez Interino del Juzgado Primero de Primera Instancia, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, que la sentencia de veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, pronunciada en el juicio de amparo 488/2022, promovido por Luis Azael Torres Martínez o Luis Asael Torres Martínez, por conducto de sus defensores particulares Nayeli Ángeles González y Martín Gracia Vázquez, se resolvió en el sentido de no amparar ni proteger a Luis Azael Torres Martínez o Luis Asael Torres Martínez, contra el acto que reclamó del Juez Primero de Primera Instancia, de San Andrés Tuxtla, Veracruz, consistente en la resolución de veintisiete de abril del año en curso, emitida en el proceso penal 873/2017, y contra su ejecución, atribuida al Director del Centro de Reinserción Social de dicho municipio; por las razones señaladas en el considerando sexto de esa sentencia, tal como se le informó mediante oficio 11120-2; asimismo, por auto de veintidós de febrero de este año, se le comunicó que dicha sentencia causo ejecutoria, al no haber sido recurrida por las partes dentro del término legalmente concedido. Notifíquese...
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Boca del Río, Veracruz, veintidós de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia emitida el veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a Luis Azael Torres Martínez o Luis Asael Torres Martínez, por conducto de sus defensores particulares Nayeli Ángeles González y Martín Gracia Vázquez, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que ha causado ejecutoria dicha resolución, para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, así como su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En tales condiciones, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez que se trata de un expediente en el que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal y carece de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el veintidós de febrero de dos mil veintiséis. Asimismo, se establece que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de depuración, puesto que se concedió la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; por lo que se establece como fecha probable el veintidós de febrero de dos mil veintiséis. Igualmente, en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido; por lo que, se establece como fecha probable el veintidós de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese este acuerdo en los cuadernos incidentales para los efectos legales a que haya lugar, sin que sea necesario que se hagan las notificaciones correspondientes en aquéllos. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Finalmente, devuélvase al Juez Primero de Primera Instancia, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, las constancias que remitió como justificación de sus actos, consistentes en copias certificadas relativas al expediente 873/2017, mismas que resultan innecesarias en el presente juicio de amparo. Notifíquese.
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R E S U L T A N D O: Primero. Mediante escrito recibido el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós en el buzón judicial de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, turnado a este órgano jurisdiccional al día siguiente, Nayeli Ángeles González y Martín Gracia Vázquez (defensores particulares) solicitaron en favor de Luis Azael Torres Martínez el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades y actos que se mencionan en la demanda de amparo. Segundo. Previo cumplimiento de prevención (por fecha de conocimiento del acto reclamado), mediante auto de tres junio de dos mil veintidós, este Juzgado admitió la demanda de derechos fundamentales; así, una vez sustanciado del juicio y debidamente integrado el expediente, se efectuó la audiencia constitucional con las formalidades debidas y con el resultado que se advierte en el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz es constitucional y legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. Precisión del acto reclamado. Con apoyo en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta necesario fijar con claridad y precisión en qué consiste el acto reclamado. En ese sentido, se precisa que la parte quejosa reclama lo siguiente: 1. Del Juez Primero de Primera Instancia, de San Andrés Tuxtla, Veracruz: la resolución de veintisiete de abril del año en curso, emitida en el proceso penal 873/2017, en la cual se dictó auto de formal prisión en contra de Luis Azael Torres Martínez o Luis Asael Torres Martínez, por el delito de robo agravado, cometido en agravio de Mereida Alcudia Olán y de la Empresa PROVIDENT, S.A. de C.V. 2. Del Director del Reclusorio Regional de San Andrés Tuxtla, Veracruz: la ejecución de la prisión preventiva oficiosa. Tercero. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, Juez Primero de Primera Instancia y Director del Reclusorio Regional, ambos con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, pues así lo expresaron al rendir sus respectivos informes justificados. Lo que se corrobora con las constancias que remitió como justificación de la constitucionalidad de su acto la primera de las mencionadas, a las que se concede valor probatorio pleno con fundamento en los artículos 129, 188, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2º de la Ley de Amparo, al tratarse de actuaciones judiciales. Cuarto. Causales de improcedencia. Previamente al estudio de los aspectos de fondo vinculados con la constitucionalidad del acto reclamado, deben analizarse las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, ya sea de oficio o bien a petición de parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, de la revisión de los autos no se advierte la actualización de alguna causal de improcedencia y dado que las partes tampoco las hicieron valer, resulta procedente pronunciarse en relación con los aspectos de fondo planteados en la demanda de amparo. Quinto. Antecedentes del acto reclamado. Para mejor comprensión del presente controvertido, se estima importante realizar una breve exposición de los antecedentes de los actos que se reclaman, de conformidad con las constancias aportadas por la autoridad judicial responsable, entre las que destacan los siguientes: 1. El seis de agosto de dos mil doce, el Juez Primero de Primera Instancia con sede en Acayucan, Veracruz, libró orden de aprehensión en contra de Luis Asael Torres Martínez y otro, como probable responsable en la comisión del delito de robo calificado, previsto y sancionado en el artículo 202, fracción I, párrafo segundo, del Código Penal del Estado de Veracruz, vigente en la época de los hechos (veintitrés de noviembre de dos mil once) cometido en agravio de Mereida Alcudia Olán y de la Empresa PROVIDENT, S.A. de C.V.; lo anterior, dentro de la causa penal 251/2012. 2. Mediante acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, el Juzgado Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Andrés Tuxtla, Veracruz, ante la desaparición del Juzgado Primero de Primera Instancia de Acayucan, Veracruz, radicó el proceso con el número 873/2017, y a través de proveído de dieciséis de octubre de dos mil diecinueve reiteró la orden de aprehensión señalada. 3. Posteriormente, el veintiuno de abril del año en curso, mediante oficio FGE/PM/JDD/1247/2022, se dio cumplimiento a la orden de aprehensión librada, motivo por el cual se dejó al hoy quejoso a disposición del Juez Primero de Primera Instancia de la misma localidad, en el Reclusorio Regional Zamora de San Andrés Tuxtla. 4. Diligencia de veintidós de abril de dos mil veintidós, en la que el hoy quejoso se abstuvo de emitir su declaración preparatoria, motivo por el cual se le respetó su derecho de no autoincriminación. 5. No obstante, el veintisiete de abril subsecuente, la defensa del quejoso presentó la declaración preparatoria de éste, por escrito, en la que manifestó, de manera literal, que: "Que, bajo protesta de decir verdad y bajo el amparo de mi presunción de inocencia, declaro que no he cometido eldelito por el que se me acusa, por lo que niego los cargos que me hace la agraviada y el Ministerio Público, porque se me está confundiendo con diversa persona con relación a loshechos ocurridos el veintiséis de noviembre del año dos mil once, hace casi once años que, dice la señora que me acusa, ocurrieron en su persona. Lo cierto es que yo trabajé en la fecha que se señala la señora que se dice víctima, quien dijo a los vecinos que la habían asaltado, pero, mucho se rumoró entre los que la conocen que esta mujer se habíaautorobado porque tenía muchas deudas y había dejado mucha gente en el buró de crédito porque se decía que trabajaba para una financiera. Sin embargo, al día siguiente, es decir, el veintisiete de noviembre del año dos mi once, por la mañana y en compañía de mi hermana, fuimos a la casa de la señora para preguntarle porque (sic) anduvo diciendo que yo la había asaltado, saliendo dicha persona y nos dijo que ella no había dicho nada y menos señalado a nadie, porque, nos dijo, ni siquiera vio quienes fueron los que la robaron, que ella no andaba diciendo que el declarante la había asaltado. Con esa aclaración, nos retiramos de su casa, no sin antes decirle que habíamos ido para evitar cualquier malentendido porque éramos vecinos y no queremos problemas con nadie. Cabe aclarar que ocho días después de la visita a la casa de la señora que me acusa, me llevaron un citatorio a mi casa y unos agentes me fueron a sacar donde estaba trabajando, allá por la empresa Carpín de Acayucan, y me presentaron al Ministerio Público, sin que la señora que hoy me acusa se hubiera presentado, a pesar que el Ministerio Público me informó que la habían citado, diciéndome la autoridad que como no se presentó el día que fui llevado ante ellos, ya no había problema y que si me necesitaban para declarar que me volverían la citar, por eso no declaré nada y pensé que el problema estaba aclarado. Nunca más fui citado a declarar hasta el día que me detuvieron y me informaron que después de diez años estaban involucrándome en un hecho que no cometí con relación a dicha persona que me acusa. Debo decir también que no conozco a las personas que señalan como cómplices del robo y que dice la acusada que participé con ellos, cosa que no es cierta, ni tampoco existe alguien que atestigüe en mi contra o me señale como delincuente, porque no tengo trato con ninguna persona que se dedique a la delincuencia. Es todo lo que tengo que declarar y le pido al Juez me libere porque ha pasado ya mucho tiempo de lo que se me acusa y porque se trata de un delito que no cometí." 6. Resolución de veintisiete de abril de dos mil veintidós, emitida por el Juez Primero de Primera Instancia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, dentro del proceso penal 873/2017, mediante el cual se decretó auto de formal prisión en contra de Luis Azael Torres Martínez o Luis Asael Torres Martínez, como probable responsable en la comisión del delito de robo agravado (reclasificó el delito en relación al estipulado en la orden de aprehensión), previsto y sancionado en el artículo 202, fracción I, párrafo cuarto, en relación con el 205, fracción II, incisos a) y b) del Código Penal del Estado de Veracruz, vigente en la época de los hechos (veintitrés de noviembre de dos mil once) cometido en agravio de Mereida Alcudia Olán y de la Empresa PROVIDENT, S.A. de C.V. Resolución que ahora constituye el acto reclamado en el presente juicio de derechos fundamentales. Sexto. Estudio de los actos reclamados. Los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, son jurídicamente ineficaces, sin que se aprecie queja deficiente que suplir conforme a lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, como se procede a explicar. En efecto, en primer lugar, resulta infundado el motivo de disenso que expone la parte quejosa referente a que se actualizó la prescripción de la acción penal, al indicar que el juzgador debió decretarla al haber transcurrido, a la fecha de presentación de la demanda, nueve años, nueve meses y veinticuatro días. Dicho calificativo se sostiene considerando el estudio de la prescripción de la acción penal, en términos de lo que establecía el Capítulo IX, del Código Penal del Estado de Veracruz vigente en el año mil once, el cual se integra de los artículos 109 al 118, mismos que establecen las reglas para la prescripción de la acción penal. De tales preceptos se desprende que las actuaciones del Ministerio Público o de la autoridad judicial para la investigación del delito, interrumpen el plazo de la prescripción, entendiéndose que si se dejare de actuar, el plazo para la extinción de la acción penal comenzará a contar de nuevo desde el día siguiente a la última diligencia. En el caso, en contra de Luis Azael Torres Martínez se instruye la causa penal 873/2017 (antes 251/2012), por su probable responsabilidad en la comisión del delito de robo agravado, previsto y sancionado en el artículo 202, fracción I, cuarto, en relación con el 205, fracción II, incisos a) y b) del Código Penal del Estado de Veracruz, vigente en la época de los hechos (veintitrés de noviembre de dos mil once) cometido en agravio de Mereida Alcudia Olán y de la Empresa PROVIDENT, S.A. de C.V. Por lo que el análisis para determinar si opera la prescripción de la acción penal, se basará en dicha normativa punitiva, en atención a que en la orden de aprehensión de seis de agosto de dos mil doce, así lo determinó el extinto Juez Primero de Primera Instancia de Acayucan, Veracruz y al ser dicha penalidad la que subsistía antes de haberse dictado el auto de formal prisión, debe atenderse a lo establecido conforme al estadio procesal de la causa penal, pues el Alto tribunal del País ha sostenido que tanto al emitirse una orden de aprehensión como al dictar auto de formal prisión debe fijarse el delito, ya sea en forma simple o con sus respectivas calificativas, por lo que la prescripción debe actualizarse en cada etapa procesal, tomando en cuenta el delito por el que se emite la resolución respectiva. Es aplicable al respecto la jurisprudencia 1a./J. 65/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. PARA SU CÓMPUTO DEBE ATENDERSE A LA PENALIDAD APLICABLE AL DELITO ESTABLECIDO EN CADA FASE QUE INTEGRA EL PROCEDIMIENTO PENAL. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que tanto al obsequiarse la orden de aprehensión como al dictar el auto de formal prisión, debe fijarse el delito, ya sea en forma simple o con sus respectivas calificativas, modalidades o modificativas; de ahí que en cualquier fase del procedimiento penal, el plazo para que opere la prescripción debe computarse a partir del establecimiento del delito que se le atribuye al probable responsable. Así, la prescripción se actualiza en cada etapa procesal, tomando en cuenta el delito por el cual se emite la determinación respectiva, atendiendo a si existen o no calificativas sobre el ilícito establecido y conforme a la legislación correspondiente. Esto es, debe considerarse la pena del delito configurado atribuido al responsable, ya sea básico o con todas sus modalidades o circunstancias modificativas o calificativas, lo cual deriva en la obligación constitucional y legal de todo juzgador consistente en que al emitir una orden de aprehensión, auto de formal prisión, apelación o cualquier otro acto durante el proceso determine, según el delito de que se trate, los datos que acrediten los elementos del tipo penal, no sólo para precisar la figura delictiva básica, sino también para que, de ser el caso, se configure su específica referencia a un tipo complementado, subordinado o cualificado, pues no debe perderse de vista que durante el proceso penal pueden actualizarse diferentes fases, por lo que deben determinarse con precisión sus elementos constitutivos, incluyendo las modificativas o calificativas que, en su caso, surjan de los hechos materia de la etapa procesal de que se trate. Por tanto, debe tomarse en cuenta el delito determinado por el cual se sigue el procedimiento, en cualquiera de sus fases, de manera que la prescripción quedará condicionada al transcurso del término establecido para la sanción que corresponda al delito concreto señalado en cada etapa procesal. Lo anterior es así, porque conforme al principio de seguridad jurídica, en cada una de ellas puede modificarse el delito, por lo que si al obsequiar la orden de aprehensión se le atribuye al probable responsable determinado ilícito, el término para que opere la prescripción se computará de acuerdo a los plazos previstos en la legislación correspondiente, y si al dictado del auto de formal prisión se le ubica en uno diverso, ya sea básico o con calificativas, el indicado término se computará de acuerdo a la penalidad aplicable a esta nueva valoración del delito, y de igual forma tendrá que hacerse en cada una de las fases que integran el procedimiento penal". Los numerales en comento indican: "Artículo 202. A quien con ánimo de dominio, lucro o uso, se apodere de una cosa mueble, total o parcialmente ajena, sin consentimiento de quien legalmente pueda disponer de ella, se le sancionará de la siguiente manera: I. Si el apoderamiento fuere con ánimo de dominio o lucro, y el valor de lo robado no excediere de cien días de salario, con prisión de tres meses a cinco años y multa hasta de ciento cincuenta días de salario. Cuando excediere de cien pero no de quinientos días de salario, la sanción será de cuatro a siete años de prisión y multa hasta de cuatrocientos días de salario. Artículo 205. Se aplicarán al responsable de robo, además de las sanciones que correspondan conforme a su cuantía o naturaleza, las siguientes: I. II. De ocho meses a ocho años de prisión, cuando: Se efectúe por dos o más personas; b) Se ejecute con violencia física o moral en las personas o en las cosas, o bien se ejerza aquélla para proporcionarse la fuga o defender lo robado; o." Entonces, el delito básico de robo, está sancionado con una pena de cuatro a siete años de prisión. Mientras que la agravante contempla incrementar esa penalidad en ocho meses a ocho años de prisión. De manera que son tales penas las que servirán de base para determinar si ha operado la prescripción de la acción penal en la causa penal de origen. Así, la media aritmética de la sanción del delito de robo aplicable en la especie es de cinco años seis meses, cantidad que se obtuvo de la suma de la pena menor (cuatro años) más la pena máxima (siete años), divididas entre dos. Y, bajo la misma operación, obtenemos que la media aritmética de la agravante es de cuatro años, cuatro meses, por cada una de esas agravantes, las cuales pueden concurrir y por cada una de ellas es aplicable la sanción prevista en el artículo 205, fracción II, del código sustantivo penal; lo anterior, de conformidad con las razones que prevé la jurisprudencia 10/2017, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro electrónico 2013724, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "ROBO AGRAVADO. LOS ARTÍCULOS 224 Y 225 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL NO CONTRAVIENEN EL PRINCIPIO DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL. Los artículos 224 y 225, del Código Penal para el Distrito Federal, prevén la imposición de una pena de 2 a 6 años de prisión, cuando el delito de robo se cometa bajo alguno de los supuestos o elementos que en ellos se describen, consistentes en diversas agravantes que atienden a la protección de bienes jurídicos diferentes que ocurren y/o coinciden en torno al robo de la cosa mueble. Por lo que las penas previstas en ambos preceptos legales corresponden a cada uno de los supuestos que se establecen en las fracciones que los integran, de ahí que puedan concurrir varias calificativas o agravantes contenidas en éstos, Y POR CADA UNA DE ELLAS SERÁ APLICABLE LA SANCIÓN PREVISTA, siendo todas las que puedan ocurrir adicionadas a la del tipo fundamental del delito de robo, contenida en el artículo 220 del mismo ordenamiento. Lo que no contraviene al artículo 14 constitucional en lo que al principio de exacta aplicación de la ley penal se refiere, pues de la lectura de los artículos 224 y 225, del referido código punitivo, se advierten elementos inequívocos de cuál es y en qué consiste la conducta delictiva motivo de cada fracción, y en el primer párrafo de cada uno de los preceptos en comento se establece la sanción que será aplicable, la cual corresponde a la actualización de cada uno de los supuestos que en las fracciones que las integran se describen". (Énfasis añadido) En consecuencia, para que operara la prescripción invocada por la parte quejosa, era necesario que transcurrieran catorce años con dos meses. Por tanto, si la orden de aprehensión se emitió el seis de agosto de dos mil doce y se ejecutó el veintiuno de abril de dos mil veintidós, transcurrieron nueve años, ocho meses y quince días, periodo insuficiente para considerar prescrita la orden privativa de libertad, lo que genera lo infundado del concepto de violación expuesto en este sentido. Ahora, el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, sobre el auto de formal prisión disponía que "[n]inguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de formal prisión en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que arroje la averiguación previa, los que deberán ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del indiciado". A su vez el artículo 16 constitucional establece: "nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". Una lectura integral y conjunta de ambas disposiciones constitucionales lleva a concluir que el auto de formal prisión es una resolución jurisdiccional propia del procedimiento penal, en la cual, previa acusación de un hecho imputado a una persona por el Ministerio Público, se hace la calificación legal respectiva y se atribuye a una persona la responsabilidad penal correspondiente de manera provisional y con cierto grado de probabilidad. Al mismo tiempo, se ordena la privación de la libertad del presunto responsable como medida cautelar. Esta actuación legal es el eje del proceso penal tradicional. En su emisión, la causa penal y su continuación encuentran su justificación, y se concentran ciertas consecuencias: el acto de la imputación formal, la clasificación jurídico-delictiva de los hechos y la medida cautelar que asegura la comparecencia del procesado. Así, el auto de formal prisión justifica la causa que se seguirá a la persona inculpada que es puesta a disposición de la autoridad judicial por el Ministerio Público como probable responsable de la comisión de un delito, a condición de que, de su contenido, aparezcan datos suficientes para acreditar los elementos del cuerpo del delito -entendido como el conjunto de elementos objetivos, normativos y subjetivos que constituyan la figura delictiva descrita por la ley penal- y la probable responsabilidad del procesado en la comisión de ese ilícito. En conclusión, el estándar de motivación exigible requiere que los elementos del cuerpo del delito imputado queden plenamente comprobados y la responsabilidad penal sea probable en un grado de corroboración objetiva. Es decir, con relación a la probable responsabilidad, los datos que emanen de la averiguación deben ser suficientes, no para hacerla posible, entendiéndose como tal la calidad de poder ser, de ser factible, sino de hacerlo verosímil, que se pueda probar. Esto es así, porque acorde al sistema normativo vigente en nuestro país, que pone en el centro de la mesa a la persona y a sus derechos humanos, no es jurídicamente permisible admitir que sea rigorista en su parte objetiva, al expresar que el tipo penal debe quedar comprobado necesariamente y tolerante en su parte subjetiva, concediendo con ello que con simples datos sin corroboración pueda restringirse la libertad de una persona con todas las graves consecuencias que tal acto trae aparejado en el orden moral, social, económico, familiar y jurídico. Sobre el particular, se cita la tesis X.1o.14 P, emitida por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, consultable en la página 633, tomo IV, agosto 1996, materia penal, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro electrónico 201648, de rubro y texto: "AUTO DE FORMAL PRISION. ES VIOLATORIO DEL ARTICULO 19 CONSTITUCIONAL, SI NO SE HACE EL ESTUDIO DEL CONJUNTO DE HECHOS QUE INTEGRARON LA PRESUNTA RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO CON PRUEBAS EVIDENTES. No se acredita con plenitud lo ordenado por el artículo 19 constitucional, si el auto de formal prisión no se sustenta en un conjunto de hechos que integren los datos suficientes para justificar la probable responsabilidad de una persona con pruebas evidentes, pues además, los antecedentes que arroje la averiguación deben ser suficientes, no para hacerla posible, entendiéndose como tal la calidad de poder ser, de ser factible, sino de hacerlo verosímil, que se pueda probar; que el artículo 19 constitucional no tiene el alcance estrecho que se le ha conferido, sino uno mayor, puesto que no es posible admitir que sea rigorista en su parte objetiva, al expresar que el tipo penal debe quedar comprobado necesariamente y tolerante en su parte subjetiva, concediendo con ello que con simples datos pueda restringirse la libertad de una persona con todas las graves consecuencias que tal acto trae aparejado en el orden moral, social, económico, familiar y jurídico; y si la autoridad responsable no efectuó en el proceso relativo la valoración de todas las pruebas que obran en la causa penal, principalmente la relativa a que no estuvo presente el día en que sucedieron los hechos imputados, resulta claro que se violó en perjuicio del quejoso el precepto constitucional en cita". En consecuencia, conforme al parámetro de control, para que el auto de formal prisión sea válido, debe satisfacer todas aquellas exigencias y condiciones que la propia Constitución establece, derivadas del derecho de legalidad, así como los requisitos de forma y fondo que la normatividad específica requiere en esa actuación. Sin estos requerimientos, el acto se encontraría viciado y se vulnerarían los derechos fundamentales de la persona. A manera de recapitulación, es importante señalar que de la lectura del artículo 19 del Pacto Federal anterior a la reforma que introdujo el sistema procesal acusatorio adversarial, se advierte que los requisitos para el dictado del auto de formal prisión son: a) que en éste se exprese el delito que se impute al acusado; b) el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución; c) así como los datos que arroje la averiguación previa, los cuales deberán ser bastantes para acreditar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del indiciado. En ese tenor, el primero de los requisitos constitucionales en cita se considera satisfecho, pues tal como expresó la autoridad responsable, en el auto de formal prisión de mérito se expresó el delito imputado a la parte quejosa, el cual es el de robo agravado, previsto y sancionado en el artículo 202, fracción I, párrafo cuarto, en relación con el 205, fracción II, incisos a) y b) del Código Penal del Estado de Veracruz, vigente en la época de los hechos (veintitrés de noviembre de dos mil once) cometido en agravio de Mereida Alcudia Olán y de la Empresa PROVIDENT, S.A. de C.V. De igual manera la responsable, especificó el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, pues refirió textualmente: ". De lo anterior, se puede concluir válidamente que en el caso, se encuentran debidamente acreditados todos y cada uno de los elementos integradores que dan vida jurídica a la existencia del delito de ROBO AGRAVADO, cometido en agravio del patrimonio de MIREIDA ALCUDIA OLAN, pues quedó demostrado con la denuncia de la agraviada MIREIDA ALCUDIA OLAN, que tiene correspondencia probatoria con lo narrado por los testigos de cargo JAVIER NEFTALI OCAMPO TAPIA Y SANTOS GASPAR CRUZ ZARATE, íntimamente entrelazado con la DILIGENCIA DE INSPECCIÓN OCULAR EN EL LUGAR DE LOS HECHOS, que cuando eran aproximadamente las ocho de la noche, del día veintiséis de noviembre del dos mil once (CIRCUNSTANCIA DE TIEMPO), cuando iba caminando precisamente sobre la calle Uno, enfrente de la Iglesia Santa Teresita del Infonavit Santa Rosa, de la ciudad de Acayucan, Veracruz (CIRCUNSTANCIA DE LUGAR), el sujeto activo del delito, en unión de dos sujetos más, ejecutaron un acto de apoderamiento que recayó en objetos de naturaleza mueble, que les era totalmente ajenos, realizado sin el consentimiento de quien legalmente podía disponer de ellos, que en el caso lo era MIREIDA ALCUDIA OLAN y la empresa Provident, S.A. de C.V., realizado con ánimo de dominio, dado que si bien ni la agraviada como los testigos de cargo, dan cuenta de saber cuál fue el ánimo con el que se condujeron los sujetos activos del delito, es preciso establece que atendiendo a que la acción de apoderamiento por parte del activo está encaminada a disponer del objeto material del delito, en virtud de que la acción física ejecutada siempre va acompañada del propósito del agente de apoderarse de la cosa y ponerla bajo su poder desprendiéndola de la esfera jurídica de su propietarios, de lo que seconcluye que salvo el caso en que se acredite plenamente queese apoderamiento fue realizado con ánimo de uso o lucro, todo acto de apoderamiento sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo, es ejecutado con ánimo de tener dominio en el objeto, por estar encaminada la conducta del activo a disponer de él, lo que ocurre desde el momento en que la cosa sale de la esfera de poder del dueño para entrar a la esfera de acción del activo del delito, como lo narraron MIREIDA ALCUDIA OLAN, JAVIER NEFTALI OCAMPO TAPIA, y SANTOS GASPAR CRUZ ZARATE, en donde los dos primeros fueron presenciales de los hechos, la primera como parte agraviada, y el segundo como testigo presencial, por ello SUS testimonios resultan idóneos, pertinentes, y fehacientes, para ese fin; y el tercero de los testigos, si bien dijo no conocer los hechos, sin embargoprecisó que los mismos le fueron comunicados inmediatamente por MIREIDA ALCUDIA OLAN, quien le reportó que había sufrido un robo por parte de tres personas, que de lo robado, mil doscientos pesos aproximadamente, correspondían a la empresa Provident, por ello la conminó a que denunciara los hechos, lo que así hizo a las veintiuna horas con veinticinco minutos de esa misma fecha, con todo lo cual, se evidencia cual fue el ánimo desplegado por los activos del delito; siendo el valor de lo robado por cuantía indeterminada, puesto que con independencia de que el dictamen Pericial en MATERIA DE AVALUO no fue ratificado en la secuela procesal, por el perito que lo emitió, el Fiscal no abortó diverso datos que permitan superar la deficiencia con que fue elaborado dado que no existe certidumbre de si en efecto es veraz el uso y la calidad descritos de los objetos valorados, amén de que no obra prueba diversa que permita acreditar el monto de lo que se dijo desapoderado, porque si bien comparecieron a declarar los testigos JAVIER NEFTALI OCAMPO TAPIA Y SANTOS GASPAR CRUZ ZARATE, resultaría violatorio de derechos que en base a sus testimonios se determine el valor comercial de la bolsa y celular, máximo que al primero de ellos no pudo ver con claridad las características del bolso y del celular, y el segundo no le constan los hechos, por ello siguen la misma suerte que lo narrado por la propia víctima directa del delito MEREIDA ALCUDIA OLAN, pues como ya se ha señalado éstos no se tuvieron a la vista del perito, y el medio idóneo para cuantificar dicho monto lo es precisamente la opinión técnica objetiva de un perito, en donde se tomen como base las circunstancias que se han dejado precisadas en supra líneas; por lo tanto, el monto de lo robado no puede determinarse en el presente fallo, encuadrándose así en el párrafo Cuarto, de la Fracción I, del artículo 202, párrafo cuarto del Código Penal vigente en el Estado, así como laagravante contenida en el artículo 205 fracción II, incisos a) y b), de laCodificación anteriormente invocada, dado que el acto de apoderamiento al tenor de lo narrado por MIREIDA ALCUDIA OLAN, y el testigo presencial JAVIER NEFTALI OCAMPO TAPIA, fue ejecutado por más de dos personas, y conforme lo dicho por MOREIDA, se estableció que fue amagada con un arma blanca, con lo cual quedó acreditado el cuerpo del delito de ROBO AGRAVADO en los términos precisados ." Respecto al segundo y tercer elemento, consistente en que los datos que arroje la averiguación previa sean bastantes para comprobar el cuerpo del delito y la probable la responsabilidad del inculpado, se encuentran satisfechos, como se verá a continuación. Como punto de partida, es relevante señalar que al analizar los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, se advierte que esencialmente controvierte la resolución del juzgador responsable, consistente en el auto de formal prisión dictado en su contra, en lo relativo a que se tuvo por justificada su probable responsabilidad en el delito de ROBO AGRAVADO; esto es, únicamente por las circunstancias en que se consideró su participación en la comisión del acto reprochable, para lo cual, controvierte las pruebas que se tomaron en consideración para demostrar su intervención. En ese sentido, cobran relevancia las pruebas que tomó en cuenta la responsable para acreditar los elementos del cuerpo del delito, mismos que a continuación se reproducen: ". el PRIMERO de esos elementos que lo integran, consistente en "Que un sujeto activo ejecute una acción de apoderamiento de una cosa mueble", se justifica con la denuncia de MIREIDA ALCUDIA OLAN formulada por comparecencia el veintiséis de noviembre del año dos mil once, quien ante el órgano investigador de los delitos de Acayucan, Veracruz, dijo que el veintiséis de noviembre del dos mil once, cuando eran como las veinte horas, se dirigía hacia su domicilio después de trabajar efectuando cobros de la Financiera, y cuando iba precisamente sobre la calle Uno, enfrente de la Iglesia Santa Teresita del Infonavit Santa Rosa, de la ciudad de Acayucan, fue cuando tres sujetos que identificó plenamente, que iban delante de ella, uno de ellos la agarró, y de ahí se le abalanzaron los otros dos, y uno de ellos le dijo que soltara la lana, y entre ese y otro sujeto le arrebataron la bolsa, mientras que el tercero de ellos la amenazaba con un arma blanca, precisando que en la bolsa de mano de color negra llevaba como seis mil quinientos pesos en efectivo, de los cuales cinco mil pesos eran de ella, que ese dinero lo había cobrado en el Banco Banamex, ya que llevó un cheque que cobró ese día a las nueve de la mañana, porque con ese dinero iba a realizar un pago a una señora de nombre LUISA que vive en la misma calle de su casa del mismo Infonavit, que le había prestado dicha cantidad, pero como no la encontró fue que llevaba ese dinero, y mil quinientos pesos eran de la empresa PROVIDENT, porque venía de realizar los cobros de la colonia Chichihua, que el dinero eran puro billetes y algunas monedas, que los billetes eran de diferentes denominaciones, como son de quinientos, de doscientos, de cien, y de cincuenta pesos, que los cinco mil pesos suyos, eran puros billetes de quinientos pesos, así mismo dijo que además del dinero que llevaba en su bolsa, traía un celular marca LG, color negro, sin cámara, su credencial de elector, CURP, y nada más, que testigo de esos hechos fue una persona que estuvo presente, que vive en las casas Vivhas de esa ciudad, y le dijo que lo buscara que era panadero. Al declarar en ampliación MIREIDA ALCUDIA OLAN ante elrepresentante social, aportó el nombre del testigo presencial, que dijo se llama JAVIER NEFTALI OCAMPO TAPIA, y señaló como testigo para acreditar que labora en la financiera PROVIDENT, a SANTOS GASPAR CRUZ ZARATE. Lo narrado por la agraviada por cuanto hace a la existencia de los hechos que narró, tiene correspondencia probatoria, con la declaración de JAVIER NEFTALI OCAMPO TAPIA, quien el treinta de noviembre del dos mil once, ante el Órgano investigador de los delitos de Acayucan dijo, que cuando eran aproximadamente las ocho y media de la noche, del día veintiséis de noviembre del dos mil once, se encontraba trabajando vendiendo pan de dulce, e iba empujando su triciclo en el cual transporta el pan que vende, hacia la colonia Chihuahua, donde vive, cuando en eso adelante de él, caminaba la señora que ahora sabe se llama MIREIDAALCUDIA OLAN, quien iba como a cuarenta metros de distancia delante de él, cuando vio que le llegaron tres sujetos, y vio que le quitaron su bolso y su celular, sin poder ver qué tipo de bolso y celular llevaba, pero vio que una vez que le quitaron el bolso y el celular esos sujetos salieron corriendo hacia arriba, y solo pudo ver que uno de ellos llevaba una bolsa azul en la espalda, el cual tenía entre cuarenta y cuarenta y cinco años, y los otros dos eran como de dieciocho años cada uno, que no conoció. Los testimonios anteriores se fortalecen con la declaración deltestigo de cargo de SANTOS GASPAR CRUZ ZARATE, realizada el treinta de noviembre del año dos mil once, acto en el que ante el Órgano Investigador dijo ser gerente de Desarrollo de la Empresa Provident S.A. de C.V., que sus funciones son supervisar a un grupo de agentes comisionistas, y que dentro de ese grupo se encuentra la señora MIREIDA ALCUDIA OLAN, que las funciones de esa señora es realizar la cobranza de los clientes que pertenecen a la colonia Chichihua, y en relación a los hechos, dijo que el día sábado veintiséis de noviembre del dos mil once, cuando eran las aproximadamente las ocho y media de la noche, la habló la señora MIREIDA ALCUDIA OLAN, para reportarle que había sufrido un robo por parte de tres personas, en la calle Tres, casi esquina con Veracruz, de la coloniaChichihua, de Acayucan, diciéndole que le habían robado un dinero de ella y otro de la empresa, aproximadamente mil doscientos pesos de la empresa, que corresponden a los cobros de pagos semanales de los clientes de la cartera que tiene asignada, pero en relación a esos hechos no le constan porque no estuvo presente en el momento que sucedieron. Para acreditar la circunstancia de lugar donde fue realizado elacto de apoderamiento por parte de los sujetos activos del delito sobre la cosa de naturaleza mueble, se desahogó la DILIGENCIA DE INSPECCIÓN OCULAR, por parte del personal actuante de la Representación Social, el veintisiete de noviembre del dos mil once, trasladándose con las formalidades de ley al lugar donde acontecieron los eventos, ubicado en Calle Uno, del fraccionamiento Santa Rosa, de la ciudad de Acayucan, Veracruz, precisamente frente a la Iglesia Santa Teresita, donde observó que se trata de una zona urbana, con afluencia de personas y de vehículos, con calle sin pavimentar y banquetas solo por el costado derecho, donde apreció por ellado izquierdo con dirección hacia el Infonavit Santa Rosa terrenos baldíos con maleza, lugar donde la C. MIREIDA ALCUIDA OLAN (Sic), fue despojada de sus pertenencias por los denunciados. Por cuanto hace al SEGUNDO de los elementos consistente en que el objeto material del delito, le sea "totalmente ajena al activo del delito", se acredita en los autos, en razón de que no obra dato o indicio alguno que justificara la propiedad de ellos por parte del sujeto activo del delito, con la precisión de que el elemento "ajeneidad" es aquel que tiene que ver con el hecho de que el objeto del delito sobre el que recae la conducta le sea ajeno al activo, independientemente de que se haya acreditado o no la propiedad del bien mueble por parte del pasivo, que en este caso lo es MEREIDA ALCUDIA OLAN y la Empresa Provident, S.A. de C.V., pues éste debe considerarse como un elemento constitutivo del delito y no como un requisito de procedibilidad para el ejercicio de la acción penal correspondiente, al ser este ilícito perseguible de oficio, esto es, la -ajenidad- se acredita no sólo mediante la prueba de la propiedad del que se dice victima directa u ofendido, sino con el establecimiento de la no propiedad o posesión por parte de quien realiza el apoderamiento ilícito. Máxime que la narración de MEREIDA ALCUDIA OLAN víctima del delito resulta coincidente con lo narrado por el testimonio de cargo presencial JAVIER NEFTALI OCAMPO TAPIA, y lo narrado por quien dijo ser Gerente deDesarrollo de la empresa Provident, S.A. de C.V., respecto a los objetos muebles consistente en una suma de dinero en los que recayó el acto de apoderamiento de la agraviada y persona moral, así como una bolsa de mano, un celular L.G. color negro sin cámara, de la primera, que su valor o cantidad no fue posible fijarlo, sobre la cantidad del numerario no se aportó pruebas idóneo, pertinentes y fehacientes para determinarlo. Con respecto al TERCERO de los elementos integradores del delito, relativo a que el apoderamiento de la cosa mueble "se realice sin el consentimiento de quien legalmente pueda disponer de ella", se acredita en autos, tomando en consideración que MEREIDA ALCUDIA OLAN, compareció el veintiséis de noviembre del dos mil once, ante el Agente del Ministerio Público Investigador de los Delitos de Acayucan, Veracruz, a formular denuncia en contra de los sujetos que identificó y proporcionó sus nombres y alias, así como sus domicilios, en la que de su contexto se advierte con claridad que narra que cuando eran aproximadamente como a las ocho de la noche del día veintiséis de noviembre del año dos mil once, cuando caminaba sobre la calle Uno, enfrente de la Iglesia Santa Teresita delInfonavit Santa Rosa, de la ciudad de Acayucan, rumbo a su casa donde vive, fue desapoderado ilícitamente por tres sujetos de las pertenencias de naturaleza mueble que llevaba en su bolso de mano, color negro, poniendo en conocimiento que parte de la suma de dinero que le fue desapoderado era propiedad de la empresa Provident, S.A. de C.V., donde dijo laboraba efectuando cobros; de ahí que se acredite que no hubo consentimiento alguno de parte agraviada MEREIDA ALCUDIA OLAN, para que se apoderaran de sus bienes de naturaleza muebles que llevaba en posesión cuando le fueron desapoderados sin que sea óbice que parte de ese dinero era de la empresa moral, dado que, SANTOS GASPAR CRUZ ZARATE, cuando compareció ante el Ministerio Público Investigador de los Delitos de Acayucan, dijo ser Gerente de Desarrollo de esa empresa, y precisó que una vez que le fue comunicado los hechos por MIREIDA ALCUDIA OLAN, dijo queel área de seguridad le pidió a la señora MIREIDA ALCUDIA OLAN, hiciera la demanda, con lo cual se advierte que no otorgó su consentimiento en ese asunto. Por cuanto hace al CUARTO de los elementos integradores deldelito, relativo al subjetivo especifico distinto al dolo, esto es que el activo se conduzca respecto de la cosa desapoderada con el "ánimo de dominio", es de tomarse en consideración para acreditarlo, el dicho de MIREIDA ALCUDIA OLAN al referir que tres sujetos cuando eran las veinte horas del veintiséis realizaron una acción de apoderamiento de los objetos de naturaleza mueble que poseía, cuando se abalanzaron sobre ella dos de ellos, mientras que un tercero la amenazaba con unarma blanca, arrebatándole su bolsa, objeto material del delito, sin que sea óbice, que la agraviada no haya podido acreditar con diversa prueba la suma de dinero que señala le fue desapoderado consistente en los seis ml quinientos pesos, de los cuales dijo, cinco mil pesos eran de su propiedad, y mil quinientos pesos producto de los cobros que realizó de la financiera Provident, donde dijo que trabaja, en lazona que tiene asignada de la colonia Chichihua Dos, así como tampoco se pudo establecer con prueba idónea la cuantía del celular marca LG, color Negro, sin cámara y la bolsa que dijo le fueron desapoderados; con lo cual su testimonio es útil para construir la notitia criminis y, por ende, incentivar el inicio de una averiguación previa, sobre todo tratándose de un delito de persecución oficiosa, toda vez que sería ilógico pensar que por ser testigo presencial en sentido estricto puede controvertirse la racionalidad de tal planteamiento, cuando no es así, sino por el contrario, precisamente dicho criterio diferenciador aclara que en tales supuestos se está ante la presenciade un verdadero testimonio, pero por tal razón es que sólo puede apreciarse a tal tipo de declaraciones (presencial), como un indicio genérico derivado de la existencia de tal declaración como diligencia formal emitida ante una autoridad, con alcance demostrativa con las pruebas que tienen correspondencia en actuaciones, para dar inicio a la investigación por parte del Órgano Investigador, quien por mandato le corresponde esa facultad contenida en el artículo 21 Constitucional, así como para acreditar la cosa que fue desapoderada consistentes en los objetos de naturaleza mueble que citó la agraviada. Lo narrado por la agraviada sobre el apoderamiento que señalarespecto del objeto material del delito, se acreditó con los testimonios de JAVIER NEFTALI OCAMPO TAPIA y SANTOS GASPAR CRUZ ZARATE, donde el primero dijo haber sido presencial cuando aquel veintiséis de noviembre del dos mil once, cuando se dirigía a su casa ubicada en la colonia Chichihua, vio que se le acercaron tres sujetos a quien ahora sabe se llama MIREIDA ALCUDIA OLAN, y vio que le quitaron su bolso y su celular, sin poder ver qué tipo de bolso y celular llevaba, pero vio que una vez que le quitaron el bolso y el celular esos sujetos salieron corriendo hacia arriba; por su parte SANTOS GASPAR CRUZ ZARATE, en su oportunidad manifestó que no fue presencial de los hechos, pero precisó que MIREIDA ALCUDIA OLAN, momentos después de sufrió un robo por tres sujetos, se comunicó con él, diciéndole que le habían robado un dinero de ella y otro de la empresa, aproximadamente mil doscientos pesos de la empresa, que corresponden a los cobros de pagos semanales de los clientes de la cartera que tiene asignada. No obstante ni la agraviada como los testigos de cargo antesmencionados, dan cuenta de saber cuál fue el ánimo con el quecondujeron los sujetos activos del delito, por ello es preciso establecer que atendiendo a que la acción de apoderamiento por parte del activo en unión de dos sujetos más, estaba encaminada a disponer del objeto material del delito, en virtud de que la acción física ejecutada siempre va acompañada del propósito del agente de apoderarse de la cosa y ponerla bajo su poder desprendiéndola de la esfera jurídica de su propietario, es decir, la finalidad primaria del activo es la de obtener un provecho para sí o para otro. De ahí que se concluya que salvo el caso en que el se acredite plenamente que ese apoderamiento lo realizó con ánimo de uso o lucro, todo acto de apoderamiento sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo, es ejecutado con ánimo de tener dominio en el objeto, por estar encaminada la conducta del activo a disponer de él cuando la aprehende, lo que ocurre desde el momento en que la cosa sale de la esfera de poder del dueño paraentrar a la esfera de acción del activo, como lo narraron MIREIDA ALCUDIA OLAN, JAVIER NEFTALI OCAMPO TAPIA y SANTOS GASPAR CRUZ ZARATE, ya que los dos primeros fueron presenciales de los hechos, les consta en esencia el momento cuando MIREIDA ALCUDIA OLAN, fue desapoderada de su bolsa, objeto material del delito, donde dijo llevaba en su interior el numerario que se duele le fue desapoderado así como su celular marca L.G., color negro sin cámara, sin que sea óbice que no se acreditara en autos lacuantía del monto de lo desapoderado y el valor del celular, en razón de que como se establecerá en éste fallo, al estado procesal que guardan los autos, se está ante una cuantía indeterminada del objeto material del delito; y el tercero si bien dijo no haber sido presençial, sin embargo dijo que como a las ocho horas con treinta minutos de aquel veintiséis de noviembre del dos mil once, MIREIDA ALCUDIA OLAN, le reportó que había sufrido un robo por parte de tres sujetos, de loscuales como mil doscientos pesos eran propiedad de la empresa Provident S.A. de C.V. por lo cual la conminó a quedenunciara los hechos, siguiendo las indicaciones del área de seguridad de esa empresa. Respecto al QUINTO de los elementos que conforman el delito,relativo a "Que el valor de lo robado exceda de cien, pero no dequinientos días de salario", no se comparte el criterio del MinisterioPúblico Investigador, para ello es preciso establecer que del análisisexhaustivo de la declaración por comparecencia ante el Órgano Investigador de los delitos de MIREIDA ALDUCIN ALCUDIA OLAN, en ese acto señaló que aquel veintiséis de noviembre del dos mil once, cuando eran como las veinte horas, se dirigía hacia su domicilio después de trabajar efectuando cobros de la Financiera, y cuando iba precisamente sobre la calle Uno, enfrente de la Iglesia Santa Teresita del Infonayt Santa Rosa, de la ciudad de Acayucan,fue cuando tres quietos que identificó plenamente, que iban delante de ella, uno de ellos la agarró, y de ahí se le abalanzaron los otros dos, y uno de ellos le dijo que soltara la lana, y entre ese y otro sujeto le arrebataron la bolsa, mientras que el tercero de ellos la amenazaba con un arma blanca, precisando que en la bolsa de mano de color negra llevaba como seis mil pesos en efectivo, de los cuales cinco mil pesos eran de ella, que ese dinero lo había cobrado en el Banco Banamex, ya que llevó un cheque que cobró ese día a las nueve de la mañana, porque con ese dinero iba a realizar un pago a una señora de nombre LUISA que vive por su casa en el mismo Infonavit, que le había prestado dicha cantidad, pero como no la encontró fue que llevaba en su bolso ese dinero, y mil quinientos pesos eran de la empresa PROVIDENT, describiendo las denominaciones del dinero quellevaba consigo, así mismo dijo que además del dinero que llevaba en su bolsa, traía un celular marca LG, color negro, sin cámara, su credencial de elector, CURP, y nada más, que testigo de esos hechos fue una persona que estuvo presente, que vive en las casas Vivhas de esa ciudad; sin embargo, no obra prueba idónea, pertinente, y fehaciente, que permita acreditar que la ahora agraviada efectivamente le fue desapoderado el numerario que se duele, esto es así, en razón que de lo narrado por testigo presencial JAVIER NEFTALI OCAMPO TAPIA, ante el Órgano investigador de los delitos, si biensu testimonio permite corroborar el acto de desapoderamiento que narró MIREIDA, no obstante no aporta datos que permitan acreditar la suma de dinero que le fue desapoderado por los sujetos activos del delito, así como tampoco aporta las características del celular que se duele la agraviada; concomitante con lo anterior, sucede con lo narrado por SANTOS GASPAR CRUZ ZARATE, quien compareció ante la representación social, con carácter de Gerente de Desarrollo de la empresa Provident S.A. de C.V., quien dijo que no le constan los hechos; y sobre el numerario de seis mil quinientos pesos que dijo la denunciante MIREIDA ALCUDIA OLAN le fue desapoderado, no aportó prueba alguna que permita establecer directa o indiciariamente la cuantía de lo robado, por lo cual no es posible fijar la cantidad del numerario que dijo MIREIDA es producto de los cobros que realizó de la Financiera, como tampoco es posible establecer que la cantidad de cinco mil pesos la cobró ese día del Banco BANAMEX, por ello se desestima y se le resta valor y alcance probatorio a los testimonios, por cuanto hace para acreditar la suma de dinero que se duele la denunciante MIREIDA ALCUDIA OLAN. Lo mismo acontece con el Dictamen Pericial en materia deValuación con número de Registro Int. 3019, elaborado por el perito criminalista Licenciado JOSÉ MARIA OSORIO QUIRÓZ, adscrito al Enlace Regional de Servicios Periciales, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, quien estableció el avalúo de los objetos que consigna el Dictamen, sin embargo, no se desatiende que no tuvo a la vista el Bolso de Mano que describió, así como el Celular marca L.G. color negro, que hizo referencia, en atención a ello, resulta dogmático, y se le resta alcance y valor probatorio, para poder establecer el valor de los objetos que fueron señalados por la agraviado como objetos que le fueron desapoderados en la fecha y hora de los hechos, aunado que al estado actual de los autos, el mismo no ha sido ratificado por el perito, en audiencia pública, con la presencia de las partes para que hagan valer su derecho a cuestionar el peritaje, por lo tanto, con los anteriores razonamientos lógicos jurídicos que se realizaron en líneas que anteceden, y que por tal motivo el suscrito con las facultades y en términos de lo establecido por el numeral 173, del Código de Procedimientos Penal vigente en el Estado, que establece que se dictará la resolución por el delito que aparece comprobado, tomando en consideración los hechos materia de la consignación, considerando la descripción típica legal y la presunta responsabilidad, aun cuando con ello se modifique la clasificación hecha en resoluciones anteriores, tomando en cuenta sólo los hechosmateria de la consignación, considerando la descripción típica legal y los hechos denunciados, así como las pruebas recabadas en actuaciones anteriormente mencionadas, es por lo que se procede a reclasificar la hipótesis delictiva, con el fin de ajustar los hechos a la debida clasificación jurídica, para quedar en definitiva por el DELITO DE ROBO AGRAVADO, en lugar de ROBO CALIFICADO, que se encuentra previsto en el artículo 202, y sancionado en la fracción I, párrafo cuarto, en íntima relación con el 205, fracción II, incisos a), y b) del Código Penal en vigor para el Estado. Ahora bien, el objeto material del delito de naturaleza indeterminada que prevé el numeral 202, fracción I, párrafo cuarto del Código Penal del Estado, se justifica atendiendo al estudio de los hechos narrados por la parte denunciante MIREIDA ALCUDIA OLAN, así como los testigos de cargo de JAVIER NEFTALI OCAMPO TAPIA y SANTOS GASPAR CRUZ ZARATE, que de su contexto se logra desprender que la agraviada dijo que el objeto material recayó en seis mil quinientos pesos, de los cuales, cinco mil dijo MIREIDA, eran de su propiedad, y mil quinientos, de la empresa Provident, productos de las cobranzas realizados en esa misma fecha, así como una bolsa de mano, color negro, un Celular color negro, sin cámara, marca L.G., que si bien conforme al Dictamen Pericial en materia de Valuación con número de Registro Int. 3019, elaborado por el perito criminalista Licenciado JOSÉ MARIA OSORIO QUIRÓZ, adscrito al Enlace Regional de Servicios Periciales, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, anteriormente señalado y valorado, si bien estableció el avalúo de los objetos que consigna el Dictamen estableciendo las características de cada uno de los objetos y su valor, en el caso concreto a la Bolsa de mano, mediano, color negro, lo valorizó en $100.00 (cien pesos, cero centavos moneda nacional), al celular L.G. color negro, sin cámara, le estableció el valor de $1,200.00 (mil doscientos pesos, cero centavos moneda nacional), y a los seis mil pesos, no los valorizó, ya que dijo tienen un valor intrínseco, sin embargo, no se desatiende que no tuvo a la vista el Bolso de Mano quedescribió, así como el Celular marca L.G., que hizo referencia, ni la suma de dinero que menciona, en atención a ello, resulta dogmático, y se le resta alcance y valor probatorio, para poder establecer el valor de los objetos que fueron señalados por la agraviado como objetos que le fueron desapoderados en la fecha y hora de los hechos, así como el numerario por la cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS PESOS, aunado que al estado actual de los autos, el mismo no ha sido ratificado por el perito, en audiencia pública, con la presencia de las partes para que hagan valer su derecho a cuestionar el peritaje, por lo tanto, con los anteriores razonamientos lógicos jurídicos que se realizaron en líneas que anteceden, se le resta alcance valor probatorio al Dictamen, al no ser acorde para su realización al contenido de los artículos 239 de 240 del Código Procesal Penal del Estado, en consecuencia, al estado procesal que guardan los autos, no pudo determinarse el monto de su valor en actuaciones, para establecer el valor del objeto material del delito consistente en el Bolso color negro, y el Celular de la marca L.G., y en el mismo sentido, no se tiene por acreditado la cuantía del numerario que se dijo le fue desapoderado a MIREIDA ALCUDIAOLAN, puesto que no obra dato o prueba alguna, idónea, pertinente, yfehaciente que así permita establecerlo, que efectivamente llevaba enposesión en la fecha de los hechos la cantidad que se duele, por lo cual, es claro que no existe certidumbre de si en efecto es veraz cada uno de los objetos descritos en el Peritaje de Avalúo, en consecuencia, en el presente caso al resolver al estado procesal que guardan los autos, se arriba al criterio de que se está en presencia de una cuantía indeterminada de ROBO, puesto que con independencia de que el dictamen no fue ratificado ante éste tribunal, por el perito que lo emitió, el Fiscal no aportó diversos datos que permitan superar la deficiencia con que fue elaborado, por ello se le resta alcance y valor probatorio al dictamen en los términos indicados. En ese sentido, atendiendo las razones y argumentos antesseñalados, al no existir prueba pertinente, idónea y suficiente que permita establecer indiciariamente el valor de cada uno de las objetos que fueron señalados por la denunciante como parte de los objetos desapoderados por el sujeto activo en unión de otros dos sujetos, a la agraviada MIREIDA ALCUDIA OLAN, no pueden considerarse para cuantificar el valor de lo robado, resultaría violatorio de derechos que en base a sus testimonios se determine el valor comercial, dado que siguen la misma suerte que lo narrado por la propia víctima directa del delito, pues como ya se ha señalado los objetos materiales del delito no se tuvieron a la vista del perito, y el medio idóneo para cuantificar dicho monto lo es precisamente la opinión técnica objetiva de un perito, endonde se tomen como base las circunstancias que se han dejado precisadas en supra líneas, aunado a que no se justificó con diversa prueba que le fue desapoderado a la denunciante MIREIDA ALCUDIA OLAN, la suma de dinero que sostuvo en su denuncia;por lo tanto, el monto de lo robado no puede determinarse en el presente fallo, sin embargo se logra establecer que efectivamente en la fecha y hora de los hechos, la agraviada le fue desapoderado su bolso objeto material del delito, que en su interior llevaba un celular de la marca L.G., y una suma de dinero que no se pudo determinar la cantidad, con lo cual se tiene por acreditado que la cuantía del objeto material del delito encuadra en la hipótesis contenida en el Párrafo Cuarto del artículo 202 fracción I del Código Penal en vigor, de ahí que se justifique el quintó de los elementos que dan vida al delito en estudio. La AGRAVANTE, por la que el Representante Social ejerció laacción penal y reparadora del daño, relativo a que el apoderamiento "se efectúe por dos o más personas" contenida en el artículo 205 fracción II, inciso a) del Código Penal del Estado, de acredita en los autos, tomando en consideración la narración de MIREIDA ALCUDIA OLAN, JAVIER NEFTALI OCAMPO TAPIA y SANTOS GASPAR CRUZ ZARATE, quienes fueron acordes en señalar que el lugar en donde ocurrió el acto de apoderamiento sobre el objeto material del delito aconteció sobre la calle Uno, enfrente de la Iglesia Santa Teresita del Infonavit Santa Rosa, de la ciudad de Acayucan, cuando eran las veinte horas de la noche; aproximadamente, fue realizado por tres sujetos, donde si bien los dos primeros fueron presenciales, narrando MIREIDA ALCUDIA OLAN, como fue que los tres sujetos la desapoderaron su bolsa, que el presencial JAVIER NEFTALI OCAMPO TAPIA, corroboró cuando declaró, cierto es, que el tercero de los testigos SANTOS GASPAR CRUZ ZARATE, cuando declaró fue claro en precisar que no le constan los hechos, sin embargo, precisóque momentos después de ocurridos, MOREIDA le comunicó que la habían robado tres sujetos, una suma de dinero, de la cual como mil doscientos pesos, eran de la empresa Provident, S.A. de C.V., esto es, resulta un testimonio congruente con lo narrado por la agraviada y testigo presencial, con lo cual se acredita que el acto de apoderamiento fue cometido por más de dos personas. Por lo que hace a la AGRAVANTE relativa a que el acto deapoderamiento del objeto material del delito, "...Se ejecute con violencia física en las personas", se acreditó con las mismas pruebas contenidas en la denuncia formulada por MIREIDA ALCUDIA OLAN, y testigo presencial JAVIER NEFTALI OCAMPO TAPIA,quienes como se dijo, fueron acordes en señalar que el lugar en donde ocurrió el acto de apoderamiento sobre el objeto material del delito aconteció sobre la calle Uno, enfrente de la IglesiaSanta Teresita del Infonavit Santa Rosa, de la ciudad de Acayucan, cuando eran las veinte horas de la noche, aproximadamente, precisando MIREIDA ALCUDIA OLAN, que uno de los tres sujetos que se le acercaron, la agarró, y de ahí se le abalanzaron los otros dos, diciéndole que soltara la lana, y fue cuando los dos sujetos le arrebataron la bolsa, mientras que el tercer sujeto la amenazaba con un arma blanca, hecho lo cual, se echaron a correr haciala Chichihua Dos. Lo anterior lo corroboró el testigo presencial, JAVIERNEFTALI OCAMPO TAPIA, quien dijo que vio cuando en el lugar y hora de los hechos, tres sujetos se le acercaron a quien ahora sabe se llama MIREIDA ALCUDIA OLAN, y le quitaron su bolso y celular, e inmediatamente después salieron corriendo hacia arriba, y cuando se la acercó a la señora le dijo que la había robado, acreditándose de esa manera la agravante de la fracción II, inciso b) del artículo 205 del Código Penal del Estado de Veracruz, en razón de que el sujeto activo para realizar el acto de apoderamiento, lo realizó en unión de dos sujetos más, quienes la sujetaron con fuerza para doblegarla,utilizando un arma blanca para amagarla, y con ello someterla, además el hecho que la sujetaran dos de los tres sujetos, implica superioridad y uso de la fuerza física sobre la víctima, quien es mujer, motivo por el cual no tuvo oportunidad de resistirse dada la superioridad en número de personas y por el uso del arma con la que la amagaron..." Bajo ese esquema es que la responsable estimó que con los anteriores medios de prueba, adminiculados unos con otros, ponen de manifiesto que "cuando eran aproximadamente las ocho de la noche, del día veintiséis de noviembre del dos mil once (CIRCUNSTANCIA DE TIEMPO), cuando iba caminando precisamente sobre la calle Uno, enfrente de la Iglesia Santa Teresita del Infonavit Santa Rosa, de la ciudad de Acayucan, Veracruz (CIRCUNSTANCIA DE LUGAR), el sujeto activo del delito, en unión de dos sujetos más, ejecutaron un acto de apoderamiento que recayó en objetos de naturaleza mueble, que les eran totalmente ajenos, realizado sin el consentimiento de quien legalmente podía disponer de ellos, que en el caso lo era MIREIDA ALCUDIA OLAN y la empresa Provident, S.A. de C.V., realizado con ánimo de dominio, dado que si bien ni la agraviada como los testigos de cargo, dan cuenta de saber cuál fue el ánimo con el que se condujeron los sujetos activos del delito, es preciso establecer que atendiendo a que la acción de apoderamiento por parte del activo está encaminada a disponer del objeto material del delito, en virtud de que la acción física ejecutada siempre va acompañada del propósito del agente de apoderarse de la cosa y ponerla bajo su poder desprendiéndola de la esfera jurídica de su propietarios, de lo que se concluye que salvo el caso en que se acredite plenamente que ese apoderamiento fue realizado con ánimo de uso o lucro, todo acto de apoderamiento sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo, es ejecutado con ánimo de tener dominio en el objeto, por estar encaminada la conducta del activo a disponer de él, lo que ocurre desde el momento en que la cosa sale de la esfera de poder del dueño para entrar a la esfera de acción del activo del delito, como lo narraron MIREIDA ALCUDIA OLAN, JAVIER NEFTALI OCAMPO TAPIA, y SANTOS GASPAR CRUZ ZARATE, en donde los dos primeros fueron presenciales de los hechos, la primera como parte agraviada, y el segundo como testigo presencial, por ello SUS testimonios resultan idóneos, pertinentes, y fehacientes, para ese fin; y el tercero de los testigos, si bien dijo no conocer los hechos, sin embargo precisó que los mismos le fueron comunicados inmediatamente por MIREIDA ALCUDIA OLAN, quien le reportó que había sufrido un robo por parte de tres personas, que de lo robado, mil doscientos pesos aproximadamente, correspondían a la empresa Provident, por ello la conminó a que denunciara los hechos, lo que así hizo a las veintiuna horas con veinticinco minutos de esa misma fecha, con todo lo cual, se evidencia cual fue el ánimo desplegado por los activos del delito; siendo el valor de lo robado por cuantía indeterminada, puesto que con independencia de que el dictamen Pericial en MATERIA DE AVALÚO no fue ratificado en la secuela procesal, por el perito que lo emitió, el Fiscal no aportó diversos datos que permitan superar la deficiencia con que fue elaborado dado que no existe certidumbre de si en efecto es veraz el uso y la calidad descritos de los objetos valorados, amén de que no obra prueba diversa que permita acreditar el monto de lo que se dijo desapoderado, porque si bien comparecieron a declarar los testigos JAVIER NEFTALI OCAMPO TAPIA Y SANTOS GASPAR CRUZ ZARATE, resultaría violatorio de derechos que en base a sus testimonios se determine el valor comercial de la bolsa y celular, máxime que el primero de ellos no pudo ver con claridad las características del bolso y del celular, y el segundo no le constan los hechos, por ello siguen la misma suerte que lo narrado por la propia víctima directa del delito MEREIDA ALCUDIA OLAN, pues como ya se ha señalado éstos no se tuvieron a la vista del perito, y el medio idóneo para cuantificar dicho monto lo es precisamente la opinión técnica objetiva de un perito, en donde se tomen como base las circunstancias que se han dejado precisadas en supra líneas; por lo tanto, el monto de lo robado no puede determinarse en el presente fallo, encuadrándose así en el párrafo Cuarto, de la Fracción I, del artículo 202, párrafo cuarto del Código Penal vigente en el Estado, así como la agravante contenida en el artículo 205 fracción II, incisos a) y b), de la Codificación anteriormente invocada, dado que el acto de apoderamiento al tenor de lo narrado por MIREIDA ALCUDIA OLAN, y el testigo presencial JAVIER NEFTALI OCAMPO TAPIA, fue ejecutado por más de dos personas, y conforme lo dicho por MOREIDA, se estableció que fue amagada con un arma blanca, con lo cual quedó acreditado el cuerpo del delito de ROBO AGRAVADO en los términos precisados ." En ese sentido, se estima correcto lo indicado por la responsable, pues de acuerdo a las probanzas existentes en autos y que fueron valoradas, se demostró el cuerpo del delito de robo agravado en perjuicio de Mereida Alcudia Olán y de la Empresa PROVIDENT, S.A. de C.V.; sin que respecto de ese apartado se aprecie queja deficiente que suplir, en beneficio de la parte quejosa. En diverso aspecto, contrariamente a lo que alega la parte promovente de la acción constitucional, el juez natural no se circunscribió a realizar una afirmación genérica en lo que concierne al apartado de la probable responsabilidad; sino que motivó cuáles fueron los elementos suficientes para establecer al menos en un grado aproximado a la certeza que el aquí quejoso efectivamente fue la persona que perpetró el cuerpo del delito de robo agravado. En efecto, es importante destacar que la autoridad responsable indicó, como elemento incriminatorio preponderante en perjuicio del quejoso, la delación de la víctima del delito Mereida Alcudia Olán, la cual asentó en la determinación que constituye el acto reclamado de la siguiente manera: ". de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 214 y 277 de la ley procesal penal, las pruebas antes enunciadas resultan por su enlace lógico, armónico y natural, idóneas, pertinentes, fehacientes y suficientes jurídicamente para tener por comprobada la probable responsabilidad del indiciado de que se trata en cuanto a este delito, puesto que las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución, se acreditaron con el señalamiento de la agraviada del delito MIREIDA ALCUDIA OLAN, hace ante el agente del Ministerio Público Investigador, al señalar que cuando eran aproximadamente las veinte horas del día veintiséis de noviembre de dos mil once, se dirigía hacia su domicilio después de trabajar efectuando cobros de la Financiera, y cuando iba precisamente sobre la calle Uno, enfrente de la Iglesia Santa Teresita del Infonavit Santa Rosa, de la ciudad de Acayucan, fue cuando vio que los tres sujetos que denuncia iban delante de ella, uno de ellos llevaba una cerveza modelo en la mano, entonces la agarró "El Chino"; y de ahí se le abalanzaron los otros dos, y uno de ellos le dijo que soltara la lana, y entre ese y otro sujeto le arrebataron la bolsa, mientras que LUIS ASAEL TORRES MARTÍNEZ la amenazaba con un arma blanca, precisando que en la bolsa de mano de color negra llevaba como seis mil quinientos pesos en efectivo, de los cuales cinco mil pesos eran de ella, que ese dinero lo había cobrado en el Banco Banamex, ya que llevó un cheque que cobró ese día a las nueve de la mañana, porque con ese dinero iba a realizar un pago a una señora de nombre LUISA que vive en la misma calle de su casa del mismo Infonavit, que le había prestado dicha cantidad, pero como no la encontró fue que llevaba ese dinero, y mil quinientos pesos eran de la empresa PROVIDENT, porque venía de realizar los cobros de la colonia Chichihua, que el dinero eran puro billetes y algunas monedas, que los billetes eran de diferentes denominaciones, como son de quinientos, de doscientos, de cien, y de cincuenta pesos, que los cinco mil pesos suyos, eran puros billetes de quinientos pesos, así mismo dijo que además del dinero que llevaba en su bolsa, traía un celular marca LG, color negro, sin cámara, su credencial de elector, CURP, y nada más, que testigo de esos hechos fue una persona que estuvo presente, que vive en las casas Vivhas de esa ciudad, y le dijo que lo buscara que era panadero; asimismo, precisó que LUIS ASAEL TORRES MARTÍNEZ alias "El Chino" lo conoce de vista, que tiene dieciocho años, que no se acuerda cómo era el cuchillo. Dichas consideraciones del juez natural encuentran sustento en las constancias de autos, puesto que en la diligencia en la que se recabó la denuncia, la ahora tercera interesada refirió expresamente "Que comparezco ante esta autoridad en forma voluntaria para presentar formal denuncia y/o querella en contra de las personas que ahora sé se llaman. LUIS ASAEL TORRES MARTÍNEZ, Alias EL CHINO, quien tiene su domicilio en la calle México, número 205, de la Colonia Chihuahua, de esta ciudad."; asimismo, indicó: "A LUIS ASAEL TORRES MARTÍNEZ, alias "EL CHINO" lo conozco de vista, igual que a FREDY, que estos tienen como dieciocho años cada uno aproximadamente ,que no me acuerdo cómo era el cuchillo, que nunca me imaginé que me fueran a robar, ya que estos señores me conocen, pero al parecer estos ya me estaban esperando, por lo que solicito que se investiguen los hechos denunciados y se castigue a los responsables". Como se observa, la denunciante identificó de manera plena al aquí quejoso y a los demás agentes del delito, pues refirió que los conocía, sabía su nombre e incluso afirmó que pensó que ellos no le iban a robar, debido a que ellos también la conocían. De esta manera, la declaración de la víctima fue correctamente valorada por el juez natural, de conformidad con el artículo 277, fracción VII, del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado en la época de los hechos, puesto que fue realizada por una persona mayor de edad, ante el agente del Ministerio Público, en diligencia formal, y quien en pleno ejercicio de su capacidad, narró las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron los hechos, y que conoció a través de los sentidos, por ser la víctima directa en la comisión del cuerpo del delito; máxime que no se advierten indicios que hagan presumir que tuviera algún motivo de odio o rencor en contra del procesado, aquí quejoso. No se soslaya el hecho de que en la ampliación de declaración que Mereida Alcudia Olán realizó ante el juez penal en la etapa de preinstrucción del proceso, se haya pronunciado en el sentido de liberar de responsabilidad del solicitante de la protección federal, señalando ya no querer nada en contra de éste. Sin embargo, no se aprecia que se hubiere retractado de la imputación firme y directa que le formuló como probable responsable en la comisión del cuerpo del delito antes señalado; sino que se aprecia qué básicamente sostuvo que al tratarse de un asunto que sucedió hace mucho tiempo, ya no quería seguir acudiendo al juzgado de origen, pues entre otras cosas, le salía caro el pasaje. Además, cabe destacar que aunque la citada víctima se hubiera retractado (lo cual no sucedió), lo cierto es que las primeras declaraciones pesan sobre las posteriores, cuando no está debidamente justificada la retractación; de ahí que, dada la naturaleza del delito y su gravedad, en nada beneficie al quejoso la manifestación de la víctima en el sentido de que ya no quería nada en su contra. Por la razón jurídica que contiene, se cita la tesis I.7o.P.114 P (10a.), emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con número de registro digital 2017242, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 55, Junio de 2018, Tomo IV, página 3070, de rubro y texto: "INMEDIATEZ PROCESAL EN MATERIA PENAL. ANTE LA RETRACTACIÓN DE UN TESTIGO, ESE PRINCIPIO NO OPERA EN AUTOMÁTICO, POR LO QUE PARA OTORGARLE A ÉSTA VALOR PROBATORIO Y, EN SU CASO, EFICACIA DEMOSTRATIVA, DEBEN SATISFACERSE LOS REQUISITOS QUE LE DAN SENTIDO. Conforme al principio de inmediatez procesal en materia penal, las primeras declaraciones prevalecen sobre las posteriores; sin embargo, esa preferencia sólo se actualiza cuando en las segundas se satisfacen los requisitos de verosimilitud, ausencia de coacción y existencia de otros medios de prueba que las corroboren. Así, ante la retractación de un testigo, ese principio no opera en automático, pues para otorgar valor probatorio y, en su caso, eficacia demostrativa a esa retractación, deben satisfacerse los requisitos que le dan sentido; para lo cual, es necesario que la autoridad señale el motivo por el que consideran acreditadas esas exigencias, incluso, desestime aquellos argumentos relacionados con ellas, por ejemplo, si quien declara señala haber sido coaccionado para: a) hacerlo en determinado sentido; o, b) firmar el documento que contiene su testimonio sin permitirle leerlo previamente; de no hacerlo así, la afirmación en cuanto a que opera ese principio debe considerarse dogmática, porque desatiende circunstancias vinculadas con los requisitos de su legal aplicación". En diverso orden, este juzgador no soslaya la declaración preparatoria que rindió Luis Azael Torres Martínez por escrito, de la siguiente manera: "Que, bajo protesta de decir verdad y bajo el amparo de mi presunción de inocencia, declaro que no he cometido el delito por el que se me acusa, por lo que niego los cargos que me hace la agraviada y el Ministerio Público, porque se me está confundiendo con diversa persona con relación a los hechos ocurridos el veintiséis de noviembre del año dos mil once, hace casi once años que, dice la señora que me acusa, ocurrieron en su persona. Lo cierto es que yo trabajé en la fecha que se señala la señora que se dice víctima, quien dijo a los vecinos que la habían asaltado, pero, mucho se rumoró entre los que la conocen que esta mujer se habíaautorobado porque tenía muchas deudas y había dejado mucha gente en el buró de crédito porque se decía que trabajaba para una financiera. Sin embargo, al día siguiente, es decir, el veintisiete de noviembre del año dos mi once, por la mañana y en compañía de mi hermana, fuimos a la casa de la señora para preguntarle porque (sic) anduvo diciendo que yo la había asaltado, saliendo dicha persona y nos dijo que ella no había dicho nada y menos señalado a nadie, porque, nos dijo, ni siquiera vio quienes fueron los que la robaron, que ella no andaba diciendo que el declarante la había asaltado. Con esa aclaración, nos retiramos de su casa, no sin antes decirle que habíamos ido para evitar cualquier malentendido porque éramos vecinos y no queremos problemas con nadie. Cabe aclarar que ocho días después de la visita a la casa de la señora que me acusa, me llevaron un citatorio a mi casa y unos agentes me fueron a sacar donde estaba trabajando, allá por la empresa Carpín de Acayucan, y me presentaron al Ministerio Público, sin que la señora que hoy me acusa se hubiera presentado, a pesar que el Ministerio Público me informó que la habían citado, diciéndome la autoridad que como no se presentó el día que fui llevado ante ellos, ya no había problema y que si me necesitaban para declarar que me volverían la citar, por eso no declaré nada y pensé que el problema estaba aclarado. Nunca más fui citado a declarar hasta el día que me detuvieron y me informaron que después de diez años estaban involucrándome en un hecho que no cometí con relación a dicha persona que me acusa. Debo decir también que no conozco a las personas que señalan como cómplices del robo y que dice la acusada que participé con ellos, cosa que no es cierta, ni tampoco existe alguien que atestigüe en mi contra o me señale como delincuente, porque no tengo trato con ninguna persona que se dedique a la delincuencia. Es todo lo que tengo que declarar y le pido al Juez me libere porque ha pasado ya mucho tiempo de lo que se me acusa y porque se trata de un delito que no cometí." Lo resaltado es propio. Sin embargo, como sostuvo el juez natural, dicha negativa de los hechos quedó desvirtuada, al menos hasta la etapa procesal que se analiza; pues en el caso se encuentra con la imputación firme y categórica de la víctima en contra del ahora quejoso, y de manera periférica se cuenta con el testimonio de una persona de nombre Javier Neftalí Ocampo Tapia, quien presenció cuando tres sujetos del sexo masculino se acercaron a la agraviada, le quitaron diversos objetos y corrieron para darse a la fuga; testimonio que corrobora de manera indiciaria lo relatado por la víctima, en cuanto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se verificó el sector corpóreo. Respecto del valor probatorio que merece la declaración de la parte agraviada, se cita la jurisprudencia II.2o. J/8, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con número de registro digital 214586, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 70, Octubre de 1993, página 51, de rubro y texto siguiente: "OFENDIDO, VALOR DE LA DECLARACION DEL. Es inatendible el argumento que niega valor probatorio a la declaración del paciente del delito, pues tanto equivaldría a sostener que era innecesario en la investigación judicial, el examen de la víctima, de la infracción. En estas condiciones, la prueba de responsabilidad de determinados delitos que, por su naturaleza, se verifican casi siempre en la ausencia de testigos, se dificultaría sobre manera, pues de nada serviría que la víctima mencionara el atropello, si no se le concedía crédito alguno a sus palabras. La declaración de un ofendido tiene determinado valor, en proporción al apoyo que le presten otras pruebas recabadas durante el sumario por si sola podrá tener valor secundario, quedando reducido al simple indicio, pero cuando se encuentra robustecida con otros datos de convicción, adquiere validez preponderante". Ahora, es importante señalar que por probable responsabilidad debe entenderse la concurrencia de datos suficientemente eficaces para considerar viable la demostración futura de lo que en una etapa procesal preliminar representa al menos una razonable deducción de intervención en los hechos, al grado de justificar el potencial juicio de reproche más allá de la simple posibilidad o eventualidad, pues esto último representaría, entre los grados del conocimiento, un estado absoluto de dubitación o incertidumbre, que de ningún modo justifica, conforme a los lineamientos de la Ley Fundamental, la afectación de la libertad de un gobernado. Por ello, la concurrencia de los datos objetivos antes señalados, permiten establecer, al menos hasta la etapa procesal que se analiza, que se encuentran satisfechos los elementos de forma y fondo para el dictado del auto de formal prisión reclamado en esta vía. Orientan a lo anterior las tesis del entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito de rubro y texto siguiente: "AUTO DE FORMAL PRISION, DATOS DE LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO, PARA EL DICTADO DE. Si bien es cierto que, en términos de lo dispuesto por el artículo 19 constitucional, para dictar un auto de formal prisión no se requiere la comprobación plena de la responsabilidad del inculpado, en la comisión del delito que se le imputa, sino sólo datos que hagan probable dicha responsabilidad; cierto es también, que esa probable responsabilidad implica la existencia de datos que, en un examen preliminar, lleven a estimar, con un grado aproximado de certeza, la participación del inculpado en la ejecución del delito que se le imputa, que precisamente por ese grado de convicción, hagan razonable y justo someterlo, mediante el dictado del referido auto, a formal procesamiento, para que posteriormente se dicte sentencia en la que en definitiva se establezca su plena culpabilidad o, en su defecto, se le absuelva; por lo que es evidente que la sola existencia de denuncia o querella y de declaraciones de testigos o de otros datos, no satisface los requisitos de fondo exigidos para el pronunciamiento de un auto de formal prisión, si, en un examen preliminar, se advierte que todos los datos aportados no hacen probable, en un grado de convicción superior a la posibilidad y aproximado a la certeza, la responsabilidad del inculpado en la comisión del delito que se le imputa." En conclusión, del estudio de fondo contenido en la presente sentencia, se advierte suficiencia probatoria y una debida valoración de los elementos de convicción, de manera que, como sostuvo el juez natural, es posible tener por justificada de manera probable la responsabilidad penal de Luis Azael Torres Martínez en la comisión del delito de de robo agravado, previsto y sancionado en el artículo 202, fracción I, párrafo cuarto, en relación con el 205, fracción II, incisos a) y b) del Código Penal del Estado de Veracruz, vigente en la época de los hechos (veintitrés de noviembre de dos mil once) cometido en agravio de Mereida Alcudia Olán y de la Empresa PROVIDENT, S.A. de C.V. Consecuentemente, lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. negativa se hace extensiva al diverso acto de ejecución combatido, al no haberse reclamado por vicios propios. Séptimo. Publicación de datos. Por otra parte, en cumplimiento a los artículos 11, 73, fracción II y 68 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en atención a que durante la integración del expediente las partes no expresaron su inconformidad respecto a la publicación de su nombre y demás datos personales en la sentencia que ahora se dicta, en tales condiciones, publíquese la presente con supresión de esos datos y los sensibles, entiéndase que el fallo quedará a disposición del público para su consulta cuando lo soliciten. Octavo. Expedición de copias. Ahora bien, en aras de cumplir con la impartición de una justicia pronta, completa e imparcial, como lo establece el artículo 17 Constitucional, y con el fin de evitar las promociones de las partes solicitando copia de la sentencia, lo cual acarrearía la distracción del personal actuante de este juzgado en realizar los acuerdos correspondientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, expídase a costa de las partes una copia simple o certificada, según lo soliciten al momento de comparecer ante el personal actuante, de la sentencia dictada, previa razón de entrega que se realice y firma de recibo de parte interesada que se recabe. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 107 fracción II, párrafo inicial de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1°, fracción I, 74, 75, 76 y 124 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Luis Azael Torres Martínez o Luis Asael Torres Martínez, por conducto de sus defensores particulares Nayeli Ángeles González y Martín Gracia Vázquez, contra el acto que reclamó del Juez Primero de Primera Instancia, de San Andrés Tuxtla, Veracruz, consistente en la resolución de veintisiete de abril del año en curso, emitida en el proceso penal 873/2017, y contra su ejecución, atribuida al Director del Centro de Reinserción Social de dicho municipio; por las razones señaladas en el considerando sexto de esta sentencia. SEGUNDO. Se ordena proteger el nombre, los datos personales de las partes y demás intervinientes, en los términos del considerando octavo de la propia sentencia. TERCERO. Expídase a costa de las partes una copia simple o certificada, según lo soliciten al momento de comparecer ante el personal actuante, de la sentencia dictada, previa razón de entrega que se realice y firma de recibo de parte interesada que se recabe. Notifíquese personalmente a la parte quejosa -por conducto de su autorizado- y a la parte tercero interesada (persona moral); por lista a la tercero interesada (persona física); por correo electrónico a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita en materia de amparo; y por oficio a las autoridades responsables y fiscal tercero interesado. Así lo resolvió y firma electrónicamente el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, Luis Rafael Bautista Cruz, hasta hoy, veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del órgano jurisdiccional, asistido de Sandra Alicia Castelán González, secretaria con quien actúa y da fe. Doy Fe. SACG/lxroCertificación: Con fundamento en el artículo 26 bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, reformado mediante el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, la secretaria del juzgado CERTIFICA: Que la presente sentencia fue dictada en fecha distinta a la de la celebración de la audiencia constitucional, porque así lo permitieron las labores del juzgado. Doy Fe.Vistos, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo 488/2022, promovido por Nayeli Ángeles González y Martín Gracia Vázquez, en favor de Luis Azael Torres Martínez, contra actos de las autoridades mencionadas en la demanda de amparo; y,
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E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Luis Azael Torres Martínez o Luis Asael Torres Martínez, por conducto de sus defensores particulares Nayeli Ángeles González y Martín Gracia Vázquez, contra el acto que reclamó del Juez Primero de Primera Instancia, de San Andrés Tuxtla, Veracruz, consistente en la resolución de veintisiete de abril del año en curso, emitida en el proceso penal 873/2017, y contra su ejecución, atribuida al Director del Centro de Reinserción Social de dicho municipio; por las razones señaladas en el considerando sexto de esta sentencia. SEGUNDO. Se ordena proteger el nombre, los datos personales de las partes y demás intervinientes, en los términos del considerando octavo de la propia sentencia. TERCERO. Expídase a costa de las partes una copia simple o certificada, según lo soliciten al momento de comparecer ante el personal actuante, de la sentencia dictada, previa razón de entrega que se realice y firma de recibo de parte interesada que se recabe.
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