Luis Arturo Zavala Rosas y Otros.
Expediente 335/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 25 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 335/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 03/08/2023
Partes del expediente
- Luis Arturo Zavala Rosas y Otros.
- Luis Arturo Zavala Rosas
- Eduardo Ampudia Fraustro y Otros.
- Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.
- Ivan López Hinojosa y Otros.
- Juez Primero de distrito de Amparo de Materia Penal de la Ciudad de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
MESA II..."Ciudad del Carmen, Campeche, tres de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio sin número de ****, mediante el cual, toma protesta del cargo conferido en proveído de veintisiete de julio de dos mil veintitrés. En atención a lo anterior, se tiene al licenciado *****, dando cumplimiento a lo ordenado en proveído de veintisiete de julio de dos mil veintitrés, por lo tanto, téngase al licenciado Manuel Sánchez Vera, por aceptado y protestado el cargo que le fue conferido; consecuentemente, se le discierne el cargo de defensor público de la parte quejosa *****, como representante común de los quejosos, en este juicio de amparo indirecto, con el cúmulo de derechos y obligaciones que la ley señala. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J.5/91, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII, agosto de 1991, página 65, Octava Época, intitulada: " "DEFENSOR. RECONOCIMIENTO DEL CARACTER DE. PARA ELLO ES NECESARIO ACEPTAR Y PROTESTAR DICHO CARGO", subyace una contradicción en el sentido de que el Segundo Tribunal Colegiado sostiene que la aceptación del cargo del defensor no es un acto de tácito efecto en tanto el criterio que sustenta el Primer Tribunal Colegiado es en el sentido de que si el defensor nombrado realiza actos de defensa, tales actos implican tácitamente aceptación del cargo. La contradicción debe resolverse en favor de la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado, en virtud de que para que los actos de defensa en los juicios del orden criminal principien a tener vigencia, es indispensable que el defensor acepte el cargo, lo cual hará ante el órgano correspondiente tan pronto se le dé a conocer su designación. Esta aceptación deberá constar fehacientemente, ya sea de manera expresa o tácita para que surta sus efectos legales. Se llega a esta conclusión en virtud de que el defensor independientemente de tener la obligación de obrar por ministerio de ley, es el asesor técnico que presta sus servicios profesionales al acusado y como tal el artículo 2547 del Código Civil para el Distrito Federal, que contempla disposiciones relativas al contrato de mandato que se otorga para el ejercicio de una profesión, establece que su aceptación puede ser expresa (de palabra, por escrito o por signos inequívocos) o tácita, cuando el mandatario ejecuta los actos que le encomienda el mandante, sin que declare que acepta el mandato." Asimismo, se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones en el área de asesoría jurídica de las oficinas del Instituto Federal de Defensoría Pública ubicada en el Centro de Justicia Federal, anexo al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, que se ubica en Jaime Nunó, número 175, P.B, Colonia Zona Escolar, código postal 07210, Alcaldía Gustavo A. Madero. INCOMPETENCIA. Visto el estado de autos, se advierte que en proveído de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, se tuvo por recibida la demanda de amparo promovida por ***** y otros; ahora bien, del análisis integro de la demanda de amparo, el suscrito considera carecer de competencia legal para para conocer y resolver el presente juicio de amparo, por las consideraciones de hecho y de derecho que a continuación se exponen: La competencia es un presupuesto de validez del proceso, de ahí que el juzgador debe verificar si la tiene o no para conocer del mismo, y en caso de considerarse incompetente, deberá abstenerse de conocer de la controversia planteada. La regla general de competencia para conocer del juicio de amparo se ve materializada en el artículo 37 de la Ley de Amparo, de la siguiente manera: a) Si el acto reclamado requiere ejecución: 1. El del lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución. 2. El del lugar donde el acto que se reclame trate de ejecutarse. 3. El del lugar donde el acto que se reclame se esté ejecutando o se haya ejecutado. 4. El del lugar en el que se presente la demanda, cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro. b) Si el acto reclamado no requiere ejecución material, el del lugar en el que se presente la demanda. Del contenido de dicho precepto se advierte, que la competencia en el amparo se determina en favor del Juez de Distrito en donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado o bien en lugar en el que se presente la demanda, cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro. La anterior regla cobra sentido si se toma en consideración que al otorgar competencia a aquellos jueces dentro de cuya jurisdicción se vayan a llevar a cabo, se estén realizando o se hayan consumado los actos de ejecución, se busca facilitar el desarrollo por parte del Juez de Distrito de todas las diligencias relacionadas con el juicio de amparo, que permitan una resolución pronta y eficaz, la cual produce una trascendencia efectiva en la esfera jurídica de los gobernados, cuestión de importancia relevante en el juicio de amparo. Del análisis de la demanda de amparo, se advierte que los quejosos reclaman de las autoridades penitenciarias actos reclamados que hacen consistir en diversas reubicaciones de dormitorios, que dicen les generan afectaciones psicofísicas y emocionales: tortura psicofísica y emocional con fines intimidatorios ataques y actos de coacción; restricción de reubicarlos de dormitorio; violencia y agresiones psicoemocionales; desacato de cumplir órdenes judiciales y órdenes de suspensión; traslado de los quejosos a otro centro penitenciario: intimidación, castigos ilegales y agresiones; discriminación; restricción de comunicación, contacto y de convivencia entre quejosos; inconstitucionalidad del reglamento que usan las autoridades. A la Fiscalía de Servidores Públicos de la Ciudad de México, le reclamaron la omisión de investigar actos constitutivos de delitos cometidos por servidores públicos; y al Director de la penitenciaria de la Ciudad de México, Subdirector jurídico de la penitenciaria de la Ciudad de México, Subdirector de Seguridad de la Penitenciaria de la Ciudad de México, Subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Comité técnico de la Penitenciaria de la Ciudad de México, Subdirectora de apoyo técnico de la Penitenciaria de la Ciudad de México, Jefe de la Unidad Departamental de Diagnostico Ubicación y Determinación del Tratamiento de la Penitenciaria de la Ciudad de México, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Jefatura de la Unidad Departamental de Jurídico y Normatividad de la de la Penitenciaria de la Ciudad de México, la omisión de suspender de sus funciones a los servidores públicos bajo investigación ministerial; así como el encubrimiento de los actos de tortura; restricción de comunicación, contacto y de convivencia entre quejosos; e inconstitucionalidad del reglamento que usan las autoridades. Mientras que, a los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México (del primer al decimoséptimo), Jueces de Distrito de Amparo en Materia Administrativa y Civil de la Ciudad de México (del primer al decimoséptimo), Jueces de Distrito de los Estados de Aguascalientes, Colima, Chiapas, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora (excepto los de Ciudad Obregón, Sonora) Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Tabasco y Zacatecas, les atribuyeron los actos reclamados, consistentes en la violación al principio pro persona y la inaplicación de criterios internacionales. La contraposición de la premisa normativa con la fáctica, permite concluir que el órgano jurisdiccional competente para conocer de la problemática corresponde al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno. Ahora, es verdad que conforme a lo que dispone el artículo 38 de la Ley de Amparo, se da el supuesto de excepción de la competencia territorial, cuando la demanda de amparo se promueve contra el acto de un Juez de Distrito; caso en el que debe conocer otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca. No obstante, este supuesto no se surte en el caso en concreto, ya que si bien la parte quejosa atribuye a los diversos Jueces de Distrito (entre ellos, a este órgano jurisdiccional), los actos que enumeró bajo los ordinales 18 y 19, consistentes en violación al principio pro persona y la inaplicación de criterios internacionales, los cuales no son actos propiamente, sino calificativos y conceptos de violación, pues el acto reclamado es el "continente" no el "contenido". En ese tenor, no se advierte un acto reclamado atribuido al Juez declinante, ni a ninguno de los Jueces de Distrito; por lo que, no se está frente a un caso en donde se materialice el referido supuesto excepcional, establecido en el artículo 38 de la Ley de Amparo. Ello, pues debe tomarse en cuenta que entre los diversos actos reclamados, como son ataques y actos de coacción, intimidación, discriminación, violación al principio pro persona, restricción de comunicación, son de naturaleza positiva; por lo cual, resulta evidente que son actos que tienen ejecución material en el lugar en el que se encuentran recluidos (Ciudad de México), pues la pretensión de los peticionarios del amparo es la cesación de esos actos. Con base en lo anterior, se concluye que la regla de competencia por territorio a la que hay que acudir, es la prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que finca los atributos para conocer de la demanda relativa, a favor del juez de distrito que ejerza jurisdicción en el lugar en el que deba, trate, se esté o se haya ejecutado el acto reclamado; es decir, en el domicilio del establecimiento penitenciario. Sin que obste a lo anterior, que dentro de los actos reclamados hayan señalado como tales, la omisión de investigar actos constitutivos de delitos cometidos por servidores públicos y omisión de suspender de sus funciones a los servidores públicos bajo investigación ministerial; pues constituyen una omisión con efectos positivos que implican un deber legal y efectivo de la autoridad responsable; es decir, consisten en una actividad que el gobernado estima violatoria de sus derechos fundamentales; por lo que, se traducen en un no hacer e implican una molestia. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia 1a./J. 24/2021 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Septiembre de 2021, Tomo II, página 1873, Undécima Época, de rubro siguiente: "OMISIÓN DE DICTAR SENTENCIA EN EL PROCESO PENAL.LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO QUE AL RESPECTO SE PROMUEVA SE SURTE EN FAVOR DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE EJERCE JURISDICCIÓN SOBRE LA AUTORIDAD QUE DEBA DICTAR LA SENTENCIA (SISTEMA PENAL TRADICIONAL). Hechos: En diversos amparos indirectos se reclamó la omisión de dictar sentencia en el proceso penal en un plazo razonable. Los Tribunales Colegiados contendientes sostuvieron criterios distintos relativos a si dicha omisión es o no un acto que requiere ejecución material a fin de determinar cuál sería el órgano jurisdiccional competente. Un tribunal consideró que ese acto es uno omisivo con efectos positivos, por lo que el órgano de amparo competente es el del lugar en donde se tramita el proceso penal; en cambio, el otro tribunal sostuvo que ese acto es omisivo, sin efectos materiales, por lo que el órgano jurisdiccional competente será el del lugar en el que se presente la demanda, sin importar que sea un lugar distinto al que se tramite el proceso penal. Criterio jurídico: Esta Primera Sala considera que no dictar sentencia en el proceso penal en un plazo razonable es una omisión con ejecución material, y por lo tanto se actualiza la regla de competencia prevista en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Siendo así, el órgano de amparo que ejerza jurisdicción en donde se ubique aquel que ha incumplido dicha obligación, será el competente para conocer de la demanda de amparo indirecto. Justificación: De conformidad con los artículos 20, apartado A, fracción VIII, y 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho), todas las autoridades jurisdiccionales tienen la obligación de dictar con prontitud la resolución definitiva que resuelva el proceso. Incumplir con este mandato, genera una omisión con consecuencias materiales, ya que vulnera de manera directa el derecho que tiene toda persona imputada a recibir justicia de manera pronta y expedita. Por tanto, cuando se reclame dicha omisión en un juicio de amparo, pero la persona imputada esté guardando prisión preventiva en un centro penitenciario que reside en un lugar distinto al lugar en donde se encuentra el órgano jurisdiccional que esté llevando su proceso, la competencia para conocer del juicio recaerá en el órgano de amparo que ejerza jurisdicción sobre la autoridad que conoce del proceso penal. Lo anterior, con base en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, en el que se establece que la competencia -por razón de territorio- está definida por el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual en el caso es en donde se desarrolla el proceso penal de una persona privada de la libertad y no así por el lugar en donde acontece la ejecución de la prisión preventiva. Ello, porque esto último es una cuestión accidental susceptible de encontrarse determinada por aspectos incluso de distribución de espacios en los centros penitenciarios, ya que puede ocurrir el caso en que se finque competencia a un órgano jurisdiccional que esté en la residencia en la que en ese momento se encuentre interna la persona procesada y posteriormente sea trasladada a otro centro penitenciario." Lo expuesto se explica, si consideramos que las omisiones reclamadas tienen una ejecución, en la medida que, la investigación de actos constitutivos de delito llevarán a la emisión de una determinación por parte de la autoridad investigadora. De igual modo, no obsta que los quejosos reclamen la orden de traslado del centro penitenciario de la Ciudad de México - donde se encuentran recluidos- a otro centro diverso, pues al desconocerse el lugar al que supuestamente serán trasladados, es competente para conocer de dicho acto el juzgado de distrito con residencia en el lugar donde los quejosos estén recluidos. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 64/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2020828, de rubro siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN INTERNO DE UN CENTRO DE RECLUSION A OTRO, CUANDO SÓLO SE TIENE NOTICIA CIERTA DEL LUGAR DONDE COMENZARA LA EJECUCIÓN DE ESE ACTO, PERO NO DEL SITIO DONDE CONTINUARÁ EJECUTÁNDOSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON RESIDENCIA EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO SE ENCUENTRE RECLUIDO." Con base en lo anterior, se concluye que la regla de competencia por territorio a la que hay que acudir, es la prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que finca los atributos para conocer de la demanda relativa, a favor del juez de distrito que ejerza jurisdicción en el lugar en el que deba, trate, se esté o se haya ejecutado el acto reclamado; es decir, en el domicilio del establecimiento penitenciario. En esa tesitura, este juzgador estima que la reubicación de los dormitorios dentro del centro de reclusión en la Ciudad de México, y demás actos reclamados por los quejosos, son competencia de un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal con domicilio en esa ciudad; al reclamarse actos con efectos positivos, que de ser ciertos, tendrán ejecución en la Ciudad de México. Aun cuando en la demanda de amparo los quejosos señalaron como autoridades responsables a todos los jueces de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México y en los territorios de las entidades federativas inmediatas, lo relevante es que, al estar definido que ese tipo de actos, como los reclamados, son competencia de la materia penal, por un principio de necesidad en la impartición de justicia, es necesario que conozca y resuelva el asunto un Juzgado de Distrito en Materia Penal del lugar en donde se encuentran recluidos. Máxime si se toma en consideración que del artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, no se desprende la competencia de los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal, para dictar o ejecutar órdenes de traslado o de cambio de dormitorio, los cuales indefectiblemente son atribuidos a autoridades penitenciarias; pues para que se justifique la incompetencia de los Jueces de Distrito, es necesario que el acto reclamado derive de un procedimiento ordinario de orden federal, o por lo menos, de un procedimiento diverso al amparo, tramitado ante el mismo órgano. Por tanto, se concluye que el señalamiento como autoridad responsable, a los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, entre otros juzgadores federales, no es motivo suficiente para que, de manera inicial, se rechace la competencia por materia y territorio que les corresponde; principalmente, en función de que no se aprecia con exactitud qué acto o actos le atribuye de manera particular. Bajo las relatadas consideraciones, con fundamento en los artículos 37, primer párrafo y 48 de la Ley de Amparo, este juzgado se declara legalmente incompetente para conocer y resolver del presente juicio, por tanto, resulta competente para conocer de la demanda de amparo el Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal, con sede en la Ciudad de México, en turno. INTEGRACIÓN DE CUADERNO DE ANTECEDENTES. Con copia certificada de la demanda de amparo, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. NOTIFICACIÓN POR EXHORTO. De la demanda de amparo se advierte que los quejosos se encuentran recluidos en la Penitenciaría de la Ciudad de México, por tanto de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, es necesario notificarles el presente acuerdo de forma personal, por conducto de su representante común. En consecuencia, de conformidad con el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con fundamento en los artículos 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en los numerales 1, 27, 28, 79 a 82 y 101, párrafo primero, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, gírese atento exhorto a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, ordene a quien corresponda notifique a los quejosos, por conducto de su representante común **** el presente proveído, debiendo entregarle copia autorizada del mismo. Para la realización de la diligencia, se faculta desde este momento al homólogo exhortado para que en términos del numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, habilite días y horas inhábiles para dar cumplimiento a la encomienda solicitada. Asimismo, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se les prevenga para que al momento de que sean notificados de este auto, señalen representante común de los quejosos. Hecho lo anterior, devuelva por la misma vía las actuaciones que realice, sin que se requiera el acuse de recibo correspondiente, toda vez que el sistema lo genera al momento del envío. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro cuatro: "de comunicaciones oficiales enviadas", así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese por exhorto al representante común de la parte quejosa y por lista al resto de las partes.
- Principal
MESA II..."Ciudad del Carmen, Campeche, uno de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio *****, de la Secretaria del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el estado de Tamaulipas con residencia en Ciudad Madero, mediante el cual, transcribe el acuerdo de veintisiete de julio del año en curso, dictado en el juicio de amparo indirecto *****, del que se desprende que solicita a este órgano jurisdiccional informe la determinación emitida en el presente juicio de amparo en atención a la ejecutoria pronunciada por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con sede en Campeche, dentro del conflicto competencial *****, a fin de estar en estar en aptitud de proveer lo conducente al destino del cuaderno de antecedentes. En atención a lo anterior, envíese copia a la autoridad oficiante del acuerdo de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, mediante el cual, se tuvo por recibido el oficio 12062 del Actuario Judicial del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con residencia en San Francisco de Campeche, Campeche, a través del cual transcribió la ejecutoria emitida en sesión de siete de octubre de dos mil veintidós, en el conflicto competencial *****. Cúmplase.
- Principal
MESA II..."Ciudad del Carmen, Campeche, veintisiete de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan las constancias que integran el presente expediente, se advierte que en veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, se giró el exhorto *** (orden *****) al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México en turno, a efecto que en auxilio de este órgano jurisdiccional, notificara al Instituto Federal de Defensoría Pública con residencia en Ciudad de México el auto de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, en el que se requirió designara asesor jurídico a los quejosos **** y otros, toda vez que dichos quejosos se encuentran recluidos en la penitenciaría de Santa Marta Acatitla, Ciudad de México. En consecuencia, en auto de once de abril de dos mil veintitrés, se designó a *****, como defensor jurídico de los quejosos, asimismo, refirió se le excuse en la intervención del presente juicio, a lo que se proveyó que dicha solicitud tendría que realizarla con el superior quien lo designó y no ante este órgano jurisdiccional, por lo que hasta la presente fecha de las constancias que obran en los presentes autos, no se advierte que exista orden en contrario al respecto a la solicitud del asesor jurídico designado. En consecuencia, con la finalidad de que el defensor Público ******+, acepte y proteste el cargo conferido, se le requiere para que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, contadas a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, por escrito firmado electrónicamente por el citado defensor público con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), tome protesta del cargo conferido. Lo anterior, toda vez que la firma electrónica contenida en el escrito de aceptación y protesta de cargo, con su respectiva evidencia criptográfica, permite apreciar el nombre de su autor y su intención para realizar dicha actuación procesal, con lo cual este órgano jurisdiccional válidamente podrá cerciorarse que no se trate de un escrito en el que se haya suplantado al interesado o que obedezca a una causa ajena a su voluntad y, en función de ello, producirá los mismos efectos que el signado ante autoridad judicial. Notifíquese electrónicamente al defensor público Manuel Sánchez Vera y por lista a las demás partes.
- Principal
MESA II "... Ciudad del Carmen, Campeche, once de abril de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos las siguientes comunicaciones: 1. El oficio *** de la Actuaria adscrita al Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual, devuelve diligenciado el exhorto ** (número de orden ***), derivado de este juicio de amparo. Efectúense las anotaciones correspondientes en el Libro cuatro: "de comunicaciones oficiales enviadas", así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; sin que resulte necesario remitir el acuse de recibo correspondiente, toda vez que al haberse recibido vía electrónica, este se genera de manera automática. 2. El escrito del Defensor Público Federal adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, en el que refiere que le fue designado el cargo de representante de los quejosos, por parte del Titular de la Unidad de Defensa Penal, no obstante, solicita se le excuse de intervenir con tal cargo, por las razones que invoca. Al respecto, dígasele que si en el caso, estima que deberá excusársele de intervenir con el carácter que aduce le fue conferido, esto deberá plantearlo ante su superior jerárquico, por ser el órgano facultado para determinar sobre la procedencia de tal planteamiento y no ante este órgano jurisdiccional, por no ser la autoridad que confirió dicho cargo. Ahora bien, señala como domicilio para oír y recibir notificaciones en las oficinas que ocupa la defensoría Pública Federal en el centro de Justicia Federal anexo al ***; solicita que se le dé acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, con el nombre de usuario ***; proporciona el correo electrónico ***. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Por otra parte, como lo solicita el Defensor Público Federal, con fundamento en los artículos 6, 9, 10, 14, 16 y 21 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza al Defensor Público Federal con nombre de usuario ***, consultar el expediente electrónico formado con motivo del presente asunto. Por consiguiente, se instruye que se ingrese el nombre de usuario ***, al módulo de autorizado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que el referido autorizado, tenga acceso al expediente electrónico y pueda consultarlo. NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. A LA PARTE ACTORA. Por otra parte, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y 57 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se ordena que las notificaciones que le correspondan en este juicio al Defensor Público Federal, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, se le efectúen de manera electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con el nombre de usuario *** DATOS DE CONTACTO. Por otra parte, con fundamento en el artículo 57, del Código Federal de Procedimientos Civiles, en relación con el numeral 2° de la Ley de Amparo, no ha lugar a tener la dirección de correo electrónico que proporciona la tercera interesada, como medio de contacto para entablar comunicaciones no procesales. Lo anterior, en razón de que si bien es cierto, el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, preveía como forma especial y expedita de contacto para entablar "comunicaciones no procesales", como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, sin embargo, el aludido Acuerdo General estuvo en vigor hasta el seis de noviembre de dos mil veintidós, de conformidad con el artículo 1 del Acuerdo General 22/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 22/2020, relativo a las medidas necesarias para reactivar la totalidad de las actividades del consejo en el contexto de la contingencia por el virus covid-19, en relación con el periodo de vigencia. Notifíquese electrónicamente al Defensor Público Federal. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Joel Moisés Estañol González, secretario de juzgado con quien actúa y da fe
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