Luis Arturo Zacarías García y Otros.
Expediente 496/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 14 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 496/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 31/05/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Luis Arturo Zacarías García y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por Laura Ruíz Hernández, quien se ostenta autorizada del tercero perjudicado; mediante el cual, solicita copia certificada de diversas actuaciones que integran este asunto. Al respecto, dígasele respetuosamente que en el juicio de amparo en que se actúa, tiene reconocido el carácter de autorizada de la parte quejosa, en términos de la última parte, del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones, por lo que no se está en posibilidad de proveer lo solicitado.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por el autorizado de la parte quejosa; en atención a su contenido, como lo solicita con fundamento en lo dispuesto por los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele a su costa copia certificada de las constancias que indica y entréguesele al promovente o profesionista que autoriza para tal efecto, previa identificación y razón que por su recibo otorguen en autos.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por Laura Ruíz Hernández, quien se ostenta autorizada de la parte quejosa; mediante el cual, solicita copia certificada de diversas actuaciones que integran este asunto. Al respecto, dígasele respetuosamente que en el juicio de amparo en que se actúa, tiene reconocido el carácter de autorizada de la parte quejosa, en términos de la última parte, del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones, por lo que no se está en posibilidad de proveer lo solicitado.
- Principal
Del estado procesal que guarda este asunto y de la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el término concedido a la parte tercero interesada, para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación con el cumplimiento de la sentencia de amparo; asimismo, que el quejoso mediante escrito registrado con el número 26065, desahogó la vista otorgada en auto de seis de octubre pasado; por tanto, se procede a analizar si conforme con las constancias remitidas por la autoridad responsable, la sentencia de amparo está cumplida. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Para el indicado análisis, debe tomarse en cuenta lo siguiente: El acto reclamado la parte quejosa lo hizo consistir en la resolución de veinticuatro de marzo de dos mil quince, dictada en el juicio ordinario civil 08/2015/IV del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en esta ciudad, que redujo el monto de la pensión alimenticia provisional inicialmente decretada, de un cincuenta y cinco por ciento a un cuarenta y dos por ciento del sueldo y demás prestaciones que el quejoso percibía como empleado de la empresa paraestatal Comisión Federal de Electricidad , a favor de su cónyuge y menores hijas, aquí terceras interesadas, así como las consecuencias legales de esa resolución (fojas 37 a 43). En sentencia terminada de engrosar el veintidós de junio de dos mil quince, se concedió el amparo para el efecto de que el Juez responsable realizara lo siguiente: Dejara sin efectos la resolución reclamada; y: Con plenitud de jurisdicción emitiera una nueva determinación, en el mismo sentido o en uno diverso; pero, tomando como base las consideraciones apuntadas en la sentencia amparadora dictada en este asunto, esto es, debía subsanar completamente los vicios formales señalados en el fallo protector (fojas 37 a 43). En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el mencionado Juez responsable, remitió copia certificada de la resolución de dos de octubre del dos mil quince, dictada en el juicio ordinario civil 08/2015/IV de su índice, en la que determinó reducir el monto de la pensión alimenticia provisional inicialmente fijada, de un cincuenta y cinco por ciento a un treinta y cinco punto sesenta y seis por ciento del sueldo y demás prestaciones que el quejoso percibía como empleado de la empresa paraestatal Comisión Federal de Electricidad, a favor de su cónyuge y menores hijas, aquí terceras interesadas, así como las consecuencias legales de esa resolución (fojas 101 a 110). Con las constancias remitidas en cumplimiento a la sentencia de amparo por la autoridad responsable, en auto de seis de octubre del año en curso, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (foja 111). Mediante escrito registrado con el número 26065 (fojas 114 a 117), la parte quejosa desahogó la vista concedida y realizó diversas manifestaciones en relación con la sentencia dictada por el juez responsable en acatamiento al fallo protector, y solicita que se tenga por no cumplido el fallo protector. Previo análisis de las constancias de autos, se concluye respetuosamente que la ejecutoria de amparo está cumplida, debido a que de las documentales remitidas por el Juez responsable, se advierte lo siguiente: Dejó insubsistente la resolución de veinticuatro de marzo de dos mil quince, dictada en el juicio ordinario civil 08/2015/IV de su índice; y, Con plenitud de jurisdicción, dictó la resolución de dos de octubre del dos mil quince, en la que una vez que expresó de manera clara las circunstancias especiales del caso, determinó reducir la medida provisional decretada en el auto de inicio el trece de enero del año en curso; del cincuenta y cinco por ciento al treinta y cinco punto sesenta y seis por ciento de los ingresos del demandado; correspondiendo a la actora por derecho propio un uno por ciento y a las menores un diecisiete punto treinta y tres por ciento de dichos ingresos, para cada una, donde expuso el grado de certeza que en lo particular dio a cada una de las pruebas aportadas por las partes; expresando las razones lógicas y jurídicas que lo llevaron a determinar dicho grado valorativo, esto es, determinó que el valor que les otorgaba a las pruebas ofrecidas por la parte actora era pleno, en términos de los artículos 210, 266 y 327 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que justificaba el derecho de alimentos de la parte tercera interesada; y respecto del reclamante, una vez analizadas las circunstancias especiales del caso y las pruebas aportadas, consideró que justificó parcialmente sus argumentaciones, pues si bien sus ingresos se veían afectados, no menos cierto era que dicha resolución de reclamación solo analizaba el principio de proporcionalidad del monto, previsto por el artículo 242 de Código Civil para el Estado de Veracruz, y no el de procedencia; finalmente que por un error involuntario se fijaron alimentos en favor de Italina Casas Colorado, cuando no los solicitó; sin embargo, en la etapa de reclamación no podían cancelarse los alimentos porque ese no era su objetivo, pero si reducirse a un mínimo posible el porcentaje. Bajo las circunstancias narradas, PROCEDE DECLARAR CUMPLIDA la sentencia dictada en este asunto y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como concluido. Sin que obste a lo anterior, lo manifestado por la parte quejosa, en el sentido de que no está conforme con la resolución anteriormente analizada, por las razones que expone; al respecto, dígase al promovente, que el efecto de la concesión del amparo fue para que la autoridad responsable dejara insubsistente la resolución reclamada y con libertad de jurisdicción emitiera una nueva en la que subsanara los vicios formales puntualizados en el fallo protector; esto es, tomará en cuenta los agravios que le fueron puestos a consideración, lo que así se efectuó, si se observa que el juez responsable dio respuesta al agravio formulado por el quejoso en su escrito de reclamación, en el sentido de que su consorte no pidió los alimentos; expresando al respecto que por error fijó los alimentos para su cónyuge, cuando no fueron solicitados por ésta; por ende, al no poder cancelarla por las razones ahí expuestas, procedió a reducir al mínimo posible, es decir, al uno por ciento; y explicó por qué el porcentaje fijado como medida provisional es acorde con el principio de proporcionalidad; máxime que en reclamación sólo es dable analizar dicho principio y no su procedencia. Ahora bien, en relación al documento que exhibe para corroborar el exceso del porcentaje establecido como pago de pensión alimenticia; dígase al promovente que se esté a lo acordado en el párrafo que antecede, en donde se explicó que el porcentaje fijado como medida provisional era acorde con el principio de proporcionalidad, sin perjuicio de lo que se resuelva en sentencia definitiva; por tanto, dicha documental no puede ser tomada en cuenta en esta etapa procesal para los fines que pretende, ya que no se tiene la facultad de investigar la verdad, sino únicamente de proteger los derechos humanos resolviendo sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos que se reclaman en esta vía. No obstante lo anterior, dígase a la parte quejosa que tiene expeditos sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que estime pertinente. En ese contexto, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de depuración, debido a que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Por otra parte, al resultar innecesario conservar las copias certificadas del juicio ordinario civil 08/2015/IV, que el Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en esta ciudad, remitió en justificación a su informe de ley, la cual obra en un tomo por separado; devuélvasele, solicitándole atentamente que una vez que obren en su poder, acuse el recibo correspondiente.
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