Luis Arturo Ramírez Torreblanca

Expediente 1413/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1413/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
24/11/2022

Partes del expediente

  • Luis Arturo Ramírez Torreblanca
  • Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero. Ciudad.

Actuaciones

  1. Principal

    V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 1413/2022-II, promovido por ********************; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el diez de octubre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad y turnado al siguiente día a este Juzgado Séptimo, ********************, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra de la autoridad y acto que a continuación se especifican: AUTORIDAD RESPONSABLE: Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad. ACTO RECLAMADO: ".Omisión y/o negativa de la responsable en requerirle de pago a la demandada con el apercibimiento de la destitución señalada en el artículo 138 fracción II, dentro del expediente laboral 1048/2011, radicado en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Gro, ajustándose al procedimiento de ejecución señalado en los artículos 125, 126, 127, 128 y 138 de la Ley de trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero 248, violando con ello lo dispuesto en los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucional." SEGUNDO. Derechos fundamentales violados. En el escrito de demanda se señalaron como derechos fundamentales transgredidos los contenidos en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se expusieron los antecedentes y los conceptos de violación que se consideraron pertinentes. TERCERO. Admisión y Trámite. Por auto de catorce de octubre de dos mil veintidós, se admitió a trámite el presente asunto y se registró como juicio de amparo indirecto número 1413/2022-II; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se le dio la intervención que legalmente le compete, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo, se emplazó a juicio a los terceros interesados y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y se concluye con el dictado de esta sentencia, bajo los siguientes. C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, 35 y 37 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 3/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el cual fue reformado y adicionado por el diverso 51/2015, publicado en el medio de difusión citado, el veintisiete de noviembre de dos mil quince, porque el acto reclamado le es atribuido a una autoridad que actúa dentro del ámbito territorial en que este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de litis. Previo a abordar lo relativo a la certeza del acto reclamado, resulta necesario precisar cuál es éste, en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo señalarse que para tales efectos se analiza en su integridad la demanda de amparo, atendiendo a la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese sentido, de un íntegro estudio al escrito de demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado es el siguiente: Omisión y/o negativa de la responsable en requerirle de pago a la demandada con el apercibimiento de la destitución señalada en el artículo 138 fracción II, dentro del expediente laboral 1048/2011, radicado en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Gro, ajustándose al procedimiento de ejecución señalado en los artículos 125, 126, 127, 128 y 138 de la Ley de trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero 248, violando con ello lo dispuesto en los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucional. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo y por razón de método en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la existencia o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el caso de acreditarse su certeza, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en su caso de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 76, Abril de 1994, Página 68, Materia Común, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, del rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TECNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento". En ese orden, se tiene que es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, acto que ha quedado identificado en el considerando segundo de este fallo, pues no obstante que al rendir su informe justificado el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, por conducto de su presidente, negó que se estuvieran violando los derechos fundamentales que adujo la parte quejosa en su demanda de amparo; haciendo manifestaciones posteriores que dejaron ver la existencia del acto que se le reclama al tribunal obrero; por ello, se tiene cierto el acto que reclama la parte quejosa. Apoya lo anterior la tesis sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XIV, julio de 1994, página 391, Octava Época, con registro 211004, de rubro y textos siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". Certeza que se corrobora con las copias certificadas del juicio laboral 1048/2011 que remitió con su informe justificado la autoridad responsable, documentales a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, por tratarse de actuaciones judiciales emitidas por autoridades en el ejercicio de su cargo. Sustenta a lo anterior la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno del más Alto Tribunal de Justicia en el país, que aparece publicada en la página 153, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, del rubro y contenido: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. Causales de improcedencia. Conforme a la técnica del juicio de amparo y de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, en principio, corresponde a este Juzgado Federal analizar oficiosamente si en la especie se actualiza alguna causal que lo torne improcedente, dado que así lo exige el orden público; y, de no advertir que así suceda, se procederá entonces a analizar las razones y fundamentos legales que las partes hubiesen expuesto para evidenciar la improcedencia. Cobra aplicación, por identidad de razón, la jurisprudencia número 814, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, cuyo rubro dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." De autos se advierte la existencia de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo resulta improcedente contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Esto es así, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se aprecia la existencia del diverso juicio de amparo indirecto 1166/2022, del propio índice, mismo que además, se trata de un hecho notorio a razón de los juicios que se tramitan ante este juzgado de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y la jurisprudencia número 2a./J. 103/2007, que dice: "Época: Novena Época Registro: 172215 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXV, Junio de 2007 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 103/2007 Página: 285 HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." Se tiene a la vista el juicio de amparo número 1166/2022-III, promovido de igual forma por ********************, por propio derecho, en el cual señaló como autoridad responsable y acto reclamado los siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: A).- PRESIDENTE DELTRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE GUERRERO: Con domicilio en la Avenida Juárez s/n, esquina con Quintana Roo, planta baja del Edificio Vicente Guerrero, centro de esta Ciudad. IV.- ACTO RECLAMADO: Omisión y/o negativa de la responsable en requerirle de pago a la demandada con el apercibimiento de la destitución señalado en el artículo 138 fracción II, dentro del expediente laboral 1048/2011, radicado en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Gro, ajustándose al procedimiento de ejecución señalado en los artículos 125, 126, 127, 128 y 138 de la Ley de trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero 248, violando con ello lo dispuesto a los artículos 1, 14, 16 y 17 constitucional." Ahora bien, en la demanda que nos ocupa la parte quejosa señaló la misma autoridad responsable y el mismo acto reclamado, mismo que deviene del juicio laboral 1048/2011, de ahí que, el acto impugnado en el presente juicio es materia del diverso sumario 1166/2022-II, promovido por ********************, por propio derecho, en contra de la misma autoridad responsable "Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero", contra el mismo acto reclamado, juicio que se encuentra en trámite. Pensar lo contrario, puede provocar el retardo de la administración de justicia, pues como se puede observar se trata de actos encaminados a la misma finalidad, que lo es que la referida autoridad laboral proceda a requerir el cumplimiento bajo el apercibimiento de destitución, lo cual como ya se dijo es materia de estudio en el diverso expediente de amparo 1166/2022, del índice de este Juzgado de Distrito, que se encuentra en aun en trámite, pendiente de integrarse para el dictado de la sentencia que corresponda. Así entonces, es inconcuso que al ser el acto reclamado al "Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero", residente en esta ciudad, en el presente juicio de amparo, materia de un diverso sumario promovido por el mismo quejoso, acto reclamado y autoridad responsable, alegando las mismas violaciones constitucionales, se configura la causal de improcedencia en análisis. Robustece lo considerado la tesis aislada sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se consulta en la página 142, Tomo 205-216 Primera Parte, Materia Común, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, del texto y rubro siguientes: "LITISPENDENCIA Y COSA JUZGADA, IMPROCEDENCIAS DEL JUICIO DE AMPARO POR. EN SU CONFIGURACIÓN NO INFLUYEN LAS VIOLACIONES CONSTITUCIONALES ALEGADAS EN LAS DOS DEMANDAS DE GARANTÍAS.- Debe sobreseerse en los autos del juicio constitucional de acuerdo con lo que se ordena en el texto de los artículos 73, fracciones III o IV (según corresponda), y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, cuando los actos reclamados sean materia de un diverso juicio de garantías promovido por la misma quejosa y en contra de las mismas autoridades, independientemente de las violaciones constitucionales alegadas, cuestión que no influye en la configuración de estas causales de improcedencia". Así como la tesis aislada número XI.2o.8 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, que se localiza en la página 817, Tomo III, Junio de 1996, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "DEMANDA DE GARANTÍAS. PROCEDE SU DESECHAMIENTO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCION III, DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO HABIENDOSE DICTADO LA SENTENCIA EN EL DIVERSO JUICIO, ESTA NO HA CAUSADO EJECUTORIA.- Como en términos del artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas; carece de relevancia que en dicho juicio de garantías pendiente de resolución, el fallo que lo haya decidido y aún no ha causado ejecutoria, haya sobreseído en relación con los actos reclamados, puesto que aunque dicha resolución por regla general no constituye cosa juzgada ni impide por consiguiente la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, esa regla se actualiza únicamente en relación con sentencias que han causado ejecutoria, hipótesis que no se actualiza en el caso concreto". Por lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61, fracción X y XI de la Ley de Amparo vigente, el juicio reclamado por esta vía resulta improcedente y, por tanto, procede SOBRESEER en el juicio, ello de conformidad con la fracción V del diverso 63 de esa legislación. En tal virtud, no resulta jurídicamente posible ocuparse de los argumentos expresados por la parte quejosa en sus conceptos de violación, para demostrar la inconstitucionalidad del acto recurrido, pues ello constituye el fondo de la litis constitucional, cuyo análisis no es permitido por el sentido (sobreseimiento) del presente estudio. Así, este órgano de control constitucional se encuentra legalmente imposibilitado para pronunciarse respecto al fondo del problema jurídico planteado, en atención a la existencia de una causa que hace improcedente el juicio de amparo, acorde con la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 88, Tomo 187-192, Primera Parte, Materia Común, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, con registro en el IUS 232302 que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." QUINTO. Orden de publicación. En otro orden, atento a la inclusión del nombre y datos personales de las partes, por auto de catorce de octubre de dos mil veintidós, se hizo del conocimiento de las partes lo establecido en los artículos 1°, 3°, 4°, 9° y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la precitada Ley, mediante notificación por lista de Estrados publicada el diecisiete de octubre de dos mil veintidós, que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. Por lo antes expuesto y fundado, y además con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, fracción X y XI, ambos de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE el juicio de amparo promovido por ********************, por propio derecho, en términos de lo expresado en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Se tiene hecho del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial, en términos del considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese a todas las partes por lista, en los estrados de este órgano jurisdiccional en términos del artículo 26 fracción III de la Ley de Amparo, por tratarse de una sentencia dictada en audiencia constitucional, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE y anótese en el libro de registro.

  2. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, con fundamento en el numeral 117 de la Ley de Amparo, se le tiene rindiendo su informe justificado; con su contenido y constancias que anexa al mismo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de su relación el día y hora en que tenga verificativo la audiencia constitucional. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen ofrecidas las pruebas que anexa a su oficio de cuenta, mismas que serán relacionadas al celebrarse la audiencia constitucional. Lo anterior queda supeditado a las gestiones pertinentes que realicen las partes, establecidas en el artículo 6° del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación al modelo de atención presencial basado en citas (generación del código QR). Notifíquese por lista, y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, catorce de octubre de dos mil veintidós. Se tiene recibido vía electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), el escrito signado electrónicamente por José Alberto Jaimes Saldaña, autorizado de la parte quejosa, en atención a su contenido, se provee: Como lo solicita el promovente de cuenta y toda vez que en proveído de treinta de agosto del año en curso, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, sin que haya dado cumplimiento a la misma, no obstante de estar debidamente notificado para ello, tal como se advierte de la certificación de cuenta; por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, para que, dentro del término de tres días hábiles, siguiente al en que reciba el oficio de notificación del presente proveído, informe a este Juzgado Federal el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Es de precisarse, que el término otorgado para que la autoridad cumpla con el fallo protector, es el que este órgano jurisdiccional estima prudente para lograr tal fin, mismo que se concede atendiendo a la naturaleza de la violación transgredida. Asimismo, se informa a la autoridad responsable que está obligada a realizar los trámites inherentes para lograr el acatamiento total de la ejecutoria de amparo, con el apercibimiento que de no cumplir en el lapso señalado, se le impondrá una multa equivalente entre cien y mil Unidades de Medida y Actualización vigente, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral segundo transitorio del Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en su artículo 26, en materia de desindexación del salario mínimo vigente a partir del veintisiete de enero de dos mil dieciséis; además, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda para los efectos a que alude el artículo 193 de la Ley de la materia.

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