Luis Arturo Ramírez Pérez

Expediente 354/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 35 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
354/2023
Año
2023
Actuaciones
35
Última actuación
30/10/2023

Partes del expediente

  • Luis Arturo Ramírez Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 35.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el oficio de cuenta signado electrónicamente por el Actuario adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con sede en esta ciudad, al cual anexa copia del proveído de diecisiete de los actuales, en el que la superioridad tuvo por recibido y admitió a trámite el conflicto competencial suscitado entre esta autoridad y el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, quedando registrado bajo el expediente conflicto competencial 24/2023; lo anterior para los efectos legales consiguientes.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, diez de octubre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de México, con sede en Ciudad Nezahualcóyotl, con el cual devuelve los autos originales del expediente 354/2013-II y transcribe el acuerdo de tres de los actuales, pronunciado en el juicio de amparo 1209/2023, del índice del juzgado de su adscripción, en el cual dicho órgano jurisdiccional, no aceptó la competencia declinada por este juzgado para conocer del juicio de amparo en que se actúa; al efecto, consideró que se actualiza la hipótesis de competencia prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, conforme a la cual si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente este juzgado, ya que si bien, los actos reclamados comenzaron a ejecutarse en el Estado de México, concretamente en el municipio de Ixtapaluca, aunado a que de las constancias remitidas, como son los informes justificados rendidos por las autoridades responsables aceptaron el acto, así como se advierte de las manifestaciones realizadas por el quejoso que éste se encuentra laborando en una empresa de frutas, ubicada en esta ciudad, por tanto de todo lo anterior, se aduce que dichos actos reclamados continuarán ejecutándose en esta ciudad, por lo cual, concluyó que resulta competente el Juez de Distrito que previno, esto es, ante el que se presentó la demanda acorde con el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Sin embargo, se insiste en que el juicio de amparo en que se actúa debe ser conocido por el Juez oficiante, pues como se dijo en sentencia de veintiséis de septiembre último, por la que esta autoridad declinó el conocimiento del asunto, se determinó que por proveídos de doce, trece, catorce, dieciocho y veintiuno de abril de la anualidad en curso, se tuvieron por recibidos los informes justificados de la Jueza de Control del Distrito Judicial de Chalco en representación del Juez responsable y del Fiscal General, ambos del Estado de México, en los que aceptaron la existencia de los actos reclamados, ya que la primera indicó que se pronunció la orden de aprehensión 14/2023, con número de orden especializado 000178/2023 el veintidós de enero del año en curso, por el Juez de Control Especializado en Cateos, Órdenes de Aprehensión y Medidas de Protección en Línea del Poder Judicial del Estado de México, ordenando la captura de quejoso por el delito de violación equiparada, previsto y sancionado en el artículo 273 párrafos primero, tercero y quinto del Código Penal para esa entidad federativa, en agravio de la víctima cuyo nombre es de iniciales "M.S.R.G."; por su parte la segunda autoridad en cita, manifestó: que en la base de datos de la Unidad de Mandamientos Judiciales de la Coordinación de la Policía de Investigación, está registrada la orden de aprehensión emitida por el indicado Juez en la causa de control 53/2023, contra el quejoso, por el delito de violación. En tanto que el Fiscal General de Justicia en el Estado de Chihuahua y el Fiscal Regional de Amecameca, del Estado de México, en su informe de ley negaron expresa y categóricamente la existencia de acto de ejecución de la orden de aprehensión que se les atribuye, negativa que no fue desvirtuada de manera alguna durante el trámite del juicio de amparo en que se actúa, en consecuencia se pone de manifiesto que el acto reclamado en mención, no tiene ejecución en el territorio en que ejerce jurisdicción esta autoridad, por tanto la competencia para conocer del juicio en que se actúa, se surte a favor el Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar donde radica la autoridad que la emitió, pues la diversa ejecutora en este Estado, negó el acto reclamado de ejecución que se le atribuye, sin que el amparista desacreditara esa negativa. Sin que pase inadvertido, el contenido del párrafo segundo del artículo 37 de la ley de la materia, en el sentido de que si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y, sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; sin embargo, no es dable lo anterior a partir de una supuesta suposición genérica sustentada en la sola afirmación del amparista o en el domicilio señalado en la demanda de amparo, sino que debe tener apoyo en actos ciertos y objetivos, que así lo demuestren, lo que en el caso no acontece y en consecuencia, no se tienen datos objetivos y materiales para concluir que el acto reclamado se pretende ejecutar o bien continua ejecutándose en el territorio donde esta autoridad ejerce jurisdicción, pues se itera el Fiscal General de Justicia de Chihuahua, negó el acto de ejecución reclamado. Además, si bien en forma inicial se señalaron autoridades responsables ejecutoras de los Estados de México y Chihuahua, en términos de sus informes de ley, se deduce que no existen actos de ejecución dentro del ámbito de competencia de ese órgano jurisdiccional, por lo que, es inconcuso que la posibilidad de ejecución en distintos distritos desapareció, ya que no existe algún otro elemento cierto y objetivo, que sirva para concluir categóricamente que el acto reclamado se ejecutara en el ámbito territorial de jurisdicción de este juzgado y sí por el contrario se actualizan supuestos que evidencia que se efectuara en el Estado de México, ya que como se dijo el Fiscal General de Justicia de la entidad federativa en cita reconoció que tiene para su ejecución el acto reclamado. Igualmente, se hace hincapié que al recibir la resolución emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, al resolver el conflicto competencial entre este juzgado y el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, éste señalo textualmente: "Bajo este panorama es dable atender a lo considerado por el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver la contradicción de tesis 5/2017, donde apuntó que, en tratándose de la competencia para conocer del juicio de amparo contra una orden de aprehensión, ésta se surte a favor del Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar donde radica la autoridad que lo emitió, siempre y cuando se hayan rendido los informes justificados, las autoridades señaladas como ejecutoras dentro de una circunscripción diversa a aquélla que lo emitió, hayan negado el acto reclamado y el quejoso no haya desvirtuado dicha negativa; en cuyo caso, desaparece la posibilidad de que el acto se ejecute en más de un distrito. A la par, determinó que será hasta la celebración de la audiencia en comento cuando el quejoso tendrá la oportunidad de desvirtuar los informes con justificación de las autoridades ejecutores que negaron el acto a ellas atribuidos, si no lo hace, lo único que tendrá como dato cierto y objetivo es el lugar donde radica la autoridad que emitió la orden de aprehensión y será competente para conocer del amparo el Juez de Distrito con jurisdicción en esa demarcación". Por tanto, se insiste en que se actualiza la hipótesis contemplada en el párrafo primero del numeral 37 mencionado y por tanto el Juez de Distrito competente para continuar en el conocimiento de este asunto lo es el del lugar donde radica la autoridad que pronunció el acto impugnado de inconstitucionalidad y, el hecho de que el quejoso haya indicado que su lugar de residencia es en Ciudad Juárez, Chihuahua, no por esa circunstancia debe considerarse que la competencia para conocer del asunto se surte a favor de este Juzgado, pues adoptar ese criterio equivaldría dejar al arbitrio del quejoso la determinación de la competencia, con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, y por el contrario, como es necesario la intervención de alguna autoridad que resida dentro de la jurisdicción del Juez de Distrito (Fiscal General de Justicia del Estado de México), debe fincarse la competencia al Juez Federal de ese lugar. Invocándose al respecto los criterios jurisprudenciales de rubros: En tal orden de ideas, con fundamento en el artículo 37 fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, remítase al Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito en turno, con residencia en esta ciudad, el juicio de amparo 354/2023-II, en que se actúa, para lo que tenga bien determinar en torno al conflicto competencial que nos ocupa. Comuníquese el presente proveído al juzgado de distrito oficiante para los fines jurídicos conducentes. Notifíquese.

  3. Principal

    Vistos para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 354/2023-II, promovido por ********************, contra los actos y autoridades que más adelante se precisan, por considerarlos violatorios de los derechos humanos tutelados en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en ciudad Juárez, el cual se recibió en esa misma fecha ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos del Juez de Control Especializado en Cateos, Órdenes de Aprehensión y Medidas de Protección en Línea del Poder Judicial del Estado de México, en su denominación correcta de la que el amparista designó como Jueza de Control del Distrito Judicial de Chalco (como ordenadora), del Fiscal General de Justicia y del Fiscal Regional de Amecameca, todos del Estado de México y del Fiscal General del Estado de Chihuahua (como ejecutoras), con sede en la capital Estatal; los cuales hizo consistir en: "IV. ACTOS RECLAMADOS: 1. De la autoridad señalada como ordenadora, la inconstitucional y arbitraria orden de aprehensión dictada en mi contra, en fecha ******************** de dos mil veintitrés, por el delito de ********************, dentro de la causa penal ********************, sin que existan elementos de prueba que colmen los elementos del cuerpo del delito (sic) y la probable responsabilidad del suscrito en su comisión. 2. De las autoridades señaladas como ejecutoras, la arbitraria ejecución a la orden de aprehensión que pretenden realizar en mi persona, sin que el suscrito haya cometido conducta alguna que sea objeto de juicio de reproche y sin que existan las condiciones de excepción que marca la Constitución para tales efectos. Y del Fiscal General del Estado, la detención que pretende hacer en consideración a los oficios de colaboración que están observados entre las diversas fiscalías de todas las entidades federativas" (foja 7). SEGUNDO. Demanda de amparo que por auto de veintiocho de marzo del año en curso, se tuvo por presentada y se admitió a trámite, registrándose bajo el juicio de derechos humanos fundamentales indirecto 354/2023; se solicitó informe justificado a las responsables, se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. TERCERO. En proveído de veinticinco de abril de esta anualidad, este Juzgado de Distrito declaró carecer de competencia para continuar en el conocimiento del asunto, declinando la misma a favor de los Juzgados de Distrito en el Estado de México con residencia en Nezahualcóyotl, de la que tocó conocer al Juzgado Decimosegundo de esa entidad federativa, autoridad que por auto de veintiocho de abril de abril último, radicó el juicio de garantías bajo el expediente ******************** de su índice, sin aceptar la competencia declinada, devolviendo el asunto (fojas 45 a 50); por lo que esta autoridad de amparo, mediante proveído de nueve de mayo del año en curso, al sostener carecer de competencia por territorio, planteó conflicto competencial del cual tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, superioridad que en sesión de siete de junio de la presente anualidad, resolvió el conflicto competencial radicado bajo el expediente ********************, determinando que el órgano competente lo es este Juzgado. CUARTO. Por acuerdo de doce de junio del presente año, se tuvo por recibida le ejecutoria mencionada en el resultando que antecede y, en estricto cumplimiento a lo resuelto por la superioridad, se continuó con el conocimiento del asunto; mediante acuerdo de veintiséis de junio último, se tuvo como terceros interesados al Ministerio Público del orden común adscrito al Juzgado de origen y a la infante ofendida cuyo nombre es de iniciales "********************.", a quienes se emplazó, sin que se hayan apersonado en este juicio; se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la que finalmente inició en términos del acta que antecede en la que se desahogaron las pruebas ofrecidas por las partes que así lo hicieron y concluye con el dictado de la presente sentencia; y C O N S I D E R A N D O: ÚNICO. Por ser la competencia una cuestión preferente al estudio de las cuestiones propuestas por la parte quejosa, incluso, sobre las causas de improcedencia, esta autoridad procede a verificar dicha circunstancia. Es de indicarse que este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en ciudad Juárez, carece de competencia por razón de territorio para resolver el presente juicio de amparo. Al respecto, es necesario mencionar que la jurisdicción es la función de los órganos del Estado que tienen encomendada la administración de justicia para conocer, resolver y en su caso, ejecutar las controversias que se les presenten mediante la aplicación del derecho, sin embargo, cada uno de los tribunales en que se reparte la jurisdicción tiene limitantes en sus atribuciones, pues aun cuando en lo individual representan una ramificación de un órgano único, y potencialmente poseen jurisdicción en toda causa, su ejercicio está restringido y esa limitación de sus atribuciones, en esa medida de su jurisdicción, es lo que se denomina competencia; por tanto, si bien el juzgador, por el solo hecho de serlo, es titular de la función jurisdiccional, no la puede ejercer en cualquier tipo de negocios, sino únicamente en aquellos para los que está facultado por la ley, es decir, en los en que es competente. Entonces, para que un tribunal tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, es necesario que se encuentre dentro del ámbito de su jurisdicción, por ende la ley le reserve su conocimiento con relación a los demás jueces y tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia, normalmente se habla de aquélla por razón de materia, cuantía, grado y territorio. Por otra parte, el concepto de competencia en sentido jurídico general, alude a una idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, de conformidad con el artículo 16 párrafo primero, de la Constitución Federal, el cual establece que nadie puede ser molestado, sino en razón de un mandamiento escrito de autoridad competente. Esa distribución de competencias, no es ajena a las disposiciones que reglamentan la función jurisdiccional de los órganos del Poder Judicial de la Federación, en tanto que su ley orgánica delimita ese tema de acuerdo con la doble función que tiene encomendada, a saber: la judicial, propiamente dicha y de control constitucional. La Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia (por territorio, materia, grado, auxiliar y concurrente), de cuya clasificación interesa destacar la primera. La competencia territorial, es la que distribuye entre diversos órganos jurisdiccionales las facultades para juzgar, según diferente asignación de límites geográficos, en otras palabras, la competencia por territorio se refiere al ámbito de espacio, en cuya esfera de acción pueden producirse los actos y sus efectos jurídicos, tomando en cuenta el problema que plantea el ángulo de distribución territorial de la competencia entre diversos órganos jurisdiccionales. En tal sentido, conviene citar el numeral 37 de la Ley Reglamentaría de los artículos 103 y 107, de la Constitución Federa, que a la letra dice: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Numeral del que se deducen las reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, por razón de territorio y que son: 1. Cuando el acto reclamado es de los que tienen ejecución material: será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado dicho acto; 2. Cuando el acto ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De conformidad con lo anterior, para conocer de un juicio de garantías, será competente en principio, el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, en el entendido de que la ejecución a que se refiere este precepto, es aquélla que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y en su caso, destruidos a través del juicio de amparo. Es aplicable, el criterio sustentado en la jurisprudencia pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 107, del Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, editado en junio de 1995, registro 200781, de contenido: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades". Precisado lo anterior, es de destacar que los actos reclamados son: la orden de aprehensión ******************** pronunciada el ******************** último, por el Juez de Control Especializado en Cateos, Órdenes de Aprehensión y Medidas de Protección en Línea del Poder Judicial del Estado de México y de orden especializada ********************, contra el amparista como probable responsable de los hechos que la ley contempla como delito de ********************, perpetrado en agravio de la víctima de identidad resguardada cuyo nombre es de iniciales "********************.", previsto y sancionado en los artículos ******************** párrafos primero, tercero y quinto, en elación con los numerales 6, 7, 8 fracciones I y III y 11 fracción I inciso c), del Código Penal de la entidad federativa mencionada. Así como la ejecución del indicado mandato de captura, que atribuye al Fiscal General de Justicia y al Fiscal Regional de Amecameca, ambos del Estado de México y al Fiscal General de Justicia de Chihuahua. Ahora bien, por proveídos de doce, trece, catorce, dieciocho y veintiuno de abril de la anualidad en curso, se tuvieron por recibidos los informes justificados de la Jueza de Control del Distrito Judicial de Chalco en representación del Juez responsable y del Fiscal General, ambos del Estado de México, en los que aceptaron la existencia de los actos reclamados, ya que la primera indicó que se pronunció la orden de aprehensión ********************, con número de orden especializado ******************** el ******************** del año en curso, por el Juez de Control Especializado en Cateos, Órdenes de Aprehensión y Medidas de Protección en Línea del Poder Judicial del Estado de México, ordenando la captura de quejoso por el delito de ********************, previsto y sancionado en el artículo ******************** párrafos primero, tercero y quinto del Código Penal para esa entidad federativa, en agravio de la víctima cuyo nombre es de iniciales "********************."; por su parte la segunda autoridad en cita, manifestó: que en la base de datos de la Unidad de Mandamientos Judiciales de la Coordinación de la Policía de Investigación, está registrada la orden de aprehensión emitida por el indicado Juez en la causa de control ********************, contra el quejoso, por el delito de violación. En tanto que el Fiscal General de Justicia en el Estado de Chihuahua y el Fiscal Regional de Amecameca, del Estado de México, en su informe de ley negaron expresa y categóricamente la existencia de acto de ejecución de la orden de aprehensión que se les atribuye, negativa que no fue desvirtuada de manera alguna durante el trámite del juicio de amparo en que se actúa, en consecuencia se pone de manifiesto que el acto reclamado en mención, no tiene ejecución en el territorio en que ejerce jurisdicción esta autoridad, por tanto la competencia para conocer del juicio en que se actúa, se surte a favor el Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar donde radica la autoridad que la emitió, pues la diversa ejecutora en este Estado, negó el acto reclamado de ejecución que se le atribuye, sin que el amparista desacreditara esa negativa. Sin que pase inadvertido, el contenido del párrafo segundo del artículo 37 de la ley de la materia, en el sentido de que si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y, sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; sin embargo, no es dable lo anterior a partir de una supuesta suposición genérica sustentada en la sola afirmación del amparista o en el domicilio señalado en la demanda de amparo, sino que debe tener apoyo en actos ciertos y objetivos, que así lo demuestren, lo que en el caso no acontece y en consecuencia, no se tienen datos objetivos y materiales para concluir que el acto reclamado se pretende ejecutar o bien continua ejecutándose en el territorio donde esta autoridad ejerce jurisdicción, pues se itera el Fiscal General de Justicia de Chihuahua, negó el acto de ejecución reclamado. Como sustento a lo dicho, se cita la jurisprudencia pronunciada por el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, dada a conocer en la página 1071, del Libro 53 Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, editado en abril de 2018, registro digital 2016596, de contenido: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE RADICA LA AUTORIDAD QUE LA EMITIÓ, CUANDO UNA VEZ RENDIDOS LOS INFORMES JUSTIFICADOS DESAPARECE LA POSIBILIDAD DE EJECUCIÓN EN MÁS DE UN DISTRITO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO. Del precepto indicado se advierte que la competencia para conocer del juicio de amparo, cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, recae en el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. Dicha posibilidad surge con el señalamiento de autoridades ejecutoras con injerencia en distintas demarcaciones territoriales y se toma en consideración para que el Juez de amparo que reciba la demanda sea momentáneamente competente. Ahora bien, tratándose de la orden de aprehensión, si al rendir los informes justificados las autoridades responsables ejecutoras niegan los actos reclamados y el quejoso no desvirtúa esa negativa, es inconcuso que esa posibilidad de ejecución en distintos Distritos desaparece, pues al no existir otro elemento cierto y objetivo que sirva para concluir categóricamente que el acto se ejecutará en otro ámbito territorial y no donde se emitió la orden de aprehensión, debe conocer del procedimiento constitucional, conforme a la regla prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar donde radica la autoridad que la emitió pues, por regla general, es en ese sitio donde el acto deberá tener ejecución". " Y por las razones que la componen, la diversa jurisprudencia, pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 97, del Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, editado en septiembre de 1995, registro digital 200455, de contenido: "COMPETENCIA. ORDEN DE APREHENSION, AMPARO CONTRA LA. Si en la demanda de garantías el quejoso reclama la orden de aprehensión dictada por una autoridad que reside en el lugar donde promueve el juicio de amparo, pero señala domicilio para oír notificaciones en otro lugar distinto, no por esa circunstancia debe estimarse que la competencia para conocer del asunto, radica en el juez de Distrito donde se ubica dicho domicilio, pues adoptar este criterio, equivaldría a dejar al arbitrio del quejoso la determinación de la competencia, con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover; en cambio, como es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable que resida en la jurisdicción del juez de Distrito, cuando éstas se señalen como responsables, debe fincarse la competencia al juez federal de ese lugar". En tal orden de ideas, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, carece de competencia legal por razón de territorio, para continuar en el conocimiento y resolver el juicio de amparo en que se actúa, lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 37 de la Ley de Amparo, en concordancia con los puntos Primero y Cuarto, ambos en sus fracciones XVII, del Acuerdo General 3/2013, adicionado por los diversos 3/2015 y 12/2016, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que los actos que en esta vía constitucional se combaten, fueron ordenados y se pretenden ejecutar por autoridades residentes en el Estado de México y por ende, su conocimiento corresponde a la circunscripción territorial del Juez de Distrito de dicha entidad federativa, con sede en el Municipio de Nezahualcóyotl, en turno, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del apartado Segundo, del Acuerdo General en cita. En consecuencia, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, previo cuaderno de antecedentes que se forme, remítase de inmediato el presente expediente junto con el cuaderno incidental a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, a fin de que sea remitido al Juez de Distrito en esa localidad, en turno, a efecto de que en el plazo a que se refiere el artículo 48 de la ley de la materia, tenga a bien decidir si se avoca o no al conocimiento del mismo, con la atenta súplica del acuse de recibo correspondiente. Tiene aplicación, el criterio sustentado en la tesis de jurisprudencia pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en la tesis I.1o.A.44 A, editada en la página 1299, Tomo XIV, Agosto de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que indica: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora". Debiéndose formar en su oportunidad, el cuaderno de antecedentes y dejar en su lugar, copia del presente juicio de amparo, así como hacerse las anotaciones correspondientes en los libros respectivos y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en ciudad Juárez, carece de competencia legal por razón de territorio para resolver el juicio de amparo promovido por ********************. SEGUNDO. Se declina la competencia a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, en turno, para conocer y resolver el presente asunto; por tal razón, remítanse los autos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esa entidad federativa, con residencia en el municipio indicado, para que realice el turno correspondiente. TERCERO. Se solicita al Juzgado de Distrito que conozca del asunto, se sirva acusar el recibo de estilo correspondiente informando sobre la aceptación o no de la competencia declinada. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el oficio de cuenta signado por la Jueza de Control del Distrito Judicial de Chalco, Estado de México, con el cual que informa que dictó un acuerdo el catorce de los actuales, en el que ordenó remitir copia certificada de la orden de aprehensión 14/2023; asimismo informa que fueron remitidas las constancia de emplazamiento realizado a la victima de nombre de iniciales "M.S.R.G." a través de su representante legal. Al respecto, es de indicarse que una vez que se reciban las copias certificadas referidas, se acordará lo conducente y en relación a las constancias de emplazamiento que menciona, éstas fueron recibidas y debidamente acordadas en proveído de cinco de los actuales. Notifíquese.

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