Luis Arturo Mauleón Aguilar
Expediente 1187/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1187/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Luis Arturo Mauleón Aguilar
Actuaciones
- Principal
. Agréguese en autos el escrito signado por el quejoso **********; mediante el cual, aduce cumplir con el requerimiento que se le formuló en proveído de dieciocho de diciembre del año en curso; en atención a su contenido, una vez que se devuelva la comunicación 584/2019 de este índice, se acordará lo conducente.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ************, por su propio derecho, contra actos del Juez Mixto de Partido Judicial, con sede en esta ciudad y otra autoridad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 1187/2019-VI. A efecto de proveer respecto de su admisión, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Como se advierte del artículo anterior, el órgano jurisdiccional al realizar el análisis del libelo constitucional puede advertir deficiencias, irregularidades u omisiones, respecto de las cuales mandará requerir al promovente para que las aclare dentro del término de cinco días legalmente computado, señalando con precisión en el auto relativo las que deban corregirse. En la especie, se estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto al requisito establecido en la fracción II del invocado numeral 114, en relación con el artículo 108, fracción V, de la ley de la materia que dispone: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "(.)" "V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación;." Tal precepto establece como requisito de la demanda de amparo que la parte quejosa haga una narración, bajo protesta de decir verdad, de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al artículo 62 de la citada ley. Por las razones que informa, ilustra lo anterior, la tesis emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 990, Tomo XXIII, Abril de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley." En el caso concreto, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: "Lo ordenado y actualmente ejecutándose dentro de los expedientes: 140/2001 del Juzgado Mixto de Partido de Juventino Rosas Guanajuato. 1551/2018 del juzgado de oralidad familiar, en la ciudad de Celaya, Guanajuato. En ambos casos se trata descuentos por concepto de pensión alimenticia; y en ambos casos se está violentando lo señalado en los artículos que sobre alimentos se tutela en la ley o código civil, en el estado de Guanajuato; así como lo tutelado en la Ley de los derechos de las personas Adultas Mayores. En este caso se está aplicando de manera incorrecta los porcentajes que estoy pagando por alimentos, se trata del caso, de que el juicio llevado en el expediente 140/2001, en el juzgado mixto de partido de Juventino Rosas, Guanajuato, se trata de dar alimentos a mi ex cónyuge, pero se pide la ejecución de los mismos hasta el año 2018 dos mil dieciocho, es decir, diecisiete años después de disuelto el matrimonio, y se pide o exige el cumplimiento del pago retroactivo de los gastos de la casa como son energía eléctrica, servicio de agua, servicio de limpieza (muchacha de ayuda y aseo) pago de teléfono, siendo que estos solo eran ocupados ya por min ex cónyuge, ya que a los hijos procreados en común, ya no habitan en ese domicilio, ya son mayores de edad, ya se casaron ya tienen actividades económicas o laborales que les dan autosustento, y se me exige el pago, de esa sería de obligaciones que antes no me fueron requeridas porque se sabía que estaba pagando cantidades diversas en su favor y en beneficio de mi ex cónyuge; son así las cosas que done a título gratuito el inmueble que habitan desde lo que fue matrimonio a la fecha, a uno de los hijos procreados y se sigue ocupando el inmueble con el mismo fin que se hacía desde el matrimonio. En este caso se está dejando de atender de que el suscrito soy un adulto mayor de 63 sesenta y tres años de edad, ya soy pensionado por mis servicios prestados en el seguro social (IMSS) soy médico de profesión, misma profesión que me permitió dar alimentos y procurar sus cosas a mis hijos hasta que estos terminaros su educación o decidieron a que se dedicarían, pero se me condena a pagar servicios que se ocuparon solo por mi ex cónyuge , y no se atiende el tipo de vida que se procuraron en los años anteriores o bien de lo que se podía necesitar por el suscrito para mi propia vida, se me está obligando al pago de algo que me está prohibiendo vivir a mí mismo, no puedo solventar estas obligaciones, si no me alcanza para comer y subsistir. En el segundo caso, se me está obligando a pagar por una menor que si bien se registró como mi hija, también lo es que se dio un juicio de desconocimiento de paternidad, no se logró éxito en el mismo por la deficiente asesoría legal que recibí, pero se me está obligando a dar alimentos en un porcentaje establecido a razón del total de mis precepciones y no en razón de lo que en realidad recibo, de acuerdo al primero descuento que se hace por lo ordenado en el expediente 140/2001 del Juez de Juventino Rosas. No se está aplicando el estudio de lo que recibo como pago de pensión, solo se aplicó el criterio de descontar por porcentajes sobre el total de mis precepciones, y se me está obligando a recibir solo migajas de mi pensión, que no me alcanza ni para salir a trabajar. En ambos casos de los expedientes, en donde se me ha fijado la obligación de dar alimentos, expediente 140/2001 del Juez de Juventino Rosas, Guanajuato, y expediente 1551/2018del Juez de Oralidad Familiar, en Celaya, Guanajuato, donde se me obliga al pago de alimentos en favor de una hija que es menor de edad; se me está descontando en total por ambos juicios del 84.86% OCHENTA Y CUATRO PUNTO OCHENTA Y SEIS POR CIENTO de mis ingresos. No se me está dejando lo necesario para vivir o siquiera subsistir. Es importante señalar que el suscrito, tengo gastos inherentes a la propia vida, y entre estos gastos son: Renta de casa habitación: $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 m.n.) Comida: $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 m.n.) Gasolina: $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 m.n.) Ropa, servicios como agua y luz, teléfono, medicina: $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 m.n.) NOTA: ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE HE CONTRAÍDO NUEVO MATRIMONIO TAMBIÉN TENGO QUE PARTICIPAR EN LOS GASTOS DE MI ESPOSA Y LOS PROPIOS DEL HOGAR, SEÑALO QUE ELLA MISMA ESTÁ TRABAJANDO Y AYUDANDO EN LOS GASTOS" Ahora bien, no obstante de que señala bajo protesta de decir verdad algunos de los antecedentes que constituyen el acto reclamado, también lo es que omitió hacerlo de manera suscinta y cronológica, así como expresar el estado procesal en que se encuentran los juicios 140/2001 del índice del Juzgado Mixto de Partido de Juventino Rosas, Guanajuato y 1551/2018 del índice del Juzgado de Oralidad Familiar, de esta ciudad, además, la fecha en que tuvo conocimiento de la resolución en la que aduce lo obligan a pagar pensión alimenticia. Conclusivamente, ante la omisión por la parte quejosa, lo procedente conforme al mencionado artículo 108 fracción V, en relación con el diverso 114 fracción II, ambos de la Ley de Amparo, es prevenirla para que dentro del término de cinco días legalmente computado, por escrito, y con copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes: Manifieste bajo protesta de decir verdad de manera suscinta y cronológica la totalidad de los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento de los conceptos de violación, así como el estado procesal en que se encuentran los juicios 140/2001 del índice del Juzgado Mixto de Partido de Juventino Rosas, Guanajuato y 1551/2018 del índice del Juzgado de Oralidad Familiar, de esta ciudad, y Fecha en que tuvo conocimiento de la resolución que se duele. Cabe destacar que la prevención sólo se tendrá por legalmente cumplida si la parte quejosa es quien la desahoga, dado que el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar las irregularidades que se detectaron en la demanda y, por tanto, ambos escritos la integran, de ahí que debe ser suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, de conformidad con lo estatuido por los artículos 107 de la Constitución y 6° de la Ley de Amparo, en virtud que es considerada como un sólo documento sin que puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia 50/2014 (10ª.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación electrónico, bajo el registro 2007285, que reza de la siguiente manera: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, que dispone: ".Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. Téngase al quejoso autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Alejandro Enrique Montoya Sánchez y César Irac Camargo Pérez, al contar con cédulas profesionales números 4480948 y 2856257, registradas en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y a Carlos Manuel Da Costa Méndez, Jesús Calixto Trejo Hernández y a Gloria María Hernández Rojas en términos de la última parte del segundo párrafo del mismo ordenamiento, al no contar con cédula profesional registrada. De conformidad con los artículos 299 y 300, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento despacho al Juez Único Menor Mixto, de Cortázar, Guanajuato, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene a quien corresponda notifique el presente proveído a la parte quejosa, en el domicilio ubicado en calle Sor Juana Inés de la Cruz, número 108 ciento ocho, en esa ciudad; asimismo, la requiera para que dentro del término de tres días legalmente computado, señale domicilio para recibir notificaciones personales en esta ciudad de Celaya, Guanajuato, con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes, aun las que tuvieran que ser de carácter personal, se le practicarán por lista que se fija en los estrados de este Tribunal, en términos de lo dispuesto por la fracción II del artículo 27 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de que pueda hacer la solicitud a que se refiere la fracción IV del artículo 26 de la propia legislación. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. De conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE". Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el Licenciado Luciano Valadez Pérez, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el Secretario que autoriza, Adán Mejía Sandoval. DOY FE. fjre DESPACHO NÚMERO: NEUN: JUEZ ÚNICO MENOR MIXTO, DE CORTÁZAR, GUANAJUATO. EL LICENCIADO LUCIANO VALADEZ PÉREZ, JUEZ SEXTO DE DISTRITO EN EL ESTADO HACE SABER A USTED, JUEZ ÚNICO MENOR MIXTO, DE CORTÁZAR, GUANAJUATO, QUE EN EL JUICIO DE AMPARO ANOTADO AL RUBRO, PROMOVIDO POR LUIS ARTURO MAULEON AGUILAR, SE DICTÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: Vista la demanda de amparo promovida por Luis Arturo Mauleón Aguilar, por su propio derecho, contra actos del Juez Mixto de Partido Judicial, con sede en esta ciudad y otra autoridad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 1187/2019-VI. A efecto de proveer respecto de su admisión, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Como se advierte del artículo anterior, el órgano jurisdiccional al realizar el análisis del libelo constitucional puede advertir deficiencias, irregularidades u omisiones, respecto de las cuales mandará requerir al promovente para que las aclare dentro del término de cinco días legalmente computado, señalando con precisión en el auto relativo las que deban corregirse. En la especie, se estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto al requisito establecido en la fracción II del invocado numeral 114, en relación con el artículo 108, fracción V, de la ley de la materia que dispone: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "(.)" "V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación;." Tal precepto establece como requisito de la demanda de amparo que la parte quejosa haga una narración, bajo protesta de decir verdad, de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al artículo 62 de la citada ley. Por las razones que informa, ilustra lo anterior, la tesis emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 990, Tomo XXIII, Abril de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley." En el caso concreto, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: "Lo ordenado y actualmente ejecutándose dentro de los expedientes: 140/2001 del Juzgado Mixto de Partido de Juventino Rosas Guanajuato. 1551/2018 del juzgado de oralidad familiar, en la ciudad de Celaya, Guanajuato. En ambos casos se trata descuentos por concepto de pensión alimenticia; y en ambos casos se está violentando lo señalado en los artículos que sobre alimentos se tutela en la ley o código civil, en el estado de Guanajuato; así como lo tutelado en la Ley de los derechos de las personas Adultas Mayores. En este caso se está aplicando de manera incorrecta los porcentajes que estoy pagando por alimentos, se trata del caso, de que el juicio llevado en el expediente 140/2001, en el juzgado mixto de partido de Juventino Rosas, Guanajuato, se trata de dar alimentos a mi ex cónyuge, pero se pide la ejecución de los mismos hasta el año 2018 dos mil dieciocho, es decir, diecisiete años después de disuelto el matrimonio, y se pide o exige el cumplimiento del pago retroactivo de los gastos de la casa como son energía eléctrica, servicio de agua, servicio de limpieza (muchacha de ayuda y aseo) pago de teléfono, siendo que estos solo eran ocupados ya por min ex cónyuge, ya que a los hijos procreados en común, ya no habitan en ese domicilio, ya son mayores de edad, ya se casaron ya tienen actividades económicas o laborales que les dan autosustento, y se me exige el pago, de esa sería de obligaciones que antes no me fueron requeridas porque se sabía que estaba pagando cantidades diversas en su favor y en beneficio de mi ex cónyuge; son así las cosas que done a título gratuito el inmueble que habitan desde lo que fue matrimonio a la fecha, a uno de los hijos procreados y se sigue ocupando el inmueble con el mismo finque se hacía desde el matrimonio. En este caso se está dejando de atender de que el suscrito soy un adulto mayor de 63 sesenta y tres años de edad, ya soy pensionado pro mis servicios prestados en el seguro social (IMSS) soy médico de profesión, misma profesión que me permitió dar alimentos y procurar sus cosas a mis hijos hasta que estos terminaros su educación o decidieron a que se dedicarían, pero se me condena a pagar servicios que se ocuparon solo por mi ex cónyuge , y no se atiende el tipo de vida que se procuraron en los años anteriores o bien de lo que se podía necesitar por el suscrito para mi propia vida, se me está obligando al pago de algo que me está prohibiendo vivir a mí mismo, no puedo solventar estas obligaciones, si no me alcanza para comer y subsistir. En el segundo caso, se me está obligando a pagar por una menor que si bien se registró como mi hija, también lo es que se dio un juicio de desconocimiento de paternidad, no se logró éxito en el mismo por la deficiente asesoría legal que recibí, pero se me está obligando a dar alimentos en un porcentaje establecido a razón del total de mis precepciones y no en razón de lo que en realidad recibo, de acuerdo al primero descuento que se hace pro lo ordenado en el expediente 140/2001 del Juez de Juventino Rosas. No se está aplicando el estudio de lo que recibo como pago de pensión, solo se aplicó el criterio de descontar por porcentajes sobre el total de mis precepciones, y se me está obligando a recibir solo migajas de mi pensión, que no me alcana ni para salir a trabajar. En ambos casos de los expedientes, en donde se me ha fijado la obligación de dar alimentos, expediente 140/2001 del Juez de Juventino Rosas, Guanajuato, y expediente 1551/2018del Juez de Oralidad Familiar, en Celaya, Guanajuato, donde se me obliga al pago de alimentos en favor de una hija que es menor de edad; se me está descontando en total por ambos juicios del 84.86% OCHENTA Y CUATRO PUNTO OCHENTA Y SEIS POR CIENTO de mis ingresos. No se me está dejando lo necesario para vivir o siquiera subsistir. Es importante señalar que el suscrito, tengo gatos inherentes a la propia vida, y entre estos gastos son: Renta de casa habitación: $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 m.n.) Comida: $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 m.n.) Gasolina: $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 m.n.) Ropa, servicios como agua y luz, teléfono, medicina: $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 m.n.) NOTA: ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE HE CONTRAÍDO NUEVO MATRIMONIO TAMBIÉN TENGO QUE PARTICIPAR EN LOS GASTOS DE MI ESPOSA Y LOS PROPIOS DEL HOGAR, SEÑALO QUE ELLA MISMA ESTÁ TRABAJANDO Y AYUDANDO EN LOS GASTOS" Ahora bien, no obstante de que señala bajo protesta de decir verdad algunos de los antecedentes que constituyen el acto reclamado, también lo es que omitió hacerlo de manera sucinta y cronológica, así como expresar el estado procesal en que se encuentran los juicios 140/2001 del índice del Juzgado Mixto de Partido de Juventino Rosas, Guanajuato y 1551/2018 del índice del Juzgado de Oralidad Familiar, de esta ciudad, además, la fecha en que tuvo conocimiento de la resolución en la que aduce lo obligan a pagar pensión alimenticia. Conclusivamente, ante la omisión por la parte quejosa, lo procedente conforme al mencionado artículo 108 fracción V, en relación con el diverso 114 fracción II, ambos de la Ley de Amparo, es prevenirla para que dentro del término de cinco días legalmente computado, por escrito, y con copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes: Manifieste bajo protesta de decir verdad de manera sucinta y cronológica la totalidad de los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento de los conceptos de violación, así como el estado procesal en que se encuentran los juicios 140/2001 del índice del Juzgado Mixto de Partido de Juventino Rosas, Guanajuato y 1551/2018 del índice del Juzgado de Oralidad Familiar, de esta ciudad, y Fecha en que tuvo conocimiento de la resolución que se duele. Cabe destacar que la prevención sólo se tendrá por legalmente cumplida si la parte quejosa es quien la desahoga, dado que el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar las irregularidades que se detectaron en la demanda y, por tanto, ambos escritos la integran, de ahí que debe ser suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, de conformidad con lo estatuido por los artículos 107 de la Constitución y 6° de la Ley de Amparo, en virtud que es considerada como un sólo documento sin que puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia 50/2014 (10ª.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación electrónico, bajo el registro 2007285, que reza de la siguiente manera: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, que dispone: ".Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. Téngase al quejoso autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Alejandro Enrique Montoya Sánchez y cesar Irac Camargo Pérez, al contar con cédulas profesionales números 4480948 y 2856257, registradas en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y a Carlos Manuel Da costa Méndez, Jesús Calixto Trejo Hernández y a Gloria María Hernández Rojas en términos de la última parte del segundo párrafo del mismo ordenamiento, al no contar con cédula profesional registrada. De conformidad con los artículos 299 y 300, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento despacho al Juez Único Menor Mixto, de Cortázar, Guanajuato, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene a quien corresponda notifique el presente proveído a la parte quejosa, en el domicilio ubicado en calle Sor Juana Inés de la Cruz, número 108 ciento ocho, en esa ciudad; asimismo, la requiera para que dentro del término de tres días legalmente computado, señale domicilio para recibir notificaciones personales en esta ciudad de Celaya, Guanajuato, con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes, aun las que tuvieran que ser de carácter personal, se le practicarán por lista que se fija en los estrados de este Tribunal, en términos de lo dispuesto por la fracción II del artículo 27 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de que pueda hacer la solicitud a que se refiere la fracción IV del artículo 26 de la propia legislación. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. De conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE". Finalmente, atendiendo a que de la papeleta que se adjuntó a la presente demanda de amparo, se advierte que en el apartado de "Materia", se registró como "Administrativa"; sin embargo de la lectura de la misma se desprende que lo correcto es "Penal Administrativa"; por ello, gírese oficio a la Jefa de la Oficina de Correspondencia de los Juzgados de Distrito en el Estado con sede en esta ciudad, para que haga la corrección respectiva en los registros correspondientes.
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