Luis Arturo López Guillermo

Expediente 819/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
819/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
23/09/2021

Partes del expediente

  • Luis Arturo López Guillermo

Actuaciones

  1. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se aprecia que dentro del término legal no se interpuso recurso de queja contra el proveído de por el que se desechó de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 288 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto queda firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Cabe señalar que el presente asunto no cuenta con documentos originales, y no es de relevancia documental, debido a que carece de valor jurídico e histórico. Además, se desechó la demanda de amparo. Por tanto, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este cuaderno es susceptible de destrucción. Finalmente, de la certificación que antecede se advierte que después de haber realizado una exhaustiva revisión de todas y cada una de las constancias que integran el presente juicio, no existe prueba por desahogar, diligencia por practicar, recurso por resolver, billete de depósito ni póliza de fianza que devolver. En consecuencia, procede archivarlo definitivamente, como asunto totalmente concluido, previo cotejo que se realice de que la versión electrónica del expediente en que se actúa coincide con la impresa, en términos de lo previsto en el artículo 25, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. En su oportunidad, realícese el trámite para su destrucción. Notifíquese: por lista a la parte quejosa.

  2. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de septiembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee: se tiene a Víctor Turcott Peláez, quien se ostenta defensor particular de los quejosos Luis Arturo López Guillermo y David Daniel González Almaraz, desahogando la prevención que se le formuló por auto de treinta y uno de agosto del año en curso. Ahora bien, el citado defensor de los ahora quejosos, solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en contra de la autoridad y por el acto que enseguida se precisan: Autoridad responsable Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México. Acto reclamado La resolución que recayó al recurso de revocación interpuesto en contra de la audiencia de ampliación del plazo de investigación complementaria de seis de agosto de dos mil veintiuno, solicitada por la fiscalía, la cual, resolvió confirmarla. No obstante, previamente a la admisión de la demanda de cuenta, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda constitucional y es indudable cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En la especie, se actualiza la causal de improcedencia, de estudio preferente; la cual deriva de lo previsto en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción V, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" En efecto, el ejercicio de la acción del juicio de amparo no es ilimitado, sino que está sujeto a requisitos que pueden extraerse de la Constitución Federal, de la propia Ley de Amparo, y en algunos casos, es el quehacer jurisdiccional el que los ha establecido a través de la jurisprudencia. El juicio de amparo indirecto contra actos emitidos en juicio, sólo es procedente si el acto afecta materialmente de manera directa e inmediata un derecho sustantivo; en sentido contrario, si el acto reclamado no afecta de manera directa e inmediata un derecho sustantivo, el juicio de derechos se tornará improcedente. Con la emisión de la actual Ley de Amparo legislativamente se conceptuó a los actos de imposible reparación, entendiendo por ellos los que afectan derechos sustantivos y con relación a tal texto legal la Suprema Corte de Justicia de la Nación adujo que conforme al artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo se trata de actos en los que: "...sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva." En el caso que nos ocupa, el acto reclamado, no afecta inmediata y directamente los derechos fundamentales de los quejosos, para que sea susceptible de impugnarse mediante el juicio de amparo indirecto, pues la determinación de ampliar el plazo de investigación complementaria, a solicitud del Ministerio Público, se trata de una resolución que, eventualmente, produciría afectación a derechos adjetivos del imputado, que sólo producen por regla general efectos de carácter formal o intraprocesal, pues el perjuicio podrá ocasionarse eventualmente hasta que en su caso se dicte la resolución que cierre la etapa procesal correspondiente (investigación complementaria) y, hasta entonces, será posible considerar si lo ocurrido con motivo de la ampliación del plazo para el cierre de investigación complementaria trascendió a las defensas del imputado. En efecto, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que la investigación complementaria inicia con la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado dicha investigación. La audiencia inicial concluye con la determinación judicial respecto del plazo para el cierre de la investigación complementaria; sin embargo, existe la posibilidad de solicitar una prórroga para ese efecto, es decir, para cerrar la investigación complementaria, pero el código adjetivo nacional penal exige que se justifique la petición y esto sucederá mientras se sustente en lo fines de la investigación, que en términos del artículo 213 del mencionado código , no pueden ser otros que recabar datos de prueba relacionados con las pretensiones procesales de la parte que solicita dicha prórroga, lo cual, desde luego, no excluye la aptitud del procesado y su defensor para recabar las que estimen conforme a su interés, ni tampoco para que dicha etapa culmine no necesariamente en una acusación a cargo de la fiscalía, sino también en alguna de las posibilidades previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, las cuales podrían ser inclusive favorables a los hoy quejosos. De ello que, mientras no culmine la etapa de investigación y, en todo caso, a la manera en que esto ocurra, podrá estarse en aptitud de establecer si el devenir procesal durante la prórroga que ahora reclama el procesado -no la simple ampliación del plazo-, ocasionó o no agravio en la esfera de derechos sustantivos que a los quejosos les reconoce la Constitución Federal. Efectivamente, el acto reclamado se trata de un acto intraprocesal que no es de imposible reparación, pues no afecta derechos sustantivos del quejoso, como lo podría ser el derecho a una adecuada defensa, previsto en el artículo 20, Apartado B, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni algún otro contemplado en la citada constitución o tratado internacional, en tanto puede ocurrir que una vez cerrada la investigación, el Ministerio Público decida no formular ninguna imputación, o bien que aun cuando decida hacerlo, no señale como datos de prueba los obtenidos durante la ampliación de la investigación complementaria, incluso, podría ocurrir que venza el plazo ampliado sin que la fiscalía formule acusación, con la consecuencia jurídica que para ello indica la legislación adjetiva penal nacional; aunado a que, se insiste, también ese plazo constituye la oportunidad para que el procesado y su defensor, se hagan de datos de prueba para demeritar o desvirtuar los que en su caso recabe el fiscal; todo lo cual determina que la sola ampliación del plazo para el cierre de investigación, no ocasiona perjuicio a los quejosos. De esa manera, la ampliación de la investigación complementaria de que se duelen los directos quejosos no constituye un acto de imposible reparación, entendiéndose como tal que sea de aquellos que afectan derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, como la libertad personal o la garantía de defensa adecuada, entre otros, sino únicamente derechos procesales o instrumentales, también llamados adjetivos. Así, se estima que el motivo de la improcedencia de la demanda es manifiesto e indudable. Es manifiesto porque dicha improcedencia, en esencia, radica en la circunstancia de que el acto reclamado no transgrede de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo de los quejosos, lo que se advierte de manera evidente de lo expresado en la demanda de amparo. Es indudable, porque ello no podría ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción V, aplicado en sentido contrario, preceptos ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. Es importante mencionar, que similar criterio sostuvo el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal el Segundo Circuito, al resolver el recurso de queja penal 160/2020, de su índice CAPTURA DE LA PRESENTE DETERMINACIÓN EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES Y ELABORACIÓN DE VERSIÓN PÚBLICA De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación la presente resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva. Agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas de la sentencia, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se instruye a la Analista Jurídico SISE, para que realice las gestiones necesarias a efecto de que se integre la versión pública de esta determinación al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. Supresión de datos personales De conformidad con los artículos 106, 108, 109, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3, fracciones IX, X, XXVIII y XXX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se ordena suprimir en la versión pública los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Autorización de firma de oficios Se autoriza a los secretarios y actuarios adscritos a este juzgado federal a efecto de que firmen los oficios derivados del presente asunto. Habilitación de días y horas Inhábiles Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen, incluso emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo; y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. Notifíquese: vía electrónica a la parte quejosa.

  3. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, México, treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. V i s t a la demanda de amparo que promueve vía electrónica *************************, contra actos reclamados a la autoridad responsable Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México. Fórmese expediente impreso y electrónico, bajo el número que le corresponda. Anótese su ingreso en el libro de gobierno del juzgado 819/2021-III. Ahora bien, los artículos 108, 114 y 261 de la Ley de Amparo señalan: Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y VIII. Los conceptos de violación. Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura. Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos. REQUERIMIENTO A LA PARTE QUEJOSA Atento a lo anterior, y al resultar necesaria la aclaración de la demanda de cuenta, con fundamento en los artículos antes referidos, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días siguientes al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído "bajo protesta de decir verdad", y apercibidos de las penas en que incurren los solicitantes de amparo que al formular su demanda afirmen hechos falsos u oculten los que les consten en relación con el juicio de amparo. A manera de antecedentes del acto reclamado, exhiban copia o reproduzcan por cualquier medio la resolución reclamada que resolvió el recurso de revocación interpuesto en contra de la audiencia de ampliación del plazo de investigación complementaria de seis de agosto de dos mil veintiuno. Tiene aplicación a lo anterior, el criterio sostenido por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito en la tesis número XX.57 K, de rubro y texto: ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda." APERCIBIMIENTO Se apercibe a la parte quejosa, que de no cumplir con la prevención en los términos requeridos, con fundamento el penúltimo párrafo del artículo 114 de la ley de la materia, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. DOMICILIO Toda vez que la parte quejosa solicita que las notificaciones se le practiquen de manera electrónica, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, por lo que se comisiona a los actuarios adscritos a este juzgado a fin de que le practiquen la notificación de este auto, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, por dicho medio a través del usuario que indica; en el entendido, que le recae la obligación a la parte quejosa de ingresar al sistema electrónico todos los días y obtener la constancia de la consulta realizada al expediente digitalizado en el plazo que señala la norma respectiva, de conformidad a lo previsto en los artículos 3, 30 fracción II y 31, fracción III, todos de la Ley de Amparo. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO En relación a la solicitud de que se le permita la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, vía internet a través del usuario que proporciona en el escrito de demanda; dígasele que se tiene por autorizada su solicitud, siempre y cuando se encuentren registrados en la página relativa al "sistema de consulta de expediente electrónico". Por tanto, se instruye a la Analista Jurídico SISE adscrita a este juzgado, para que lleve a cabo el registro del usuario en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. JUICIO EN LÍNEA Con fundamento en los artículos 22, 28 y 29 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades que actualmente enfrentamos, con motivo de la contingencia sanitaria, hagan uso de las herramientas tecnológicas que se ofrecen desde el portal de servicios en línea y continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "Juicio en Línea"; esto es, soliciten la consulta del expediente electrónico, así como las notificaciones, a través de la vía electrónica. Cabe destacar que para este fin es necesario, la utilización de una firma electrónica FIREL vigente. Para el efecto, el Consejo de la Judicatura Federal mediante comunicado 28/2020 de quince de julio de dos mil veinte, indicó que a partir de esa data, se encuentra disponible la APP (aplicación) para tramitar en línea la Firma Electrónica Certificada (FIREL), para lo cual se necesita iniciar el proceso desde el portal www.firel.pjf.gob.mx, y contar con la credencial para votar con fotografía como identificación oficial. En ese sentido, a través de esa aplicación se podrá obtener la firma electrónica a distancia, sin la necesidad de acudir a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, empero, en caso de que los datos no se puedan verificar o bien exista cualquier duda o problema, se podrá brindar la atención remota a través de los teléfonos (55) 56477605, 018008369525 o bien al correo electrónico firelenlinea@correo.cjf.gob.mx. MEDIOS ALTERNATIVOS DE CONTACTO Con fundamento en los artículos 5, fracción I, y 22, fracción II, del propio Acuerdo General 21/2020, se les requiere a las partes para que proporcionen un medio alternativo de contacto (número telefónico y cuenta de correo electrónico), para entablar comunicación no procesal con éstas, cuando así lo considere necesario este órgano jurisdiccional. MEDIOS TECNOLOGICOS De igual manera, de conformidad con la circular 12/2009, de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza para que tomen las fotografías de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, con los medios tecnológicos que indica la circular referida. OPOSICIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES Cabe indicar que las partes tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V, y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo previsto en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, por lo que las partes deberán manifestarlo expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en el entendido que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se emitan se aplique sin supresión de datos, conforme a lo dispuesto en el numeral 21 de la última ley en cita. AUTORIZACIÓN DE FIRMA DE OFICIOS Y HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Se autoriza a los secretarios y actuarios adscritos a este juzgado federal a efecto de que firmen los oficios derivados del presente asunto. Finalmente, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluso el emplazamiento de las partes en el presente juicio de amparo; y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. Notifíquese: vía electrónica a la parte quejosa.

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