Luis Arturo Calderón Álvarez

Expediente 160/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
160/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
11/05/2022

Partes del expediente

  • Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial de Morelia, Michoacán
  • Luis Arturo Calderón Álvarez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, once de mayo de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la suspensión provisional solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, destrúyase el juicio, y depúrese el original del incidente y transfiérase éste a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las diez horas con veinte minutos del diecinueve de abril de dos mil veintidós, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo III-160/2022-M, sin la comparecencia de las partes. Enseguida la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con la documental que anexó el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad. Al respecto, el juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas descritas; por otro lado, dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que las partes no los formularon. Al respecto, el juez acuerda: Con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se declara precluido el derecho de las partes para ofrecer medios de convicción. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista de la juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y, RESULTANDOS: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el catorce de febrero de dos mil veintidós, ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, Luis Arturo Calderón Álvarez por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de esta ciudad y de otra autoridad. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1º, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado de Distrito, quien la registró bajo el número 160/2022; en proveído de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, se admitió la demanda; se solicitó el informe justificado a las responsables y ordenó dar vista al Agente del Ministerio Público Federal la intervención correspondiente. Con posterioridad ordenó el emplazamiento de la tercera interesada Alma Rosa Rangel Ortiz; se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo con el resultado consignado en el acta que antecede; y, quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda, en términos de los siguientes C O N S I D E R A N D O S : Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese sentido, apreciada íntegramente la demanda, se advierte que Luis Arturo Calderón Álvarez, por su propio derecho reclama: Del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de esta ciudad y del Actuario adscrito a dicho juzgado: El ilegal llamado a juicio, dado que no fue emplazado en su domicilio particular en el juicio ejecutivo mercantil oral 447/2020, promovido por María Alma Rosa Rangel Ortiz y/o Alma Rosa Rangel Ortiz, en su contra. Tercero. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de esta ciudad, y al Actuario adscrito a dicho juzgado, por así manifestarlo al rendir su informe justificado, lo que se corrobora con las copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil 447/2020, que envió la primera de las autoridades citadas, con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su dispositivo 2º. En ese sentido, se tiene por cierto el acto reclamado en esta instancia constitucional. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Cuarto. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Este Juzgado advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, éste último aplicado en sentido contrario. En efecto, los artículos señalados son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas." De lo anterior deriva, que procede el amparo indirecto, contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas. Se atribuye tal calidad -extraña a juicio-, a quien no ha figurado como parte en el juicio o en el procedimiento, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas; así como a la parte demandada que no fue emplazada o que lo fue incorrectamente, en cuyo caso, se le reconoce el carácter por equiparación. Sobre el tema, nuestro Máximo Tribunal de Justicia estableció que la mera circunstancia de que el quejoso tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra o que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, desvirtúa su calidad de persona extraña al procedimiento, en cuyo caso, el juicio de amparo indirecto que se promueva con tal carácter, deberá declararse improcedente. Es aplicable al caso concreto, la jurisprudencia número P./J.7/98, bajo el rubro y texto siguientes: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." Así como la jurisprudencia de la Primera Sala, 1ª./J.67/2013 (10ª), visible en la página 729, del Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia." Ahora bien, las constancias que obran en autos se advierte que: 1.Mediante escrito presentado el veinticuatro de agosto de dos mil veinte, María Alma Rosa Rangel Ortiz y/o Alma Rosa Rangel Ortiz, a través de sus endosatarios demandó al quejoso Luis Arturo Calderón Álvarez, el pago de pesos, misma que se registró bajo el número 447/2020 [fojas 1-6 del tomo de pruebas]. 2. Por auto de veintiséis de agosto de dos mil veinte, el juez responsable admitió la demanda, y ordenó el requerimiento de pago y emplazamiento al demandado, otorgándole un plazo de ocho días para contestar la demanda incoada en su contra [foja13-14 del tomo de pruebas]. 3. Mediante diligencia de veintidós de septiembre de dos mil veinte [foja 15-16 del tomo de pruebas], se emplazó a Luis Arturo Calderón Álvarez, a quien se tuvo contestando en tiempo la demanda en proveído de dos de octubre de dos mil veinte [foja 24-27 del tomo de pruebas]. 4. Seguido el juicio en sus causes legales, el dieciséis de marzo de dos mil veintiuno se dictó sentencia definitiva, en la que se declaró procedente la acción y se condenó al accionado al pago de las prestaciones reclamadas [foja 64 del tomo de pruebas], misma que causó ejecutoria el treinta de abril de dos mil veintiuno [foja76 del tomo de pruebas]. 5. El cuatro de junio de dos mil veintiuno [foja 85 del tomo de pruebas], se dictó sentencia interlocutoria que resolvió el incidente de liquidación y ejecución de sentencia; y en proveído de dieciocho de junio de dos mil veintiuno se pusieron los autos en estado de ejecución [foja 94 del tomo de pruebas] y previo el avalúo de bien raíz embargado, el dieciocho de enero de la anualidad que transcurre, se señalaron las diez horas del veintitrés de febrero de dos mil veintidós, para el verificativo de la audiencia que remate en su tercera almoneda [foja 250 del tomo de pruebas], misma que no se verificó [foja 251 del tomo de pruebas]. Bajo la óptica jurídica anterior se obtiene, que el quejoso Luis Arturo Calderón Álvarez, compareció al juicio natural a dar respuesta a la demanda promovida en su contra; motivo por el que ahora no puede acudir a esta instancia constitucional a reclamar su ilegal emplazamiento, en virtud a que no se le puede atribuir el carácter de persona extraña a juicio, pues con su comparecencia se incorporó a él. En apoyo a lo anterior, es de citar la jurisprudencia P./J. 39/2001, consultable en la página 93, del Tomo XIII, Abril de 2001, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro digital: 189916, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal. Resulta aplicable por identidad jurídica sustancial, la tesis XXVII.2o.1 L (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Registro: 2011218, Tribunales Colegiados de Circuito, Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II, Materia(s): Común, Página: 1777, que es del tenor siguiente: "REMATE EN EJECUCIÓN DE LAUDO. LA ACREEDORA HIPOTECARIA DEL DEMANDADO QUE HA SIDO LLAMADA A LA AUDIENCIA RESPECTIVA O COMPARECE A ÉSTA, CARECE DEL CARÁCTER DE TERCERO EXTRAÑA, POR LO QUE LE SON INAPLICABLES LAS EXCEPCIONES AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. La acreedora del demandado en el juicio laboral pierde su carácter de tercero extraña cuando es llamada y comparece, o se abstiene de hacerlo, a la audiencia de remate para hacer valer sus derechos en relación con los bienes embargados en ese juicio, sobre los que constituyó garantía hipotecaria con motivo del contrato de crédito que celebró con aquél, pues con ello se incorporó al juicio laboral en su etapa de ejecución de laudo; en esa virtud, no le aplican las excepciones al principio de definitividad y, por tanto, al tener a su favor el derecho de intervenir en el remate de los bienes inmuebles embargados, está obligada a controvertir la determinación que afecta el interés que le asiste, a través del recurso de revisión, previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo". En las relatadas condiciones, se actualiza las causales de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, y 107, fracción VI, aplicada en sentido contrario, de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el artículo 63 fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio. En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de amparo, según criterio sostenido en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49, Volumen 24, tercera parte, Materia Común, Séptima Época, registro 239006, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Quinto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: R E S U E L V E Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Luis Arturo Calderón Álvarez por su propio derecho, respecto de los actos, autoridades y motivos precisados en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos expresados en el considerando cuarto del propio fallo. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese por lista y por oficio a las responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio que remite el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de dieciséis de marzo del año en curso, remite copia íntegra, certificada y legible la totalidad del juicio ejecutivo mercantil 447/2020; en tal virtud, se deja sin efectos el apercibimiento decretado al respecto. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las documentales que anexa en apoyo a su informe la autoridad responsable en cita, con las cuales se ordena formar un tomo por separado de pruebas y se ordena relacionar en la audiencia constitucional. Ahora bien, del estado de autos se advierte que se reservó proveer en relación con la existencia de terceros interesados hasta en tanto se recibieran la totalidad de las constancias relativas al acto reclamado, hipótesis que a la fecha se encuentra satisfecha; por tanto, se procede a proveer lo conducente. Al respecto, de las constancias remitidas por las autoridades responsables, se advierte que Alma Rosa Rangel Ortiz, es la parte contraria dentro del juicio de origen; por tanto, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo se le reconoce el carácter de tercera interesada, quien puede ser emplazada en la Calle del Trabajo, numero 64letra b, colonia Centro, en esta ciudad. En tal virtud, se comisiona al actuario adscrito, a efecto de que realice lo siguiente: a) Con las formalidades que establece el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, efectúe el emplazamiento de la parte tercera interesada, personalmente o por conducto de quien al momento de la diligencia con documento idóneo, acredite ser su apoderado o representante y de ser posible recabe copia del documento; b) De no encontrar a la parte tercera interesada o a su representante, lleve a cabo el emplazamiento por citatorio de acuerdo con las formalidades que establece el referido precepto 27 del ordenamiento legal invocado; c) Le corra traslado con copia de la demanda de amparo, así como del auto de admisión de demanda, o en su caso, las adjunte al citatorio respectivo; d) Le haga saber que se encuentran señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, las diez horas con veinte minutos del diecinueve de abril de dos mil veintidós; e) Le requiera para que al momento de la diligencia, o bien, dentro del plazo de tres días, contado a partir de que surta sus efectos el emplazamiento respectivo, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, señale domicilio para recibir notificaciones personales en esta ciudad de Morelia, Michoacán, ya que mientras no señale domicilio las notificaciones siguientes a su emplazamiento se le harán por medio de lista publicada en lugar visible de este juzgado, de conformidad con los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo; f) Se autoriza a la persona encomendada para realizar la diligencia de emplazamiento, tomar las medidas respectivas para cumplir con la encomienda, ya que de no lograr la diligencia en los términos precisados, podrá llevarla a cabo de conformidad con los artículos 312 y 313 del Código Federal de Procedimientos Civiles, únicamente de actualizarse las hipótesis previstas en dichos preceptos, de lo que deberá asentar la razón correspondiente; y g) Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza a la persona encomendada para que realice el emplazamiento aun en días y horas inhábiles, en el entendido de que si se entera de un domicilio diverso donde pueda realizarse, se le faculta para constituirse en el lugar respectivo y lo efectúe sin necesidad de previo acuerdo, asentando la razón correspondiente, por lo que en su caso, deberá indagar con los vecinos del lugar. Notifíquese por lista y cúmplase. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Se notifica a la parte tercero interesada por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo.

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