LUIS ARTURO ALPIZAR PEREZ y Otros.

Expediente 276/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
276/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
30/05/2023

Partes del expediente

  • LUIS ARTURO ALPIZAR PEREZ y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, treinta de mayo de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta, signado por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Fuerte, Sinaloa, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el despacho número de orden ********************, número de origen D-********************, por medio del cual se ordenó notificar a los quejosos ********************, el proveído de veinte de abril de dos mil veintitrés; agréguese a los presentes autos únicamente para que obre, en virtud que se proveyó lo conducente el veintiséis de mayo del año en curso, al haberse recibido dicho comunicado oficial vía correo electrónico.

  2. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, veintiséis de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales el oficio 741/2023, signado por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Fuerte, Sinaloa, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el despacho número de orden 157/2023, número de origen D-60/2023, por medio del cual se ordenó notificar a los quejosos Luis Arturo Alpizar Pérez y Zaina Valentina Gil Soto, el proveído de veinte de abril de dos mil veintitrés. Por otra parte, vista la certificación secretarial de cuenta y en atención al estado procesal de los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el proveído de veinte de abril de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de amparo 276/2023-1B, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Luis Arturo Alpizar Pérez y Zaina Valentina Gil Soto; por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, párrafo segundo, de dicho ordenamiento legal, se declara que el citado acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Por tanto, con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción, dado que por auto de veinte de abril de dos mil veintitrés, se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 21, penúltimo párrafo, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente juicio de amparo, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.

  3. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, veintitrés de mayo de dos mil veintitrés. Visto el oficio 7202/2023 suscrito por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosegundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, mediante el cual informa el proveído de veintidós de mayo de dos mil veintitrés, en cual se desecha el recurso de reclamación interpuesto por Luis Arturo Alpizar Pérez y Zalza Valentina Gil Soto, contra el proveído de veinte de abril del año en curso, dictado por este juzgado; agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda.

  4. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, veinte de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales el oficio 5954/2023 de cuenta signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, con el cual remite el juicio de amparo directo 1149/2023, promovido por ********************, en atención a su contenido se provee: Ahora, con apoyo en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del asunto, teniendo en consideración que el acto reclamado trata de ejecutarse dentro de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito; hágase lo anterior del conocimiento de la autoridad oficiante para los efectos legales conducentes. Fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno respectivo con el número 276/2023-1B. Acúsese recibo. En principio debe decirse que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. Al efecto resulta preciso citar la tesis jurisprudencial P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". De conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar el escrito aclaratorio relativo a la demanda de amparo, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Los citados numerales, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Lo anterior, en atención a que los preceptos 112 y 113 de la Ley de Amparo faculta al Juez de Distrito para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sin embargo, esa potestad no es ilimitada ni depende de un criterio puramente subjetivo, sino que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; mientras que por "indudable", aquello que se tiene certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no se puede poner en duda por lo claro y evidente que es, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, consecuentemente, se procede a analizar tales aspectos. En relación con lo referido, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, visible en la página 648, del Tomo IX, correspondiente al mes de Enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro expresa: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". En ese contexto, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señaló como autoridad responsable y actos reclamados los siguientes: AUTORIDAD RESPONSABLE: JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE EL FUERTE, SINALOA. ACTOS RECLAMADOS "El acuerdo de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, emitido en los autos del expediente 67/2023, relativas a las diligencia de jurisdicción voluntaria de notificación judicial, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Fuerte, Sinaloa. Establecido lo anterior, este juzgador estima que en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este último interpretado a contrario sensu, por lo cual la demanda se debe desechar de plano, en observancia a lo dispuesto por el numeral 62 de la Ley de amparo. El artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: "(.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (...)". De esta disposición se advierte, entre otras cosas, que el juicio de amparo es procedente contra actos dictados por un tribunal judicial, una vez agotados los recursos que, con arreglo a la ley aplicable al caso en concreto, procedan. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando no se hayan agotado los recursos ordinarios que procedan contra el acto reclamado, dado que a través de éstos puede ser revocado, modificado o nulificado. Por su parte, el precepto legal referido en primer término, en la fracción invocada, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" De lo anterior se observa, que la regla a fin de que se actualicen los supuestos de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, es que en contra del acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa, por virtud del cual pueda nulificar, modificadas o revocar el acto reclamado. Así se desprende de la jurisprudencia VI.3o.C. J/62, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, visible en el Tomo XXIII, febrero de 2006, página 1665, registro digital 175964, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA. La Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia 603 visible a fojas 1040 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, ha sostenido que la posibilidad de un recurso no es obstáculo para admitir la demanda de amparo; sin embargo, la jurisprudencia de que se trata no tiene aplicación, si la existencia del recurso se advierte en forma patente en el material de que dispone el juzgador, y éste tiene además la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia, sustentada en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, es operante; de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes; de ahí, que deba concluirse que, el juez federal al admitir la demanda de que se trata, viola el principio de economía procesal, ya que de darse curso a dicha demanda, se tramitaría un juicio a todas luces improcedente, distrayendo a los órganos jurisdiccionales del conocimiento, con mengua de la atención que debe otorgarse a los demás juicios cuya improcedencia no esté controvertida desde su inicio; razones por las que en ese supuesto la demanda de amparo debe desecharse al surtirse la hipótesis que contempla el artículo 145 de la Ley de Amparo". El principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Ello es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Lo anterior, porque si se pasan por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos judiciales no tendrían la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, pues de lo contrario, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración pública, lo cual no es permitido conforme a la técnica del juicio de amparo. De ahí la importancia de que las partes interesadas, antes de acudir al juicio de amparo, deban agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley que rija el acto reclamado prevea para tal efecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada sin número, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XLV, página 1304, registro digital 312200, de rubro y texto siguientes: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo. Así también, apoya a lo anterior la jurisprudencia VI. 1o. J/85, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, número 67, Julio de 1993, página 51, registro digital 215770, de rubro y texto siguientes: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73 fracción XIII de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional. En ese sentido, este Juzgador advierte que respecto a la determinación tomada por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Fuerte Sinaloa, con sede en la ciudad del mismo nombre, en veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, en el expediente 67/2023, relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria notificación judicial, en el que admitió a trámite las citada providencia, podía obtener su modificación o nulificación, mediante la interposición del recurso de apelación, previsto por los numerales del título décimo quinto, capítulo primero, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, que disponen: "Artículo 912. Las providencias de jurisdicción voluntaria serán apelables en ambos efectos, si el recurso lo interpusiere el promovente de las diligencias, y sólo en el devolutivo cuando el que recurre hubiere venido al expediente voluntariamente o llamado por el juez o para oponerse a la solicitud que haya dado motivo a su formación. "Artículo 913. La substanciación de las apelaciones en jurisdicción voluntaria se sujetará a los trámites establecidos para la de los incidentes." En ese sentido, se estima que el legislador contempló que las providencias de jurisdicción voluntaria son apelables, en ambos efectos, si la interpone quien promovió las diligencias, y únicamente en efecto devolutivo cuando el que recurre hubiere ocurrido a las diligencias voluntariamente o llamado por el juez o para oponerse a la solicitud que haya dado motivo a su formación; por tanto, se estima que los promoventes de amparo aún cuentan con un medio legal de defensa previo a la promoción del juicio de derechos fundamentales. De ahí que, las providencias que deciden la petición planteada, entre las que se encuentran las que desechan la solicitud de la parte interesada, o las que decidan no recibir o dar trámite a la petición planteada, pues en ambos casos se decide el procedimiento; procede el recurso de apelación. De manera, que previo a solicitar la protección constitucional, la parte quejosa debe agotar el principio de definitividad con el fin de lograr la modificación del acto reclamado, a fin de hacer procedente el juicio constitucional. Es así, porque es indiscutible que los peticionarios no cumplieron con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de amparo, ya que la esencia de la precitada causal de improcedencia consiste en concebir al juicio de amparo como un medio de impugnación extraordinario en cuanto a que sólo en casos excepcionales se haga valer una vez que se agoten ante la propia autoridad responsable los recursos o medios de impugnación, para que sea quien remedie la irregularidad existente; y, sólo en el supuesto de que no fuera así, promoverlo cuando el acto reclamado afecte los derechos fundamentales del gobernado. En las relatadas condiciones, los quejosos se encuentran obligados a hacer uso de los medios ordinarios de impugnación que la ley que rige el acto establece para impugnar el acto ahora reclamado, como en el caso, lo es el recurso de apelación. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada XXI.1o.45 K, sustentada por Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIII, febrero de 1994, página 307, registro digital 213455, cuyo texto es el siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS IMPROCEDENTE, SI NO SE SURTE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. El principio de definitividad consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio constitucional que por naturaleza es un medio extraordinario de defensa, el cual se encuentra contemplado en el inciso b) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución General de la República. Ahora bien, tal principio no se satisface con el hecho de haber interpuesto el recurso de apelación en contra de la interlocutoria reclamada vía amparo indirecto y el cual fue desechado, sino que era necesario además impugnar dicho acuerdo para lograr que se admitiera el recurso de apelación interpuesto y que se decidiera el mismo mediante resolución definitiva, modificando, revocando o nulificando la interlocutoria recurrida, resolución definitiva que es la susceptible de reclamarse vía amparo indirecto, y al no dar cumplimiento a ese principio de definitividad, es claro que la demanda de garantías es improcedente y debe desde luego desecharse de plano, conforme a lo dispuesto en la fracción XIII del artículo 73, en relación con el diverso 145, ambos preceptos de la Ley de Amparo". Esto encuentra sustento en el hecho de que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad conculcatorios de derechos fundamentales; motivo por el cual, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común, los cuales se encuentran previstos en el artículo 107 de la Constitución General de la República, entre los que se encuentra el principio de definitividad. Por ende, dicho principio obliga indefectiblemente a los quejosos a agotar previamente a la interposición de la demanda de amparo, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, pues, como se anticipó, el juicio de derechos fundamentales se concibió como un medio extraordinario de defensa, lo que significa que sólo procede en casos excepcionales, es decir, contra aquellos que ya no son susceptibles de ser revisados a través de los citados recursos o medios de defensa ordinarios contemplados en las leyes respectivas. En esa medida, el principio de definitividad consiste en la obligación que tiene el peticionario del amparo de agotar todos los medios ordinarios de defensa y los recursos que tenga a su alcance, por los cuales se pueda revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio constitucional, que por naturaleza es un medio extraordinario de defensa contemplado en el inciso b), de la fracción III, del artículo 107 de la Constitución General de la República. Apoya lo anterior la tesis I.6o.C J/37, visible a página 902, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Tomo XV, Mayo de 2002, con registro número 187016, cuyo rubro y texto son: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Por tanto, si los impetrantes del amparo inobservaron el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, en virtud de que no agotó los medios ordinarios de defensa legal, conforme a los cuales la autoridad jurisdiccional responsable, de resultar fundados, podría revocar o nulificar los actos impugnados, deviene incuestionable que en el caso, como se anticipó, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo y, por ende, lo procedente es desechar la demanda de amparo que se analiza. Cabe señalar que en el presente caso, no se actualiza ninguno de los supuestos de excepción que prevén los incisos a), b) y c), de la fracción XVIII, del artículo 61 de la ley. Lo anterior, toda vez que el acto reclamado no importa peligro de la privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A saber, la pena de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualquier otra pena inusitadas y trascendentales; así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco se reclama una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niega la libertad bajo caución o en el que se establezcan los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o que afecte la libertad personal de la quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. De igual forma, no se trata de persona extraña al procedimiento de origen ni tampoco de la emisión de un auto de vinculación a proceso. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, en relación con los numerales 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha de plano la demanda en estudio, con apoyo en el ordinal 113 de la ley de la materia. Es aplicable, la Jurisprudencia del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631 del Tomo XX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Septiembre de 2004, Materia Común, Novena Época, cuyo contenido es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.". Tampoco pasa inadvertido, que se actualiza una diversa causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". De la interpretación sistemática de estos dispositivos, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando se reclamen actos en juicio, cuyos efectos no tengan, sobre las personas o cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Ahora, de las constancias que obran en autos se advierte que el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Fuerte, Sinaloa, con sede en la ciudad del mismo nombre, por auto de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, con fundamento en los artículos 905 y 906 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, admitió a trámite las diligencias de Jurisdicción Voluntaria, con el objeto de que se realice una notificación judicial, formando el expediente 67/2023, promovida por Evelyn Becerra Solís, en su carácter de Cecionario y/o Causahabiente de los Derechos Litigiosos de crédito cedido por la moral Sociedad Hipotecaria Federal Sociedad Nacional de Crédito Institución de Banca de Desarrollo, como Fiduciario en el "Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda" (FOVI) antes Banco de México, representada y administrada por la moral ABC SERVICIOS Y CONSULTORÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE; ordenando al Órgano Ejecutor de su adscripción, se notificara personalmente a los pretensos codemandados aquí quejosos ********************, respecto de los conceptos precisados por el promovente; diligencia realizada el diez de marzo de dos mil veintitrés. En ese contexto, los actos que tenían como finalidad notificar a los quejosos, no es de imposible reparación, porque no decidió sobre algún derecho sustantivo de estos; es decir, no se ordenó privarlos materialmente de sus propiedades, posesiones, o similar derecho. En ese contexto, la pretensión principal que subyace, es la de admitir a trámite dicho procedimiento, notificar a los pretensos codemandados por los conceptos precisados en la demanda; lo cual no puede causar un perjuicio irreparable a los quejosos, porque en ella la autoridad judicial no resuelve ni ordena cuestión alguna, sino que se limita a comunicar la petición formulada por los promoventes de las diligencias. Luego, si bien es verdad, que las resoluciones dictadas en jurisdicción voluntaria constituyen actos fuera de juicio y contra ellas procede el amparo; ello se entiende únicamente cuando se trate de resoluciones, situación que no se actualiza en el caso, porque la autoridad no resuelve cuestión alguna sino que sólo se limitó a acordar la solicitud de la parte promovente y ordenar su notificación, es decir, en las diligencias de jurisdicción voluntaria no hay actos que ejecutar, ni consecuencias, ni condena, por ende, no existe afectación material a un derecho sustantivo. De ahí que no pueda estimarse que los actos reclamados sean de imposible reparación, para la procedencia del juicio de amparo indirecto. Es aplicable por analogía en lo conducente la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Junio de 1991, Página 288, Octava Época de registro digital 222534, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, CONTRA LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. Las diligencias de jurisdicción voluntaria, son actos fuera de juicio y por ende no son de los considerados de imposible reparación, en razón de que dentro de esas diligencias sólo se notifica la voluntad del arrendador de vender en condominio los departamentos alquilados, y la oposición a ellas no implica un acto que no pueda ser reparado en juicio, máxime cuando se dejan a salvo los derechos del inquilino para que los haga valer como procediere." Lo anterior es así, pues de admitir a trámite la demanda de amparo, a nada práctico conduciría, si de cualquier manera al dictarse sentencia se sobreseería en el juicio, por ello, resulta conveniente desechar de plano, desde este momento la demanda de cuenta, con objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento, desde este momento, el resultado de la promoción de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención al derecho de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional. Con esta determinación no se contravienen los artículos 1o. y 17, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, mismos que reconocen el derecho de acceso a una tutela judicial efectiva, porque tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tienen a su alcance, ya que de actuar así equivaldría a que este Juzgado de Distrito dejara de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen la función jurisdiccional. Apoya lo anterior la tesis 2a. LXXXI/2012 (10a.), de Décima Época, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del veinticuatro de octubre del dos mil doce, pendiente de publicarse que dice: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables.". Téngase como su autorizado legal para para oír y recibir notificaciones, en términos amplios del precepto 12 de la Ley de la materia, al licenciado José Mahomed Ali Castañeda Burgueño y únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos a Abelardo Herran Palafox, en atención a que no tiene registrada su autorización para ejercer la abogacía en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito. En virtud de que los quejosos ********************, tienen autorizado como domicilio para oír y recibir notificaciones uno distinto a la jurisdicción de este Juzgado; con fundamento en los preceptos 298 y 299, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la codificación de la materia, en términos de su artículo 2º, gírese despacho al Juez Mixto Primera Instancia del Distrito Judicial de El Fuerte, Sinaloa, para que tenga a bien girar las instrucciones pertinentes, para que notifique este proveído a los quejosos de mérito, en el domicilio ubicado en calle Pitahaya número 24, fraccionamiento Villa de Montesclaros, El Fuerte, Sinaloa; asimismo, los requiera para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, señalen domicilio para oír y recibir notificaciones en el lugar de este Juzgado, apercibidos que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las personales, se le harán por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado de conformidad con lo establecido en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con el 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley.

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