Luis Arredondo Monzón
Expediente 1428/2014 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 16 actuaciones registradas, la última del 4 de febrero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1428/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 04/02/2016
Partes del expediente
- Luis Arredondo Monzón
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el telegrama que remite el Secretario de Desarrollo Social del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, mediante el cual informa que recibió el oficio 27056/2015, el veintidós de julio de dos mil quince, en el que se le hizo del conocimiento el proveído que declaró cumplido el fallo protector, lo anterior para los efectos legales conducentes.
- Principal
Ensenada, Baja California, quince de julio de dos mil quince. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días establecido en el tercer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran su inconformidad contra el proveído de doce de junio de dos mil quince, en el cual se declaró cumplido el fallo protector. En consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, considerando que ninguna de las partes hizo alguna manifestación al respecto. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que concedió el amparo a la parte quejosa, y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. Devolución de documento. Toda vez que en autos constan documentos en original exhibidos por la parte quejosa, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del punto décimo primero del aludido Acuerdo General conjunto, requiérase para que comparezca en un plazo de noventa días naturales, ante este Juzgado, a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente. Indicándole que a fin de no distraer al personal de apoyo de sus labores sustantivas, el horario establecido para lo acordado es de nueve a doce horas, de lunes a jueves. .
- Principal
Hago efectivo el percibimiento del aviso de dieciséis de julio de dos mil quince, dejado en el domicilio procesal del QUEJOSO, por lo que se ordena la notificación del auto de quince de julio de dos mil quince, por lista y por lista en una página electrónica, que dice: Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días establecido en el tercer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran su inconformidad contra el proveído de doce de junio de dos mil quince, en el cual se declaró cumplido el fallo protector. En consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, considerando que ninguna de las partes hizo alguna manifestación al respecto. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que concedió el amparo a la parte quejosa, y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. Devolución de documento. Toda vez que en autos constan documentos en original exhibidos por la parte quejosa, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del punto décimo primero del aludido Acuerdo General conjunto, requiérase para que comparezca en un plazo de noventa días naturales, ante este Juzgado, a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente. Indicándole que a fin de no distraer al personal de apoyo de sus labores sustantivas, el horario establecido para lo acordado es de nueve a doce horas, de lunes a jueves.
- Principal
hago efectivo el percibimiento del aviso de quince de junio de dos mil quince, dejado en el domicilio procesal del QUEJOSO, por lo que se ordena la notificación del auto de doce de junio de dos mil quince, por lista y por lista en una página electrónica al QUEJOSO, que dice: Ensenada, Baja California, doce de junio de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que mediante oficios registrados con los folios 12447 y 13452 (fojas 92 a 95 y 98 a 103), las autoridades responsables, manifestaron haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo; ahora bien, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de los procedimientos de amparo es de orden público, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a determinar si tal ejecutoria está cumplimentada o no, aun cuando la parte quejosa no haya desahogado la vista ordenada sobre el particular, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Apoya la anterior determinación, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, tomo XI-marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, cuya sinopsis es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Igualmente resulta aplicable, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la tesis IX.1o.6 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 883, tomo III-marzo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, que dice: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO. Los artículos 104, 105, 106 y 107 de la Ley de Amparo, que se refieren a la ejecución de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, no prevén ningún caso de excepción. Por el contrario, se advierte que el espíritu de estas disposiciones legales, es el de que las ejecutorias de amparo deben ser cumplimentadas sin demora por las autoridades responsables, pues el restablecimiento de la garantía o garantías violadas, mediante la ejecución de la sentencia de amparo, es una cuestión legal de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios; estimarlo de otra forma es contrario a los fines del juicio de garantías y altera la jerarquía de las normas jurídicas." En la demanda de amparo la parte quejosa señaló como autoridad responsable, en lo que interesa, al Gobierno y Secretaría de Desarrollo Social, ambos del Estado de Baja California, de quienes reclamó la omisión de contestar el escrito presentado por la parte quejosa el veintisiete de junio de dos mil catorce, ante el Gobierno del Estado de Baja California y del Secretario de Desarrollo Social del Estado de Baja California. Ahora bien, mediante sentencia definitiva pronunciada en la audiencia constitucional de siete de abril de dos mil quince, este órgano jurisdiccional otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, la cual causó ejecutoria mediante acuerdo de cuatro de junio del propio año. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO Los efectos de la concesión de amparo fueron precisados por la referida ejecutoria, por lo que la autoridad responsable quedó constreñida a cumplir con lo siguiente: "[.] lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el efecto de que las autoridades responsables Gobernador del Estado de Baja California y Secretario de Desarrollo Social del Estado de Baja California: a) Den contestación congruente por escrito a la solicitud formulada por la quejosa el veintisiete de junio de dos mil catorce, de inscripción al padrón de beneficiarios de la pensión establecida en la Ley de los Derechos, Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores en el Estado de Baja California; y. b) Hagan de su conocimiento el acuerdo relativo inmediatamente pronunciado en el domicilio que haya señalado para tal efecto. Sin que la concesión del amparo implique que la responsable deba acceder a la petición de la quejosa, pues el derecho de petición no tiene el alcance de obligar a la autoridad a obrar en el sentido requerido por el gobernado, sino únicamente dar respuesta a la solicitud. [.]" ACTO DE AUTORIDAD RELACIONADO CON EL CUMPLIMIENTO Por oficios registrados con los folios 12447 y 13452 (fojas 92 a 95 y 98 a 103), la autoridad responsable Secretario de Desarrollo Social del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, remitió la contestación que dio en fecha diecisiete de abril del año en curso, a la petición formulada por el impetrante de amparo el veintisiete de junio de dos mil catorce, así como la constancia de notificación del mismo; por su parte, el Subsecretario Jurídico del Estado en representación del Gobernador del Estado, con residencia en Mexicali, Baja California, manifestó que es a la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, a quien corresponde dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, asimismo que el Secretario de Desarrollo Social del Estado, dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo mediante oficio de diecisiete de abril del actual; documentales que tienen pleno valor probatorio en términos de lo preceptuado en los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En las relatadas circunstancias y una vez analizada la ejecutoria de mérito, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DICTADA EN EL PRESENTE ASUNTO, pues es inconcuso que la autoridad responsable, acató el núcleo de la ejecutoria. ACTO DE AUTORIDAD RELACIONADO CON EL CUMPLIMIENTO Lo anterior se evidencia por el hecho de que la autoridad responsable Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Baja California, mediante oficio SDS/149/2015 de diecisiete de abril de dos mil quince, dio contestación a la petición formulada por el ahora quejoso, presentada por escrito el veintisiete de junio de dos mil catorce; asimismo, remitió la constancia de notificación relativa a dicha contestación. Así, se pone de manifiesto que la autoridad responsable cumplió con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, habida cuenta que dio contestación a la petición formulada por el impetrante de amparo, la cual hizo de su conocimiento el diecisiete de abril del presente año. VISTA A LAS PARTES Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo.
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