Luis Armendáriz García

Expediente 84/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
84/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
22/03/2018

Partes del expediente

  • Luis Armendáriz García

Actuaciones

  1. Principal

    Por otra parte, vista la certificación que antecede, en el sentido de que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de revisión que establece el artículo 81, fracción I, inciso d), de la propia ley; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que el auto de diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, en el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo que nos ocupa, ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y atento a lo dispuesto por el precepto 214 de la citada Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del asunto como concluido en virtud de no haberse ordenado un hacer, no hacer o tolerar a las autoridades responsables, por lo que no existe actuación pendiente por realizar. No obsta a lo anterior que no se haga referencia al cómputo respecto a la autoridad responsable, pues de conformidad con el artículo 87 de la ley de la materia, éstas solo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que se le haya reclamado y, en el caso, se determinó conforme a derecho sobreseer en este juicio; de ahí que no se surte la hipótesis establecida para que la responsable pueda recurrir la sentencia de que se trata. Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de fecha quince de octubre de dos mil nueve; hágase del conocimiento de las partes, que el presente expediente, de acuerdo a sus particularidades es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos los cinco años que establece el primer párrafo del punto vigésimo primero del aludido acuerdo, contados a partir de esta fecha, toda vez que el presente asunto no tiene relevancia documental, a virtud de que no se trata de delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni de aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales, no es relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes y tampoco se considera que en él se haya adoptado alguna resolución que tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Notifíquese; mediante oficio a la autoridad responsable.

  2. Principal

    Se notifica por lista al quejoso Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, así como de las constancias remitidas por la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en Gómez Palacio, Durango, al rendir su informe justificado, se advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, la cual dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)". Del texto del precepto legal reproducido se deduce que, para que opere la causal de improcedencia en cuestión, es menester que se actualice un hecho del cual se derive la cesación de los efectos del acto reclamado, de modo tal que exista una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo. El sentido gramatical de la aludida disposición permite precisar que, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa, por lo que, de acuerdo con el texto de la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado cuando éstos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana el acto, deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga, y para que sea aplicable esta improcedencia es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce de las garantías violadas, por tanto, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente, pues únicamente puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de las garantías violadas. Tiene aplicación, la jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210, tomo VII , del mes de febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En ese sentido, cabe precisar que el acto reclamado consiste esencialmente en: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: De la Autoridad señalada como responsable reclamo la omisión en que ha incurrido para emitir la sentencia definitiva que resuelva el Juicio con el número de expediente 593/2013 promovido por la C. MARÍA LUISA ARMENDÁRIZ GARCÍA en contra del suscrito y otros". Sobre el particular, se estima que se actualiza la causal de improcedencia en cuestión, ya que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, las cuales gozan de valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, aparece que en fecha veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en Gómez Palacio, Durango, dictó sentencia definitiva del juicio ordinario civil 593/2013, de su índice (fojas 715 a 722 del anexo I de pruebas). Es decir, resulta indiscutible que cesaron los efectos del acto reclamado en el presente juicio, con la emisión de la sentencia definitiva dictada dentro del juicio de origen, cuya omisión constituye el acto reclamado en el presente asunto, por ende, tal hecho actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia en estudio. Por consiguiente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento de este asunto fuera de audiencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió la contradicción de tesis 26/2002, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en página 386, tomo XVII, marzo de 2003, Novena época, del Semanario Judicial y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previo la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la imparticion de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Por otro lado, es menester destacar que el análisis de las causas de sobreseimiento, constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia; además, las causas de sobreseimiento establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo. Al respecto, es dable invocar la tesis III.2o.C.3 K (10a.) sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la Décima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 3, página 2066, consultable con el epígrafe y contenido siguientes: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia". En ese mismo tenor, es aplicable la tesis III.4o.(III Región) 14 K (10a.), consultable en la Décima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la instancia de los Tribunales Colegiados de Circuito, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 3, página 1641, cuyo texto es el siguiente: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo". Sin que sea inadvertido para este juzgado el hecho de que no se haya emplazado a juicio a las personas que les asista el carácter de tercero interesado, toda vez que al decretarse el sobreseimiento del presente juicio de amparo no se les causa perjuicio alguno, y por el contrario su emplazamiento retardaría la impartición de justicia. Apoya a lo anterior la tesis de jurisprudencia cuyos datos de identificación y texto son los siguientes: "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal". Época: Décima; Registro: 2013630; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 39, Febrero de 2017, Tomo I; Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 6/2017 (10a.);Página: 556 Finalmente, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas a fin de que tuviera verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio y, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  3. Principal

    Se notifica auto a quejoso. Por recibido el oficio signado por el Secretario Ejecutivo de Creación de Nuevos Órganos, con residencia en la Ciudad de México, que contiene transcripción de la resolución a la consulta de turno planteada por este juzgado de distrito, en la que estimó que no existe relación de asuntos, porque en el presente juicio de amparo se reclama un acto de índole administrativo que es de naturaleza distinta a los actos impugnados en los juicios de amparo números 1779/2015, 1799/2015, 762/2017 y 1049/2017 del índice del Juzgado Tercero de Distrito en la Laguna, de esta ciudad, en los cuales se reclamaron acciones relativas al proceso penal 139/2014, esto es, actos jurisdiccionales, mientras que en la demanda de amparo que dio origen al juicio de amparo 539/2017-IX, versa sobre la falta de emplazamiento al procedimiento administrativo de queja 33-A/2016, sin que sea óbice que los actos materia de la queja 33-A/2016 guarda relación con el proceso penal 139/2014, sin embargo ello no es razón suficiente para estimar la relación de los juicios de amparo materia de la consulta. En tales condiciones, se agrega a los autos el oficio de cuenta, y hágase del conocimiento de las partes que se continúa en sus trámites el presente juicio de amparo, por lo que deberá estarse a lo proveído en auto de veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete, en el que se señalaron las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente a las partes; mediante oficio a las autoridades responsables.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · 9,893 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano