Luis Armas Peña
Expediente 701/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 18 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 701/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 09/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Luis Armas Peña
- Juez Segundo de lo Civil de Primera Instancia de este distrito Judicial, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Morelia, Michoacán, nueve de octubre de dos mil veintitrés. 1. Se recibe oficio. Visto el oficio signado por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, mediante el cual remite constancias referentes al cumplimiento de la ejecutoria, mismas que se ordena glosar sin mayor acuerdo, toda vez que mediante auto de cuatro del mes y año en curso, se declaró cumplida la ejecutoria y se ordenó el archivo del presente juicio. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Josué Romero Mena.
- Principal
Morelia, Michoacán, cuatro de octubre de dos mil veintitrés 1. Parte quejosa desahoga vista. Agréguese a los autos el escrito de cuenta presentado por el autorizado del quejoso mediante el cual, en desahogo de la vista ordenada en auto de veinticinco de septiembre del año en curso, realiza diversas manifestaciones de inconformidad con el cumplimiento del fallo protector, las cuales serán tomadas en consideración en párrafos subsecuentes. 2. Efectos del fallo protector. Ahora del estado que guardan los autos se desprende que mediante sentencia de treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Luis Armas Peña; misma que causó ejecutoria el veinticuatro de agosto de este año; por tanto, se requirió se cumplimiento para los efectos siguientes 1. Dejar sin efectos el emplazamiento practicado al demandado Luis Armas Peña -aquí quejoso-, incluyendo la sentencia de primera instancia, y como consecuencia, todo lo actuado con posterioridad. Lo anterior, porque el amparo no puede limitarse a la diligencia de emplazamiento, sino que se extiende a todas sus consecuencias, toda vez que al tercero extraño por equiparación no solo le afecta el ilegal emplazamiento a juicio, sino también las determinaciones posteriores a éste, las cuales fueron tomadas durante todo el procedimiento como consecuencia de no haber sido legalmente emplazado. [.] 2. En su lugar, resuelva con plenitud de jurisdicción lo que corresponda, respecto a un nuevo emplazamiento a la demanda, tomando especial atención a lo indicado en la presente sentencia de amparo. [.]" 3. Actos llevados a cabo en cumplimiento del fallo protector. En auto de uno se septiembre del año en curso, se tuvo al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, y Actuaria de su adscripción, adjuntando el acuerdo de veintiocho de agosto del año en curso, en el que dejó insubsistente todo lo actuado dentro del Juicio Ordinario Civil 203/2020, incluido lo realizado en la etapa de ejecución de sentencia, la sentencia definitiva, y demás actuaciones posteriores al acuerdo de dos de marzo de dos mil veinte, por el cual se admitió la demanda de origen; ordenándose el emplazamiento al impetrante. No obstante, en ese proveído se ordenó girar oficios al Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio, así como al Director de Catastro, ambos del Estado de Michoacán, para que de manera inmediata dejaran sin efectos las anotaciones registrales que se hubieren realizado en cumplimiento a lo ordenado en auto de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno; esto es, la inscripción de la sentencia definitiva de cinco de marzo de ese mismo año. En acuerdo de ocho de septiembre de esta anualidad, las responsables remitieron el acuerdo de cinco de septiembre de este año, en el que se tuvo al Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio en el Estado, informando que se realizó la cancelación total del registro seis, del tomo 16990 del libro de propiedad correspondiente al Distrito de Morelia. Luego, el diecinueve de septiembre siguiente, se tuvo por informado que el Director del Instituto Registral y Catastral del Estado de Michoacán, también dejó sin efecto las anotaciones registrales que le fueron requeridas; sin embargo, se requirió al juzgado responsable para que remitiera lo relativo al nuevo emplazamiento. Y, en ese sentido, en acuerdo de veinticinco de septiembre anterior, se tuvo al juez y a la actuaria adscrita, informando lo relativo a la orden de realizar inmediatamente el emplazamiento en el domicilio procesal que fue señalado en el presente juicio de amparo; por esa razón, se ordenó dar vista a las partes con el cumplimiento de la ejecutoria, para que en el término de tres días manifestaran lo que su interés legal conviniera. 4. Manifestaciones de inconformidad. Al respecto, se tiene que en proveído de veintidós de septiembre del año actual, se recibió el escrito de la parte quejosa, a través del cual, de manera esencial se manifestó en el sentido de que no se ha dado puntual cumplimiento a la ejecutoria, por lo que solicitó se requiriera de nueva, con el apercibimiento de ley. Asimismo, a través del escrito de cuenta, la parte quejosa también se expresa inconforme con el cumplimiento dado por las responsables a esta ejecutoria, pues señala que no cumplen cabal y debidamente los lineamientos trazados en el texto de la ejecutoria principal, por lo cual solicita que se les requiera de nueva cuenta. Por otra parte, señala que se oponen a los autos de diecinueve y veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, dictados por este órgano jurisdiccional, en específico, donde se requiere a las responsables la práctica de nueva cuenta del emplazamiento a la parte accionada, pues con ello, se tergiversan y trastocan los lineamientos de la propia ejecutoria al ordenarle la práctica del nuevo emplazamiento observando los lineamientos contenidos en la demanda inicial del juicio; esto es, los lineamientos y formulismos expresados en la demanda presentada por el entonces actor José Luis Medina Bravo, y tramitados ante el Juzgado responsable. Finalmente, insiste en manifestar su oposición expresa a que el accionado sea emplazado en el domicilio que fue señalado única y exclusivamente para los efectos del trámite del presente juicio de amparo, no así para dar cumplimiento a la ejecutoria. Además, porque ello no está autorizado en el considerando sexto de la ejecutoria; y, porque ese domicilio no fue señalado por el actor, por lo que no puede emplazársele al juicio civil en tal asiento domiciliario por no pertenecerle al accionado. 5. Conclusión. En tales circunstancias, y contrario a las manifestaciones de inconformidad, se considera que el solicitante del amparo fue restablecido en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados, ya que de las constancias remitidas por la responsable, se desprende que en el juicio de origen se dejó sin efectos el emplazamiento practicado al demandado, aquí quejoso, incluyendo la sentencia definitiva, y todo lo realizado en la etapa de ejecución, tal como fue explicado con anterioridad. Asimismo, con plenitud de jurisdicción resolvió lo correspondiente al nuevo emplazamiento de la parte demandada, pues en ese sentido, de los proveídos de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, identificados con los números 1 y 2, dictados por el juez responsable -mismos que fueron recibidos en proveído de veinticinco de septiembre anterior-, se advierte que ante la imposibilidad informada por la actuaria de su adscripción para emplazar al demandado, aquí quejoso, al juicio natural, en el domicilio señalado en el juicio de origen, por no corresponderle al peticionario de garantías; pero en aras de lograr la efectividad de la ejecutoria pronunciada, ordenó a la actuaria realizar el emplazamiento en el domicilio procesal señalado por el aquí quejoso, en el presente juicio de amparo. No obstante, también le requirió al accionante del juicio natural, aquí tercero interesado José Luis Medina Bravo, para que indicara el domicilio correcto del quejoso y accionado en el juicio de origen, bajo apercibimiento de multa. Determinación que se estima esencialmente correcta, pues ante la imposibilidad de emplazarlo en el domicilio inicialmente señalado en el juicio de origen, es que emitió determinación para que se realizara en aquél con el que contaba. Al respecto, y en contexto de la sentencia ejecutoria, se retoma que la Suprema Corte ha sostenido que el emplazamiento a juicio es la primera y más importante formalidad esencial del procedimiento, al ser precisamente el acto procesal por medio del cual se pone en conocimiento de la parte demandada la existencia de un juicio instado en su contra, del contenido de la demanda y de las consecuencias legales de no comparecer a contestarla; por tanto, la falta o deficiencia de esta formalidad genera la infracción procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, pues coloca a la parte enjuiciada en total estado de indefensión. Hipótesis que se actualizó en el caso concreto, y por ello, la concesión del amparo al quejoso. Ante tal importancia, es que se estima justificada la razón dada por el juez responsable de ordenar el emplazamiento en el domicilio procesal señalado en el presente juicio de amparo, por ser el que tenía en conocimiento. Dicho de otra manera, resulta razonablemente suficiente la imposibilidad informada por la actuaria de no haber localizado al demandado en el domicilio inicialmente señalado en el juicio de origen por no corresponderle, y que en vista de ello, el juez ordenara su emplazamiento en el domicilio con el que contaba. Lo que en modo alguno irroga perjuicio al demandado, pues de lo actuado se aprecia que la finalidad es emplazarlo al juicio natural, con independencia del domicilio, pues bastará que de practicarse tal notificación cumpla con las formalidades de ley. Más aún, no se concibe que por no lograrse el emplazamiento en el domicilio que inicialmente proporcionó la parte actora o bien si ésta manifestare desconocerlo -con motivo del requerimiento que se le efectuó-, que se ordenara una búsqueda de un diverso domicilio en el que pudiera ser notificado personalmente el demandado, cuando se tiene conocimiento del que fue señalado en el presente juicio de amparo, promovido precisamente en defensa del emplazamiento reclamado y que fue declarado inconstitucional. Máxime, debe considerarse que el efecto de la ejecutoria en ese sentido, únicamente ordena al juez resolver con plenitud de jurisdicción lo que corresponda respecto a un nuevo emplazamiento a la parte demandada, sin fijarle un lineamiento específico al respecto. Por lo que en ese sentido, y al margen de que en los proveídos de diecinueve y veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, dictados por este órgano jurisdiccional, se hubiera requerido a las responsables remitieran el nuevo emplazamiento a la demandada, lo cierto es que no fue enviado; más aún, tampoco se declara cumplida la ejecutoria basándose en tal actuación. De ahí que resulten infundadas las manifestaciones de la parte quejosa. En consecuencia, se declara cumplida la sentencia de amparo sin exceso o defecto, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. 6. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al área habilitada para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en medios electrónicos. 7. Valoración. En términos del artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -en adelante Acuerdo General-, el presente asunto es de CONSERVACIÓN ÍNTEGRA. 8. Transferencia. Por otra parte, con apoyo en los artículos 17 y 26 del mencionado acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años, con apoyo de la Administración Regional, transfiérase al depósito documental que el área coordinadora de archivos haya designado para tal efecto. 9. Incidente de suspensión, valoración. Toda vez que en el incidente de suspensión se concedió la suspensión definitiva, con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que los autos originales del incidente de suspensión son de CONSERVACIÓN ÍNTEGRA. 9.1 Destino del expediente. Con apoyo en el mencionado numeral 17, una vez que transcurra el plazo de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, con apoyo de la Administración Regional del edificio sede de este órgano jurisdiccional, transfiérase al depósito documental que el área coordinadora de archivos haya designado para tal efecto. 10. Billete de depósito. Toda vez que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, se ordena dejar a su disposición el billete de depósito N 946968, expedido por el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional), por el plazo de dos años contado a partir de la legal notificación de este proveído, apercibida que de no recogerlo, prescribirá en favor del erario federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 51 de la Ley de Tesorería de la Federación. 11. Documentos originales. En términos del artículo 19 del citado acuerdo, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. 12. Constancia. Como lo establece el capítulo décimo tercero, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula relativa a este expediente. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Frenette Aronny Rodríguez García.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. 1. Responsables informan. Agréguense a los autos los oficios signados por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, y Actuaria de su adscripción, mediante el cual se informa se requirió realizar inmediatamente el emplazamiento, en el domicilio procesal que fue señalado en el presente juicio constitucional. 2. Vista con cumplimiento de ejecutoria. Por tanto, con ello y con las constancias recibidas en autos de uno, ocho y diecinueve de septiembre del presente año, dese vista a las partes, para que dentro del término de tres días, contados al momento de tener conocimiento del presente acuerdo, manifiesten lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que este juzgado con desahogo de la vista o sin ella se pronunciará en relación con el cumplimiento del fallo protector. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Víctor Hugo Alonso Cendejas.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. 1. Manifestaciones de la parte quejosa. Agréguese a los autos el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa en términos amplios, mediante el cual manifiesta que no se ha dado puntual cumplimiento a la resolución emitida en el presente asunto, por parte de las autoridades responsables, por lo cual, solicita que se requiera nuevamente a las mismas a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria, y en caso de no hacerlo, se haga efecto del apercibimiento de inejecución de sentencia. Por lo anterior, dígasele a la quejosa que, como se desprende la certificación de cuenta, en auto de diecinueve de septiembre del presente año, se requirió a las responsables, Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, del distrito judicial de Morelia, Michoacán, y Actuaria de adscripción, para que en el término de tres días contado al momento de su notificación, remitan el nuevo emplazamiento a la demandada, tomando especial atención a lo indicado en la sentencia emitida en autos; por lo que una vez que haya fenecido el término, éste órgano federal acordará lo que a derecho corresponda. 2. Solicitud de copia certificada. Por otra parte, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase copia certificada de las constancias que solicita, autorizando a la persona que ahí menciona, mismas que habrá de ser entregada previa identificación y acta de recepción respectiva. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Víctor Hugo Alonso Cendejas.
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