Luis Armando Santibáñez Villanueva

Expediente 359/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 12 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
359/2023
Año
2023
Actuaciones
12
Última actuación
23/06/2023

Partes del expediente

  • Luis Armando Santibáñez Villanueva
  • Liliana Denisse Castellanos Velasco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó este juicio ha causado ejecutoria. I. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. II. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. III. Debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3, fracción XX, del Acuerdo General de mérito y que el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó, quien provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el precepto 20, fracción I, del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. IV. Una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. V. En términos de los artículos 34 y 44 del multicitado acuerdo, realícense las anotaciones correspondientes. Notifíquese mediante lista de acuerdos a las partes y por oficio a las autoridades responsables.

  2. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Vistas las certificaciones de cuenta se advierte que en el expediente principal del que emana el presente incidente, con esta fecha se decretó que causó ejecutoria la sentencia que sobreseyó en el juicio de amparo; asimismo, que por auto de doce de abril de dos mil veintitrés, se negó la suspensión provisional y mediante interlocutoria pronunciada el dieciocho de abril de dos mil veintitrés, se negó la definitiva solicitada. I. En consecuencia, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. II. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, y que en este asunto se negó la suspensión provisional y definitiva, de conformidad con los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, se estima que este incidente de suspensión es susceptible de destrucción, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción III del citado Acuerdo General. III. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en virtud que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado. IV. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del cuaderno original. V. En términos de los artículos 34 y 44 multicitado acuerdo, realícense las anotaciones correspondientes. Notifíquese mediante lista de acuerdos a las partes.

  3. Principal

    ""S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 359/2023 promovido por ***, por su propio derecho, contra actos del Juez de Control del Circuito de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca. ANTECEDENTES De acuerdo a lo manifestado por el quejoso en su demanda de amparo bajo formal protesta de decir verdad, el dos de diciembre de dos mil veintidós, fue vinculado a proceso por el hecho con apariencia de delito de sustracción de menor respecto a la infante de iniciales *.*.*.*, quien es su hija. Refiere que en la audiencia de ampliación de término constitucional, estableció que no existía la conducta de sustracción de menor, pues el ánimo no era de ocultar a la menor o sacarla del Estado, si no de protegerla para que no siguiera sufriendo violencia por parte de su progenitora, por lo que existía excluyente de delito y además causa justificada para actuar como padre y cumplir con el deber de cuidado que se tiene con respecto a la infante. Que se señaló como fecha de cierre de investigación el dos de marzo de dos mil veintitrés, por lo que se ha realizado la búsqueda de datos de prueba para desacreditar la existencia del hecho que se le atribuye. El dos de marzo de dos mil veintitrés, el Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, dictó acuerdo por el cual tuvo por recibido el escrito en el que solicitó la ampliación o prórroga del plazo del cierre de investigación complementaria y ordenó dar vista a las demás partes para que en el término de cuarenta y ocho horas manifestaran lo que a su derecho convenga. En el mismo acuerdo, se tuvo por recibidas las constancias para quedar bien integrado el legajo de apelación respecto al auto de vinculación a Proceso. El dieciséis de marzo de dos mil veintitrés le fue notificada vía correo electrónico la resolución dictada el diez de marzo de dos mil veintitrés, en el cual la autoridad designada como responsable, resolvió no conceder la ampliación o prórroga del plazo del plazo del cierre de investigación complementaria a pesar que no hubo oposición alguna del Ministerio Público, y por parte de la progenitora de la infante. Ante ello, decidió acudir a esta instancia constitucional, pues estima que la determinación de diez de marzo del año en curso, dictada en la causa penal ****/**, en el que se negó la ampliación o prórroga del plazo para la investigación complementaria, deviene violatorio de los derechos humanos contenidos en los artículos 8 apartado 2, incisos c) y f), y 20 apartado b, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO ****, por propio derecho, promovió juicio de amparo indirecto mediante escrito presentado el diez de abril de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca. La demanda se turnó al día siguiente a este juzgado y fue admitida por acuerdo de doce de abril siguiente, registrándola bajo el expediente 359/2023; en ese mismo proveído, se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que corresponde a ********, así como a la infante *.*.*.*-por conducto de su tutora-, a la Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada para la Atención de delitos contra la Mujer por Razón de Género, como terceras interesadas y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de ley. El quejoso señaló como precepto violado, los contenidos en los numerales 8 apartado 2, incisos c) y f), y 20 apartado b, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La audiencia constitucional se llevó a cabo en los términos del acta que antecede. En proveído de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, el Juez de Control del Circuito de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, informó a este Juzgado Federal, que mediante resolución de fecha diecisiete de abril del presente año, dictada dentro del Toca Penal JOTPAI/03/2023, por el Magistrado Presidente de la Séptima Sala Penal Unitaria del Poder Judicial del Estado, se determinó revocar la resolución de once de diciembre de dos mil veintidós -en la que se dictó auto de vinculación a proceso al imputado de mérito-, y en su lugar, se emitió auto de no vinculación a proceso. Asimismo, en auto de treinta de mayo actual, se tuvo al Magistrado Titular de la Séptima Sala Penal Unitaria del Poder Judicial del Estado, informando a este Juzgado Federal, que el pasado diecisiete de mayo del año en curso, rindió informe justificado en el juicio de amparo **/***, de la estadística de este Juzgado y que remitió los autos originales del toca penal ****/***/****; por ello, se ordenó traer a la vista las documentales que obran en el juicio de amparo ***/****, del índice de este Juzgado de Distrito e integrar las conducentes al sumario, para tomarse en cuenta al momento de resolver la sentencia. En ese sentido, se procede al dictado de la sentencia correspondiente. III. COMPETENCIA. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y 48, 49 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el diverso 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, porque el acto reclamado de naturaleza penal y tiene ejecución dentro de la circunscripción territorial en que este juzgado ejerce jurisdicción, donde además se instruye la causa penal. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. En ese sentido, con independencia de la forma en que la parte quejosa fijó los actos, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que **** reclama lo siguiente: AUTORIDAD ACTO RECLAMADO Juez de Control del Circuito de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca El acuerdo o resolución de diez de marzo del año en curso, dictado en la causa penal ***/****, en la que el Juez de Control negó al promovente de amparo la ampliación o prórroga del plazo para la investigación complementaria. Tal precisión se realiza de conformidad con la jurisprudencia 1347 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, registro 1003226, página 1511, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." V. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO En su informe justificado, la autoridad judicial convino en la existencia de la determinación reclamada; lo que constituye una confesión expresa con plena eficacia para demostrar la existencia del acto controvertido, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 95 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Hecho que se corrobora con las documentales que anexo al rendir su informe justificado, consistentes en la copia certificada del auto de diez de marzo del año en curso, dictado en la causa penal ***/****; las cuales, tienen valor probatorio pleno de documentos públicos, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, donde consta la videograbación de la resolución reclamada. VI. LEGITIMACIÓN ****, por su propio derecho, se encuentra legitimado para promover el presente juicio de amparo, por ser el imputado en la instancia de origen donde refiere que negó al promovente de amparo la ampliación o prórroga del plazo para la investigación complementaria, lo cual se traduce en una violación directa los numerales 8 apartado 2, incisos c) y f), y 20 apartado b, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. VII. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Previo a examinar el fondo de la cuestión constitucional planteada, procede analizar la procedencia de este juicio de amparo con independencia de que las partes hayan o no hecho valer causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público, conforme a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 814, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, localizable en la página 553, Tomo VI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." De las documentales que se ordenó agregar al sumario en auto de treinta de mayo actual, se evidencia que mediante resolución de fecha diecisiete de abril del presente año, dentro del toca penal ****/***/***, del índice de la Séptima Sala Penal Unitaria del Poder Judicial del Estado, el Magistrado Presidente determinó revocar la resolución de once de diciembre de dos mil veintidós -en la que se dictó el auto de vinculación a proceso al imputado de mérito-, y en su lugar se emitió auto de no vinculación a proceso. Lo cual se corrobora con las documentales consistentes en el toca penal ****/**/***, del índice de la Séptima Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca y otra autoridad, que obran en el juicio de amparo ***/***, del índice de este Juzgado de Distrito, las cuales se traen a la vista como hecho notorio, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles Apoyo a lo anterior la jurisprudencia XXII.J/12, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, que aparece en la página 295 del tomo V, enero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro IUS 199531, cuyo rubro dice "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN". Por tanto, es innecesario analizar el acto que se reclama en la demanda de amparo, así como los conceptos de violación que expone el recurrente, en virtud de que este Juzgado de Distrito advierte la actualización de la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dice: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y De lo transcrito, se obtiene que el juicio de amparo será improcedente, cuando aun subsistiendo el acto reclamado, no pueda surtir efecto legal o material alguno, al haber dejado de existir su objeto o materia. Esta causa de improcedencia se actualiza cuando se modifica el entorno donde se emitió el acto reclamado, por lo que en caso de concluirse fuera inconstitucional, se tornaría imposible restituir a los quejosos en el goce de la garantía violada, o bien, ningún efecto jurídico tendría la sentencia que concediera la protección constitucional, porque las consecuencias del acto de autoridad no se han concretado en la esfera jurídica de los quejosos, ni se concretarán, y por ende, el fallo protector no cumpliría su finalidad. Debe destacarse la razón legal estriba en la finalidad del juicio de amparo de acuerdo al artículo 77 de la Ley de Amparo, es conseguir la restitución en el goce de la garantía individual vulnerada, a favor del quejoso, volviendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional alegada; por tanto, resulta lógico que si la materia sobre la cual recayó el acto reclamado deja de existir, no podrá restituirse al gobernado en el goce de la garantía conculcada y, por ende, la sentencia no podría cumplimentarse, haciendo el juicio de amparo ocioso. En relación con esta hipótesis, equivalente a la prevista en el numeral 73, fracción XVII, de la anterior Ley de Amparo, continúa vigente la jurisprudencia que ha fijado su alcance, dado no se opone al ordenamiento actual, conforme con su artículo sexto transitorio; por consiguiente, es viable tener en consideración la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 189, Tomo XXIV, Diciembre 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. En el caso, como se estableció en los antecedentes de la presente sentencia, la materia de la litis del presente juicio de amparo es la determinación de diez de marzo del año en curso, dictado en la causa penal ***/****, en la que el Juez de Control negó al promovente de amparo la ampliación o prórroga del plazo para la investigación complementaria; no obstante, posteriormente a la celebración de la audiencia constitucional, en el toca penal ****/***/***, del índice de la Séptima Sala Penal Unitaria del Poder Judicial del Estado, se determinó revocar la resolución de once de diciembre de dos mil veintidós -en la que se dictó el auto de vinculación a proceso contra el imputado de mérito hoy quejoso-, y en su lugar se emitió auto de no vinculación a proceso. En ese sentido, tal como se adelantó, en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley Amparo, toda vez el objeto o materia por el cual fue emitido el acto reclamado, ha dejado de existir. Para dar sustento a ello, -se reitera- es importante precisar del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende el juicio constitucional es un medio de control, tiene por objeto reparar las violaciones de derechos fundamentales que un acto de autoridad genere sobre la esfera jurídica del gobernado y lo promueve, con el fin de restituirlo en el pleno goce de los derechos transgredidos. A su vez, como ya se vio, de la citada fracción XXII, se obtiene el juicio es improcedente cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto material alguno, por haber dejado de existir su objeto o materia, ya que el propósito de esta causa se encuentra orientada hacia la imposibilidad de cristalizar el señalado fin que justifica la existencia e importancia del juicio constitucional. Ello es así, porque de concluirse el acto reclamado es inconstitucional se tornaría legalmente imposible restituir al promovente en el goce del derecho fundamental vulnerado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la sentencia concesoria del amparo. Ahora bien, en la especie, la lectura de las constancias procesales y en específico de las recabadas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, revela que a pesar de existir la determinación de diez de marzo de dos mil veintitrés en la causa penal ***/****, en la que se negó al quejoso la ampliación del plazo parta la investigación complementaria por tres meses (acto reclamado); también es verídico que la materia u objeto dejó de existir debido a que se dictó auto de no vinculación a proceso a favor del impetrante en la citada causa penal, mismo que tiene como consecuencia que no se continúe con la investigación, en su fase complementaria, y que no se lleve a cabo la etapa de juicio, en la que, de ser el caso, se resolvería la culpabilidad del acusado y, por lo tanto, su correspondiente condena de reparar el daño. Documentales que se tomaron en consideración, pese a que ya se había celebrado la audiencia constitucional, pues el juzgador se encuentra facultado para sobreseer en el juicio valorando tales pruebas cuando aparezca probada o sobrevenga una causa de improcedencia. Efectivamente, dejó de existir el objeto de la determinación reclamada, pues éste es que se amplíe el plazo para que el quejoso aporte pruebas que desvirtúen su responsabilidad penal y al determinarse la no vinculación a proceso por no acreditarse el hecho señalado como delito, es claro que en el presente asunto el auto reclamado no pueda surtir efecto legal alguno por haber dejado de existir su materia. Motivo por el cual, este órgano de control constitucional considera actualizada la causa de improcedencia precitada, pues aun cuando subsista el acto, éste no puede surtir efectos legales o materiales por existir imposibilidad jurídica para ello, pues se modificó el entorno en el que se llevó a cabo, debido al pronunciamiento efectuado por la sala. Consecuentemente, resulta incuestionable concluir, en virtud de la modificación del entorno en el que se materializó el referido acto reclamado, la concesión del amparo en su caso se efectuara ningún efecto jurídico tendría, aun cuando subsiste el acto de autoridad, debido a las condiciones y circunstancias que actualmente imperan en el presente asunto, el objeto de análisis constitucional dejo de existir materialmente. Por tanto, a pesar de que existe el acto reclamado, lo ahí actuado ya no surtirá consecuencia legal en la esfera jurídica del peticionario de amparo, dado que de resultar fundados los conceptos de violación aludidos, no podrían concretarse los efectos de la concesión de la protección constitucional. En ese orden de hechos y consecuencias jurídicas, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIl, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio de amparo. El sentido de esta determinación, impide entrar al estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, atento al contenido de la tesis II.3o. J/58, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 57, número 70, Octubre de 1993, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del tenor literal: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Cabe precisar, el análisis de las causas de improcedencia y sobreseimiento previstas por los artículos 61 y 63 de la Ley de Amparo, no constituyen una denegación de justicia. Al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido para que exista un recurso efectivo, debe ser idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y establecer lo conducente para remediarlo; pero en el derecho interno existen condiciones que deben observarse para garantizarlos, como criterios de admisibilidad del recurso o relativos al estudio de fondo del mismo, porque por seguridad jurídica, es dable establecerlos para una correcta y funcional administración de justicia y consecuente protección de derechos; sin que ello implique una violación al derecho de acceso a un recurso judicial efectivo. Bajo esas consideraciones, el incumplimiento de las condiciones necesarias para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes, no constituye, en sí mismo, una denegación de justicia, máxime que permitir el acceso en todo momento al juicio de amparo, generaría inseguridad jurídica en detrimento del propio derecho fundamental de acceso a la justicia. Ello, es acorde con la tesis 1a. CCLXXV/2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 525, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, del tenor literal: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano.". Además, el derecho de acceso a la impartición de justicia y acceso a una tutela judicial efectiva-, no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tienen a su alcance, tal proceder equivaldría a que los tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales, convencionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función dado que se desconocería la forma de actuar de dichos órganos, además se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 10/2014, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cuatrocientos ochenta y siete, Libro 3, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, febrero de dos mil catorce, Materia Constitucional, Décima Época, que dispone: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente.". Así como, la diversa 104/2013, de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, consultable en la página novecientos seis, Libro XXV, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octubre de dos mil trece, Materia Constitucional, Décima Época, con lectura: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes.". Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo, promovido por ****, contra el acto reclamado al Juez de Control del Circuito de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES.""

  4. Principal

    ""SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA DEBIDO A QUE NO ACUDIO AL LOCAL DE ESTE JUZGADO A NOTIFCARSE PERSONALMENTE DENTRO DE LOS DOS DÍAS SEÑALADO PARA ELLO NO OBSTANTE EL AVISO QUE SE LE DEJÓ PARA TAL EFECTO. S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 359/2023 promovido por ***, por su propio derecho, contra actos del Juez de Control del Circuito de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca. ANTECEDENTES De acuerdo a lo manifestado por el quejoso en su demanda de amparo bajo formal protesta de decir verdad, el dos de diciembre de dos mil veintidós, fue vinculado a proceso por el hecho con apariencia de delito de sustracción de menor respecto a la infante de iniciales *.*.*.*, quien es su hija. Refiere que en la audiencia de ampliación de término constitucional, estableció que no existía la conducta de sustracción de menor, pues el ánimo no era de ocultar a la menor o sacarla del Estado, si no de protegerla para que no siguiera sufriendo violencia por parte de su progenitora, por lo que existía excluyente de delito y además causa justificada para actuar como padre y cumplir con el deber de cuidado que se tiene con respecto a la infante. Que se señaló como fecha de cierre de investigación el dos de marzo de dos mil veintitrés, por lo que se ha realizado la búsqueda de datos de prueba para desacreditar la existencia del hecho que se le atribuye. El dos de marzo de dos mil veintitrés, el Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, dictó acuerdo por el cual tuvo por recibido el escrito en el que solicitó la ampliación o prórroga del plazo del cierre de investigación complementaria y ordenó dar vista a las demás partes para que en el término de cuarenta y ocho horas manifestaran lo que a su derecho convenga. En el mismo acuerdo, se tuvo por recibidas las constancias para quedar bien integrado el legajo de apelación respecto al auto de vinculación a Proceso. El dieciséis de marzo de dos mil veintitrés le fue notificada vía correo electrónico la resolución dictada el diez de marzo de dos mil veintitrés, en el cual la autoridad designada como responsable, resolvió no conceder la ampliación o prórroga del plazo del plazo del cierre de investigación complementaria a pesar que no hubo oposición alguna del Ministerio Público, y por parte de la progenitora de la infante. Ante ello, decidió acudir a esta instancia constitucional, pues estima que la determinación de diez de marzo del año en curso, dictada en la causa penal ****/**, en el que se negó la ampliación o prórroga del plazo para la investigación complementaria, deviene violatorio de los derechos humanos contenidos en los artículos 8 apartado 2, incisos c) y f), y 20 apartado b, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO ****, por propio derecho, promovió juicio de amparo indirecto mediante escrito presentado el diez de abril de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca. La demanda se turnó al día siguiente a este juzgado y fue admitida por acuerdo de doce de abril siguiente, registrándola bajo el expediente 359/2023; en ese mismo proveído, se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que corresponde a ********, así como a la infante *.*.*.*-por conducto de su tutora-, a la Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada para la Atención de delitos contra la Mujer por Razón de Género, como terceras interesadas y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de ley. El quejoso señaló como precepto violado, los contenidos en los numerales 8 apartado 2, incisos c) y f), y 20 apartado b, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La audiencia constitucional se llevó a cabo en los términos del acta que antecede. En proveído de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, el Juez de Control del Circuito de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, informó a este Juzgado Federal, que mediante resolución de fecha diecisiete de abril del presente año, dictada dentro del Toca Penal JOTPAI/03/2023, por el Magistrado Presidente de la Séptima Sala Penal Unitaria del Poder Judicial del Estado, se determinó revocar la resolución de once de diciembre de dos mil veintidós -en la que se dictó auto de vinculación a proceso al imputado de mérito-, y en su lugar, se emitió auto de no vinculación a proceso. Asimismo, en auto de treinta de mayo actual, se tuvo al Magistrado Titular de la Séptima Sala Penal Unitaria del Poder Judicial del Estado, informando a este Juzgado Federal, que el pasado diecisiete de mayo del año en curso, rindió informe justificado en el juicio de amparo **/***, de la estadística de este Juzgado y que remitió los autos originales del toca penal ****/***/****; por ello, se ordenó traer a la vista las documentales que obran en el juicio de amparo ***/****, del índice de este Juzgado de Distrito e integrar las conducentes al sumario, para tomarse en cuenta al momento de resolver la sentencia. En ese sentido, se procede al dictado de la sentencia correspondiente. III. COMPETENCIA. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y 48, 49 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el diverso 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, porque el acto reclamado de naturaleza penal y tiene ejecución dentro de la circunscripción territorial en que este juzgado ejerce jurisdicción, donde además se instruye la causa penal. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. En ese sentido, con independencia de la forma en que la parte quejosa fijó los actos, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que **** reclama lo siguiente: AUTORIDAD ACTO RECLAMADO Juez de Control del Circuito de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca El acuerdo o resolución de diez de marzo del año en curso, dictado en la causa penal ***/****, en la que el Juez de Control negó al promovente de amparo la ampliación o prórroga del plazo para la investigación complementaria. Tal precisión se realiza de conformidad con la jurisprudencia 1347 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, registro 1003226, página 1511, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." V. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO En su informe justificado, la autoridad judicial convino en la existencia de la determinación reclamada; lo que constituye una confesión expresa con plena eficacia para demostrar la existencia del acto controvertido, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 95 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Hecho que se corrobora con las documentales que anexo al rendir su informe justificado, consistentes en la copia certificada del auto de diez de marzo del año en curso, dictado en la causa penal ***/****; las cuales, tienen valor probatorio pleno de documentos públicos, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, donde consta la videograbación de la resolución reclamada. VI. LEGITIMACIÓN ****, por su propio derecho, se encuentra legitimado para promover el presente juicio de amparo, por ser el imputado en la instancia de origen donde refiere que negó al promovente de amparo la ampliación o prórroga del plazo para la investigación complementaria, lo cual se traduce en una violación directa los numerales 8 apartado 2, incisos c) y f), y 20 apartado b, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. VII. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Previo a examinar el fondo de la cuestión constitucional planteada, procede analizar la procedencia de este juicio de amparo con independencia de que las partes hayan o no hecho valer causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público, conforme a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 814, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, localizable en la página 553, Tomo VI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." De las documentales que se ordenó agregar al sumario en auto de treinta de mayo actual, se evidencia que mediante resolución de fecha diecisiete de abril del presente año, dentro del toca penal ****/***/***, del índice de la Séptima Sala Penal Unitaria del Poder Judicial del Estado, el Magistrado Presidente determinó revocar la resolución de once de diciembre de dos mil veintidós -en la que se dictó el auto de vinculación a proceso al imputado de mérito-, y en su lugar se emitió auto de no vinculación a proceso. Lo cual se corrobora con las documentales consistentes en el toca penal ****/**/***, del índice de la Séptima Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca y otra autoridad, que obran en el juicio de amparo ***/***, del índice de este Juzgado de Distrito, las cuales se traen a la vista como hecho notorio, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles Apoyo a lo anterior la jurisprudencia XXII.J/12, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, que aparece en la página 295 del tomo V, enero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro IUS 199531, cuyo rubro dice "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN". Por tanto, es innecesario analizar el acto que se reclama en la demanda de amparo, así como los conceptos de violación que expone el recurrente, en virtud de que este Juzgado de Distrito advierte la actualización de la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dice: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y De lo transcrito, se obtiene que el juicio de amparo será improcedente, cuando aun subsistiendo el acto reclamado, no pueda surtir efecto legal o material alguno, al haber dejado de existir su objeto o materia. Esta causa de improcedencia se actualiza cuando se modifica el entorno donde se emitió el acto reclamado, por lo que en caso de concluirse fuera inconstitucional, se tornaría imposible restituir a los quejosos en el goce de la garantía violada, o bien, ningún efecto jurídico tendría la sentencia que concediera la protección constitucional, porque las consecuencias del acto de autoridad no se han concretado en la esfera jurídica de los quejosos, ni se concretarán, y por ende, el fallo protector no cumpliría su finalidad. Debe destacarse la razón legal estriba en la finalidad del juicio de amparo de acuerdo al artículo 77 de la Ley de Amparo, es conseguir la restitución en el goce de la garantía individual vulnerada, a favor del quejoso, volviendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional alegada; por tanto, resulta lógico que si la materia sobre la cual recayó el acto reclamado deja de existir, no podrá restituirse al gobernado en el goce de la garantía conculcada y, por ende, la sentencia no podría cumplimentarse, haciendo el juicio de amparo ocioso. En relación con esta hipótesis, equivalente a la prevista en el numeral 73, fracción XVII, de la anterior Ley de Amparo, continúa vigente la jurisprudencia que ha fijado su alcance, dado no se opone al ordenamiento actual, conforme con su artículo sexto transitorio; por consiguiente, es viable tener en consideración la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 189, Tomo XXIV, Diciembre 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. En el caso, como se estableció en los antecedentes de la presente sentencia, la materia de la litis del presente juicio de amparo es la determinación de diez de marzo del año en curso, dictado en la causa penal ***/****, en la que el Juez de Control negó al promovente de amparo la ampliación o prórroga del plazo para la investigación complementaria; no obstante, posteriormente a la celebración de la audiencia constitucional, en el toca penal ****/***/***, del índice de la Séptima Sala Penal Unitaria del Poder Judicial del Estado, se determinó revocar la resolución de once de diciembre de dos mil veintidós -en la que se dictó el auto de vinculación a proceso contra el imputado de mérito hoy quejoso-, y en su lugar se emitió auto de no vinculación a proceso. En ese sentido, tal como se adelantó, en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley Amparo, toda vez el objeto o materia por el cual fue emitido el acto reclamado, ha dejado de existir. Para dar sustento a ello, -se reitera- es importante precisar del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende el juicio constitucional es un medio de control, tiene por objeto reparar las violaciones de derechos fundamentales que un acto de autoridad genere sobre la esfera jurídica del gobernado y lo promueve, con el fin de restituirlo en el pleno goce de los derechos transgredidos. A su vez, como ya se vio, de la citada fracción XXII, se obtiene el juicio es improcedente cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto material alguno, por haber dejado de existir su objeto o materia, ya que el propósito de esta causa se encuentra orientada hacia la imposibilidad de cristalizar el señalado fin que justifica la existencia e importancia del juicio constitucional. Ello es así, porque de concluirse el acto reclamado es inconstitucional se tornaría legalmente imposible restituir al promovente en el goce del derecho fundamental vulnerado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la sentencia concesoria del amparo. Ahora bien, en la especie, la lectura de las constancias procesales y en específico de las recabadas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, revela que a pesar de existir la determinación de diez de marzo de dos mil veintitrés en la causa penal ***/****, en la que se negó al quejoso la ampliación del plazo parta la investigación complementaria por tres meses (acto reclamado); también es verídico que la materia u objeto dejó de existir debido a que se dictó auto de no vinculación a proceso a favor del impetrante en la citada causa penal, mismo que tiene como consecuencia que no se continúe con la investigación, en su fase complementaria, y que no se lleve a cabo la etapa de juicio, en la que, de ser el caso, se resolvería la culpabilidad del acusado y, por lo tanto, su correspondiente condena de reparar el daño. Documentales que se tomaron en consideración, pese a que ya se había celebrado la audiencia constitucional, pues el juzgador se encuentra facultado para sobreseer en el juicio valorando tales pruebas cuando aparezca probada o sobrevenga una causa de improcedencia. Efectivamente, dejó de existir el objeto de la determinación reclamada, pues éste es que se amplíe el plazo para que el quejoso aporte pruebas que desvirtúen su responsabilidad penal y al determinarse la no vinculación a proceso por no acreditarse el hecho señalado como delito, es claro que en el presente asunto el auto reclamado no pueda surtir efecto legal alguno por haber dejado de existir su materia. Motivo por el cual, este órgano de control constitucional considera actualizada la causa de improcedencia precitada, pues aun cuando subsista el acto, éste no puede surtir efectos legales o materiales por existir imposibilidad jurídica para ello, pues se modificó el entorno en el que se llevó a cabo, debido al pronunciamiento efectuado por la sala. Consecuentemente, resulta incuestionable concluir, en virtud de la modificación del entorno en el que se materializó el referido acto reclamado, la concesión del amparo en su caso se efectuara ningún efecto jurídico tendría, aun cuando subsiste el acto de autoridad, debido a las condiciones y circunstancias que actualmente imperan en el presente asunto, el objeto de análisis constitucional dejo de existir materialmente. Por tanto, a pesar de que existe el acto reclamado, lo ahí actuado ya no surtirá consecuencia legal en la esfera jurídica del peticionario de amparo, dado que de resultar fundados los conceptos de violación aludidos, no podrían concretarse los efectos de la concesión de la protección constitucional. En ese orden de hechos y consecuencias jurídicas, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIl, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio de amparo. El sentido de esta determinación, impide entrar al estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, atento al contenido de la tesis II.3o. J/58, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 57, número 70, Octubre de 1993, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del tenor literal: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Cabe precisar, el análisis de las causas de improcedencia y sobreseimiento previstas por los artículos 61 y 63 de la Ley de Amparo, no constituyen una denegación de justicia. Al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido para que exista un recurso efectivo, debe ser idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y establecer lo conducente para remediarlo; pero en el derecho interno existen condiciones que deben observarse para garantizarlos, como criterios de admisibilidad del recurso o relativos al estudio de fondo del mismo, porque por seguridad jurídica, es dable establecerlos para una correcta y funcional administración de justicia y consecuente protección de derechos; sin que ello implique una violación al derecho de acceso a un recurso judicial efectivo. Bajo esas consideraciones, el incumplimiento de las condiciones necesarias para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes, no constituye, en sí mismo, una denegación de justicia, máxime que permitir el acceso en todo momento al juicio de amparo, generaría inseguridad jurídica en detrimento del propio derecho fundamental de acceso a la justicia. Ello, es acorde con la tesis 1a. CCLXXV/2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 525, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, del tenor literal: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano.". Además, el derecho de acceso a la impartición de justicia y acceso a una tutela judicial efectiva-, no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tienen a su alcance, tal proceder equivaldría a que los tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales, convencionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función dado que se desconocería la forma de actuar de dichos órganos, además se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 10/2014, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cuatrocientos ochenta y siete, Libro 3, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, febrero de dos mil catorce, Materia Constitucional, Décima Época, que dispone: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente.". Así como, la diversa 104/2013, de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, consultable en la página novecientos seis, Libro XXV, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octubre de dos mil trece, Materia Constitucional, Décima Época, con lectura: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes.". Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo, promovido por ****, contra el acto reclamado al Juez de Control del Circuito de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES.""

Quedan 8 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · 11,222 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano