Luis Armando Reynoso Femat
Expediente 327/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 6 actuaciones registradas, la última del 4 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 327/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 04/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Luis Armando Reynoso Femat
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; por consiguiente, dado que éste es de orden público, con base en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se analizará si de las constancias que integran el expediente, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad, o bien si se incurrió en exceso o defecto, o bien si hay imposibilidad para cumplirlo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia dictada el ocho de mayo de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable: "De manera inmediata emita el fallo que corresponda, dentro del recurso de apelación, interpuesto en el toca penal...; ya que solo así se restituirá el orden constitucional quebrantado, como lo ordena el numeral 77, fracción II, de la Ley de Amparo." Mediante proveído de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho causó ejecutoria la sentencia de mérito, sin que hubiese sido necesario requerir a la autoridad responsable el cumplimiento del fallo protector, toda vez que mediante oficio recibido en este Juzgado el veintidós de mayo de dos mil dieciocho informó sobre dicho cumplimiento, por lo que se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera. De la documental que remitió la responsable para demostrar el cumplimiento, la que de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, tienen valor probatorio pleno, se advierte que: La ejecutoria de que se trata quedó cumplida, en virtud que el veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, los Magistrados integrantes de la Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes, dictaron sentencia en los autos del toca penal.... relativo al recurso de apelación interpuesto por el Agente del Ministerio Público y Rubén Darío Gutiérrez Flores, representante de la parte ofendida, en la que se confirmó la resolución de cinco de diciembre de dos mil diecisiete, emitida por el Juez Primero de lo Penal del Estado, en la causa penal... que se instruyó a Luis Armando Reynoso Femat, por el delito de peculado en agravio del entonces Instituto de Vivienda del Estado de Aguascalientes, actualmente Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes. En tales condiciones este Juzgado considera que se ha restituido a la parte agraviada en el goce del derecho violado, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Por tanto, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y tercero, del ordenamiento legal invocado, se declara cumplida la ejecutoria en su totalidad, sin exceso ni defectos en la misma. Dése aviso a la autoridad responsable y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, envíese al archivo. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito se determina lo siguiente: El expediente principal es depurable de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV, del artículo vigésimo primero, en razón de que el ocho de mayo de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; virtud a ello, en su oportunidad deberá conservarse dicha resolución y la demanda. Asimismo, como se hizo constar en la certificación de cuenta, no obran documentos originales. Finalmente, de conformidad con el segundo párrafo del punto Décimo Primero, en relación con el último párrafo del punto Vigésimo Primero, ambos del Acuerdo General antes mencionado, al advertirse que el presente juicio no actualiza alguno de los supuestos previstos en el último de los puntos indicados, ni se observa que se trate de archivo de carácter histórico o se haya emitido alguna resolución de trascendencia jurídica, política, social o económica; por tanto, el presente asunto no es de relevancia documental.(I)
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y advirtiéndose del contenido de la certificación que antecede, que el plazo de diez días establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir la resolución que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, transcurrió para la última de las partes en notificarse, sin que se haya hecho valer recurso alguno; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al diverso artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria; en consecuencia notifíquese sin demora a las partes. -Vista 3 días cumplimiento- Ahora bien, mediante oficio recibido el veintidós de mayo del año en curso, ante la Oficialía de Correspondencia de este Juzgado, signado por la Secretaria de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y anexo que acompañó, informó el cumplimiento al fallo protector y remitió las constancias relativas, cuyo acuerdo se reservó. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, dese vista a la parte quejosa, por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, para que manifieste lo que a su derecho convenga; con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, se resolverá respecto del cumplimiento a la ejecutoria con los datos que obran en autos.(I)
- Principal
Aguascalientes, Aguascalientes, ocho de mayo de dos mil dieciocho. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 327/2018-I, promovido por Luis Armando Reynoso Femat, contra actos de Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; y, RESULTANDO PRIMERO.- El trece de marzo de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia de los Juzgados de Distrito en el Estado, se presentó demanda vía electrónica, que fue turnada al día hábil siguiente a este Juzgado, en la que Luis Armando Reynoso Femat solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto reclamado a la Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por el siguiente acto: "IV).- Actos reclamados: La omisión de la Sala Penal Responsable en el dictado de la resolución del recurso de apelación interpuesto por el Agente del Ministerio Público y la parte ofendida, dentro del plazo de diez días después de celebrada la audiencia de vista a que se refiere el artículo 272 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Aguascalientes, lo anterior en el toca penal número 23/2018-II." De igual forma, la parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derecho fundamental violado el contenido en los artículos 1, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite. Dicha demanda se admitió a trámite en acuerdo de quince de marzo de dos mil dieciocho, se registró con el número 327/2018-I, se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se ordenó emplazar a lo terceros interesados, se solicitó el informe justificado, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, que se difirió en razón del trámite, la que se desarrolló al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción IV, de la Constitución Federal de la República; 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 48 y 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, reformado en términos del artículo quinto transitorio del Acuerdo General 53/2015, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se trata de un juicio de amparo en el que se reclama el acto de una autoridad que reside en la jurisdicción que ejerce este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Argumento que se fortalece con la Jurisprudencia P./J. 40/2000 sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, tomo XI, abril de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Atento a lo anterior, a fin de dar precisión del acto reclamado, y estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, se acota que la parte quejosa sustancialmente reclama: La omisión de la Sala Penal responsable de dictar la resolución del recurso de apelación interpuesto por el Agente del Ministerio Público y la parte ofendida, dentro del plazo legal, en los autos del toca penal 23/2018-II. Robustece lo expuesto la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, del Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que se cita bajo el rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." TERCERO. Consideración preliminar. Determinado el acto reclamado, lo siguiente es pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia de éste, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto, dicha situación debe ocurrir previamente y, sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, se deben estudiar las causas de improcedencia señaladas o que a criterio de este juzgador se actualicen, para que finalmente de ser procedente el juicio, se analice el fondo de la cuestión planteada. Esta situación es así, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, entrar al estudio de cualquier causa de improcedencia y, en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente sería imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o de la parte substancial del asunto, implica en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ciertos, el juicio de garantías sea procedente. Apoya la consideración anterior, la jurisprudencia número XVII.2º.J/10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 68, Tomo 76-Abril de 1994, Octava Época de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO" CUARTO. Existencia del acto reclamado. La Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por conducto de su Magistrada Presidenta, al rendir su informe justificado aceptó la existencia de la omisión reclamada (foja 33), aduciendo que el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, se desahogó la audiencia de vista y que se dictará sentencia en cuanto las labores de la sala lo permitan y conforme al control interno de fechas de citación que se lleva. Es aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia doscientos setenta y ocho, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del Tomo VI, página 231, del rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". Además, dicha certeza que se corrobora, con las constancias que acompañó a su informe de ley, consistentes en la copia certificada de las actuaciones que corresponden al toca penal 23/2018-II, a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°; toda vez que fueron expedidas por un servidor público en el ejercicio de sus funciones. Por tal motivo, la omisión reclamada se tiene por existente para todos los efectos legales del juicio de amparo que nos ocupa. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, bajo el rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO." QUINTO. Causas de improcedencia. Previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado procede, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 61 de la Ley de Amparo, el estudio de las causas de improcedencia, pues constituyen cuestiones de orden público cuyo estudio debe abordarse de oficio y de manera preferente a la cuestión de fondo. Apoya la consideración anterior la jurisprudencia II. 1º. J/5, que se publica en la página 95, del Tomo VII, Mayo de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO." En la especie, las partes no invocaron la actualización de alguna causa de improcedencia, ni el juzgador advierte la existencia de alguna de ellas por lo que procede el estudio del fondo del asunto, conforme a los conceptos de violación. SEXTO. Conceptos de violación. Los conceptos de violación expresados por la quejosa en la demanda de amparo indirecto, no se transcriben por economía procesal pero se tienen por reproducidos en este considerando, como si se insertasen a la letra. Para sustentar lo anterior, cabe citar la jurisprudencia VI.2o. J/129, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 599, del Tomo VII, abril de 1998, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS." En comunión con lo anterior, se cita la jurisprudencia identificada con el número 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830, del Tomo XXXI, relativa a Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Sumado a lo antes dicho, el artículo 74 de la Ley de Amparo establece que basta con el análisis sistemático de todos los conceptos de violación, pero de ninguna manera exige su reproducción. SÉPTIMO. Estudio del fondo del asunto. Se procede al estudio del concepto de violación, el cual es fundado y suficiente para conceder el amparo, suplido por deficiencia de conformidad con lo dispuesto en el numeral 79, fracción V, de la Ley de Amparo. Se dice lo anterior, porque la Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, en la tramitación del toca penal 23/2018-II, celebró la audiencia de vista que dispone el numeral 272 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Aguascalientes, el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, sin que a la fecha de la prestación de la demanda, hubiera dictado la resolución correspondiente que alude dicho numeral. Es pertinente transcribir el contenido del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Dispositivo constitucional del que se advierten las siguientes proposiciones, concretamente de su párrafo segundo, a saber: 1) Se garantiza a favor de los gobernados el disfrute de diversos derechos relacionados con la administración de justicia. 2) Entre ellos, se encuentra el relativo a tener un acceso efectivo a la administración de justicia que desarrollan los tribunales, sin que baste el que se permita a los gobernados instar ante un Órgano Jurisdiccional, sino que el acceso debe ser efectivo en la medida en que el justiciable, de cumplir con los requisitos justificados constitucionalmente, pueda obtener una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva su pretensión. 3) La impartición de la administración de justicia solicitada por los gobernados y, por ende, el efectivo acceso a ella, se debe sujetar a los plazos y términos que fijen las leyes. 4) Esos plazos y términos, deben garantizar a los gobernados un efectivo acceso a la justicia, por lo que los requisitos o presupuestos que condicionen la obtención de una resolución sobre el fondo de lo pedido deben encontrarse justificados constitucionalmente, lo que sucede, entre otros casos, cuando tienden a generar seguridad jurídica a los gobernados que acudan como partes a la contienda, o cuando permiten la emisión de resoluciones prontas y expeditas, siempre y cuando no lleguen al extremo de hacer nugatorio el derecho cuya tutela se pretende, pues, los requisitos o presupuestos procesales son prerrogativas en el ejercicio eficaz del derecho fundamental de defensa. Es así que, el derecho fundamental consistente en un efectivo acceso a la administración de justicia, se traduce en la existencia de instancias, recursos o medios de defensa que permitan al gobernado una eficaz defensa mediante el ofrecimiento de pruebas y la posibilidad de expresar los argumentos necesarios para obtener una decisión favorable a sus intereses, lo que se agota con la precisión en la norma de las formas procesales: cómo, cuándo y dónde deben ejecutarse los actos procesales, pues, dichos plazos y términos tienen como fin generar seguridad jurídica para las partes en la contienda judicial y permiten la emisión de resoluciones prontas y expeditas. Derecho que tiene la correlativa obligación a cargo de las autoridades jurisdiccionales de impartir justicia dentro de los plazos y términos fijados por el legislador, esto es, debe realizarse dentro de la deseable necesidad de que los procedimientos judiciales, dependiendo de su naturaleza, se efectúe dentro del tiempo fijado por la ley, suficiente para que las partes y las autoridades encargadas de impartir justicia realicen las diversas etapas procesales en el plazo establecido. Pues bien, en el caso a estudio, el quejoso aduce que la autoridad responsable viola su derecho de impartición de justicia, en virtud de que señala en el toca penal 23/2018-II, el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, se celebró la audiencia de vista, sin que a la fecha de la prestación de la demanda se haya dicto la resolución correspondiente que alude dicho numeral, lo que provoca que se deje en estado de incertidumbre, afectando el desarrollo normal y oportuno del juicio; lo que este Órgano de Control Constitucional constata, dado que dentro de la constancias que obran en el toca penal 23/2018-II de origen, se advierte que la Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, celebró la audiencia de vista el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, conforme a lo dispuesto por el artículo 271 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Aguascalientes, sin que a la presentación de la demanda haya dictado la resolución en el término de diez días como lo establece el artículo 272 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Aguascalientes. En efecto, el artículo 272 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Aguascalientes, establece: "ARTÍCULO 272.- Sentencia. Declarado visto el asunto, quedará cerrado el debate y el tribunal de apelación pronunciará el fallo que corresponda, a más tardar, dentro de los diez días hábiles siguientes a la celebración de la audiencia de vista." De la interpretación del numeral transcrito, se deduce que la Sala dentro del término de diez días hábiles después de la celebración de la audiencia de vista debe pronunciar la resolución que resuelva la apelación. Así las cosas, de las actuaciones se advierte que la Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el veintitrés de enero de dos mil dieciocho (foja 36), tuvo por admitido el recurso de apelación interpuesto por el Agente del Ministerio Público y la parte ofendida, en contra de la sentencia de cinco de diciembre de dos mil diecisiete, dictada dentro de la causa penal 116/2014 del índice del Juzgado Primero de lo Penal del Estado, con sede en esta ciudad; asimismo el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho (fojas 80 y 81), tuvo verificativo la audiencia de vista que establece el 271 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Aguascalientes. Con lo anterior, queda evidenciado, que la autoridad responsable no dio cumplimiento al precepto constitucional que prevé que los tribunales deberán impartir justicia dentro de los términos establecidos por la ley, pues es evidente, que la resolución correspondiente al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de cinco de diciembre de dos mil diecisiete, dictada dentro de la causa penal 116/2014 del índice del Juzgado Primero de lo Penal del Estado, con sede en esta ciudad, se debe dictar dentro del término de diez días, que establece el artículo 272 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Aguascalientes, que comenzó a contar el día uno de febrero y venció quince de febrero, ambos de dos mil dieciocho, ello sin contar los días tres, cuatro, cinco, diez y once del mismo mes y año, por ser inhábiles. Por tanto, existe dilación por parte de la Sala responsable en la tramitación del toca penal de origen, pues no ha dictado la resolución correspondiente dentro del plazo de diez días hábiles previsto por el artículo 272 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Aguascalientes, excediendo el plazo que tenía para dictar la misma; por ello se le irroga perjuicio a la parte quejosa consistente en el retardo en la administración de justicia. No es inadvertido el argumento de la responsable, en el sentido de que no lo han permitido las labores del órgano jurisdiccional y que existe un orden de acuerdo en la fecha en que se desahogan las fechas de audiencia; sin embargo, ello no justifica de manera alguna que inobserve obligaciones atinentes a la función jurisdiccional que desempeña, pues, bastaría pronunciamiento en ese sentido para convertir en letra muerta lo que sirvió de ánimo al espíritu del legislador con el subsecuente quebrantamiento de la columna de nuestro estado de derecho. Consecuentemente, lo anterior evidencia la trasgresión al derecho de justicia pronta, violándose con ello el artículo 17 Constitucional en perjuicio del quejoso, que señala que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los Tribunales que están expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijan las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, por lo que al no cumplir con tal mandato la responsable conculca la garantía constitucional señalada en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, lo procedente es conceder a la quejosa, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. OCTAVO. Efectos. La protección constitucional concedida, es para el efecto de que la responsable: De manera inmediata emita el fallo que corresponda, dentro del recurso de apelación, interpuesto en el toca penal 23/2018-II; ya que solo así se restituirá el orden constitucional quebrantado, como lo ordena el numeral 77, fracción II, de la Ley de Amparo. NOVENO. Transparencia. Se hace saber a las partes, que en cumplimiento a los artículos 6°, apartado A, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 8, 66, 67, fracción II, 68, 110, fracciones V, VII, X y XI, 113, fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 73, fracción II, 111, 116 y Tercero Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y considerando décimo quinto del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley ya referida, así como los preceptos legales 1, 3, 5, 6, 7 y 8, de ese reglamento que fue creado para regular el Acceso de la Información que se encuentra bajo el resguardo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Órganos Jurisdiccionales que lo componen: Para efectos de la versión pública de la presente sentencia se ha suprimido la información considerada como reservada o confidencial, derivada de datos personales concernientes a las personas identificadas o identificables, tales como datos generales, sus bienes o posesiones, denominaciones de negociaciones o personas morales, aquellos respecto de los cuales se pueda identificar a alguna persona física o moral y los que el juzgador ha considerado como aquello que pudieran poner en riesgo la seguridad de alguna persona. No obstante, las anteriores restricciones no operan respecto a quien en términos de la legislación procesal en la materia, tienen derecho a solicitar copia de esta sentencia, y que no se considera confidencial la información publicada en el Semanario Judicial de la Federación, en términos de lo previsto en el artículo 220 de la Ley de Amparo. DÉCIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Para los efectos previstos en el séptimo párrafo del artículo 3° de la Ley de Amparo, y conforme a dispuesto por los artículos 174, 180, fracción III, 182, 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, la secretaría supervisará y dará fe de la incorporación de la presente resolución en el sistema para la debida integración del expediente electrónico; para tal efecto, deberá agregar la constancia que así lo acredite al expediente impreso en que se actúa. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 74, 75, 76, 78 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Luis Armando Reynoso Femat, respecto del acto reclamado a la Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por los motivos indicados en el considerando séptimo y para los efectos precisados en el considerando octavo de esta sentencia. SEGUNDO. En versión pública, impresa o electrónica de la presente determinación, se suprimirán los datos considerados como confidenciales o reservados, en términos del considerando noveno. TERCERO. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y captúrese la presente resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para efectos de la integración del expediente electrónico. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable y terceros interesados y por lista a las demás partes Así lo resolvió y firma José Guadalupe Arias Ortega, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes, ante el secretario Juventino Lamas Guzmán, quien autoriza y da fe, dentro del juicio de amparo 327/2018-I. Juez Secretario ELSA
- Principal
Visto el estado de autos, advirtiéndose que se encuentra transcurriendo el plazo concedido a las partes en proveído de dos de abril de dos mil dieciocho, para que se impongan del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fijan las nueve horas con cincuenta minutos del ocho de mayo de dos mil dieciocho, para su celebración.(I)
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