Luis Armando Mut Muñoz
Expediente 971/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 8 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 971/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 07/10/2022
Partes del expediente
- Luis Armando Mut Muñoz
- Juez Séptimo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Zapopan, Jalisco, siete de octubre de dos mil veintidós. Queja infundada. Téngase por recibido el primer oficio signado electrónicamente por la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria pronunciada en sesión de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, dentro del recurso de queja 196/2022, de dicho índice, en el cual se declaró infundado el recurso de queja interpuesto por la parte promovente contra el auto de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo que dio origen al asunto en que se actúa; acúsese el recibo de estilo respectivo. Queja materia. Asimismo, se recibe el diverso oficio signado electrónicamente por la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria pronunciada en sesión de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, dentro del recurso de queja 241/2022, de dicho índice, en el que se declaró sin materia el recurso de queja interpuesto contra el auto de dieciocho de mayo de dos mil veintidós; en consecuencia, agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar, acúsese el recibo. Cuaderno de antecedentes. Luego, con relación al cuaderno de antecedentes que se formó, se ordena glosar al presente sumario únicamente las fojas que contienen firmas autógrafas en original, siendo innecesario adjuntar el resto, por ser fotocopias de actuaciones que obran en autos. Causa estado. Lo anterior permite concluir que el auto de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, en el cual se desechó la demanda de amparo, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ha causado estado. Orden de archivo. Háganse las anotaciones relativas en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que el promovente no manifestó su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Acuerdo de destrucción. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es susceptible de destrucción, en el plazo de tres años, toda vez que se desechó la demanda de amparo promovida. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Devolución de documentos. Conforme a lo dispuesto por el artículo 21 del multicitado Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno que devolver a la parte promovente. Notifíquese por lista física y electrónica.
- Principal
Visto el estado procesal del presente expediente, y en cumplimiento al punto Vigésimo, fracción III del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el que se establecen los lineamientos para la depuración y destrucción de los juicios de amparo, se considera que el original del incidente de suspensión en que se actúa, es susceptible de depuración una vez transcurridos tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, dado que por una parte se concedió y por otra se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados; término que comenzó a transcurrir, al día siguiente al en que se ordenó el archivo como asunto concluido del juicio principal. Notifíquese por lista física y electrónica.
- Principal
Zapopan, Jalisco, siete de julio de dos mil veintidós. Superior informa. Visto el oficio signado por el Director de lo Contencioso de la Dirección General Jurídica de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco en representación del Gobernador Constitucional del citado Estado, mediante el cual, en atención al requerimiento efectuado en auto de veintinueve de junio de dos mil veintidós, informa que corresponde a ambas autoridades, es decir, tanto a la Secretaría de Transporte como a la Secretaría de Seguridad, ambas del Estado de Jalisco, cumplir con lo ordenado en la ejecutoria de amparo, además, refiere que deberá vincularse a la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado, por lo que ve a la autorización de las partidas presupuestales que considere, a fin de lograr el pago de la cantidad a favor de la parte quejosa. Córrase traslado. En razón de lo anterior, córrase traslado con el oficio de cuenta a las responsables Secretaría de Transporte y Secretaría de Seguridad, ambas del Estado de Jalisco, a fin de que tengan conocimiento de lo determinado por el superior jerárquico, y manifiesten lo que en derecho corresponda. Efectos de sentencia. Al respecto se precisan los efectos establecidos en la sentencia dictada en autos, misma que fue confirmada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante resolución de dos de mayo de dos mil diecinueve, dentro de la revisión 66/2019, de la que se advierte lo siguiente: Declare insubsistente la resolución definitiva de veintidós de junio de dos mil dieciocho, emitida en el expediente ****, en la que se determinó la separación de cargo del quejoso; Se emita otra, en la que se ordene resarcir íntegramente el derecho del que se vio privado el quejoso, lo que se traduce en: El pago de la indemnización correspondiente y demás prestaciones a que tenga derecho. La anotación en el expediente personal del servidor público, así como Registro Nacional de Seguridad Pública, de que fue separado o destituido de manera injustificada. Efectos a los que se ha dado cumplimiento. Al respecto, resulta importante precisar que el efecto al cual a la fecha se ha dado cumplimiento, resultan los siguientes: En auto de veintidós de mayo de dos mil diecinueve, se tuvo a la autoridad Secretaría del Transporte del Estado de Jalisco, declarando insubsistente la resolución definitiva de veintidós de junio de dos mil dieciocho, emitida en el expediente ****, en la que se determinó la separación del cargo del quejoso. Por tanto, como se advierte de los párrafos anteriores, así como del estado de autos, a la fecha las responsables han sido omisas en dar cumplimiento a lo relativo en los puntos 2, 3 y 4. Requerimiento. En esa tesitura, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a la Secretaria del Transporte y Secretaría de Seguridad del Gobierno del Estado de Jalisco, así como la Secretaría de la Hacienda Pública, para que dentro de un plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, realicen lo siguiente: Se emita otra, en la que se ordene resarcir íntegramente el derecho del que se vio privado el quejoso, lo que se traduce en: El pago de la indemnización correspondiente y demás prestaciones a que tenga derecho. La anotación en el expediente personal del servidor público, así como Registro Nacional de Seguridad Pública, de que fue separado o destituido de manera injustificada. Ahora bien, aunado a lo anterior, resulta preciso enfatizar que mediante resolución de ocho de enero de dos mil veinte, se determinó que se debía realizar el pago de la cantidad de ****, sin que a la fecha se haya realizado lo anterior. Por tanto, debe precisarse, que tales actos por su naturaleza, se estima que sí son susceptibles de cumplimiento en el plazo de tres días, en virtud de que no implica la realización de trabajos especiales o de un procedimiento específico para sustentarlo. En esa tesitura, y tras el requerimiento efectuado a las autoridades citadas, se indica que por lo que ve a la autoridad vinculada al cumplimiento, es decir, a la Secretaría de la Hacienda Pública, no es obstáculo, la circunstancia de que dicha autoridad no haya sido señalada como autoridad responsable dentro del presente asunto; sin embargo, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de amparo en términos del artículo 197 de la ley de la materia, es de orden público, por tanto, es exigible a toda autoridad que tenga conocimiento de ellas y que, por la razón de sus funciones, deba intervenir en su ejecución. "Octava Época Registro: 208849 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XV-2, Febrero de 1995 Materia(s): Común Tesis: II.1o.P.A.153 K Página: 554 SENTENCIAS DE AMPARO. ESTAN OBLIGADAS A SU CUMPLIMIENTO. TODAS LAS AUTORIDADES QUE DEBAN INTERVENIR EN SU EJECUCION, AUN CUANDO NO HAYAN INTERVENIDO EN EL AMPARO. El hecho de que alguna autoridad no haya sido señalada como parte en el juicio de amparo, no implica que no esté obligada a cumplir con el fallo protector, por el contrario, a su cumplimiento se obligan todas aquellas autoridades que por razón de sus funciones deban intervenir en su ejecución." Apercibimiento. De no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, se le impondrá una multa relativa a la cantidad que resulte equivalente a cien unidades de medida y actualización (UMA) vigente, esto es, $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los numerales 192, 193 y 258, de la Ley de Amparo, y se procederá a dar inicio al procedimiento de inejecución a que se refiere el segundo párrafo del primero de los numerales en cita, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En el entendido de que una Unidad de Medida y Actualización, equivale a $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional). Superior jerárquico. Finalmente, se requiere al Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, quien resulta ser el superior jerárquico de la citada autoridad, para que le ordene a estas, cumplir con la ejecutoria de amparo, remitiendo a este juzgado de Distrito, constancia fehaciente que lo acredite, apercibido que de no hacerlo así, esto es, de no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa en los términos señalados en el párrafo que antecede, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que la autoridad responsable.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, de la cual se advierte que por auto de esta misma fecha, se ordenó el archivo en el juicio de amparo 3589/2018, de donde deriva el presente incidente de suspensión, por estar concluido. Por tanto, se provee lo relativo a los cuadernos de suspensión en que se actúa, de la manera siguiente: Acuerdo de destrucción. En cumplimiento a lo dispuesto en el Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, y el criterio publicado en el Compilador de Criterios de Visitaduría Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de referencia CAP/DGAD/392/2021, relativo al tema "Valoración del incidente de suspensión", de ocho de marzo de dos mil veintiuno, se considera que el original del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez transcurridos más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, dado que se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados; en tanto que, el duplicado, es susceptible de destrucción, en el término de seis meses. III. Relevancia documental. La presente incidencia no se considera de relevancia documental, siguiendo los lineamientos establecidos en el precitado Acuerdo General. IV. Devolución de documentos. Para los efectos del Acuerdo General invocado, se hace constar que ninguna de las partes allegó documentos probatorios en original a la incidencia en que se actúa. Notifíquese por lista física y electrónica.
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