Luis Armando Miranda Batalla
Expediente 62/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 62/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 13/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Titular de la Secretaría de Seguridad Pública
- Luis Armando Miranda Batalla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta, suscrito por el Actuario Judicial adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito; por medio del cual, notifica el acuerdo de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, dictado por el Presidente de ese Órgano Colegiado, en donde declara firme el proveído de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, por el cual desechó el recurso de queja interpuesto por el quejoso ****, en contra del acuerdo de nueve de marzo último, y devuelve los autos originales del juicio de amparo 62/2023-II. Acúsese el recibo de estilo correspondiente solicitado. Ahora, vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en el juicio de amparo en que se actúa no existe diligencia ni trámite pendiente que realizar, se ordena su archivo definitivo, por encontrarse total y definitivamente concluido. se estima que este EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Sin que se omita precisar que el presente no es considerado asunto de relevancia documental. Por otro lado, se deja a disposición de la parte quejosa los documentos que exhibió durante la tramitación del presente juicio de amparo, en el entendido que, cuando se presente a su recolección deberá dejarse en autos copia de los mismos; previa toma de razón que por su recibo asiente en autos, apercibida que de no solicitarlos en el término de noventa días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de la presente determinación, se procederá a su destrucción.
- Principal
agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Actuario Judicial adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito,; por medio del cual, notifica el acuerdo de veintiocho de febrero último, dictado por el Presidente de dicho Tribunal, en el que acusa recibo del escrito de agravios del quejoso interpuesto en contra del auto de nueve de febrero de este año y los autos del juicio de amparo 62/2023-II, del índice de ese Juzgado, medio de impugnación que desechó al considerar su interposición extemporánea, asuntó que quedó radicado con el número de queja 80/2023.
- Principal
téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por el quejoso *****, mediante el cual interpone recurso de queja contra del auto de nueve de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a, 98 y 99, de la Ley de Amparo, se estima procedente remitir los autos originales y sólo formar cuaderno de antecedentes con las constancias necesarias. En tales circunstancias, en vista de que en el auto impugnado se desechó la demanda de amparo, no fue notificada a juicio ninguna otra parte, por lo que se estima que el presente recurso se encuentra integrado; en ese sentido, de conformidad con la circular DGGJ/0012/2020, de diez de julio de dos mil veinte, emitida por la Titular de la Dirección General de Gestión Judicial, así como en el oficio CJF/CAP/DGGJ/STG/2182/2020 de veintinueve de julio de dos mil veinte, emitido por el Secretario Técnico "A" de la Dirección General de Gestión Judicial, en relación con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, vigente a partir del siete de noviembre del año en cita, previa papeleta de turno que se solicite a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Segundo Circuito, remítase de manera física al Tribunal Colegiado que corresponda: Informe materia de la queja. Escrito de expresión de agravios; y, Autos originales del juicio de amparo 62/2023-II Solicita de la manera más atenta y respetuosa al Tribunal Colegiado que conozca del medio de impugnación, que de no tener inconveniente legal alguno, remita el acuse de recibo correspondiente. También, se hace del conocimiento del Tribunal Colegiado, que en el presente asunto, se dio cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, vigente a partir del siete de noviembre de ese año, de tal manera, que a partir del día siete de noviembre de dos mil veintidós, solo obran las constancias necesarias físicas y lo demás se encuentra en el expediente electrónico.
- Principal
glósese a los autos el escrito de cuenta, suscrito por el quejoso*****; por medio del cual, otorga cumplimiento al requerimiento inserto en proveído de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, por tanto, acuérdese lo conducente. Ahora, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de garantías, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. Robustece lo anterior la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página noventa y cinco del Tomo VII del Semanario Judicial de la Federación de mayo de mil novecientos noventa y uno, Octava Época, que dice "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." De conformidad con el artículo 113, de la Ley de Amparo, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia se debe desechar de plano; considerando que lo manifiesto, se presenta cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable, resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Por otro lado, el juicio contencioso administrativo no se encuentra previsto en un reglamento, sino en una ley, en este caso, el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. El acto reclamado es de naturaleza administrativa, no penal, por lo que no puede existir una transgresión al artículo 16, constitucional en materia penal, y no se aduce alguna violación de derechos contenidos en los numerales 19 y 20, constitucionales. Tampoco se atacan actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22, constitucional, con independencia que alegue que la multa que combate es "excesiva", dado que del contenido de su demanda, esgrime que el Reglamento de Tránsito de la entidad, contempla sanciones o multas fijas desproporcionales para los gobernados, que orilla que algunos ciudadanos puedan sobornar a los agentes ministeriales de acuerdo a sanciones leves, toda vez que dichas cuestiones son meramente subjetivas, en razón de que al encuadrar su conducta en la infracción en la que incurrió le aplicó el numeral correspondiente de su acción y que consideró pertinente. Aunado de que en la boleta de infracción la Agente responsable, le comunicó el derecho de impugnar la misma, como quedó asentado en líneas precedentes, bajo ese orden de ideas, a través del recurso de inconformidad o juicio de nulidad, puede obtener una defensa adecuada de lo que se aqueja, ya que se cumpliría el procedimiento del cual señala le debió ser aplicado con anterioridad a la sanción que controvierte, toda vez que como se explicó, el acto no carece de fundamentación o motivación o que impugne violaciones directas a la constitución. Máxime, que de la boleta de infracción se le concedió un plazo desde el día veinticinco de diciembre de dos mil veintidós al trece de enero de dos mil veintitrés, para obtener un descuento del 50% (cincuenta por ciento) de dicha infracción, lo que sobre el particular le concedió un beneficio económico para cumplir la multa de mérito, es decir, de veinte días a diez días, lo que pone de manifiesto que contrario a lo que señala, dicha infracción no sea excesiva, al otorgarle un beneficio económico. No es inadvertido para este órgano jurisdiccional que el acto reclamado pudiera ser considerado de imposible reparación, al poderse ver afectados derechos sustantivos de la parte quejosa; sin embargo, ello no altera de forma alguna las exigencias de procedencia establecidas, por lo cual, este juzgado de Distrito está obligado a verificar que la parte promovente haya cumplido con la observancia del principio de definitividad, mediante el agotamiento del recurso ordinario de defensa, tal como lo prevé la ley para el acto reclamado, recurso que tiene como finalidad modificar, revocar o anular el acto reclamado. Por tanto, al ser de estricta interpretación las leyes que establecen excepciones, como regla general, en contra de actos de ejecución irreparable es obligatorio agotar los recursos ordinarios, pues no es suficiente para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto que se reclame un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, sino que debe constatarse que la parte solicitante de la protección constitucional haya agotado el recurso ordinario de defensa que tiene a su alcance. Desechamiento que se hace extensivo a la inconstitucionalidad del artículo 122, del Reglamento de Tránsito del Estado de México, ya que en el mismo no se reclama por vicios propios, sino como consecuencia de la expedición de la boleta de infracción con folio TUTV179-101, emitida el veinticinco de diciembre de dos mil veintidós, por lo que no le es aplicable la excepción que estable el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo1 ; ya que, para que se materialice la excepción al referido principio no basta que se señale en forma abstracta como reclamada la norma general, sino que requiere que en su contra se formulen conceptos de violación en los que se involucre el tema de constitucionalidad, pues sólo así se justifica la circunstancia de que el asunto no sea sometido al escrutinio del recurso o medio de defensa legal. Entonces, de lo antes expuesto se considera se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación a la presente demanda de amparo, promovida por Luis Armando Miranda Batalla, situación que obliga a DESECHAR LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO, con apoyo en el artículo 113 de la ley de la materia. Con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, la vía electrónica, por así haberlo solicitado expresamente, aunado a que proporciona un nombre de usuario "Oscar101", para ese efecto, para lo cual, se comisiona al actuario las practique de esa manera.
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