Luis Armando Martínez Olmos

Expediente 509/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 21 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
509/2015
Año
2015
Actuaciones
21
Última actuación
09/02/2016

Partes del expediente

  • Luis Armando Martínez Olmos
  • Luis Armando Martínez Olmos y Otros.
  • Secretario encargado del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Juan Bautista Cuicatlán, Oaxaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    MESA V A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, nueve de febrero de dos mil dieciséis. Agréguese para que surta los efectos legales correspondiente, el oficio signado por la Secretaria Encargada del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuicatlan, Oaxaca, mediante el cual, devuelve diligenciado el despacho 346/2015 del índice de este juzgado, que ordenó notificar el proveído de diez de diciembre del año en curso, emitido en este expediente, al impetrante del amparo, quien se encuentra interno en el Reclusorio Regional de ese distrito judicial; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de comunicaciones oficiales de este Juzgado. Por otro lado, vista la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de quince días a que se refiere el numeral 202 de la Ley de Amparo, transcurrió sin que la parte quejosa hubiere hecho valer recurso alguno en contra del auto que tuvo por cumplida la sentencia; consecuentemente, en términos del artículo en cita, se declara que ha quedado firme dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables. Notifíquese. Así lo proveyó, el Juez de Distrito Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Lorena Carrera Martínez, que autoriza y da fe.

  2. Incidental

    MESA V A Vista la certificación de cuenta, se provee lo relativo al destino del presente incidente de suspensión, que se tramitó en original y duplicado. De los autos se advierte que se concedió la medida cautelar solicitada por el quejoso; por tanto, con fundamento en los puntos cuarto, vigésimo, fracción III, y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del citado año, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente, en tanto que el original, por haberse concedido la medida cautelar, en su oportunidad, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración en términos del punto vigésimo primero, fracción III, del acuerdo invocado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  3. Principal

    MESA V A Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de tres días concedido a las partes quejosa y terceros interesados, en auto de veintitrés de octubre del año en curso (foja 130), para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento de la sentencia concesoria de amparo, sin que lo hubiesen hecho; en consecuencia, se procede a pronunciar sobre dicho cumplimiento. Así se tiene que mediante sentencia firmada el diecinueve de agosto de dos mil quince, se concedió al quejoso LUIS ARMANDO MARTÍNEZ OLMOS el amparo y protección de la Justicia Federal para que la responsable: Dejara insubsistente la resolución dictada el ocho de abril de dos mil quince, emitido en contra del aquí quejoso por considerarlo probable responsable de la comisión del delito de ABANDONO DE ACREEDORES, ilícito previsto por el artículo 318 del Código Penal vigente en el Estado en vigor al momento de los hechos, en la causa penal 09/2015 del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia, con residencia en San Juan Bautista Cuicatlán, Oaxaca, y tomando en cuenta los lineamientos que a continuación se indican; dictara una nueva resolución, con plenitud de jurisdicción, pudiendo ser en diverso sentido o en el mismo fundando y motivando su determinación. "el juzgador responsable omitió analizar cada uno de los elementos que integran el antisocial en estudio, es decir, omitió explicar por qué consideró que quedaron acreditados y con cuáles de las pruebas que obran en la investigación ministerial; esto es así, ya que para dar certeza jurídica al impetrante del amparo, resultaba indispensable que explicara con qué pruebas y por qué consideró que, se actualizaban los elementos del delito consistentes en que carezca de motivo justificado para ello, y que en virtud de esa des obligación, los acreedores queden sin recursos para atender sus necesidades de subsistencia. - - -De igual forma deberá determinar con qué pruebas se acredita cada uno de los elementos que integran del cuerpo del delito anteriormente enunciado, así como el valor que le corresponde a éstas de acuerdo con la ley adjetiva correspondiente; lo anterior, razonando lógica y jurídicamente, tomando en cuenta tanto los hechos a cuyo conocimiento haya llegado, como los desconocidos que haya inferido, inductiva y deductivamente; determinando el grado de certeza que, en lo particular cada una de las pruebas le infiere, expresando de manera motivada dicho grado valorativo. - - -De todo lo anterior queda evidenciado que, al emitir el acto reclamado la responsable, omitió exponer los razonamientos lógicos y jurídicos mediante los cuales llegó a la convicción de darle determinado valor a cada una de las pruebas que le sirvieron de base para la emisión del acto reclamado, para poder así concluir con qué pruebas se acreditan cada uno de los elementos del cuerpo del delito en estudio y, al no haberlo hecho así, es evidente que el análisis que la juez del conocimiento realizó respecto del cuerpo del delito de ABANDONO DE ACREEDORES, adolece de la debida fundamentación y motivación, violentando con ello, la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 de la Constitución Federal. (- - -). Por otra parte, en relación a la probable responsabilidad que se imputa al quejoso en la comisión del delito de fraude, a consideración del suscrito, la responsable no motivó debidamente tal acreditamiento al realizar el análisis de los medios de prueba que fueron tomados en consideración, por las razones que enseguida se exponen. - - -Por cuanto hace a este apartado el citado artículo 25 del código procedimental, dispone: ".La probable responsabilidad del indiciado se tendrá por acreditada cuando, de los medios probatorios existentes, se deduzca su forma de intervención en el delito, la comisión dolosa o culposa del mismo y no exista acreditada a favor del indiciado alguna causa de licitud o excluyente de culpabilidad.". - - -En principio, debe decirse que el cuerpo del delito y la probable responsabilidad son apartados totalmente diferentes, que si bien es cierto que, se analizan en una misma resolución, también cierto es, que su estudio y acreditamiento se deberá de realizar por separado, fundando y motivando las razones en virtud de las cuales, el juzgador responsable estima se acredita la probable responsabilidad de los indiciados, debiendo exponer de una forma clara y precisa las pruebas por medio de las cuáles se acredita la forma de participación del ahora quejoso. - - -Así, la circunstancia de que con las mismas pruebas que sirvieron para acreditar los elementos del cuerpo del delito en cuestión, se pueda tener por demostrada la probable responsabilidad del quejoso, no exime a la autoridad responsable, aun justificando por economía procesal y para evitar repeticiones inútiles, que deje de valorar nuevamente de manera fundada y motivada las pruebas con que tiene por demostrado este otro apartado (probable responsabilidad). - - -Ello es así, ya que las pruebas que obran en la causa penal sirven para demostrar ambos apartados (cuerpo del delito y probable responsabilidad), empero, en cada uno de estos se analizan diversas cuestiones, toda vez que, el análisis del cuerpo del delito es impersonal e indivisible (juicio de tipicidad) y en la probable responsabilidad se examina la actividad delictiva desplegada por el inculpado, autoría (forma de intervención) y dolo o culpa. - - -De ahí que, aun cuando con las mismas pruebas se pueda tener por acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del sujeto activo, lo cierto es que, el juez responsable al momento de examinar la probable responsabilidad del solicitante del amparo, deberá valorar de nueva cuenta los medios probatorios -en lo individual- exponiendo las razones lógico y jurídicos, en virtud de las cuales, les otorga dicha valoración, ya que como fue precisado en líneas precedentes, en este otro apartado se tienen que acreditar circunstancias diversas al cuerpo del delito. - - -Por otra parte, el juez del conocimiento si bien es cierto precisó que la conducta desplegada por el activo fue de forma DOLOSA omitió explicar cómo es que llegó a esa conclusión, además, deberá exponer si el quejoso conocía los alcances y repercusiones de su proceder. - - -Es necesario enfatizar que, el dolo, como elemento de tipicidad de naturaleza subjetiva, a no ser que exista una confesión en la que el sujeto acepte tener conocimiento de la existencia del objeto materia del delito, difícilmente podría acreditarse mediante una prueba directa, de modo que, dicho elemento como cualquier otro, válidamente puede justificarse mediante pruebas indirectas o indicios suficientes que pongan de relieve el aspecto de la voluntad y del saber. - - -Así, dado que el dolo reside en el plano intelectual y volitivo, es a través del análisis, de los medios de prueba, como puede probarse en forma plena su existencia (.). - - -Por último, la responsable al analizar la probable responsabilidad del peticionario del amparo, omitió exponer en forma razonada, si de los medios de convicción puestos a su alcance existía acreditada o no a su favor, alguna causa excluyente del delito, de justificación o de inculpabilidad. - - -Es por ello que, para que tal requisito se colme, debe exponer a través de un razonamiento jurídico por qué no se actualiza a su favor, alguna causa excluyente del delito, de justificación o de inculpabilidad, a fin de que pueda rebatir esas consideraciones a través de este medio extraordinario de defensa, ya que la intención del legislador local al exigir a la autoridad judicial hacer el pronunciamiento respectivo de cada una de las causas, tiene como finalidad brindar seguridad jurídica al gobernado para ser o no sujeto a proceso penal.". En cumplimiento a lo anterior, la Secretaria Encargada del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuicatlán, Oaxaca, mediante oficio 200, de dieciséis de octubre de dos mil quince, remitió copia certificada de la resolución de esa propia fecha, emitida en el expediente penal 9/2015, en la que dejó insubsistente la resolución de ocho de abril de dos mil quince, y en su lugar emitió otra en la que nuevamente dictó auto de formal prisión en contra del quejoso, como probable responsable en la comisión del delito de abandono de acreedores alimentarios (fojas 106 a 125); asimismo, el Director del Centro de Reinserción Social de Cuicatlán, Oaxaca, en relación al cumplimiento de la sentencia de amparo y al requerimiento de seis del actual, informó que quedó insubsistente el auto de formal prisión dictada en contra del quejoso el ocho de abril del año en curso (foja 129). Ahora bien, al realizar el análisis comparativo entre la sentencia ejecutoria de amparo y el cumplimiento que dio la autoridad responsable, se conoce que aquélla ha quedado cumplida, en virtud de que en la resolución de dieciséis de octubre de dos mil quince, dictada en el expediente penal 9/2015, la autoridad judicial dejó insubsistente la resolución de ocho de abril de dos mil quince, y en su lugar emitió otra en la que analizó cada uno de los elementos que integran el antisocial en estudio, ya que a ese respecto dijo que éste se integra por: a) que el agente activo abandone a sus acreedores alimentarios, b) carezca de motivo justificado para ello, y c) que en virtud de esa desobligación, los acreedores queden sin recursos para atender sus necesidades de subsistencia. Determinó que el primero de los elementos se acredita con las siguientes pruebas: querella presentada por Irma Altamirano Villareal, a la cual le confirió valor de indicio; Fe de documentos de trece de febrero de dos mil quince, certificados por la autoridad ministerial consistentes en: Cuatro copias certificadas de diversas actas de nacimiento que corresponden a IVONNE MARTINEZ ALTAMIRANO, ILEANA MARTINEZ ALTAMIRANO, SAHORI MARTÍNEZ ALTAMIRANO y MARIELA MARTÍNEZ ALTAMIRANO, y copias certificadas del incidente de liquidación de pensión alimenticia dentro del expediente familiar 75/2007, acuerdos de veinte de junio y once de julio ambos del año dos mil catorce; convenio de tres de octubre de dos mil siete, celebrado entre el aquí quejoso y la querellante dentro del expediente familiar 75/2007, del índice de la responsable, y su ratificación; Constancia de estudios de veinticinco de septiembre de dos mil catorce, expedida por el Director de la escuela Secundaria Técnica Número Once, a favor de una acreedora menor de edad; constancia de estudios de veinticinco de septiembre de dos mil catorce, expedida por el Director de la escuela Primaria "Emiliano Zapata" de Guadalupe los Obos, Cuicatlán, Oaxaca, a favor de una acreedora menor de edad; y copia certificada del incidente de liquidación promovido por la querellante dentro del expediente del orden familiar 75/2007; documentales a las cuales otorgó valor probatorio pleno; dictamen suscrito por el Perito Contable Gabriel Rolando Méndez García, dependiente del Instituto de Servicios Periciales, perteneciente a la Procuraduría General de Justicia, quien mediante oficio: PGJE/I.S.P/CONTABLE/GRMG/DICT.217/2014, de cinco de diciembre de dos mil catorce, a la cual le concedió valor indiciario; exponiendo las razones al respecto. También, estimó acreditado el segundo de los elementos, señalando que este se justifica con la querella de la ofendida y con la fe de documento, expresando las razones respectivas. De igual manera señaló que el tercero de los elementos se acreditó con la propia querella de la ofendida, y con las documentales consistentes en las copias certificadas del expediente familiar 75/2007, confiriéndoles el mismo valor probatorio precisado con anterioridad. Por otra parte, en relación a la probable responsabilidad que se imputa al quejoso en la comisión del delito, motivó tal acreditamiento al realizar el análisis de los medios de prueba siguientes: querella presentada por Irma Altamirano Villareal, a la cual le confirió valor de indicio; Fe de documentos de trece de febrero de dos mil quince, certificados por la autoridad ministerial consistentes en: Cuatro copias certificadas de diversas actas de nacimiento que corresponden a IVONNE MARTINEZ ALTAMIRANO, ILEANA MARTINEZ ALTAMIRANO, SAHORI MARTÍNEZ ALTAMIRANO y MARIELA MARTÍNEZ ALTAMIRANO, y copias certificadas del incidente de liquidación de pensión alimenticia dentro del expediente familiar 75/2007, acuerdos de veinte de junio y once de julio ambos del año dos mil catorce; convenio de tres de octubre de dos mil siete, celebrado entre el aquí quejoso y la querellante dentro del expediente familiar 75/2007, del índice de la responsable, y su ratificación; Constancia de estudios de veinticinco de septiembre de dos mil catorce, expedida por el Director de la escuela Secundaria Técnica Número Once, a favor de una acreedora menor de edad; constancia de estudios de veinticinco de septiembre de dos mil catorce, expedida por el Director de la escuela Primaria "Emiliano Zapata" de Guadalupe los Obos, Cuicatlán, Oaxaca, a favor de una acreedora menor de edad; y copia certificada del incidente de liquidación promovido por la querellante dentro del expediente del orden familiar 75/2007; documentales a las cuales otorgó valor probatorio pleno; dictamen suscrito por el Perito Contable Gabriel Rolando Méndez García, dependiente del Instituto de Servicios Periciales, perteneciente a la Procuraduría General de Justicia, quien mediante oficio: PGJE/I.S.P/CONTABLE/GRMG/DICT.217/2014, de cinco de diciembre de dos mil catorce, a la cual le concedió valor indiciario; exponiendo las razones al respecto. También expuso la forma de participación del ahora quejoso, ya que señaló que fue como autor material, señalando las razones respectivas, y explicó cómo es que llegó a la conclusión de que la conducta desplegada por el activo fue de forma DOLOSA, pues agregó que por el hecho de que el indiciado sabiendo que su esposa y sus hijos no contaban con recursos propios para su subsistencia, sin motivo justificado, la abandonó, pues no les otorgó pensión alimenticia alguna a pesar de haberse fijado judicialmente, lo que evidencia que sabía lo que hacía y quiso hacerlo. También, la responsable al analizar la probable responsabilidad del peticionario del amparo, expuso en forma razonada, que de los medios de convicción puestos a su alcance no existe acreditada a favor del indiciado, alguna causa excluyente del delito, de justificación o de inculpabilidad; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en este juicio de amparo, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes. En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año en curso, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio de amparo se concedió el amparo solicitado, se considera de valor jurídico; por lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. En otro orden, en virtud de que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    MESA V A Agréguese para que surta los efectos legales correspondiente, el oficio signado por la Secretaria Encargada del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuicatlan, Oaxaca, mediante el cual, devuelve diligenciado el despacho 277/2015 del índice de este juzgado, que ordenó notificar el proveído de veintitrés de octubre del año en curso, emitido en este expediente, al impetrante del amparo, quien se encuentra interno en el Reclusorio Regional de ese distrito judicial; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de comunicaciones oficiales de este Juzgado. En otro aspecto, toda vez que a la fecha no se ha recibido el acuse de recibo del oficio 14011, dirigido al tercero interesado Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia de Cuicatlán, Oaxaca; en consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, según su numeral 2º, requiérase al Jefe de la Oficina de Correos de México en esta ciudad, para que en el plazo de tres días, siguiente a su legal notificación, remita a este Juzgado la pieza postal correspondiente al indicado, mismo que quedó registrado bajo el número 71355, depositado en la oficina a su cargo, el veintiséis de octubre del año en curso. Apercíbasele que de no cumplir con lo anterior o indicar el motivo que se lo impida, se le impondrá una multa de cincuenta días de salario mínimo general vigente al momento de realizarse la conducta sancionada de conformidad con lo previsto en el artículo 237, fracción I de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 259 y 238 de la misma.

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