Luis Armando Manzano Rojas

Expediente 778/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 15 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
778/2023
Año
2023
Actuaciones
15
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Luis Armando Manzano Rojas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Incidental

    INC 778/2023 MESA 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Estado de autos. Como se hizo constar en la certificación de cuenta, mediante proveído dictado en esta fecha en el expediente principal del que deriva este incidente de suspensión, causó ejecutoria la sentencia en la que se negó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, y se ordenó el archivo del expediente como definitivamente concluido. 2. Archivo de expediente incidental. En esas condiciones, dejó de surtir efectos la suspensión definitiva concedida en la resolución interlocutoria de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (a contrario sensu) y 17 de este último Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese este expediente como definitivamente concluido. 3. Destino del expediente (conservable). Se comunica a las partes que, por haberse concedido la suspensión definitiva en interlocutoria de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, este expediente es CONSERVABLE, de conformidad con el artículo 17, fracción III, inciso b), del mencionado acuerdo general; por ello, será resguardado en este órgano jurisdiccional durante tres años. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda de que el mismo es conservable, en atención a lo previsto en el artículo 34 del citado acuerdo general. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL 778/2023 MESA 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Plazo para interposición de recurso. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que feneció el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada en audiencia celebrada el diez de octubre de este año, firmada y autorizada el treinta y uno de octubre siguiente, en la que se negó el amparo y protección de la justicia federal solicitado por la parte quejosa; sin que lo hubiese hecho. 2. Firmeza de la resolución. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. 3. Precisión. Resulta jurídicamente innecesario hacer pronunciamiento respecto al plazo de las autoridades responsables y terceros interesados, pues, se negó el amparo y protección de la justicia federal; por ende, ningún agravio les genera la sentencia dictada, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo; como así lo ilustra la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, con el rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". 4. Publicación de datos personales. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, se instruye a la secretaria encargada de este expediente que verifique que la versión pública de la resolución ejecutoriada sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. 5. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu) y 17 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés y vigente a partir del ocho de junio siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5. Destino (conservable) y archivo reciente. Toda vez que este órgano jurisdiccional determinó negar el amparo y protección de la justicia federal solicitado por la parte quejosa, el destino de este expediente es CONSERVABLE, con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General invocado, mientras, será resguardado en este órgano jurisdiccional durante tres años. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda de que el mismo es conservable, en atención a lo previsto en el artículo 34 del citado acuerdo general. 6. Devolución de documental. Como se hizo constar en la certificación de cuenta, en la Secretaría del Juzgado se encuentra resguardado un disco en formato DVD, remitido por la jueza de Control del circuito judicial de la Región Mixteca, sede Nochixtlán, Oaxaca; por tanto, mediante oficio que al efecto se gire, se ordena su devolución; toda vez que se ha ordenado el archivo del expediente como asunto concluido y carece de objeto su permanencia en este Juzgado. 7. Incidente de suspensión. Finalmente, en la certificación de cuenta se precisó que este juicio se tramitó con incidente de suspensión, el cual se reservó archivar hasta en tanto se ordenara el archivo de este juicio de amparo, lo que en el caso, ya aconteció; por tanto, provéase lo correspondiente en esa pieza incidental. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PRAL 778/2023 MESA 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Se agrega oficio. Agréguese a los autos el oficio número 1282/2023, de la jueza Mixto de Primera Instancia de Nochixtlán, Oaxaca, por el cual, en atención al requerimiento que se le hizo en auto de once de septiembre de este año, informa que mediante diverso comunicado 1103/2023 devolvió, diligenciado, el despacho con número de orden ********************(origen ********************), del índice de este Juzgado. Sin que sea necesario hacer mayo pronunciamiento, toda vez que por acuerdo de diecinueve de septiembre pasado se acordó lo relativo. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    PRAL 778/2023 MESA 7 Vistos para resolver los autos del juicio de amparo número ************; y, R E S U L T A N D O S: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante demanda de amparo recibida el nueve de agosto de este año en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, y turnada en este Juzgado en la misma data, *************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del juez de Control del Circuito Judicial de Nochixtlán, Oaxaca; que hizo consistir en el auto de vinculación a proceso de treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, dictado en la causa penal **************, y su ejecución. La parte quejosa narró los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 19, 20, apartados A y B, y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Registro de la demanda de amparo. Por auto de fecha diez de agosto de dos mil veintitrés se ordenó registrar la demanda de amparo con el número *************; se admitió a trámite, se solicitó de la autoridad señalada como responsable su informe justificado y se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento. TERCERO. Emplazamiento de parte tercera interesada. En auto de dieciocho de agosto del año que transcurre se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados a) ************** -víctima directa en la causa penal ************, del índice del referido Juzgado de Control-, y b) licenciado ************, agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Local de Asunción Nochixtlán, Oaxaca; mismos que fueron emplazados el veintinueve de agosto y trece de septiembre de este año, respectivamente. CUARTO. Cita para audiencia. En auto de once de septiembre de dos mil veintitrés se citó a las partes a la audiencia constitucional; misma que en sus fases de pruebas y alegatos, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y. C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49, 50 y 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito, Tribunales Colegiados de Apelación y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de un asunto de naturaleza penal y el acto reclamado se atribuye a una autoridad con residencia en Nochixtlán, Oaxaca; lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76, de la Ley de Amparo, se establece que el acto reclamado por el quejoso a la responsable es: De la jueza de Control del Distrito Judicial de Nochixtlán, Oaxaca: El auto de vinculación a proceso, de treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, dictado en la causa penal ***********. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La jueza de Control del Circuito Judicial de la Región Mixteca, sede Nochixtlán, Oaxaca, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado por el quejoso. CUARTO. Causal de improcedencia. Las partes no alegaron y este Juzgado de Distrito no advierte causa de sobreseimiento o de improcedencia; por lo que se analiza la litis constitucional. QUINTO. Conceptos de violación. La parte quejosa formuló conceptos de violación que se tienen por reproducidos y no se transcriben, dado que no existe disposición en la Ley de Amparo que obligue a ello, y por encontrar sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, registro 164618, página 830, del rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". SEXTO. Suplencia de la queja. Con fundamento en el artículo 79, fracción III, inciso a) , de la Ley de Amparo, el acto reclamado será analizado bajo el principio de suplencia de la queja; como así lo ilustra la jurisprudencia de rubro siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013." SÉPTIMO. Estudio de fondo. El quejoso manifestó en el apartado de "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN" de su demanda de amparo, en esencia, que la resolución que constituye el acto reclamado no se encuentra debidamente fundada y motivada. Resulta oportuno destacar que mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de junio de dos mil ocho, se reformaron, entre otros, los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo cual se estableció un sistema de justicia penal acusatorio adversarial y oral, que cumple con los principios del debido proceso legal, como el de inmediación, concentración, contradicción, publicidad y continuidad; ello, de acuerdo con lo señalado en la iniciativa respectiva, con el objetivo de garantizar la vigencia del debido proceso en materia penal, recuperar la confianza en la justicia penal y de sus instituciones, así como hacer más eficiente la persecución e investigación de los delitos y el trabajo de los tribunales penales; asegurar la protección, asistencia y participación de las víctimas en el proceso penal. Además, de los derechos jurídicos consagrados en la Constitución Federal, como principio rector a salvaguardar, está el conducente a la presunción de inocencia, que conlleva a que el juez de control y, en su momento, el juez del juicio oral, tienen la obligación de velar por los derechos fundamentales de todo gobernado que se encuentre sujeto a su potestad y, con ello, el deber de fundamentar y motivar debidamente sus determinaciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 16 constitucional. En ese entendido, en el análisis que se efectuará de la vinculación a proceso, serán considerados los requisitos que señala el referido artículo 16 constitucional, pues, acorde a la reforma en mención, ya no se exige la comprobación del cuerpo del delito, ni la justificación de la probable responsabilidad, sino la existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 45, agosto 2017, tomo I, página 360, registro 2014800, del rubro siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL)". En ese contexto, el estudio del auto de vinculación se realizará conforme a las cuestiones debatidas en las audiencias de veintiséis y treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, y que fueron ponderadas por la juez responsable; ello, atendiendo al principio de contradicción que rige en el sistema penal acusatorio, es decir, en este juicio se limitará el análisis de los datos de prueba que le fueron ofrecidos a la aquo, porque, de considerar otros elementos probatorios, se vulneraría el artículo 20, apartado A, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contiene el principio de contradicción que rige el proceso penal acusatorio, lo que permite el equilibrio procesal entre los sujetos procesales. El auto de vinculación a proceso de treinta y uno de julio de dos mil veintitrés está regido por el artículo 19 constitucional, que dispone: "Artículo 19.- Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." De conformidad con el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , según reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales , el auto de vinculación a proceso requiere de la justificación de los requisitos siguientes: 1. Se haya formulado la imputación. 2. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar. 3. El delito que se impute al acusado. 4. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de aquél. 5. Los datos que establezcan que: a) Se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; b) Exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. El primer requisito se cumplió, ya que del contenido de los registros de audio y videos contenidos en el disco formato DVD, al que se le confiere valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por reenvío de su numeral 2º, se advierte que en audiencia pública de veintitrés de julio de dos mil veintitrés, el agente del Ministerio Público formuló imputación al quejoso ***************, en términos del artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales , en presencia de la juez de control; esto es, hizo de su conocimiento el hecho que se atribuye al aquí quejoso, y otros [00:08:21 a 00:14:48 del disco en formato DVD, archivo 012440_2023_P01]. El segundo de los requisitos se justifica, porque la juez responsable otorgó al imputado ************** la oportunidad de declarar, respondiendo que no era su deseo hacerlo, en términos del artículo 312 del Código Nacional de Procedimientos Penales , lo que puede apreciarse en el minuto [00:15:32 del disco en formato DVD, archivo 012440_2023_P01]. Por lo que se refiere al tercer requisito, también se justifica, en razón de que el delito que se atribuye al imputado, es el de robo previsto en el artículo 349 y 351, y sancionado por el 355 y 356, y demás aplicables, del Código Penal vigente en el Estado [00:12:58 del disco en formato DVD, archivo 012440_2023_P01]. De igual manera, se cumple con el cuarto requisito, ya que del auto de vinculación se advierte que la juez responsable estableció el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del delito. En cuanto el quinto requisito, incisos a) y b), en la resolución reclamada se determinó que existen datos de prueba que establecen que se habían cometido hechos que la ley señala como delito de robo, así como la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; aspectos que sí fueron cumplidos por la juez de control responsable, pues de la reproducción audiovisual de las audiencias celebradas el veintiséis y treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, se aprecia que los datos de prueba expuestos por la representación social ante la juez de Control, hasta ese momento procesal, permiten establecer, razonablemente, que se cometió una serie de hechos que la ley señala como delito de robo y que hacen probable la participación del imputado en su comisión. En efecto, la juez responsable, en audiencia de treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, dictó auto de vinculación a proceso por el delito de robo, previsto en el artículo 349 del Código Penal vigente en el Estado de Oaxaca, contra **************, y otra persona, como probables responsables en su comisión [00:09:35 del disco en formato DVD, archivo 012564_2023_P03]. Los datos de prueba aportados por el agente del Ministerio Público y analizados por la juez responsable evidencian los hechos que la ley señalada como delito de robo, por lo siguiente: Los datos de prueba expuestos por la representación social son los siguientes: 1. Querella por escrito del ciudadano ***********, debidamente firmada y ratificada el veintiséis de octubre de dos mil veintidós. 2. Declaración del testigo ************ de fecha veintiséis de octubre de dos mil veintidós. 3. Declaración de la testigo ************** de fecha veintiséis de octubre de dos mil veintidós. 4. Constancia de situación fiscal expedida por el Servicio de Administración Tributaria SAT a favor del ciudadano *************. 5. Licencia expedida por el Ayuntamiento Constitucional de Asunción Nochixtlán, número **********, a favor de *************, con la razón social "****************". 6. Rescisión laboral entre el señor ************* y la persona de nombre*************, de fecha diez de septiembre de dos mil veintidós. 7. Tres avisos de rescisión laboral de fecha diez de septiembre de dos mil veintidós, celebrados por el señor ************, propietario de "************", en conjunto con el señor ************, ************* y ***************. 8. Acta de asunto de hechos firmada por el señor ***********. 9. Copia de dos pagarés firmados por la ciudadana ************ y **************, ambos de fecha uno de octubre de dos mil veintidós. 10. Tres contratos individuales de trabajo celebrados por los ciudadanos **********, en calidad de patrón, y ***********, *********** y ****************. En lo que interesa, el contrato del aquí quejoso *********** es de fecha veintiocho de marzo de dos mil veintiuno. 11. El reporte final de auditoría interna de fecha uno de octubre de dos mil veintidós, realizado por el señor **********, encargado de inventarios, y con la revisión de la señora ************, gerente general de "**************". 12. Inspección ocular en el lugar de los hechos, realizada por el agente Estatal de Investigaciones ********** el día veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. 13. Dictamen en materia contable de fecha dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, emitido por el contador público ************. 14. Dictamen contable emitido por el perito institucional *************, de fecha dos de mayo de dos mil veintitrés. Se precisa que la defensa del imputado no ofreció pruebas, aunque si manifestó lo que consideró pertinente previo a la resolución de la situación jurídica del quejoso [00:58:00 del disco en formato DVD, archivo 012564_2023_P01]. [00:05:29 del disco en formato DVD, archivo 012564_2023_P02]. La juez responsable precisó que los datos que obran dentro de la carpeta de investigación se analizaron de conformidad con los artículos 265, en relación con el 261, del código procesal de la materia, con la finalidad de establecer si los datos aportados por el Ministerio Público son suficientes para estimar que se está en presencia de los hechos materia de la imputación; siendo que por una diversa imputada de nombre ************* concluyó que no se había aportado información suficiente para establecer que pudo haber tenido intervención en hechos constitutivos del delito de robo. Así, la juez responsable procedió a la ponderación de los datos de prueba que fueron aportados por parte del agente del Ministerio Público a fin de resolver la situación jurídica de los diversos imputados *************** (quejoso) y *************, de la siguiente manera: Al escrito de denuncia de ************, la juez responsable correctamente lo consideró pertinente, porque a través del mismo se hizo del conocimiento del Ministerio Público los hechos que consideró constitutivos de delito de robo en su perjuicio, siendo que la información que proporcionó está directamente relacionada con su actividad económica, sin que obste el hecho de que no estuvo presente en el momento, lugar y hora en que se pudieron haber elaborado las supuestas notas de cancelación y que originaron que se devolviera dinero en efectivo a la empresa "*********", pues da razón suficiente de por qué conoce dicha información, dado que ello se lo hizo de su conocimiento la gerente general de dicha tienda de materiales, ***********. Además, la victima está en condiciones de explicar las fechas en que entró a laborar a su empresa el imputado, ahora quejoso, y refiere el motivo por el cual terminó la relación laboral - simulación, y elaboración y cancelación de notas de ventas para obtener dinero a su favor, así como haber generado notas de ventas falsas- [00:07:03 del disco en formato DVD, archivo 012564_2023_P02]. [00:12:21 del disco en formato DVD, archivo 012564_2023_P02]. En cuanto a la declaración de ************ y *********** también indicó que resultan pertinentes, pues respecto del primero, se aprecia que al igual que el ahora quejoso, su función en la tienda de construcción era la de encargado de inventario, siendo que da razón suficiente del por qué el día cinco de septiembre de dos mil veintidós se percató del faltante de treinta y cinco varillas en el almacén, señalando que en esa data, su compañero, el ahora imputado, había acudido a diverso almacén a realizar inventario, siendo la razón por la que él se quedó encargado de realizar el inventario que correspondía a ************. Y por lo que hace a la declaración de la gerente general *************, es pertinente respectos de los hechos probablemente constitutivos de delito, porque la información que proporcionó la conoció derivada de sus funciones, por lo que al ser la gerente general de la tienda de materiales para construcción, le fue informado por *************** un faltante de treinta y cinco varillas el día cinco de septiembre de dos mil veintidós, y que es ese hecho lo que motivó para que se realizara una primera auditoría de los materiales de construcción correspondiente al periodo de veintiocho de mayo a nueve de septiembre de dos mil veintidós, encontrándose supuestas notas de devolución de material por parte de los clientes de la empresa de materiales para construcción [00:15:16 del disco en formato DVD, archivo 012564_2023_P02]. Estableció que la constancia de situación fiscal expedida por el Servicio de Administración Tributaria SAT y la licencia expedida por el Ayuntamiento Constitucional de Asunción Nochixtlán, número 1230, ambas a favor de ***********, con la razón social "************", son documentos idóneos para establecer la actividad empresarial a la que se dedica la víctima, la existencia de la tienda de materiales, la fecha en que ésta inició sus operaciones y la existencia de la autorización por parte de la autoridad municipal; respecto de lo que no existe controversia [00:17:21 del disco en formato DVD, archivo 012564_2023_P02]. Respecto a los tres avisos de rescisión laboral de fecha diez de septiembre de dos mil veintidós, celebrados por el señor *********, propietario de "*************", en conjunto con **********, ************** y ************, efectivamente, se desprende que se trata de documentos privados, pero respecto de los cuales no ha sido cuestionada su autenticidad, sino que, al contrario, corroboran lo manifestado por el denunciante, en el sentido de que el día diez de septiembre de dos mil veintidós, al tener conocimiento de hechos probablemente constitutivos de delitos, terminó la relación laboral que tenía con el quejoso y diversos imputados [00:18:08 del disco en formato DVD, archivo 012564_2023_P02]. Lo que se adminicula con el acta de asunto de hechos, en la que se estableció que se detectó, en un primer momento, un faltante por la cantidad de $330,934.64 (trescientos treinta mil novecientos treinta y cuatro pesos 64/100 m.n.) en una primer auditoría realizada al periodo del veintiocho de mayo al nueve de septiembre de dos mil veintidós. En cuanto a la copia de dos pagarés firmados por ************* y *************, ambos de fecha uno de octubre de dos mil veintidós, la juez responsable refirió que se trata de documentos privados respecto de los que no se cuestionó su autenticidad [00:19:18 del disco en formato DVD, archivo 012564_2023_P02]; sin embargo, dicho dato de prueba es irrelevante para vincular a proceso al ahora quejoso, toda vez que se trata de un dato ajeno a su persona. En cuanto a los contratos individuales de trabajo, como correctamente lo aseveró la juez responsable, son prueba idónea para establecer la relación laboral que el imputado quejoso y otros tenían con *********** [00:19:43 del disco en formato DVD, archivo 012564_2023_P02]. El reporte final de auditoría interna de fecha uno de octubre de dos mil veintidós, es un dato pertinente, ya que al detectarse anomalías en la empresa de materiales para construcción en relación a notas de devolución, resulta razonable que se hubiere ordenado la realización de una auditoría, de la que derivaron diversos anexos en donde se detallan las operaciones de las fechas, folios y conceptos, estableciéndose en dicho reporte la cantidad final detectada como faltante en el periodo comprendido del cinco de agosto de dos mil veintiuno al nueve de septiembre de dos mil veintidós, sin que dicha información haya sido controvertida en audiencia [00:19:47 del disco en formato DVD, archivo 012564_2023_P02]. Por lo que hace a la inspección realizada por el agente estatal de investigaciones se establece la existencia y características físicas del negocio de materiales para construcción en donde ocurrieron los hechos, sin que exista dato que le pueda restar credibilidad a la afirmación de dicho agente [00:21:04 del disco en formato DVD, archivo 012564_2023_P02]. Finalmente, en relación a los dos dictámenes en materia contable que fueron realizados de forma particular y por el perito de la institución ministerial, se desprende, esencialmente, la operación aritmética que realizaron para arribar al monto total que asciende la suma de todas las notas de devolución que, en su momento, fueron detectadas por el personal de la citada empresa de materiales; lo que no fue controvertido en audiencia [00:22:34 del disco en formato DVD, archivo 012564_2023_P02]. De ahí es apegado a derecho que la juez responsable haya precisado que, atendiendo al grado de exigencia probatoria contenida en el artículo 19 constitucional, los datos de prueba son suficientes para tener por colmados los hechos materia de la comunicación, y que son: 1. ************ es propietario de la tienda de materiales de construcción "************", ubicada en Nochixtlán, Oaxaca. 2. El señor *********** era encargado de inventario de dicha empresa, por lo que tenía como tarea realizar conteos físicos del material disponibles y compararlos con el sistema para que se ajustara o evitara un desajuste en el inventario, y su compañero ************** era el encargado de ventas y/o mostrador, por lo que supervisaba las ventas que se llevaban a cabo, supervisaba al resto de vendedores, autorizaba y cancelaba ventas, y autorizaba devoluciones y reintegraciones solicitadas por los clientes. 3. El cinco de septiembre de dos mil veintidós el imputado **********, ahora quejoso, no se encontraba físicamente en la empresa, ya que le había tocado hacer el inventario en el almacén de diversa sucursal, por lo que le tocó al señor ********** (también encargado de inventario) hacer el inventario que le correspondía a *************; siendo que al contar los productos se percató del faltante de treinta y cinco varillas en el almacén, por lo que lo hizo del conocimiento de la gerente general **********, quien se percató que, efectivamente, faltaban esas treinta y cinco piezas en el inventario digital. Asimismo, ************ continuó verificando el inventario en el software que se maneja en dicha empresa, percatándose que había varias notas de entrada por devolución, es decir, que se trataba de devoluciones parciales de material vendido, y todas las notas pertenecían a clientes cuyos productos se encargaba de contar y llevar el control el señor ****************, y las cancelaciones estaban autorizadas por Eduardo Herrera ***********. 4. Por lo anterior, la gerente *********** hizo una primera auditoría de los materiales de construcción de la empresa, revisando el ingreso y salidas de los productos del veintiocho de mayo al nueve de septiembre de dos mil veintidós; encontrándose cincuenta y nueve supuestas cancelaciones por un monto total aproximado de $330, 934.64 (trescientos treinta mil novecientos treinta y cuatro pesos 64/100 m.n.). 5. El diez de septiembre de dos mil veintidós, el señor **********, propietario de "**********", hizo del conocimiento de su empleado *************, y otros, los avisos de rescisión laboral por simulación, y elaboración y cancelación de notas de ventas para obtener dinero a su favor, así como haber generado notas de ventas falsas. 6. Finalmente, una auditoría interna en las operaciones simuladas llevadas a cabo dentro del periodo comprendido del cinco de agosto de dos mil veintiuno al nueve de septiembre de dos mil veintidós, en la que se revisó de manera minuciosa las notas de cancelación, números de serie, números de folio, montos y conceptos de dichas operaciones, dio como resultado una cantidad faltante de $467.194.77 (cuatrocientos sesenta y siete mil ciento noventa y cuatro pesos 77/100 m.n.), en los activos de dicha empresa. Además, la juez responsable indicó que lo anterior actualiza el hecho ilícito que la ley señala como el delito de robo, conforme a lo previsto en el artículo 349 del Código Penal vigente en el Estado; que requiere de los siguientes elementos para su configuración: 1.- Una acción de apoderamiento de una cosa ajena mueble. El imputado, quejoso, y otra persona, obtuvieron la cantidad de $467.194.77 (cuatrocientos sesenta y siete mil ciento noventa y cuatro pesos 77/100 m.n.), lo que constituye un bien inmueble de conformidad con las disposiciones del Código Civil del Estado de Oaxaca. Apoderamiento que se infiere de la información proporcionada por el denunciante y la gerente general, dado las funciones que realizaba el ahora quejoso, al poder ingresar al sistema de la empresa y poder hacer las modificaciones para darle salida al material de construcción y éste ya no apareciera en el inventario 2.- Que dicho apoderamiento sea sin derecho y sin consentimiento de la persona que podía disponer de ella, con arreglo a la ley. El propietario de la referida empresa era **********, siendo que era la única persona que podía otorgar autorización para que el imputado pudiera disponer de esa cantidad de dinero que se devolvía al tener notas de devolución de material. La responsable correctamente tuvo por acreditado cada uno de los citados elementos, con los datos de prueba a los que previamente había otorgado la apreciación correspondiente [00:39:10 del disco en formato DVD, archivo 012564_2023_P02]. Probable participación. La juez responsable correctamente determinó que se acredita la participación de *********** en la comisión del hecho que la ley señala como delito de robo, bajo la figura de coautoría material, en razón de que hubo un plan previo que implicó un reparto de funciones con el diverso imputado *************, siendo que la actividad que cada uno de ellos desplegó fue esencial para obtener el resultado del ilícito (una cantidad de dinero), siendo que el segundo firmaba las notas de devolución, que eran autorizadas y, a su vez, entregadas a la cajera, en tanto que el primero, aquí quejoso, con posterioridad hacía el movimiento en el sistema para darle salida al material y que ya no apareciera en el mismo; de ahí que fue, precisamente, por el hecho de que otro de sus compañeros, en la fecha precisada, tuvo a su cargo el inventario, que se percató de esa anomalía, es decir, del faltante de treinta y cinco varillas, lo que dio lugar a la auditoría correspondiente. Valoración de los datos de prueba en la etapa inicial del procedimiento penal. Ahora, previo a realizar el análisis del concepto de violación, es preciso recordar que en el actual sistema penal acusatorio, para emitir un auto de vinculación a proceso, únicamente es necesario establecer que se ha cometido un hecho determinado por la ley como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; con base en los datos de prueba expuestos por la fiscalía -los cuales no tiene en su poder el juez al momento de resolver sobre la situación jurídica del imputado-, por lo que basta la mención y relación de estos datos recabados por la Fiscalía al momento de exponer sus argumentos vinculatorios Por tanto, los datos de prueba incorporados por las partes dentro de la audiencia inicial, únicamente deben ser ponderados a fin de corroborar que ellos son suficientes para tener por acreditado que ocurrió un hecho delictivo, estableciendo las circunstancias de cómo acontecieron los hechos, y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; sin embargo, éstos no pueden ser valorados en cuanto a su contenido en tanto que en esa fase aún no han sido desahogados ante el órgano jurisdiccional. Aunado, a lo anterior, es importante referir que en los casos en que se impugne en amparo un auto de vinculación o de no vinculación, el juez de amparo, jurídicamente, no puede sustituir al juez de control (ni al tribunal de alzada) en la ponderación de los datos de prueba incorporados por el imputado o su defensa; sin embargo, sí se puede analizar la legalidad del ejercicio de ponderación que aquél realiza. Ello, porque la valoración de los datos de prueba que se incorporen durante la etapa inicial del juicio, es facultad exclusiva de las autoridades de instancia y, por tanto, no pueden ejercerla los jueces constitucionales. No obstante, lo anterior no implica que no se puedan revisar en el juicio de amparo el ejercicio de ponderación o valoración de los datos de prueba que se realiza durante la primera etapa del procedimiento penal; es decir, la legalidad y constitucionalidad del acto reclamado, no del dato de prueba en sí, pues su análisis se circunscribe única y exclusivamente a la valoración de la prueba que llevó a cabo la autoridad natural. Ejercicio que no implica que se sustituya al juez natural en la apreciación de los datos de prueba, ya que sólo se analiza la legalidad de la ponderación que se hizo, a efecto de corroborar si se ajustó o no a los principios que rigen el debido proceso legal, y constatar que no se hubieran alterado los hechos, que no exista infracción a las reglas fundamentales de la lógica, a los conocimientos científicos y a las máximas de la experiencia. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 28/2020 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2022178, cuyo rubro es: "VINCULACIÓN A PROCESO. LOS JUECES DE AMPARO NO PUEDEN SUSTITUIR AL JUEZ DE CONTROL EN LA PONDERACIÓN DE LOS DATOS DE PRUEBA INCORPORADOS POR EL IMPUTADO O SU DEFENSA, EN EL PLAZO CONSTITUCIONAL O SU DUPLICIDAD, SIN EMBARGO, SÍ PUEDEN ANALIZAR LA LEGALIDAD DE SU EJERCICIO DE PONDERACIÓN." En el caso, se advierte que la responsable correctamente tuvo por acreditado cada uno de los elementos del delito robo, con todos los datos de prueba expresados por el Ministerio Público; asimismo, realizó manifestaciones justificando por qué consideró que los datos son adecuados para poder establecer el hecho material de la comunicación, que todos son pertinentes porque se relacionan con el evento que de alguna manera hay coincidencia; de ahí que es infundado lo manifestado por el quejoso en su concepto de violación; además, como acertadamente lo precisó la juez responsable, los datos de prueba aportados por la representación social son suficientes para acreditar el hecho que la ley señala como delito de robo y que exista probabilidad de que el indiciado los cometió o participo en su comisión; de ahí que la resolución reclamada se encuentra fundada y motivada. Por lo anterior, contrario a lo alegado por el quejoso, el actuar de la juez responsable no violó sus derechos fundamentales. En consecuencia, al resultar infundado el concepto de violación, sin que se advierta deficiencia de queja que suplir, lo procedente es NEGAR el amparo y protección de la Justicia Federal que se solicita. Finalmente, por lo que hace a la tesis de rubro: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS.", que citó el quejoso en su demanda de amparo, esta sentencia fue emitida en congruencia con la litis y lo expuesto en la demanda de amparo, por lo que fue atendida; y en relación a la diversa: "GARANTÍA DE AUDIENCIA. ALCANCE DE LA ADMISIÓN DE LA PRUEBA", es inaplicable, al menos para el fin que pretende la parte quejosa, dado que dicha garantía no le fue conculcada en el dictado del auto de vinculación a proceso, pues, en el caso, la defensa del imputado, ahora quejoso, estuvo en posibilidad de aportar las pruebas que así hubiere convenido al interés de su defendido, lo que no aconteció; en la inteligencia de que fueron escuchados sus argumentos por la autoridad responsable previo al dictado del acto reclamado. OCTAVO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal , ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. En relación con lo anterior, se instruye a la secretaria encargada de este expediente, verifique que la versión pública de la sentencia sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia Federal no ampara ni protege a *************, contra el acto reclamado a la jueza de Control del Circuito Judicial de la Región Mixteca, sede Nochixtlán, Oaxaca; consistente en el auto de vinculación a proceso, de treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, dictado en la causa penal **********; por las razones plasmadas en el considerando séptimo de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dese cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe; hasta el día de hoy, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional.

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