Luis Armando Hernández Velázquez
Expediente 347/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 9 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 347/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 12/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Luis Armando Hernández Velázquez
- Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, doce de agosto de dos mil veintidós. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, de autos se advierte que mediante proveído de veintiocho de abril de dos mil veintidós se tuvo al Juez Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, con sede en Medellín de Bravo, remitiendo diversas constancias vía informe justificado; por tanto, toda vez que este juzgado estima innecesario conservar dichas documentales, devuélvase a su lugar de origen el tomo que se formó, para los efectos legales conducentes. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, en la oficialía de partes común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, y turnado ese mismo día a éste órgano jurisdiccional, la parte quejosa promovió juicio de amparo contra el acto que más adelante se precisará (fojas 9-16).SEGUNDO. Trámite. Por auto de uno de abril siguiente se acordó: admitir la demanda de amparo; requerir a la responsable su informe justificado y dar la intervención que compete a la Fiscal de la Federación adscrita, señalar fecha y hora para la audiencia constitucional (fojas 17-24).Asimismo, en auto de veintiocho de abril de dos mil veintidós (foja 33) se ordenó emplazar a la parte tercero interesada moral EZPAWN MANAGEMENT MÉXICO, Sociedad de Responsabilidad Limitada de capital variable, misma que fue emplazada el tres de junio de dos mil veintidós (foja 43).TERCERO. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, dado que se cuenta con el informe justificado de la autoridad responsable (foja 32) que se encuentra emplazada la tercero interesada (foja 43) por lo que tuvo verificativo la audiencia constitucional (fojas 46-47) quedando el expediente en estado de resolución. Finalmente, hasta el momento no consta que las partes hayan dado su consentimiento para la publicación de sus datos personales.CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por la vía, ya que se trata de acto dictado dentro de un proceso penal, susceptible de afectar directa e irreparablemente derechos fundamentales del gobernado tales como la libertad y seguridad jurídica, lo que permite que sea materia de impugnación en amparo indirecto.. La materia (mixta) al actuar como órgano de instrucción en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio, pues los actos reclamados tienen ejecución material en la circunscripción territorial de este tribunal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene que el acto reclamado en el presente juicio es: ".de cualesquiera de las autoridades responsables ordenadoras el auto que me mantiene retenido y vinculado a proceso, dictado en mi contra según por haber cometido el delito de robo agravado en las actuaciones de la causa penal 49/2016 del índice antes juzgado Quinto de Primera Instancia con residencia en Veracruz Veracruz y actualmente seguido por el juzgado Primero de Primera Instancia con domicilio ampliamente conocido en Medellín Veracruz del Juzgado de Proceso y Procedimientos Penales del Décimo Séptimo Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz. y de las autoridades responsables ejecutoras la ejecución de tal mandamiento a todos vistos ilegal que me mantiene privado de mi libertad en el reclusorio regional penalito.".Establecida la fijación clara y precisa del acto que se reclama, por cuestión de método debe analizarse si de acuerdo con las pruebas que obran en autos, su existencia se encuentra o no probada.TERCERO. Existencia del acto reclamado. Mediante oficio 1130 de veintiséis de abril de dos mil veintidós, el Juez Primero de Primera Instancia con sede en Veracruz, Veracruz, informó a este juzgado, que es cierto el acto reclamado por la parte quejosa, en razón que tiene radicada la causa penal 680/2017, iniciada con motivo de la extinción del Juzgado Quinto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, quien dentro de la causa penal 49/2016, el veintiuno de marzo de dos mil dieciséis, le dictó al aquí quejoso auto de formal prisión, como presunto responsable del delito de robo agravado, cometido en agravio de la empresa EZPAWN MANAGEMENT MÉXICO, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, resolución que fue recurrida en vía de amparo, y al ser concedido se dictó nuevamente auto de formal prisión, siendo debidamente notificado el quejoso el uno de agosto de dos mil dieciséis, continuando el proceso en libertad, pero al ser recurrida por el ministerio Público en apelación, le fue revocado el beneficio y el siete de noviembre de dos mil dieciséis, se libró orden de reaprehensión en contra del aquí quejoso; siendo cumplida el veintiséis de diciembre de dos mil veintiuno, dejando al quejoso a disposición de dicho juzgado, para la continuación del proceso 680/2017. Del tomo de pruebas que remite la autoridad responsable se advierte que el uno de agosto de dos mil dieciséis (fojas 132-159) en los autos de la causa penal 49/2016, del índice del Juzgado Quinto de Primera Instancia de ese Distrito Judicial con sede en Veracruz, Veracruz, le dictó al aquí quejoso Luis Armando Hernández Velázquez auto de formal prisión, por el delito de robo agravado, siendo debidamente notificadas las partes, entre ellos el procesado, en esa misma fecha; posteriormente, en auto de siete de noviembre de dos mil dieciséis, libró orden de reaprehensión (fojas 167-168). Asimismo, obra en dichas constancias el auto de veintiséis de diciembre de dos mil veintiuno, recibido por el Juzgado Primero de Primera Instancia con sede en Veracruz, Veracruz, quien tuvo por cumplida la orden librada en contra del procesado Luis Armando Hernández Velázquez, dejando al encausado bajo los efectos de la formal prisión dictado el uno de agosto de dos mil dieciséis, para la continuación del proceso número 680/2017 de su índice, en la instalaciones del Módulo Preventivo de Setenta y Dos horas, dependiente de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social del Estado, con sede en Veracruz; siendo el procesado debidamente notificado del contenido de citado auto, el mismo veintiséis de diciembre de dos mil veintiuno, firmando como constancia de ello (fojas 173 y vuelta). Lo que se constata en razón que dicha responsable remitió copia certificada de esas constancias (cuaderno de pruebas) las cuales tienen valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia de rubro siguiente: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." De igual forma el encargado del Módulo de Prisión Preventiva Veracruz, con sede en esa ciudad, refirió ser cierto del acto reclamado por el quejoso, dado que en fecha veintiséis de diciembre de dos mil veintiuno, se recibió en ese módulo de prisión preventiva al quejoso, por elementos de la Policía Ministerial en cumplimiento a la orden de aprehensión girada en su oportunidad por el Juez Quinto de Primera Instancia, dentro de la causa penal 49/2016, para surtir efectos en la causa penal 680/2017 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia con sede en Medellín de Bravo, Veracruz, recibiendo en esa misma fecha, boleta de legalización de detenido del aquí quejoso, por el delito de robo agravado (foja 26 del juicio).CUARTO. Procedencia. Las causas de improcedencia son de orden público y de preferente análisis al fondo del asunto, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Motivo de improcedencia advertido de oficio Se estima que sobreviene el motivo de improcedencia previsto en los artículos 61, fracción XIV, primer párrafo, en relación con los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo; cuyo contenido es del tenor siguiente: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la intelección conjunta de los preceptos reproducidos, en lo que atañe al caso concreto, se advierte que el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, entre otros, aquél contra el que no se promueva el juicio de amparo dentro del plazo de quince días, contado a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana, pues cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad, tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto vía el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, pero si deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta revela conformidad con el acto. En el caso concreto, contrario a lo que refiere el quejoso, en el sentido de que le fue notificado de manera verbal el acto reclamado el día nueve de marzo de dos mil veintidós, de las constancias que adjuntó a su informe la autoridad responsable, se advierte que el veintiséis de diciembre de dos mil veintiuno, tuvo por recibido el cumplimiento de la orden de aprehensión dictada en contra de Luis Armando Hernández Velázquez, dejándolo bajo los efectos de la formal prisión dictado el uno de agosto de dos mil dieciséis, para la continuación del proceso, en la instalaciones del Módulo Preventivo de Setenta y Dos horas, dependiente de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social del Estado, con sede en Veracruz; siendo el procesado debidamente notificado del contenido de citado auto, el mismo veintiséis de diciembre de dos mil veintiuno, firmando como constancia de ello (foja 173 vuelta del cuaderno de pruebas) que como ya se dijo, a dicha constancia se le concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2o, al tratarse de actuaciones realizadas por autoridades legalmente competentes para ello.Lo anterior pone en evidencia, la fecha en que el promovente, tuvo pleno conocimiento del acto reclamado veintiséis de diciembre de dos mil veintiuno, lo que pone de manifiesto que de conformidad con el artículo 18 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda constitucional es extemporánea, al transcurrir en exceso el plazo de quince días que la Ley de Amparo le otorga para ello, puesto que fue presentada el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós.Se considera así, ya que de conformidad con el transcrito artículo 17 de la Ley de Amparo, el plazo para la interposición del juicio de amparo, en este caso, es de quince días, pues el acto reclamado en este asunto no lo constituye una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición, en que el plazo de presentación de la demanda es de treinta días. Tampoco se está ante una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, donde el plazo para presentarse es hasta de ocho años.Mucho menos se promovió el presente asunto contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, donde el plazo para promoverla será de siete años.En consecuencia, al tener el aludido acto reclamado la calidad de consentido tácitamente, pues no se promovió en su contra el juicio de amparo en el término que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, es claro que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, de la misma Ley, razón por la cual, con apoyo en el diverso artículo 63 del mismo ordenamiento legal, lo que procede es sobreseer en el presente asunto. Sirve de apoyo la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo tenor literal es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar."De igual forma, resulta aplicable la tesis siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. PARA ESTABLECER LA OPORTUNIDAD DE SU PRESENTACIÓN, EL CÓMPUTO NO DEBE HACERSE DE MOMENTO A MOMENTO Y SIN TOMAR EN CUENTA LOS DÍAS INHÁBILES Y LOS NO LABORABLES PARA LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y EL ÓRGANO JURISDICCIONAL EN QUE SE TRAMITA EL JUICIO PUES, DE LO CONTRARIO, SE HACE NUGATORIO EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 17, 18 Y 19 DE LA LEY DE AMPARO). De la interpretación armónica de los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Amparo, se advierte que para establecer la oportunidad de la presentación de la demanda, el cómputo no debe hacerse de momento a momento, puesto que no deben contarse los días inhábiles y los no laborables para la autoridad responsable y el órgano jurisdiccional en que se tramita el juicio pues, estimar lo contrario, haría nugatorio el derecho de acceso a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y coartaría la posibilidad de solicitar la protección de la Justicia Federal, en perjuicio del quejoso; por lo que como lo estableció la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 3a. 42, de rubro: "AMPARO. PARA LA INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA NO DEBEN COMPUTARSE LOS DÍAS INHÁBILES POR VACACIONES DE LA AUTORIDAD.", para efecto de computar el plazo para la presentación de la demanda de amparo indirecto, el Juez de Distrito debe considerar, en términos de los artículos mencionados: a) La fecha en que el quejoso fue notificado del acto reclamado y así iniciar el cómputo al día siguiente (pues en materia penal, el día en que se notifica la resolución que constituye el acto, surte sus efectos); b) Los días que conforme al artículo 19 de la propia ley son inhábiles y aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional en que se tramita el juicio de amparo, o aquellos en que dicho órgano jurisdiccional no pueda funcionar por causa mayor, en cuyo caso, esos días quedarán excluidos del cómputo relativo; y, c) Los días no laborables para la autoridad responsable, sea por encontrarse de vacaciones o porque así se determinó en algún acuerdo administrativo." QUINTO. Supresión de datos. Tomando en consideración que las partes en este asunto no realizaron manifestación alguna, dentro del término concedido, en relación con su oposición para que se publiquen o den a conocer sus datos personales; en consecuencia, acorde con lo establecido en los artículos 23, 24, fracción VI; 73, fracciones II y V; 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V; 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, la presente sentencia se pondrá a disposición del público en la versión respectiva con supresión de tales datos, de conformidad con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley mencionada en segundo término. Por lo expuesto y fundado, seR E S U E L V E:PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Luis Armando Hernández Velázquez, respecto de las autoridades señaladas en el considerando tercero de esta resolución por los motivos expuestos el considerando cuarto.SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo a lo señalado en el último considerando de esta resolución.Notifíquese en términos de ley. Lo que se notifica por este medio ala parte tercero interesada, así por estar ordenado en autos.
- Principal
Con esta fecha se notifica al quejoso la sentencia de diecinueve del actual, la cual dice: RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, en la oficialía de partes común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, y turnado ese mismo día a éste órgano jurisdiccional, la parte quejosa promovió juicio de amparo contra el acto que más adelante se precisará (fojas 9-16).SEGUNDO. Trámite. Por auto de uno de abril siguiente se acordó: admitir la demanda de amparo; requerir a la responsable su informe justificado y dar la intervención que compete a la Fiscal de la Federación adscrita, señalar fecha y hora para la audiencia constitucional (fojas 17-24).Asimismo, en auto de veintiocho de abril de dos mil veintidós (foja 33) se ordenó emplazar a la parte tercero interesada moral EZPAWN MANAGEMENT MÉXICO, Sociedad de Responsabilidad Limitada de capital variable, misma que fue emplazada el tres de junio de dos mil veintidós (foja 43).TERCERO. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, dado que se cuenta con el informe justificado de la autoridad responsable (foja 32) que se encuentra emplazada la tercero interesada (foja 43) por lo que tuvo verificativo la audiencia constitucional (fojas 46-47) quedando el expediente en estado de resolución. Finalmente, hasta el momento no consta que las partes hayan dado su consentimiento para la publicación de sus datos personales.CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por la vía, ya que se trata de acto dictado dentro de un proceso penal, susceptible de afectar directa e irreparablemente derechos fundamentales del gobernado tales como la libertad y seguridad jurídica, lo que permite que sea materia de impugnación en amparo indirecto.. La materia (mixta) al actuar como órgano de instrucción en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio, pues los actos reclamados tienen ejecución material en la circunscripción territorial de este tribunal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene que el acto reclamado en el presente juicio es: ".de cualesquiera de las autoridades responsables ordenadoras el auto que me mantiene retenido y vinculado a proceso, dictado en mi contra según por haber cometido el delito de robo agravado en las actuaciones de la causa penal 49/2016 del índice antes juzgado Quinto de Primera Instancia con residencia en Veracruz Veracruz y actualmente seguido por el juzgado Primero de Primera Instancia con domicilio ampliamente conocido en Medellín Veracruz del Juzgado de Proceso y Procedimientos Penales del Décimo Séptimo Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz. y de las autoridades responsables ejecutoras la ejecución de tal mandamiento a todos vistos ilegal que me mantiene privado de mi libertad en el reclusorio regional penalito.".Establecida la fijación clara y precisa del acto que se reclama, por cuestión de método debe analizarse si de acuerdo con las pruebas que obran en autos, su existencia se encuentra o no probada.TERCERO. Existencia del acto reclamado. Mediante oficio 1130 de veintiséis de abril de dos mil veintidós, el Juez Primero de Primera Instancia con sede en Veracruz, Veracruz, informó a este juzgado, que es cierto el acto reclamado por la parte quejosa, en razón que tiene radicada la causa penal 680/2017, iniciada con motivo de la extinción del Juzgado Quinto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, quien dentro de la causa penal 49/2016, el veintiuno de marzo de dos mil dieciséis, le dictó al aquí quejoso auto de formal prisión, como presunto responsable del delito de robo agravado, cometido en agravio de la empresa EZPAWN MANAGEMENT MÉXICO, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, resolución que fue recurrida en vía de amparo, y al ser concedido se dictó nuevamente auto de formal prisión, siendo debidamente notificado el quejoso el uno de agosto de dos mil dieciséis, continuando el proceso en libertad, pero al ser recurrida por el ministerio Público en apelación, le fue revocado el beneficio y el siete de noviembre de dos mil dieciséis, se libró orden de reaprehensión en contra del aquí quejoso; siendo cumplida el veintiséis de diciembre de dos mil veintiuno, dejando al quejoso a disposición de dicho juzgado, para la continuación del proceso 680/2017. Del tomo de pruebas que remite la autoridad responsable se advierte que el uno de agosto de dos mil dieciséis (fojas 132-159) en los autos de la causa penal 49/2016, del índice del Juzgado Quinto de Primera Instancia de ese Distrito Judicial con sede en Veracruz, Veracruz, le dictó al aquí quejoso Luis Armando Hernández Velázquez auto de formal prisión, por el delito de robo agravado, siendo debidamente notificadas las partes, entre ellos el procesado, en esa misma fecha; posteriormente, en auto de siete de noviembre de dos mil dieciséis, libró orden de reaprehensión (fojas 167-168). Asimismo, obra en dichas constancias el auto de veintiséis de diciembre de dos mil veintiuno, recibido por el Juzgado Primero de Primera Instancia con sede en Veracruz, Veracruz, quien tuvo por cumplida la orden librada en contra del procesado Luis Armando Hernández Velázquez, dejando al encausado bajo los efectos de la formal prisión dictado el uno de agosto de dos mil dieciséis, para la continuación del proceso número 680/2017 de su índice, en la instalaciones del Módulo Preventivo de Setenta y Dos horas, dependiente de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social del Estado, con sede en Veracruz; siendo el procesado debidamente notificado del contenido de citado auto, el mismo veintiséis de diciembre de dos mil veintiuno, firmando como constancia de ello (fojas 173 y vuelta). Lo que se constata en razón que dicha responsable remitió copia certificada de esas constancias (cuaderno de pruebas) las cuales tienen valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia de rubro siguiente: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." De igual forma el encargado del Módulo de Prisión Preventiva Veracruz, con sede en esa ciudad, refirió ser cierto del acto reclamado por el quejoso, dado que en fecha veintiséis de diciembre de dos mil veintiuno, se recibió en ese módulo de prisión preventiva al quejoso, por elementos de la Policía Ministerial en cumplimiento a la orden de aprehensión girada en su oportunidad por el Juez Quinto de Primera Instancia, dentro de la causa penal 49/2016, para surtir efectos en la causa penal 680/2017 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia con sede en Medellín de Bravo, Veracruz, recibiendo en esa misma fecha, boleta de legalización de detenido del aquí quejoso, por el delito de robo agravado (foja 26 del juicio).CUARTO. Procedencia. Las causas de improcedencia son de orden público y de preferente análisis al fondo del asunto, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Motivo de improcedencia advertido de oficio Se estima que sobreviene el motivo de improcedencia previsto en los artículos 61, fracción XIV, primer párrafo, en relación con los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo; cuyo contenido es del tenor siguiente: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la intelección conjunta de los preceptos reproducidos, en lo que atañe al caso concreto, se advierte que el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, entre otros, aquél contra el que no se promueva el juicio de amparo dentro del plazo de quince días, contado a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana, pues cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad, tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto vía el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, pero si deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta revela conformidad con el acto. En el caso concreto, contrario a lo que refiere el quejoso, en el sentido de que le fue notificado de manera verbal el acto reclamado el día nueve de marzo de dos mil veintidós, de las constancias que adjuntó a su informe la autoridad responsable, se advierte que el veintiséis de diciembre de dos mil veintiuno, tuvo por recibido el cumplimiento de la orden de aprehensión dictada en contra de Luis Armando Hernández Velázquez, dejándolo bajo los efectos de la formal prisión dictado el uno de agosto de dos mil dieciséis, para la continuación del proceso, en la instalaciones del Módulo Preventivo de Setenta y Dos horas, dependiente de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social del Estado, con sede en Veracruz; siendo el procesado debidamente notificado del contenido de citado auto, el mismo veintiséis de diciembre de dos mil veintiuno, firmando como constancia de ello (foja 173 vuelta del cuaderno de pruebas) que como ya se dijo, a dicha constancia se le concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2o, al tratarse de actuaciones realizadas por autoridades legalmente competentes para ello.Lo anterior pone en evidencia, la fecha en que el promovente, tuvo pleno conocimiento del acto reclamado veintiséis de diciembre de dos mil veintiuno, lo que pone de manifiesto que de conformidad con el artículo 18 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda constitucional es extemporánea, al transcurrir en exceso el plazo de quince días que la Ley de Amparo le otorga para ello, puesto que fue presentada el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós.Se considera así, ya que de conformidad con el transcrito artículo 17 de la Ley de Amparo, el plazo para la interposición del juicio de amparo, en este caso, es de quince días, pues el acto reclamado en este asunto no lo constituye una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición, en que el plazo de presentación de la demanda es de treinta días. Tampoco se está ante una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, donde el plazo para presentarse es hasta de ocho años.Mucho menos se promovió el presente asunto contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, donde el plazo para promoverla será de siete años.En consecuencia, al tener el aludido acto reclamado la calidad de consentido tácitamente, pues no se promovió en su contra el juicio de amparo en el término que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, es claro que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, de la misma Ley, razón por la cual, con apoyo en el diverso artículo 63 del mismo ordenamiento legal, lo que procede es sobreseer en el presente asunto. Sirve de apoyo la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo tenor literal es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar."De igual forma, resulta aplicable la tesis siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. PARA ESTABLECER LA OPORTUNIDAD DE SU PRESENTACIÓN, EL CÓMPUTO NO DEBE HACERSE DE MOMENTO A MOMENTO Y SIN TOMAR EN CUENTA LOS DÍAS INHÁBILES Y LOS NO LABORABLES PARA LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y EL ÓRGANO JURISDICCIONAL EN QUE SE TRAMITA EL JUICIO PUES, DE LO CONTRARIO, SE HACE NUGATORIO EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 17, 18 Y 19 DE LA LEY DE AMPARO). De la interpretación armónica de los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Amparo, se advierte que para establecer la oportunidad de la presentación de la demanda, el cómputo no debe hacerse de momento a momento, puesto que no deben contarse los días inhábiles y los no laborables para la autoridad responsable y el órgano jurisdiccional en que se tramita el juicio pues, estimar lo contrario, haría nugatorio el derecho de acceso a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y coartaría la posibilidad de solicitar la protección de la Justicia Federal, en perjuicio del quejoso; por lo que como lo estableció la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 3a. 42, de rubro: "AMPARO. PARA LA INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA NO DEBEN COMPUTARSE LOS DÍAS INHÁBILES POR VACACIONES DE LA AUTORIDAD.", para efecto de computar el plazo para la presentación de la demanda de amparo indirecto, el Juez de Distrito debe considerar, en términos de los artículos mencionados: a) La fecha en que el quejoso fue notificado del acto reclamado y así iniciar el cómputo al día siguiente (pues en materia penal, el día en que se notifica la resolución que constituye el acto, surte sus efectos); b) Los días que conforme al artículo 19 de la propia ley son inhábiles y aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional en que se tramita el juicio de amparo, o aquellos en que dicho órgano jurisdiccional no pueda funcionar por causa mayor, en cuyo caso, esos días quedarán excluidos del cómputo relativo; y, c) Los días no laborables para la autoridad responsable, sea por encontrarse de vacaciones o porque así se determinó en algún acuerdo administrativo." QUINTO. Supresión de datos. Tomando en consideración que las partes en este asunto no realizaron manifestación alguna, dentro del término concedido, en relación con su oposición para que se publiquen o den a conocer sus datos personales; en consecuencia, acorde con lo establecido en los artículos 23, 24, fracción VI; 73, fracciones II y V; 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V; 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, la presente sentencia se pondrá a disposición del público en la versión respectiva con supresión de tales datos, de conformidad con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley mencionada en segundo término. Por lo expuesto y fundado, seR E S U E L V E:PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Luis Armando Hernández Velázquez, respecto de las autoridades señaladas en el considerando tercero de esta resolución por los motivos expuestos el considerando cuarto.SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo a lo señalado en el último considerando de esta resolución.Notifíquese en términos de ley
- Principal
Boca del Río, Veracruz, trece de junio de dos mil veintidós. Vista la razón actuarial que obra en autos, se advierte que se emplazó por lista de acuerdos a la tercera interesada moral EZPAWN MANAGEMENT MEXICO, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, sin que a la fecha haya señalado domicilio donde oír y recibir notificaciones; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado mediante auto de dieciocho de mayo pasado, por lo que se ordena hacer al citado tercero, por lista de acuerdos la presente notificación, así como las subsecuentes, aun las de carácter personal, con apoyo en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale un domicilio para tal efecto en esta plaza. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Mónica Penélope Rosales Gallegos, con quien actúa y da fe.
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