Luis Armando Chuc Sanchez
Expediente 529/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 32 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 529/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 32
- Última actuación
- 13/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Luis Armando Chuc Sanchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 32.
- Principal
Mérida, Yucatán, trece de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan estos autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese para los efectos legales el oficio signado por el Juez Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Motul, Yucatán, con el que devuelve debidamente diligenciado el despacho con número de orden 142/2023-DESP-I-B y número de origen 67/2023-DESP-I-B, del índice de este juzgado. Lo anterior, únicamente para que obre como corresponda, sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento en relación con su contenido, en virtud de que mediante proveído de cuatro de agosto del año en curso, causó estado el sobreseimiento fuera de audiencia dictado en estos autos, ordenándose el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, cuatro de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio el acuerdo de dieciocho de julio de dos mil veintitrés, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que el referido proveído, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente sumario, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, debiendo remitir por separado al archivo el cuaderno del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General sin número, de diez de mayo de dos mil veintitrés, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al ser un juicio de amparo sobreseído, y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción I, del citado acuerdo, se ordena que una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se proceda a la destrucción del presente cuaderno, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, PUES SE NEGÓ LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA SOLICITADA, lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 20, fracción III, del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en dicho numeral, se ordena que una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se proceda a la destrucción del cuaderno incidental único, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Vistos lo de cuenta SE ACUERDA: para los efectos legales a que haya lugar, agréguense a estos autos el oficio signado por la Jefa de la Oficina de Servicios Directos "Poder Judicial" del Servicio Postal Mexicano, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que la tarjeta de acuse de recibo correspondiente al despacho 142/2023-DESP-I-B, no ha sido devuelta por la oficina destinataria, por lo que solicita una prórroga de quince días para estar en posibilidad de hacerlo. Sin embargo, mediante proveído de dieciocho de julio del año que transcurre, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; por tanto, lo procedente es dejar sin efectos el requerimiento hecho a la oficiante en auto de fecha trece del mismo mes y año. En tal virtud, no ha lugar a conceder la prórroga solicitada, toda vez que el acuse solicitado, resulta innecesario. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciocho de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan estos autos, se acuerda: agréguese para los efectos legales correspondientes, el oficio signado por el Juez de Control adscrito al Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa a este juzgado que en la causa penal de origen, se sustituyó la medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta al quejoso LUIS ARMANDO CHUC SÁNCHEZ. Por tanto, en el presente caso, se actualiza en la especie la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, cuyo tenor es: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". En efecto, el citado precepto prevé la improcedencia del juicio de amparo, por cesación de efectos, y a este respecto es menester precisar que existen dos hipótesis de cesación de efectos; a saber: (a) Por revocación, y (b) Por sustitución. La primera hipótesis se surte cuando la autoridad responsable deja insubsistente la conducta que se le atribuye, lo cual debe ser incondicionalmente y de inmediato; de modo que restablezca la situación que imperaba antes de la comisión del acto que a juicio del quejoso transgredió sus derechos fundamentales. Lo anterior tiene apoyo en la tesis sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 38, Enero de 2017, Tomo IV, Materia(s) Común, Tesis I.2o.P.4 K (10a.), en la página 2546, con número de registro 2013461, cuyo rubro y texto señalan: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSAL CUANDO LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA SUSTITUYE PROCESALMENTE A LA DICTADA EN PRIMERA. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, prevé la improcedencia del juicio por cesación de efectos. Esta causal se actualiza en dos supuestos; por revocación, cuando la propia autoridad destruye en forma total, incondicional y material los efectos del acto; y, por sustitución procesal, cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el posterior acto. Por tal motivo, debe sobreseerse en el juicio de amparo, por actualizarse la segunda de las hipótesis de improcedencia por cesación de efectos, respecto de la resolución dictada por una autoridad de primera instancia, cuando ésta se combate a través de algún medio de impugnación, cuyo sistema recursivo permita pronunciarse sobre el tema a debate, con base en la misma legislación en que se sustentó el fallo cuestionado. Esto es así, porque la resolución de segunda instancia incide y sustituye procesalmente los efectos generados por la dictada en primera instancia." El segundo supuesto (sustitución procesal), se actualiza cuando sobreviene un nuevo acto de autoridad que extingue la vigencia y ejecutividad del reclamado en el juicio de amparo, lo que implica que este último ya no pueda sujetarse al análisis constitucional, con motivo de haber sido sustituido. En el caso concreto, como quedó establecido en autos, mediante acuerdo de quince de diciembre de dos mil veintidós, se recibió la ejecutoria dictada en el toca ********************, del índice del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, en la que declaró parcialmente fundado el recurso de queja interpuesto por el quejoso ********************, en contra del auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, que desechó de plano la presente demanda de amparo, y en su lugar se admitió la demanda únicamente por lo que hace al siguiente acto reclamado: La imposición de la media cautelar establecida en la fracción VII del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistente en la prohibición de concurrir o acercarse al ********************, decretada en la audiencia de revisión de medidas cautelares celebrada el once de febrero del año que transcurre en la causa penal ********************. Asimismo, mediante oficio ********************de fecha dos de junio de dos mil veintitrés (número de promoción 9135), el Juez de Control responsable, informó que en audiencia de diez de marzo de dos mil veintitrés, sustituyó las medidas cautelares que en su momento se le impuso al quejoso ********************, y en su lugar, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Sin embargo, de las constancias que anexó la responsable a su oficio de cuenta, las cuales en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio en que se actúa, por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo, cuentan con pleno valor probatorio, al tratarse de certificaciones de documentos públicos expedidos por autoridades en ejercicio de sus funciones, se advierte que en audiencia de trece de julio del año en curso, tuvo verificativo una nueva audiencia para la revisión de la medida cautelar impuesta al quejoso ********************, ordenó la sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva justificada por el uso del brazalete electrónico y el arraigo domiciliario. Así, lo anterior permite establecer que la medida cautelar reclamada cesó en sus efectos por haberse sustituido procesalmente por las consistentes en el uso del brazalete electrónico y el arraigo domiciliario; en consecuencia, no se puede analizar la legalidad del acto tildado de inconstitucional. Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, número III.2o.C. J/22, publicada en la página 1579 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, febrero de 2006, Materia(s): Común, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo.". [Énfasis añadido]. Así como la Tesis I.3o.C.92 K, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXX, Diciembre de 2009, página 1491, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." [Lo subrayado es propio]. En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 y el diverso 63, fracción V, de la ley de la materia, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63, de la citada ley. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que se esté resolviendo fuera de audiencia, toda vez que en el caso, no se causa agravio a la parte quejosa ni se le priva de defensa, en virtud de que la causa de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable. Es aplicable a la anterior consideración, la Jurisprudencia 2ª./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En mérito de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para el quince de agosto de dos mil veintitrés a las diez horas con un minuto, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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