Luis Armando Batista Espinosa

Expediente 507/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 6 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
507/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
21/09/2022

Partes del expediente

  • Luis Armando Batista Espinosa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja, en contra del auto de veinticinco de julio de dos mil veintidós, en el que se desechó de plano la demanda relativa, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Ahora, toda vez que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción pendiente por proveer, se ordena su archivo conforme al artículo 214 de la Ley de Amparo. En conformidad con los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el expediente principal por haberse desechado la demanda que dio origen al juicio en que se actúa, es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso d), del referido Acuerdo General. Por tanto, indíquese la valoración que corresponda en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones oficiales que correspondan en los registros de control de este Órgano Jurisdiccional. Notifíquese. Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Víctor Manuel Mercado Flores, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/VMMF/Ara

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, uno de agosto de dos mil veintidós. Agréguese al presente expediente únicamente para que obre como corresponda el oficio que remite el Coordinadora Área Penal Zona Costa de la Defensoría Pública del Estado, en virtud que su contenido fue materia de proveído de veintisiete de julio del presente año. Cúmplase. Así lo acordó y firma José Manuel Basio Aguilar, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, Encargado del Despacho por vacaciones del Titular, en conformidad con los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con las facultades derivadas de la interpretación del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, en términos del oficio CCJ/ST/2388/2022 de trece de junio de dos mil veintidós, suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Víctor Manuel Mercado Flores, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. JMBA/VMMF/jrcm

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C, DE LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN DIECIOCHO, VEINTICINCO Y VEINTISIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDOS: Tijuana, Baja California, dieciocho de julio de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Luis Armando Batista Espinosa, por su propio derecho, fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de Juzgado que corresponda, bajo número 507/2022IV. Ahora, previo a acordar lo que en derecho corresponda respecto de la admisión de la demanda relativa, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que en el acto de la notificación o dentro del plazo de cinco días hábiles, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, subsane su demanda en los términos siguientes: Primero. Precise el acto reclamado que en esta vía constitucional hace valer, esto es, si reclama la orden de traslado ejecutada el veinticinco de mayo de dos mil diez, del Centro de Reinserción Social de Ensenada, Baja California al diverso Centro de Reinserción Social El Hongo 1, con sede en Tecate Baja California, o bien, el diverso traslado de dicho centro al Centro de Reinserción Social El Hongo 2, con sede en Tecate Baja California al centro (donde se encuentra interno).Segundo. En su caso, señale a qué autoridad o autoridades atribuye dichos actos; asimismo, deberá manifestar bajo bajo protesta de decir verdad, los antecedentes que constituyen los hechos de éste. Bajo apercibimiento que, de no cumplir con lo requerido dentro del término otorgado para tal efecto, se procederá conforme lo dispone el artículo 114 de la Ley de Amparo y se tendrá por no presentada la demanda de cuenta. En otro contexto, se tiene al quejoso señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el centro de reclusión en el que se encuentra interno; por tanto, se instruye al Actuario de la adscripción para que las notificaciones que se ordenen en este juicio, se realicen en términos del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo. Ahora, tomando en consideración que el referido quejoso se encuentra privado de su libertad, y por ende, en un estado de desventaja frente al ordenamiento jurídico, a fin de garantizar el acceso a la justicia y de que se le brinde asesoría por un profesional del derecho con la capacidad técnica para apreciar lo que jurídicamente es conveniente para su patrocinado y así otorgar una real y efectiva asistencia legal; por tanto, requiérase al Coordinador del Área Penal Zona Costa de Defensoría Pública Estatal, con residencia en esta ciudad, a fin de que dentro del término de tres días hábiles, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, proceda a nombrar un asesor jurídico para que represente en este juicio al quejoso Luis Armando Batista Espinosa; apercibido que, de no cumplir con lo anteriormente requerido, se hará acreedor a una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 237, fracción I en relación con el numeral 259, ambos de la Ley de Amparo. Lo anterior, atento al contenido de la Jurisprudencia 43/2019(10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión de veintidós de mayo de dos mil diecinueve, pendiente de publicación en el Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son los siguientes: TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensorésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja. Contradicción de tesis 187/2017. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y los Tribunales Colegiados Cuarto y Quinto, ambos del Décimo Quinto Circuito. 27 de marzo de 2019. Tres votos de los Ministros Norma Lucía Piña Hernández, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis González Alcántara Carrancá. Disidentes: Luis María Aguilar Morales y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Norma Lucía Piña Hernández. Secretarios: Alejandro González Piña y Carlos Eduardo Michel Regalado En otro orden, a fin de evitar dilaciones procesales, se habilitan días y horas inhábiles para que se lleven a cabo las notificaciones inherentes a este juicio de amparo, lo anterior con fundamento en el artículo 21 de la Ley de la materia. Con motivo del esquema de trabajo implementado por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID19, se faculta a los Actuarios de la adscripción para que las notificaciones que se ordenen en este asunto, se practiquen, incluso, a través de medios tecnológicos; en el entendido de que, en todos los casos, deberán recabar las constancias que permitan verificar plenamente la entrega al destinatario de la comunicación de que se trate. Se EXHORTA a la totalidad de las partes para que, de ser posible y tomando en cuenta las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asuuicio en línea a través del uso de la firma electrónica y solicitando la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6º, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 3 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal y al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información, así como el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales; en el entendido de que con independencia de que manifieste o no su oposición a la publicación de sus datos personales, dicha información deberá protegerse, salvo autorización expresa para hacerlos públicos. Finalmente, para configurar el expediente virtual conforme a lo previsto en el artículo 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónicaertificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Tijuana, Baja California, veinticinco de julio de dos mil veintidós. Vista la constancia actuarial de cuenta, se advierte que el quejoso Luis Armando Batista Espinosa, mediante el cual desahoga la prevención de dieciocho de julio pasado. Ahora, del análisis integral de la demanda, este juzgador advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa fue omisa en cumplir con el principio de definitividad, como a continuación se verá. El precepto legal dispone lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. ntra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. Del precepto transcrito se obtiene, que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando proceda en su contra algún juicio, recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual, dichos actos puedan ser modificados, revocados o nulificados; ello, siempre y cuando para la procedencia del recurso no se exijan más requisitos que los que prevé la Ley de Amparo para otorgar la suspensión, ni un plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la misma. Al respecto, el Máximo Tribunal del País ha señalado que el principio de definitividad implica el agotamiento previo del recurso ordinario procedente respecto de un determinado acto de autoridad. Es decir, es la obligación que tiene el quejoso de agotar, antes de acudir a la instancia constitucional, el recurso ordinario procedente que pudiera tener efectos de revocar o modificar el acto reclamado. Asimismo, ha sostenido que para los efectos del juicio de amparo, un medio ordinario de defensa es aquel que se encuentra establecido dentro del procedimiento, regulado por la ley que rige el acto, que tenga por objetivo modificar, revocar o nulificar dicho acto. Bajo esas premisas, es dable destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las quejas 36/2020 y 46/2020, sostuvo que la orden de traslado de un centro penitenciario a otro sin autorización judicial previa, cuenta con una regulación específica y un medio de defensa en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Ello, toda vez que el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad administrativa podrá ordenar y ejecutar el traslado urgente o excepcional, sin autorización judicial previa,cuando se trate de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, a condición de que la autoridad penitenciaria notifique a la autoridad jurisdiccional, dentro de las veinticuatro horas posteriores al traslado, para que en un plazo de cuarenta y ocho horas, resuelva sobre la legalidad de la medida. Asimismo, dicho numeral establece que si el Juez de Control o Ejecución califica la legalidad del traslado en el plazo fijado, contra esa determinación será procedente el recurso de apelación establecido en el artículo 132, fracción VII, de la ley mencionada; mientras que si es omiso, podrá intentar la controversia judicial regulada en los artículos 117, fracción III y último párrafo, 122, 123 y 124, de la misma ley, a fin de que una autoridad jurisdiccional resuelva sobre la legalidad del traslado y corrobore que no existe afectación injustificada a alguno de los derechos fundamentales de la persona privada de la libertad en el centro de reclusión, con posibilidad de suspender los efectos del traslado de manera inmediata, de oficio o a petición de parte. En ese tenor, la Primera Sala concluyó que la persona privada de la libertad ya no queda sin defensa, dado que dispone de un recurso que procede con posterioridad a la ejecución del traslado, al margen de que la autoridad administrativa haya notificado a la autoridad jurisdiccional y de que ésta resuelva o no respecto a la legalidad del acto y, ante tales circunstancias, si el inconforme decide acudir a la instancia de amparo, previo a ello, tendrá que agotar los referidos medios de defensa.Las anteriores consideraciones fueron plasmadas en la tesis 1a. XXI/2021 (10a.), con registro digital 2023063, de contenido siguiente: ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. AL CONTAR CON UNA REGULACIÓN ESPECÍFICA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, CONSTITUYE UN ACTO DICTADO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, AL QUE LE ES APLICABLE EL PLAZO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO ABANDONO DE LAS JURISPRUD Hechos: Una persona privada de la libertad en un centro penitenciario, promovió juicio de amparo indirecto con el argumento de que la autoridad administrativa le había notificado verbalmente una orden para trasladarlo del centro en que se encontraba interna a uno diverso. La demanda se desechó de plano al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no agotó el medio de defensa regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio constitucional. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la orden de traslado de un centro penitenciario a otro sin autorización judicial previa, cuenta con una regulación específica y un medio de defensa en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por tanto, constituye un acto dictado dentro del procedimiento, al que le es aplicable el plazo genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo indirecto y las reglas de la suspensión del acto reclamado a petición de parte. Justificación: El artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad administrativa podrá ordenar y ejecutar el traslado urgente o excepcional, sin autorización judicial previa, cuando se trate de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, a condición de que la autoridad penitenciaria notifique a la autoridad jurisdiccional, dentro de las veinticuatro horas posteriores al traslado, para que en un plazo de cuarenta y ocho horas, resuelva sobre la legalidad de la medida; luego, establece que si el Juez de Control o Ejecución califica la legalidad del traslado en el plazo fijado, contra esa determinación será procedente el recurso de apelación establecido en el artículo 132, fracción VII, de la ley mencionada; mientras que si es omiso, podrá intentar la controversia judicial regulada en los artículos 117, fracción III y último párrafo, 122, 123 y 124, de la misma ley, a fin de que una autoridad jurisdiccional resuelva sobre la legalidad del traslado y corrobore que no existe afectación injustificada a alguno de los derechos fundamentales de la persona privada de la libertad en el centro de reclusión, con posibilidad de suspender los efectos del traslado de manera inmediata, deoficio o a petición de parte. Así, la persona privada de la libertad ya no queda sin defensa, dado que dispone de un recurso que procede con posterioridad a la ejecución del traslado, al margen de que la autoridad administrativa haya notificado a la autoridad jurisdiccional y de que ésta resuelva o no respecto a la legalidad del acto. Sobre esa base, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abandona los criterios establecidos en las jurisprudencias 1a./J. 83/2015 (10a.) y 1a./J. 58/2016 (10a.), porque derivaron de una concepción existente antes de la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuando no se contaba con una legislación especial que regulara la emisión de la orden de traslado, ni se preveía algún recurso para su impugnación, por lo que únicamente se tenía como parámetro verificar que la orden de traslado fuera calificada por una autoridad jurisdiccional de manera previa a su ejecución, y por ello, cuando el traslado se ejecutaba sin cumplir esa previsión, válidamente se le consideraba como un acto emitido fuera del procedimiento, respecto del que debía concederse la suspensión de oficio y de plano. Sin embargo, ante la nueva regulación legal que opera en materia de traslados penitenciarios, tal concepción ha sido superada y deviene inaplicable, aun cuando la orden de traslado impugnada se ejecute sin control judicial previo, por lo que si el inconforme finalmente decide acudir a la instancia de amparo, tendrá que agotar los referidos medios de defensa, así como sujetarse al plazo y reglas de la suspensión que operan respecto de los actos que se emiten dentro de un procedimiento. Con lo hasta aquí expuesto, es dable concluir que, cuando se pretende impugnar son las ordenes de traslado de traslado de un centro penitenciario, previo a instar en la vía constitucional, la parte quejosa está obligada a cumplir con el principio de definitividad . Ahora bien, en el caso concreto, del análisis integral de la demanda de amparo, así como del desahogo de la prevención que le fue formulada el dieciocho de julio de dos mil veintidós, se aprecia que el promovente Luis Armando Batista Espinosa, esencialmente, reclama la orden de traslado del Centro de Reinserción Social Ensenada al Centro de Reinserción Social El Hongo, ejecutada el veinticinco de mayo de dos mil quince, así como la diversa orden del citado centro al diverso Centro de Reinserción Social El Hongo II en donde actualmente se encuentra interno, ejecutada el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte. Por tanto, conforme a lo antes explicado, es evidente que, previo a instar en esta vía constitucional, el quejoso debe agotar la controversia judicial, regulada en los artículos 52 y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a efecto de cumplir con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Sin que sea obstáculo para la anterior conclusión que hasta este momento procesal, del contenido del escrito de demanda, no pueda advertirse, en forma fehaciente, si su caso las ordenes de traslado reclamados constan en una resolución emitida por escrito, pues tal circunstancia en modo alguno desvirtúa la naturaleza de las actuaciones reclamadas, esto es, al margen de la forma en que se hayan emitido, lo cierto es que dichas instrucciones puede ser modificadas o revocadas a través de la controversia judicial, regulada en los artículos 52 y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J.27/2021 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el cinco de noviembre de dos mil veintiuno, en el Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Materia Común, con número de registro 2023736, de rubro y texto siguiente:RDEN DE TRASLADO Y PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ANTES DE PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SE DEBE AGOTAR LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. Hechos: Un Tribunal Colegiado consideró que los traslados involuntarios de un centro penitenciario a otro en los que no interviene la autoridad judicial constituyen una violación directa a la Constitución, razón por la cual puede promoverse amparo indirecto sin agotar previamente el recurso ordinario. A diferencia de ese Tribunal Colegiado,uno diverso consideró que en contra de una posible orden de traslado emitida sin intervención judicial, procede un recurso ordinario previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que debe agotarse dicho recurso antes de promover el amparo, de lo contrario éste será improcedente por no cumplirse con el principio de definitividad. Criterio jurídico: La orden de traslado de un centro penitenciario a otro que se emite sin intervención judicial es un acto que se dicta dentro del procedimiento; por lo tanto, antes de promover juicio de amparo indirecto en su contra, se debe agotar la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Justificación: El artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal regula la controversia judicial, recurso que se interpone ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias que surjan con motivo de los traslados de las personas privadas de la libertad. Por otra parte, el juicio de amparo, si bien puede promoverse contra actos de autoridad que vulneren los derechos de los gobernados, debe observar el principio de definitividad, según el cual, el amparo no procede contra violaciones cometidas en el procedimiento si en las leyes ordinarias se prevé un remedio legal por el cual puedan repararse, tal como sucede en el caso de las controversias judiciales establecidas en el ordenamiento penal en cita. Por lo tanto, cuando una persona privada de la libertad busque inconformarse con la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, emitida sin autorización previa de la autoridad judicial, antes de la promoción del juicio de amparo, debe interponerse la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva la legalidad de ese posible traslado. De esa manera se respeta el principio de definitividad que rige en el amparo. Contradicción de tesis 448/2019. Entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. 24 de marzo de 2021. Cinco votos de las Ministras Norma Lucía Piña Hernández, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, Ana Margarita Ríos Farjat, y los Ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien reservó su derecho para formular voto concurrente. Ponente: Ana Margarita Ríos Farjat. Secretarios: Ramón Eduardo López Saldaña y Edwin Antony Pazol Rodríguez. Tesis y/o criterios contendientes: El emitido por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, al resolver el recurso de queja 30/2019, en el que consideró que el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé que la autoridad penitenciaria, excepcionalmente, podrá ordenar y ejecutar traslados de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al Juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizar el traslado, en esos casos el Juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas, posteriores a la notificación, para calificar la legalidad de la determinación administrativa. En contra de esta resolución procede interponer el recurso de apelación ante el Juez de Control o de Ejecución. Así, al prever un verdadero procedimiento, que inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad judicial y concluye con una decisión y de que la persona privada de la libertad tiene a su alcance los recursos de revocación y apelación previstos en los artículos 130 y 135 de la legislación en comentario, entonces la parte quejosa debe agotar el medio ordinario de defensa previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal para controvertir un acto de ese carácter previo a acudir al juicio de amparo, y El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver el recurso de queja 166/2019, en el que estimó que no se actualizaba de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia del juicio de amparo, toda vez que el traslado involuntario de una persona privada de la libertad de un centro penitenciario a otro, sin previa autorización o calificación de legalidad (en caso urgente) por parte de la autoridad judicial, se traduce en una violación directa a la Constitución, lo cual es una Asimismo, sirve de apoyo la tesis aislada XXIV/2021 (10a.) aprobada el veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario de la Federación, Libro 2, Junio de 2021, Tomo VI, página 3506, Materia Penal, con número de registro 2023190, de rubro y texto siguiente: RDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 52 Y 117, FRACCIÓN III, DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ES EL MEDIO DE DEFENSA IDÓNEO PARA IMPUGNARLA, AUN CUANDO EL AFECTADO NO TENGA UNA RESOLUCIÓN TANGIBLE QUE RECURRIR Y, POR TANTO, DEBE AGOTARLO ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. HECHOS: Una persona privada de la libertad en un centro penitenciario, promovió juicio de amparo indirecto con el argumento de que la autoridad administrativa le había notificado verbalmente una orden para trasladarlo del centro en que se encontraba interna a uno diverso. La demanda se desechó de plano, al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no agotó el medio de defensa regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio constitucional. CRITERIO JURÍDICO: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la controversia judicial, regulada en los artículos 52 y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es el medio de defensa idóneo para combatir la orden de traslado que se emite sin autorización judicial previa, aun cuando el afectado alegue que sólo se le notificó verbalmente ese acto y no tenga una resolución tangible que recurrir, porque ese recurso tiene potencial para confirmar, modificar o revocar la determinación de traslado, sin rebasar los requisitos que la Ley de Amparo prevé en el artículo 61, fracción XX, y por ello, debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto. JUSTIFICACIÓN: El artículo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad penitenciaria tiene facultad para ordenar y ejecutar el traslado de un centro penitenciario a otro, sin autorización judicial previa, en los supuestos de urgencia y excepción que señala el primero de los preceptos citados, esto es, tratándose de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada deEntonces, si el quejoso Luis Armando Batista Espinosa, acudió directamente a la vía constitucional para reclamar las ordenes de traslado del centro penitenciario de la ciudad de Ensenada, al diverso Centro de Readaptación Social El Hongo, con sede en Tecate y, posteriormente al diverso centro de reclusión El Hongo II, en el que actualmente se encuentra interno, sin haber agotado previamente el medio ordinario de defensa antes descrito, es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por lo que se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Luis Armando Batista Espinosa, de conformidad con el artículo 113 del citado ordenamiento legal. Sin que pase inadvertido, que en su escrito inicial de demanda, precisara que la fecha en que se ejecutó el acto reclamado consistente en su traslado del Centro de Reinserción Social de Ensenada, al diverso Centro de Reinserción Social El Hongo, en Tecate, ambos en el Estado de Baja California, ya que de la constancia actuarial de cuenta, se advierte que al momento de desahogar el requerimiento que le fue formulado, bajo protesta de decir verdad, señaló que la fecha en la que se llevó a cabo dicho traslado fue el veinticinco de mayo de dos mil quince, lo que constituye una confesión expresa de conformidad con los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para efectos de establecer la fecha en que se ejecutó dicho actoPor otra parte, del escrito de demanda se desprende que el quejoso se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de Tecate, Baja California por consiguiente, notifíquese la totalidad de los proveídos en términos del artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de la Materia. Ahora, tomando en consideración que el referido quejoso se encuentra privado de su libertad, y por ende, en un estado de desventaja frente al ordenamiento jurídico, a fin de garantizar el acceso a la justicia y de que se le brinde asesoría por un profesional del derecho con la capacidad técnica para apreciar lo que jurídicamente es conveniente para su patrocinado y así otorgar una real y efectiva asistencia legal; por tanto, requiérase al Coordinador del Área Penal Zona Costa de Defensoría Pública Estatal, con sede en esta ciudad, a fin de que dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, proceda a nombrar un asesor jurídico para que represente en este juicio al quejoso; apercibido que, de no cumplir con lo anteriormente requerido, se hará acreedor a una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 237, fracción I en relación con el numeral 259, ambos de la Ley de Amparo. En otro orden, a fin de evitar dilaciones procesales, se habilitan días y horas inhábiles para que se lleven a cabo las notificaciones inherentes a este juicio de amparo, lo anterior con fundamento en el artículo 21 de la Ley de la materia. En consecuencia, se faculta al Actuario de este Juzgado para que, en estricto cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la DirecciónGeneral de Servicios al Personal del Consejo de la Judicatura Federal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, notifique personalmente el presente proveído a la totalidad de las partes a fin de que se impongan de su contenido. En el entendido de que para llevar a cabo tales diligencias, podrá hacer uso de medios electrónicos, debiéndose recabar las constancias necesarias que permitan verificar la entrega a su destinatario. Ahora bien, tomando en consideración las medidas de contingencia adoptadas por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID19, se EXHORTA a la totalidad de las partes para que, de ser posible y tomando en cuenta las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de en línea, a través del uso de la firma electrónica y solicitando la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6º, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 3 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal y al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información, así como el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales; en el entendido de que con independencia de que manifieste o no su oposición a la publicación de sus datos personales, dicha información deberá protegerse, salvo autorización expresa para hacerlos públicos. Finalmente, para configurar el expediente electrónico, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo. Notifíquese personalmente al quejoso.Tijuana, Baja California, veintisiete de julio de dos mil veintidós. Con vista a las partes agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta1 , que remite el Coordinador Área Penal Zona Costa Defensoría Publica Estatal, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento alrequerimiento de dieciocho de julio de dos mil veintidós, informa que nombró a Jesús Mendoza Medina y Mariana Lizbeth García, para que funjan como asesores jurídicos del quejoso en el presente juicio de derechos fundamentales; por tanto, se les tiene como autorizadas en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo y únicamente para oír y recibir notificaciones a quienes menciona; asimismo, se le tiene señalando domicilio para oír y recibir notificaciones. En ese sentido, se instruye al Actuario de este Juzgado para que notifique a los asesores jurídicos el proveído de dieciocho y veinticinco de julio de dos mil veintidós, así como el presente proveído; de igual forma, para que las subsecuentes notificaciones le sean practicadas al quejoso en el centro de reclusión en el que se encuentra interno y a los referidos profesionistas. Notifíquese y personalmente al quejoso, así como a los asesores jurídicos Jesús Mendoza Medina y Mariana Lizbeth García; y, cúmplase.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, veintisiete de julio de dos mil veintidós. Con vista a las partes agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, que remite el Coordinador Área Penal Zona Costa Defensoría Publica Estatal, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento de dieciocho de julio de dos mil veintidós, informa que nombró a Jesús Mendoza Medina y Mariana Lizbeth García, para que funjan como asesores jurídicos del quejoso en el presente juicio de derechos fundamentales; por tanto, se les tiene como autorizadas en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo y únicamente para oír y recibir notificaciones a quienes menciona; asimismo, se le tiene señalando domicilio para oír y recibir notificaciones. En ese sentido, se instruye al Actuario de este Juzgado para que notifique a los asesores jurídicos el proveído de dieciocho y veinticinco de julio de dos mil veintidós, así como el presente proveído; de igual forma, para que las subsecuentes notificaciones le sean practicadas al quejoso en el centro de reclusión en el que se encuentra interno y a los referidos profesionistas. Notifíquese y personalmente al quejoso, así como a los asesores jurídicos Jesús Mendoza Medina y Mariana Lizbeth García; y, cúmplase.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Víctor Manuel Mercado Flores, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/VMMF/jrcm

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