Luis Ariel Lambarena Moreno
Expediente 106/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 31 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 106/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 31
- Última actuación
- 31/01/2018
Partes del expediente
- Luis Ariel Lambarena Moreno
Actuaciones
Las 4 más recientes de 31.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta, proveniente del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad; atento a su contenido, infórmese que el presente juicio de amparo fue promovido por Luis Ariel Lambarena Moreno. Por tanto, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, envíese al mencionado órgano jurisdiccional, copia certificada de las constancias que solicita en la misiva de cuenta. Notifíquese.
- Principal
Ensenada, Baja California, cinco de octubre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días establecido en el primer párrafo, del artículo 202, de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran su inconformidad contra el proveído de cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que ninguna de las partes legitimadas para hacerlo se inconformó. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que concedió el amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción III, del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la suspensión definitiva de los actos reclamados. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III, del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 5. Devolución de constancias. En términos de lo establecido en el numeral 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, hágase devolución al Juez Único de Primera Instancia Penal con residencia en esta ciudad, de tres tomos de pruebas que remitió como apoyo a su informe justificado. Notifíquese personalmente.
- Principal
hago efectivo el apercibimiento del aviso de seis de octubre de dos mil diecisiete, dejado junto con copia del auto de referencia; en el domicilio procesal de la parte quejosa; lo anterior al no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del auto de cinco de octubre de dos mil diecisiete, por lista y por lista en una página electrónica a la parte tercero quejosa, publicada el día once de octubre de dos mil diecisiete, en el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con fundamento en el artículo 29, de la nueva Ley de Amparo, que dice: Ensenada, Baja California, cinco de octubre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días establecido en el primer párrafo, del artículo 202, de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran su inconformidad contra el proveído de cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que ninguna de las partes legitimadas para hacerlo se inconformó. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que concedió el amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción III, del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la suspensión definitiva de los actos reclamados. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III, del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 5. Devolución de constancias. En términos de lo establecido en el numeral 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, hágase devolución al Juez Único de Primera Instancia Penal con residencia en esta ciudad, de tres tomos de pruebas que remitió como apoyo a su informe justificado. Notifíquese personalmente.
- Principal
Visto el estado de autos, se procede a analizar si la autoridad responsable Juez Único de Primera Instancia Penal, con residencia en esta ciudad, cumplió con la ejecutoria del juicio de amparo en que se actúa, ello en virtud de que transcurrió el plazo de tres días otorgado a la quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera, en relación con lo informado por la responsable, respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. De acuerdo con lo que establece el artículo 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, aplicable en este juicio, en cuanto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; la sentencia que conceda la protección constitucional tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; asimismo, cuando dicho acto sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma exija. En el presente caso, se actualiza la segunda de las hipótesis. Por sentencia de fecha nueve de mayo de dos mil diecisiete, este Juzgado de Distrito concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa Luis Ariel Lambarena Moreno, la cual causó ejecutoria el veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, se requirió a la autoridad responsable Juez Único de Primera Instancia Penal, con residencia en esta ciudad, para dar cumplimiento a la sentencia de amparo. El fallo mencionado, en la parte conducente, señala: ? Deje sin efectos el auto de ocho de febrero de dos mil dieciséis, dictado en la causa penal 586/2013, de su índice. ? En su lugar reasumiendo su jurisdicción, emita un nuevo acuerdo atendiendo los lineamientos establecidos en esta sentencia, esto es, para que de manera fundada y motivada se pronuncie respecto a los montos relativos a las obligaciones contraídas en razón del proceso penal que se le instruye, la probable multa que pudiera llegar imponerse y la reparación de daños, que debe cubrir el quejoso Luis Ariel Lambarena Moreno a fin de que pueda llegar a obtener el beneficio de libertad provisional bajo caución solicitado. En fechas seis y veintiséis de junio del año en curso, se tuvieron por recibidos los oficios 913-III y 1145-III, con anexos, signados por la Juez Único de Primera Instancia Penal, con residencia en esta ciudad, de los cuales se advierten que la responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dejó sin efectos el auto de ocho de febrero de dos mil dieciséis, dictado en la causa penal 586/2013, de su índice, emitiendo un nuevo acuerdo en los que señaló garantía para que el procesado aquí quejoso gozara del beneficio de libertad provisional bajo caución, fijando $ 10,000.00 (diez mil pesos monada nacional), por concepto de obligaciones procesales y $165,000.00 (ciento sesenta y cinco mil dólares monada de los Estados Unidos de Norteamérica), por concepto de reparación del daño, tomando en consideración la juez de la causa el hecho de que se encontraban acreditados los elementos que integran el cuerpo del delito, además por el dicho del ofendido Conrado Angulo Meléndez y demás pruebas que obraban en el sumario. Motivo por el cual, esta juzgadora mediante proveídos de veintiuno de junio y once de julio ambos del presente año, determinó que la juez responsable no había dado cabal cumplimiento al fallo protector, ello en virtud de que no había tomado en cuenta los lineamientos señalados en la resolución de amparo, en el sentido de que para la fijación de la reparación del daño, debía tomar en cuenta algún elemento de prueba técnico con el cual se acreditara de forma fehaciente la cuantificación precisa del posible beneficio o daño patrimonial; máxime que como se señaló en la resolución de amparo, el procesado aquí quejoso, en todo momento negó los hechos y ofreció diversos medios de prueba, lo cuales no fueron tomados en consideración por la responsable cuando menos en sentido negativo para el establecer el monto de la medida caucional; como tampoco justificó el nombre y dato que proporcionaron los testigos de cargo y que con ello se acreditaba de forma fehaciente el monto de la reparación del daño.En ese sentido, la Juez Único de Primera Instancia Penal, mediante oficio 1352-III, al cual anexó copia certificada del auto dictado el trece de julio de la presente anualidad, del que se advierte que además de dejar sin efectos el auto de ocho de febrero de dos mil diecisiete, fijó la cantidad de $ 10,000.00 (diez mil pesos monada nacional), por concepto de obligaciones procesales; así como la cantidad de $1,246.60 (un mil doscientos cuarenta y seis pesos 60/100 moneda nacional), por concepto de sanción pecuniaria; señalando en lo conducente que en lo que se refería al monto de la garantía por concepto de reparación del daño, al no existir en autos prueba técnica como pudiera ser una pericial contable o documentales de determinen en forma fehaciente el monto del daño patrimonial que el ofendido reclama, realizando un análisis de las diversas diligencias testimoniales desahogadas en autos, concluyó que éstas no se encontraban corroboradas con prueba técnica alguna que pudieran determinar en forma fehaciente el monto del daño patrimonial, por tanto no dicha juez no requería caución por dicho concepto. Con lo anterior, se dio vista a la parte quejosa, a lo que el veintiocho de julio del año que transcurre, realizó manifestaciones, en el sentido que estaba de acuerdo con el cumplimiento dado al fallo protector por parte de la juez responsable. De igual manera, en veinte de julio de dos mil diecisiete, el tercero interesado realizó manifestaciones respecto a la vista hecha en auto de diecisiete de julio de la presente anualidad. Consecuentemente, si la protección de la Justicia Federal fue para que la autoridad responsable Juez Único de Primera Instancia Penal, con residencia en esta ciudad, dejara sin efectos el auto de ocho de febrero de dos mil dieciséis, dictado en la causa penal 586/2013, de su índice; así como emitir un nuevo acuerdo atendiendo los lineamientos establecidos en esta sentencia, esto es, de manera fundada y motivada se pronunció respecto a los montos relativos a las obligaciones contraídas en razón del proceso penal que se le instruye y la probable multa que pudiera llegar imponerse al quejoso Luis Ariel Lambarena Moreno a fin de que pueda seguir gozando del beneficio de libertad provisional bajo caución solicitado; por lo que al darle libertad de jurisdicción para emitir un nuevo acuerdo, solo debe atenderse a si se cumplió con las formalidades exigidas en el fallo, es decir, tomara en cuenta un elemento de prueba técnico con el cual se acreditara de forma fehaciente la cuantificación precisa del daño patrimonial, determinando que no existía en auto y por ello no le sería exigido ese concepto; por tanto, es evidente que quedó acatada la ejecutoria dictada en este asunto; sin que este órgano jurisdiccional advierta excesos o defectos; por ende, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, debiéndose comunicar lo anterior a la autoridad responsable para su conocimiento. No pasan inadvertidas las manifestaciones del tercero interesado, en el sentido de que con las pruebas en autos relacionadas entre sí, puede darse la prueba circunstancial y con ello el monto de la reparación del daño, pues al haberse dado libertad de jurisdicción a la responsable para emitir su resolución, solo debe atenderse a si la responsable estableció los motivos por los cuales fijó los montos de obligaciones procesales; así como de sanción pecuniaria; por lo que la valoración de las pruebas y si esta resulta correcta o incorrecta, sería materia de análisis en caso de impugnarse la nueva resolución. Con lo anterior, con fundamento en el artículo 202 del citado ordenamiento legal, se ordena dar vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de quince días, manifiesten lo que a sus intereses convenga, en el entendido que de no hacerlo se tendrá por consentido el presente proveído.
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