Luis Ariel Gómez Trujillo

Expediente 1691/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1691/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
13/12/2019

Partes del expediente

  • Luis Ariel Gómez Trujillo

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, trece de diciembre de dos mil diecinueve. ****************************************** Vista la demanda promovida por *************** contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad. **************************** ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 1691/2019-I. DESECHAMIENTO Ahora bien, una vez analizada en su integridad la demanda de amparo, este juzgador, advierte que es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: **************************** "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Del numeral transcrito se desprende, que el órgano jurisdiccional dictará el auto de desechamiento, en su caso, cuando concurran los siguientes requisitos: ************** a) Que exista un motivo de improcedencia y b) Que sea manifiesto e indudable. ************** Lo manifiesto, se materializa cuando se advierte en forma patente, absolutamente y clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios, de ampliación a la misma cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable, es la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en la hipótesis de estudio. ************** Así, analizada la demanda de amparo, se estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, interpretada en sentido contrario. ****************************************** Los artículos mencionados establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" Lo sombreado es propio. ****************************************** El primer precepto transcrito prevé que el juicio de amparo no procede cuando tal consecuencia resulte de alguna disposición de la ley. **************************** El segundo numeral prevé la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. ************** Asimismo, prevé que si se trata de actos de ejecución de sentencia o laudo, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendiendo al resultado de la resolución. **************************** En lo que interesa, que en los procedimientos de remate la última resolución es la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en los que se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. Entonces, de la interpretación de ambos artículos, el segundo en sentido contrario, se deduce que el juicio de amparo será improcedente: **************************** 1. Contra actos emitidos en ejecución de sentencia o laudo que no constituyan la última resolución dictada en los procedimientos respectivos. **************************** 2. Contra actos dictados en procedimientos de remate, que no constituyan la resolución en la que se ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. ************** El sentido de la fracción IV del precepto 107 en comento, radica en evitar que se entorpezcan los procedimientos de ejecución fundados en laudos, resoluciones o sentencias definitivas. ************** Es decir, al prohibirse la promoción de amparos contra las resoluciones intermedias durante el procedimiento de ejecución, se evita la promoción innecesaria y excesiva de juicios de amparo contra cada determinación que ahí se pronuncie, en virtud de que el perjuicio solamente se actualiza y consuma hasta el momento en que se emite la resolución final del procedimiento respectivo o bien, la del procedimiento de ejecución en que se declare cumplido o no cumplida el laudo; y en el remate la última resolución es la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en los que se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. ****************************************** Ahora bien, en el caso, el acto reclamado se hace consistir en: ****************************************** La resolución de cuatro de junio de dos mil diecinueve, dictada en el juicio laboral **************, del índice de la responsable, que declaró improcedente el recurso de revisión interpuesto por el quejoso contra los autos de doce y veinte de marzo de dos mil dieciocho, que ordenan el remate de la parte alícuota que aduce le corresponde del bien inmueble ubicado en avenida **************, calle **************, número ************** ; y ordenó continuar con el procedimiento de remate. Al respecto, conviene narrar de manera breve los antecedentes del juicio de origen, mismos que se advierten de la demanda: 1. **************promovió juicio laboral contra el aquí quejoso ************** y otro, por lo que se dio origen al juicio laboral ************** 2. La junta responsable, pronunció laudo en el cual se condenó al aquí quejoso al pago de indemnización constitucional y diversas prestaciones. 3. Seguidos los trámites del procedimiento de ejecución de laudo, en autos de doce de marzo y veinte de marzo de dos mil dieciocho, la Junta responsable, ordenó el remate de la parte alícuota que el quejoso aduce le corresponde del bien inmueble ubicado en avenida ************** calle ************** número ************** de **************4. Contra dichos autos, el veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, el quejoso interpuso recurso de revisión. 5. Mediante resolución de cuatro de junio de dos mil diecinueve, la Junta responsable declaró improcedente el medio de impugnación interpuesto por el quejoso contra los citados autos de doce y veinte de marzo de dos mil dieciocho; y ordenó continuar con el procedimiento de remate. De lo anterior, se advierte que el aquí quejoso es parte demandada en el juicio de origen y que el auto reclamado fue emitido en el periodo de ejecución de laudo, en concreto, en el procedimiento de remate y no goza de autonomía propia y destacada; antes bien, es acto concomitante al procedimiento mismo de remate, cuyo objeto es el cumplimiento del fallo, contra los cuales, el amparo indirecto sólo procederá cuando se emita la última resolución dictada en ese procedimiento, que es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en los que se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. En relación con lo anterior, se puntualiza que conforme a la interpretación gramatical del numeral 107, fracción IV, de la legislación invocada, la última resolución dictada en el procedimiento de remate, impugnable a través del juicio de amparo indirecto, es la que en forma definitiva ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados; y que será hasta que se decrete alguna de esas determinaciones cuando se esté ante la última resolución pronunciada en ese procedimiento de remate, impugnable a través del juicio constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 13/2016, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, libro 29, tomo II, página 1066, con registro 2011474, del tenor: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial". Lo anterior así, pues en la ejecutoria de donde derivó la jurisprudencia en cita, se concluyó de la siguiente manera: "82. De acuerdo a lo razonado, esta Primera Sala concluye que el párrafo tercero de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo en vigor, debe leerse en el sentido de que la última resolución del remate, constituye aquella que ordena la escrituración o bien la entrega del bien inmueble rematado, ya que ambas órdenes constituyen efectos connaturales al acto de adjudicación, de ahí que resulta indistinto se ordene únicamente la escrituración o bien la entrega del bien para estimar actualizada la última resolución del remate". Expuesto lo anterior, analizado los antecedentes del acto reclamado, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia que se analiza, al encontrarse el procedimiento generador del acto reclamado en vías de ejecución de laudo dictado en el juicio laboral de origen, concretamente en el procedimiento de remate; pues el acto cuestionado, es la resolución que declara improcedente el recurso de revisión hecho valer por el quejoso contra las determinaciones que ordenan el remate de la parte alícuota que el quejoso aduce le corresponde del bien inmueble ubicado en avenida **************, calle **************, número ************** de **************. Ello es así, pues en la especie la determinación recurrida no deriva de esa actuación que constituye la última resolución en el procedimiento de remate, a saber, la que contenga la determinación de otorgamiento de escrituras como acto definitivo, y, por ende, no constituye el último acto en el procedimiento de remate. De ahí que el acto que por esta vía se combate no constituye la última resolución dictada en la fase de ejecución de laudo emitido en el juicio de origen, en concreto, en el procedimiento de remate. Con base a lo anterior, se afirma que el acto reclamado no es de los previstos por el artículo 107, fracción IV, segundo párrafo de la Ley de Amparo, pues el numeral de mérito acota la procedencia del juicio constitucional contra actos dictados fuera de juicio o en su ejecución mediante los cuales la responsable apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado, declare la imposibilidad material o jurídica para llevar a cabo el cumplimiento u ordene el archivo definitivo del expediente; y en los procedimientos de remate, como acontece en el caso concreto, cuando en forma definitiva ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Así, cuando se reclaman actos dictados en la etapa de ejecución y en el procedimiento de remate, como sucede en la especie, no procede la acción constitucional en su contra, ya que la intención del legislador, contenida en el citado numeral, es que las sentencias y los laudos firmes sean cumplidos sin que la promoción de múltiples amparos obstaculicen su ejecución, siendo hasta que se dicte la última resolución en la fase ejecutiva, cuando la parte quejosa estará en aptitud de ejercer la acción constitucional. Improcedencia que se actualiza en relación con el acto reclamado en este juicio, en virtud de que no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de laudo, concretamente en el procedimiento de remate. Además, como se precisó, el acto reclamado no guarda autonomía propia y destacada en relación al procedimiento de remate, para que sea procedente el amparo biinstancial, en virtud de que se trata de la resolución de cuatro de junio de dos mil diecinueve, dictada en el juicio laboral **************, del índice de la responsable, que declaró improcedente el recurso de revisión interpuesto por el quejoso contra los autos de doce y veinte de marzo de dos mil dieciocho, que ordenan el remate de la parte alícuota que aduce le corresponde del bien inmueble ubicado en avenida **************, calle **************, número ************** de ************** y ordenó continuar con el procedimiento de remate y, por tanto, ello implica que el acto reclamado está vinculado con el procedimiento de ejecución del laudo cuyo cumplimiento se pretende. En consecuencia, al haberse actualizado la causa de improcedencia que se deduce de la interpretación del artículo 61 fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113, de la citada ley, SE DESECHA DE PLANO ESTA DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. Cabe destacar que con esta determinación no se deja en estado de indefensión a la parte quejosa, pues podrá solicitar el amparo en el momento procesal oportuno. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, septiembre de dos mil cuatro, tomo XX, contenido en la página mil seiscientos treinta y uno, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Es aplicable el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Novena época, mayo de mil novecientos noventa y siete, del tomo V, publicado en la página seiscientos dieciocho, de texto y rubro siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO POR CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA. ÉSTA DEBE ESTAR PLENAMENTE PROBADA. Para desechar una demanda de amparo por causa notoria y manifiesta de improcedencia se requiere que la causal sea indudable, esto es, que esté plenamente demostrada, pues en caso contrario, es indispensable admitir la demanda a trámite, para que en el curso del procedimiento se dilucide si efectivamente se actualiza o no la causal, pues no debe olvidarse que las causales de improcedencia deben estar debidamente acreditadas por ser denegatorias de justicia, y si al acordar sobre la admisión de la demanda tal causal no está fehacientemente probada, y pese a ello se desecha aquélla, se estaría privando al afectado de su derecho a instar el juicio constitucional sin posibilidad de prueba al respecto". DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que al efecto indica en esta ciudad; y por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ************** y en términos restringidos las demás personas que señala, toda vez que sus cédulas profesionales no se encuentran inscritas en el registro y consulta de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación; en el entendido que una vez que se cumpla con tal requisito, podrá el quejoso solicitar que se acuerde lo conducente. AUTORIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Como lo solicita la parte quejosa, se autoriza la reproducción de las constancias que obren en este expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 6, 8, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad y como lo solicita el quejoso, omítase la publicación tanto de su nombre como el de sus autorizados, así como de los datos sensibles de este auto y las posteriores actuaciones que se emitan. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de http://www.cjf.gob.mx/consultas.htm o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente a la parte quejosa

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinte de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio del Jefe de Oficina Telegráfica Centro de Telecomunicaciones de México, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que no cuenta con los datos suficientes para dar cumplimiento al requerimiento efectuado en auto de diecisiete de diciembre del presente año. En consecuencia requiérase nuevamente a la autoridad oficiante, para que dentro del término de tres días contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, informe el día y hora en que fueron entregados los telegramas 28836, 28837, 28838 y 28839, dirigidos al Presidente, Sindico, Tesorero y Ayuntamiento de Cintalapa de Figueroa, Chiapas, todos del citado ayuntamiento, mismos que fueron depositados el uno de octubre del año en curso (foja 2456). Apercibido que de no dar cumplimiento a lo anterior, se hará efectivo el apercibimiento decretado en auto de diecisiete de diciembre del año en curso. Notifíquese.

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