Luis Antonio Sandoval Cota

Expediente 874/2021 tramitado ante el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 25 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
874/2021
Año
2021
Actuaciones
25
Última actuación
29/08/2023

Partes del expediente

  • Luis Antonio Sandoval Cota
  • Ministerio Público de la Federación Adscrito.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierten que a la fecha transcurrió el término de quince días para que las partes manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del proveído en el que se tuvo por cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, sin que lo hubieran hecho; en consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento contenido en el acuerdo de fecha ocho de junio de dos mil veintitrés, y se tiene por consentido el mismo. Por otra parte, ahora bien, con fundamento en los artículos 196, penúltimo párrafo y 214, de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Orden de archivo. Ahora bien, con fundamento en los artículos 196, penúltimo párrafo y 214, de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto totalmente concluido; realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración de constancias. Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se procede a indicar la valoración correspondiente del presente este asunto. En ese sentido, de conformidad con el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General en cita, se establece que atendiendo a las particularidades de este asunto, es conservable; así entonces, hágase la anotación correspondiente en la carátula respectiva, así como en la relación que se integre para su transferencia. Háganse las anotaciones respectivas en las carátulas de los expedientes. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25,1 del citado acuerdo, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de la demanda, la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por las partes no es necesario requerirlas para que los recoja, como lo exige el artículo 212 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Devolución de anexos. En el supuesto de que durante la sustanciación del juicio de amparo en que se actúa se hubieran formados tomo(s) de prueba(s) por separado -anexo(s)-; mediante oficio devuélvase los mismos a la autoridad que los remitió.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, a ocho de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se procede a analizar si efectivamente las autoridades responsables por las que se concedió el amparo, cumplieron con la ejecutoria dictada dentro del presente juicio de amparo, ello en razón de que transcurrió el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa, para que manifestaran lo que conviniera en relación con lo informado por las responsables, respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. De acuerdo con lo que establece el artículo 77, de la Ley de Amparo, la sentencia que conceda la protección constitucional tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de las garantías violadas, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; asimismo, cuando dicho acto sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir lo que exija. En ese sentido, por sentencia de catorce de diciembre de dos mil veintidós, éste Juzgado resolvió conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. La sentencia mencionada, en la parte conducente, señala: La ejecutoria mencionada, en la parte conducente, señala que el efecto de la concesión es para que la autoridad responsable Juez Décimo Primero Civil Especializado en Materia Mercantil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, en el ámbito de su competencia deberá: "SEXTO.- Efectos del amparo. En términos del numeral 74, fracción V, en relación con el precepto 77, ambos de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la concesión del amparo se traduce en los siguientes efectos: El Juez Décimo Primero Civil Especializado en Materia Mercantil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, deje insubsistente todo lo actuado dentro del juicio hipotecario ********************de su índice, a partir del emplazamiento reclamado. Al respecto, cobra aplicación la tesis I.7o.C.115 C, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 2361, tomo XXVIII, Octubre de 2008, Materia Civil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "EMPLAZAMIENTO. CUANDO SE CONCEDE EL AMPARO PORQUE TAL DILIGENCIA SE PRACTICÓ MEDIANTE EDICTOS, SIN OBSERVARSE LAS FORMALIDADES CORRESPONDIENTES Y EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS EL QUEJOSO MANIFIESTA COMO SUYO ALGÚN DOMICILIO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ORDENAR QUE EL LLAMAMIENTO AL JUICIO NATURAL SE HAGA EN ESE LUGAR, ANTES DE INTENTARLO NUEVAMENTE POR EDICTOS. De conformidad con los artículos 114, fracción I y 116 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, el emplazamiento a juicio debe realizarse preferentemente en el domicilio que habita el demandado, esto es, en su domicilio real. En relación con el emplazamiento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que es la formalidad del procedimiento de mayor envergadura, cuya realización contraria a las disposiciones legales correspondientes deja sin defensa a quien se le practicó. Así, el juzgador está obligado a tomar las medidas que estime pertinentes para lograr que el emplazamiento se cumplimente con el mayor apego a la ley, por tanto, cuando en un juicio de amparo promovido por quien se ostenta tercero extraño al procedimiento por equiparación, se otorgue la protección constitucional porque el emplazamiento se realizó mediante edictos, sin observarse las formalidades que corresponden al caso, y, se advierta que en la demanda de amparo el quejoso manifestó expresamente la ubicación de su domicilio, el Juez de Distrito, en aras de garantizar la legal y eficaz realización del emplazamiento, debe ordenar, como un efecto del fallo protector, que antes de que se subsane la irregularidad de la diligencia por edictos, se intente llamar a juicio al buscado en el lugar que éste precisó en el amparo, con apoyo en los artículos 114 y 116 del código adjetivo citado, porque se presume que es su domicilio real, al haberse señalado por el propio interesado ante una autoridad judicial". "Deje insubsistente todo lo actuado hasta el acuerdo de cinco de julio de dos mil diecinueve y se pronuncie nuevamente de manera fundada y motivada respecto a si resultan suficientes las pruebas que ofreció la parte actora para que se le tenga por acreditado el carácter de administradora de la empresa futura demandada. Y en caso de que determine que el actor demostró la personalidad de la aquí quejosa, en su carácter de administradora, emita el apercibimiento correspondiente de manera fundada y motivada. La protección constitucional se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos a la Secretaría de Seguridad Pública, dado que no se reclaman por vicios propios, sino que su ilegalidad de hace depender de lo ordenado por el juez natural" Mediante oficio signado por la Décimo Primero Civil Especializado en Materia Mercantil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, informó que dejó insubsistente todo lo actuado dentro del juicio sumario hipotecario ********************a partir del emplazamiento reclamado, así como todas sus consecuencias legales. Consecuentemente, al advertirse que la autoridad responsable dejó insubsistente todo lo actuado dentro del expediente número ********************a partir del emplazamiento reclamado; por tanto, es evidente que quedó acatada la ejecutoria dictada en este asunto, sin que este órgano jurisdiccional advierta, excesos o defectos; por ende, se tiene por cumplida la sentencia emitida en el presente asunto; debiéndose comunicar lo anterior a las autoridades responsables, para su conocimiento. Vista para el recurso de inconformidad. Por tanto, con fundamento en el artículo 202, de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes, para que dentro del plazo de quince días, manifiesten lo que a su interés convenga, en el entendido que en caso de no hacerlo, se deberá estar a lo acordado en párrafos precedentes. Este proveído se firma de manera electrónica por el suscrito juzgador y el Secretario que da fe, al tener el mismo valor de la firma autógrafa y se instruye al personal correspondiente para que, en su oportunidad, se incluya la evidencia criptográfica de la firma para la actualización de los expedientes físicos, en términos de los artículos 3, fracciones I, V y VII, 22, 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, a doce de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 75, 77 y 192 de la Ley de la Materia, requiérase a la autoridad responsable requiérase a la autoridad responsable Juez Décimo Primero Civil Especializado en Materia Mercantil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, informe a este Juzgado el cumplimiento que haya dado a la sentencia; mismo que deberá efectuarse en los términos precisados en la sentencia dictada el catorce de diciembre de dos mil veintidós , esto es, la concesión del amparo se traduce en que la autoridad responsable en el ámbito de su competencia deberá: "SEXTO.- Efectos del amparo. En términos del numeral 74, fracción V, en relación con el precepto 77, ambos de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la concesión del amparo se traduce en los siguientes efectos: El Juez Décimo Primero Civil Especializado en Materia Mercantil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, deje insubsistente todo lo actuado dentro del juicio hipotecario ********************de su índice, a partir del emplazamiento reclamado. Al respecto, cobra aplicación la tesis I.7o.C.115 C, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 2361, tomo XXVIII, Octubre de 2008, Materia Civil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "EMPLAZAMIENTO. CUANDO SE CONCEDE EL AMPARO PORQUE TAL DILIGENCIA SE PRACTICÓ MEDIANTE EDICTOS, SIN OBSERVARSE LAS FORMALIDADES CORRESPONDIENTES Y EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS EL QUEJOSO MANIFIESTA COMO SUYO ALGÚN DOMICILIO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ORDENAR QUE EL LLAMAMIENTO AL JUICIO NATURAL SE HAGA EN ESE LUGAR, ANTES DE INTENTARLO NUEVAMENTE POR EDICTOS. De conformidad con los artículos 114, fracción I y 116 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, el emplazamiento a juicio debe realizarse preferentemente en el domicilio que habita el demandado, esto es, en su domicilio real. En relación con el emplazamiento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que es la formalidad del procedimiento de mayor envergadura, cuya realización contraria a las disposiciones legales correspondientes deja sin defensa a quien se le practicó. Así, el juzgador está obligado a tomar las medidas que estime pertinentes para lograr que el emplazamiento se cumplimente con el mayor apego a la ley, por tanto, cuando en un juicio de amparo promovido por quien se ostenta tercero extraño al procedimiento por equiparación, se otorgue la protección constitucional porque el emplazamiento se realizó mediante edictos, sin observarse las formalidades que corresponden al caso, y, se advierta que en la demanda de amparo el quejoso manifestó expresamente la ubicación de su domicilio, el Juez de Distrito, en aras de garantizar la legal y eficaz realización del emplazamiento, debe ordenar, como un efecto del fallo protector, que antes de que se subsane la irregularidad de la diligencia por edictos, se intente llamar a juicio al buscado en el lugar que éste precisó en el amparo, con apoyo en los artículos 114 y 116 del código adjetivo citado, porque se presume que es su domicilio real, al haberse señalado por el propio interesado ante una autoridad judicial". Debiendo remitir a este Juzgado copia certificada de las constancias relativas. Con el apercibimiento, que de no hacerlo, se le impondrá una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización, multiplicada por CIEN, de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, y se remitirán los autos, al Tribunal Colegiado de Circuito en Turno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 258 de la Ley de Amparo.

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