Luis Antonio San Miguel Bolea
Expediente 3986/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 3986/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/03/2023
Partes del expediente
- Luis Antonio San Miguel Bolea
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, treinta de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio remitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, por medio del cual envía la resolución dictada en el amparo en revisión 274/2017 de su índice y devuelve los autos del juicio de amparo citado al rubro, acúsese recibo. Comuníquese a las partes que el referido órgano colegiado determinó lo siguiente: "(...) SEXTO. Firmeza. Debe quedar firme por falta de impugnación el sobreseimiento decretado respecto de: La aplicación de las disposiciones fiscales que integraban el sistema normativo conformado por el buzón tributario, contabilidad electrónica y, revisiones electrónicas, al combatirse en su carácter de normas autoaplicativas. La expedición de diversas disposiciones de observancia general contenidas en las Resoluciones Misceláneas Fiscales para los ejercicios dos mil catorce, dos mil quince y dos mil dieciséis, así como sus respectivas Resoluciones Modificatorias, atribuidas a autoridades legislativas. (.) La sección de la sentencia constitucional en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. Lo anterior, porque esas consideraciones no son debatidas a través del presente recurso. (.) R E S U E L V E PRIMERO. En la materia de la revisión se CONFIRMA la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ************, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto del representante legal Eduardo Arámbula Pérez, medio de impugnación interpuesto por el autorizado Sergio Rafael Soriano Cervantes, en contra de la sentencia constitucional de veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, firmada el tres de noviembre siguiente, por el Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, en la Ciudad de México, en el juicio de amparo indirecto 7123/2014 (antes 625/2014). (...)" De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales conducentes, háganse las anotaciones respectivas en el libro electrónico. Se ordena glosar al cuaderno principal las constancias que en original obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión. Conviene destacar los efectos para los cuales se concedió el amparo y protección de la justicia Federal en la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional: "(.) En ese sentido, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa respecto del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, publicado el 9 de diciembre de 2013, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, para el efecto de que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. (...)" De lo que cual se advierte, que los efectos del fallo constitucional fueron para que, en caso de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica a la quejosa durante la vigencia del numeral 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Ello, sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente, en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, se determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho de la quejosa para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación para desvirtuar esos hechos u omisiones, o en su caso, el monto de las contribuciones omitidas. Requerimiento de cumplimiento Con fundamento en los artículos 192, párrafo segundo, 193 y 194 de la Ley de Amparo, se requiere al jefe del Servicio de Administración Tributaria para que en el plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, y dado que no se advierte ninguna complejidad o dificultad en el cumplimiento, ni se trata de caso urgente, realice lo siguiente: Informe si a la quejosa ************, sociedad anónima de capital variable, le fue instaurado el procedimiento de revisión electrónica a que se refiere el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación. En su caso, si dicho procedimiento se efectuó durante la vigencia de la norma contra la cual se concedió el amparo, es decir, hasta antes del treinta y uno de diciembre de dos mil quince. De haber instaurado el procedimiento de revisión electrónica, especifique si dicho procedimiento culminó con la ejecución del crédito fiscal a través del procedimiento administrativo de ejecución, derivado del supuesto específico de que la contribuyente fue omisa en aportar pruebas o realizar manifestaciones para desvirtuar los hechos y omisiones contenidos en la resolución provisional y el oficio de preliquidación, adjuntando las constancias respectivas. Infórmese al jefe del Servicio de Administración Tributaria el Registro Federal de Contribuyentes de la persona moral, a fin de que pueda dar cumplimiento al requerimiento formulado en líneas que anteceden. ORDEN QUEJOSA RFC 1 ************, sociedad anónima de capital variable ************ En el entendido de que: La autoridad responsable debe cumplir la totalidad de lo requerido en la ejecutoria de amparo en el plazo fijado, pues en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 60/2014 (10a.) (número de registro digital 2007912), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)", el cumplimiento extemporáneo injustificado no las exime de responsabilidad. 2. Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando las autoridades lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo y b) los procedimientos ilegales de las autoridades responsables o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, -so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo-, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. Lo anterior, tiene fundamento el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.) (número de registro digital 2007914), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." 3. No basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un juez de Distrito. Apercibimientos por incumplir la sentencia de amparo En caso de no cumplir con la sentencia de amparo, por causa justificada, se realizará lo siguiente: a) Se le impondrá a cada autoridad, una multa de cien a mil veces el valor de la unidad de medida de actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, párrafo segundo y tercero, y 193, en relación con los diversos 238 y 258 de la Ley de Amparo. b) Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué a juicio de la suscrita la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la ley de la materia. c) Se remitirán los autos al tribunal colegiado de circuito, en turno, para seguir con el trámite de inejecución a que se refiere la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los que en su caso, podría culminar en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el juez de Distrito correspondiente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Lo anterior, con fundamento en los artículos 192, párrafos segundo y tercero, 193, párrafos primero, quinto y sexto, así como último párrafo del numeral 196 de la ley citada en párrafos anteriores. Con independencia de lo anterior, se les hace del conocimiento que aun cuando dejen su respectivo puesto seguirán siendo responsables del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que duró su encargo y, por tal razón, podrán ser consignadas en términos de la fracción XVI del artículo 107 constitucional y el diverso 198 de la ley de la materia. Notifíquese y por lista a la quejosa en cumplimiento a lo ordenado en auto de cinco de enero de dos mil dieciséis.
- Principal
Ciudad de México, once de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos la razón actuarial de cuenta, de la cual se advierte la imposibilidad que tuvo el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado Auxiliar, para notificar personalmente a la parte quejosa el auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, por los motivos que expone; en consecuencia, realícese la notificación correspondiente vía electrónica en el Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, en cumplimiento a lo ordenado en auto de veintidós de octubre de dos mil veinte. Finalmente, dada la información que se contiene en la certificación de cuenta, el suscrito se reserva la aplicación de la normatividad correspondiente. Notifíquese, en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y vía electrónica a la quejosa el auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós
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