Luis Antonio Salgado Sánchez
Expediente 38/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 38/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Luis Antonio Salgado Sánchez
Actuaciones
- Principal
Iguala de la Independencia, Guerrero, veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Del estado de autos y la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de queja en contra del proveído del veinticuatro de febrero del año actual, en el que se desechó su demanda. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, se declara que el mencionado acuerdo ha causado estado; archívese el expediente como concluido. En términos del artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se provee lo siguiente: a) Este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que no es de relevancia documental. b) Lo cual podrá efectuarse una vez transcurridos más de los tres años a que alude el artículo 21 del citado acuerdo. c) Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y colóquese en la carátula una tarjeta informativa en la que se asiente la fecha de este proveído, así como la data en que se remita materialmente al archivo. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de José Luis Ortiz Pizá, Secretario quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
Iguala de la Independencia, Guerrero, veinticinco de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado de este expediente, se advierte que en proveído del veinticuatro de febrero pasado se radicó la demanda de amparo promovida por *****, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo, y otras autoridades, en la cual proporcionó al usuario ***** en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo; por tanto, con apoyo en lo establecido en el citado numeral, notifíquesele el citado acuerdo, el presente y los subsecuentes por vía electrónica. Notifíquese por lista electrónica y electrónicamente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Wendali Montserrat Navarro Ramírez, Secretaria quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe. Iguala de la Independencia, Guerrero, veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por ***********, por derecho propio, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo, y otras autoridades; realícense las anotaciones respectivas bajo el número 38/2021-II. Al respecto, se actualizan de manera notoria y manifiesta las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, y fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Para arribar a lo anterior, se tiene que el quejoso reclama: 1. La sentencia de divorcio del tres de diciembre de dos mil diecinueve, en específico, el resolutivo en el que se determinó una pensión en favor de Lucía Guadalupe Escobar Alvarado y sus menores hijos, y además dejó a salvo sus derechos para promover lo que a su interés legal conviniera sobre dicho tópico. 2. La determinación interlocutoria del tres de febrero del año en curso, que resolvió el incidente de cumplimiento de pago de pensión alimenticia. Respecto del primer acto reclamado, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, que establecen que el juicio constitucional es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, que el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días salvo las excepciones señaladas en la normativa de la materia y que los términos se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del acto reclamado conforme a la ley que le sea aplicable. En ese sentido, para efectos de la promoción del juicio de amparo, se debe tener como fecha en que el quejoso tuvo conocimiento de la existencia del acto reclamado. Al respecto el impetrante es omiso en proporcionar la fecha en la que tuvo conocimiento de la sentencia recurrida; sin embargo, el artículo 145 del código adjetivo de la entidad refiere que las notificaciones se efectuarán dentro de los tres días siguientes al en que se dicten las resoluciones que las prevengan, cuando el juzgador o la ley no dispusieren otra cosa. Concatenado a lo anterior, de los antecedentes del acto reclamado narrados bajo protesta de decir verdad, se desprende que el quejoso es parte en el juicio de divorcio del que deriva el acto reclamado, ha actuado incluso desahogando las cuestiones relativas previo a la interposición del segundo acto que combate, por lo que no es dable afirmar que se enteró de su existencia al tiempo que lo hizo de resolución del tres de febrero del año en curso, sino con antelación, en razón de haber actuado en el juicio natural. Entonces, al no haberse inconformado, en el plazo de quince días que para tal efecto prevé la Ley de Amparo, sino más de dos años posteriores al dictado de la resolución, aun actuando en el juicio de origen, resulta extemporánea su presentación. Tocante al segundo acto reclamado, en el que se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XVIII del artículo 61 de la ley de la materia, la hipótesis de estudio tutela el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el cual supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo es improcedente. En el caso concreto, es aplicable lo dispuesto en los artículos 375, fracción II, 381, 386, fracción I, 393, fracción I, inciso b), del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero. Las disposiciones resaltadas, disponen que a efecto de impugnar las resoluciones judiciales emitidas en las controversias del orden civil en el Estado, el código adjetivo establece los recursos de reconsideración, queja y apelación. Asimismo, indican que las sentencias no pueden ser reconsideradas por el juzgador que las dicte, lo que hace patente la procedencia de la apelación contra los actos aquí ventilados, puesto que de conformidad con el diverso numeral 399 de la legislación aplicable, la queja es admisible contra el propio juzgador, respecto de los casos concretos que estipula, en los que no se contemplan las sentencias del orden familiar materia de la litis. En ese sentido, la procedencia del medio ordinario de trato, se colige en específico del artículo 393, fracción I, inciso b, que ordena que la apelación en efecto suspensivo, es admisible contra las sentencias que se dicten en los juicios que versen sobre divorcio o nulidad de matrimonio, violencia intrafamiliar y demás cuestiones de familia o el estado de las personas. Robustece lo anterior, el contenido del artículo 51 de la Ley de Divorcio, que ordena que la sentencia que declara la disolución del vínculo matrimonial es inapelable, únicamente podrán recurrirse la resolución interlocutoria que recaiga en vía incidental respecto del o los convenios presentados. Atendiendo a las consideraciones expuestas, es dable afirmar que contra el segundo de los actos combatidos por esta vía constitucional, es procedente el recurso de apelación, puesto que la sentencia interlocutoria del tres de febrero de dos mil veintidós, resolvió cuestiones inherentes de la disolución del vínculo matrimonial, como lo es el cumplimiento al pago de pensión alimenticia. Apoya esta determinación la jurisprudencia 1a./J 120/2012 (10a.), de título: "DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. LOS AUTOS Y LA SENTENCIA EMITIDOS DESPUÉS DE DECRETADA LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL SON RECURRIBLES." En tal virtud, con apoyo en el artículo 113 de la legislación aplicable se desecha la demanda de amparo. Se tienen por autorizadas a las personas que menciona para los efectos que establece, en el entendido que de no contar con el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales, se les tendrá únicamente para oír y recibir notificaciones; asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica por encontrase dentro de la jurisdicción de este órgano de control. Por otra parte, se tiene por autorizado al usuario que proporciona para la consulta del expediente electrónico de este juicio, en virtud de que cuenta con el registro correspondiente; por tanto, se instruye a la Oficial Judicial "A", encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a efecto de que realice las modificaciones conducentes. De igual manera, se toma conocimiento del número telefónico que proporciona, sin que haya lugar a realizarle las notificaciones por ese medio, en virtud de que no lo contempla la Ley de Amparo. De conformidad en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 y el diverso 3o. de la Ley de Amparo, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista electrónica y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Wendali Montserrat Navarro Ramirez, Secretaria quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
Iguala de la Independencia, Guerrero, veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por ***********, por derecho propio, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo, y otras autoridades; realícense las anotaciones respectivas bajo el número 38/2021-II. Al respecto, se actualizan de manera notoria y manifiesta las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, y fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Para arribar a lo anterior, se tiene que el quejoso reclama: 1. La sentencia de divorcio del tres de diciembre de dos mil diecinueve, en específico, el resolutivo en el que se determinó una pensión en favor de Lucía Guadalupe Escobar Alvarado y sus menores hijos, y además dejó a salvo sus derechos para promover lo que a su interés legal conviniera sobre dicho tópico. 2. La determinación interlocutoria del tres de febrero del año en curso, que resolvió el incidente de cumplimiento de pago de pensión alimenticia. Respecto del primer acto reclamado, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, que establecen que el juicio constitucional es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, que el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días salvo las excepciones señaladas en la normativa de la materia y que los términos se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del acto reclamado conforme a la ley que le sea aplicable. En ese sentido, para efectos de la promoción del juicio de amparo, se debe tener como fecha en que el quejoso tuvo conocimiento de la existencia del acto reclamado. Al respecto el impetrante es omiso en proporcionar la fecha en la que tuvo conocimiento de la sentencia recurrida; sin embargo, el artículo 145 del código adjetivo de la entidad refiere que las notificaciones se efectuarán dentro de los tres días siguientes al en que se dicten las resoluciones que las prevengan, cuando el juzgador o la ley no dispusieren otra cosa. Concatenado a lo anterior, de los antecedentes del acto reclamado narrados bajo protesta de decir verdad, se desprende que el quejoso es parte en el juicio de divorcio del que deriva el acto reclamado, ha actuado incluso desahogando las cuestiones relativas previo a la interposición del segundo acto que combate, por lo que no es dable afirmar que se enteró de su existencia al tiempo que lo hizo de resolución del tres de febrero del año en curso, sino con antelación, en razón de haber actuado en el juicio natural. Entonces, al no haberse inconformado, en el plazo de quince días que para tal efecto prevé la Ley de Amparo, sino más de dos años posteriores al dictado de la resolución, aun actuando en el juicio de origen, resulta extemporánea su presentación. Tocante al segundo acto reclamado, en el que se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XVIII del artículo 61 de la ley de la materia, la hipótesis de estudio tutela el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el cual supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo es improcedente. En el caso concreto, es aplicable lo dispuesto en los artículos 375, fracción II, 381, 386, fracción I, 393, fracción I, inciso b), del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero. Las disposiciones resaltadas, disponen que a efecto de impugnar las resoluciones judiciales emitidas en las controversias del orden civil en el Estado, el código adjetivo establece los recursos de reconsideración, queja y apelación. Asimismo, indican que las sentencias no pueden ser reconsideradas por el juzgador que las dicte, lo que hace patente la procedencia de la apelación contra los actos aquí ventilados, puesto que de conformidad con el diverso numeral 399 de la legislación aplicable, la queja es admisible contra el propio juzgador, respecto de los casos concretos que estipula, en los que no se contemplan las sentencias del orden familiar materia de la litis. En ese sentido, la procedencia del medio ordinario de trato, se colige en específico del artículo 393, fracción I, inciso b, que ordena que la apelación en efecto suspensivo, es admisible contra las sentencias que se dicten en los juicios que versen sobre divorcio o nulidad de matrimonio, violencia intrafamiliar y demás cuestiones de familia o el estado de las personas. Robustece lo anterior, el contenido del artículo 51 de la Ley de Divorcio, que ordena que la sentencia que declara la disolución del vínculo matrimonial es inapelable, únicamente podrán recurrirse la resolución interlocutoria que recaiga en vía incidental respecto del o los convenios presentados. Atendiendo a las consideraciones expuestas, es dable afirmar que contra el segundo de los actos combatidos por esta vía constitucional, es procedente el recurso de apelación, puesto que la sentencia interlocutoria del tres de febrero de dos mil veintidós, resolvió cuestiones inherentes de la disolución del vínculo matrimonial, como lo es el cumplimiento al pago de pensión alimenticia. Apoya esta determinación la jurisprudencia 1a./J 120/2012 (10a.), de título: "DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. LOS AUTOS Y LA SENTENCIA EMITIDOS DESPUÉS DE DECRETADA LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL SON RECURRIBLES." En tal virtud, con apoyo en el artículo 113 de la legislación aplicable se desecha la demanda de amparo. Se tienen por autorizadas a las personas que menciona para los efectos que establece, en el entendido que de no contar con el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales, se les tendrá únicamente para oír y recibir notificaciones; asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica por encontrase dentro de la jurisdicción de este órgano de control. Por otra parte, se tiene por autorizado al usuario que proporciona para la consulta del expediente electrónico de este juicio, en virtud de que cuenta con el registro correspondiente; por tanto, se instruye a la Oficial Judicial "A", encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a efecto de que realice las modificaciones conducentes. De igual manera, se toma conocimiento del número telefónico que proporciona, sin que haya lugar a realizarle las notificaciones por ese medio, en virtud de que no lo contempla la Ley de Amparo. De conformidad en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 y el diverso 3o. de la Ley de Amparo, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista electrónica y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Wendali Montserrat Navarro Ramirez, Secretaria quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
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