Luis Antonio Rivera Sánchez
Expediente 1041/2021 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1041/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Luis Antonio Rivera Sánchez
Actuaciones
- Principal
Se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja contra el acuerdo de quince de octubre de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Luis Antonio Rivera Sánchez, sin que se hayan hecho valer el referido medio de impugnación; en consecuencia, se declara firme dicho proveído para los efectos legales a que haya lugar y se ordena el archivo como asunto terminado. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se considera que este expediente es susceptible de ser destruido, en términos del artículo 21, inciso b), de dicha disposición. Además, se considera que este expediente no tiene relevancia documental para ser resguardado y no se ubica dentro de las hipótesis del artículo 15 del acuerdo mencionado.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal, mediante el cual devuelve sin diligenciar el exhorto 601/2021-II (orden 622/2021-II), librado a efecto de notificar al quejoso Luis Antonio Rivera Sánchez, el acuerdo de quince de octubre pasado, por los motivos expuestos, de lo cual se toma debido conocimiento. Sin que haya lugar de acusar de recibo, por no haberlo solicitado. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 27, fracción III, inciso a), y 29 de la Ley de Amparo, notifíquese dicho proveído, por medio de la lista. El citado acuerdo, emitido el once de octubre de la presente anualidad, es del tenor siguiente: "Naucalpan de Juárez, Estado de México, quince de octubre de dos mil veintiuno. Radicación. Vista la demanda de cuenta presentada por *****, quien se ostenta como defensor particular del quejoso *****, contra actos del Juez de Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Chalco, México y otra autoridad, regístrese bajo el número 1041/2021-II. Desechamiento. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto debe examinar el escrito de demanda y si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En el caso, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, del propio ordenamiento legal. El primero de los artículos transcritos establece que la improcedencia del juicio de amparo puede sustentarse en alguna disposición legal diversa de las previstas casuísticamente en éste. Por su parte, el segundo artículo en la fracción transcrita, dispone que el amparo indirecto contra actos dentro del juicio procede limitativamente respecto de aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución o en los tratados internacionales suscritos por nuestro país, lo que implica que una violación procesal que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, así pueda calificarse como exorbitante, no puede ser sujeta al análisis inmediato a través del juicio de amparo indirecto, ya que no produce una afectación material de derechos sustantivos. Como se ve, el legislador proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que los actos, para ser calificados como de imposible reparación, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva; derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ? a diferencia de los sustantivos? sino que depende que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En el caso concreto, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en: "V. ACTO RECLAMADO: A) AUTORIDAD ORDENADORA Y EJECUTORA: 1. Reclamo del JUEZ DE TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHALCO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO, el acuerdo de fecha trece de septiembre de 2021, en el que resuelve Recurso de Revocación interpuesto por la parte ofendida en dicho recurso así como en la presente causa, en el cual viola mis derechos a la seguridad jurídica e igualdad procesal." Por otra parte, en el apartado correspondiente a los antecedentes del acto reclamado, el quejoso señaló: "IX. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO: 1. En fecha dieciséis de julio de dos mil veintiuno a las catorce horas del día, se le requirió al Agente del Ministerio Público para que en esa fecha presentara a TRES de sus testigos o peritos que le fueron admitidos para que tuviera verificativo la AUDIENCIA DE JUICIO ORAL. 2. En audiencia fecha dieciséis de julio del año en curso, no registro asistencia el Agente del Ministerio Público, así como tampoco se dio cuenta de la asistencia de órganos de prueba, por lo que se suspendió la audiencia y se señalaron las diecisiete horas con treinta minutos del día once de agosto del año dos mil veintiuno. 3. En segmento de audiencia de fecha once de agosto del año en curso el Agente del Ministerio Público no presentó a ninguno de los órganos de prueba que quedaron a su cargo, por lo que subsistió su obligación para hacer comparecer a los órganos de prueba ALFREDO CALVO CERVANTES, MARÍA LUISA SALAS LÓPEZ, DIANET DOMÍNGUEZ CRESPO, paro la continuación de la audiencia de juicio señalada para las quince horas del veinticinco de agosto del año dos mil veintiuno, con el apercibimiento que de no dar cumplimiento, se les tendría desistidos, en términos del artículo 91 de la Ley Adjetiva. Además, en dicho segmento de audiencia, se ordenó la notificación de los ofendidos ALFREDO CALVO CERVANTES y MARÍA LUISA SALAS LÓPEZ, por lo que quedaron debidamente enterados del día y hora señalados para la continuación de la audiencia de juicio. 4. En audiencia de fecha veinticinco de agosto del año en curso, previo debate ejercido entre las partes, se tuvo al Agente del Ministerio Público por desistido de los testimonios a cargo de ALFREDO CALVO CERVANTES y MARÍA LUISA SALAS LÓPEZ, determinación que fue combatida por los mismos mediante recurso de revocación interpuesto el veintisiete de agosto del año en curso. 5. En segmento de audiencia de fecha ocho de septiembre del año en curso, se declaró la Nulidad de la Notificación practicada por la Fedataria Judicial, respecto el recurso de revocación interpuesto, puesto que a esta defensa no se le corrió traslado del escrito del recurso de revocación, sino únicamente se notificó su existencia y no su contenido, por lo que se concedió nuevamente el plazo de dos días a los contendientes procesales , para que en control horizontal expusiéramos lo que a nuestro derecho conviniera, Es así que hasta ese momento se nos corrió traslado del contenido del recurso citado y estuvimos en posibilidad de contestar. 6.." Se considera lo anterior, pues la determinación combatida solo trasciende dentro de la etapa de juicio del expediente natural; de lo que se puede concluir que en todo caso, la afectación que pudiese generar el desistimiento de las testimoniales por parte del representante social, se verá reflejada hasta en tanto recaiga la sentencia en la que se resuelva la responsabilidad o no del quejoso en el delito que se le imputa; momento en el cual podrá combatir no solo la sentencia de mérito en caso de que sea desfavorable a sus intereses (luego de agotar el recurso ordinario respectivo), sino también la determinación que ahora impugna como violación procesal, en términos de las fracciones X y XIX del apartado B, del artículo 173 de la Ley de Amparo; a través del juicio de amparo directo, en términos del artículo 170, fracción I, de la Ley de la materia. De ahí que el solo desistimiento de las testimoniales por parte del representante social a que hace alusión el impetrante de amparo, no vulnera, limita o restringe desde ahora sus derechos sustantivos; pues como se ha referido, será hasta en tanto recaiga la resolución atinente cuando se pueda advertir si se verificó afectación alguna al impetrante, ya que puede emitirse una sentencia absolutoria favorable a sus intereses, en cuyo caso hubiese resultado inútil y ociosa la tramitación del juicio de amparo indirecto, o bien, puede recaer una sentencia condenatoria de la que se desprenda que efectivamente el desistimiento por parte del ministerio público respecto de los atestes trajo contigo una vulneración al procedimiento respectivo, y que la falta de su valoración trascendió en el resultado del fallo afectando las defensas del ahora quejoso; hipótesis esta última que como ya se dijo, es la que en todo caso puede ser susceptible de impugnarse en amparo directo como violación procesal, luego de agotar el recurso ordinario procedente. Siendo indispensable destacar que el quejoso podrá reclamar tanto la sentencia definitiva que recaiga al juicio de origen, como las violaciones procesales que estime se hayan perpetrado en su perjuicio durante la etapa de juicio oral; pero hasta en tanto recaiga aquélla. En ese sentido, resulta patente la improcedencia del presente juicio de amparo; pues por un acto de ejecución de imposible reparación, debe entenderse aquél que afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte material, como la vida, la integridad personal, la libertad, y la propiedad, por citar algunos. En cambio, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado, y estos actos se actualizan respecto de los llamados derechos adjetivos o procesales. Es aplicable la jurisprudencia 607, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, publicada en la página 673, del Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación, del Apéndice mil novecientos diecisiete - septiembre dos mil once, Octava Época, con número de registro 1002673, que establece: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación... El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Asimismo, la jurisprudencia P./J. 24/92, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, del Tomo 56, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de agosto de mil novecientos noventa y dos, con número de registro 205651, que establece: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Además, se cita en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 39, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2006589, que establece: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado - con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." De acuerdo con la sustancia de las anteriores jurisprudencias, se concluye que el amparo contra actos dictados dentro de un juicio, únicamente procede cuando estos afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; sin que ello trascienda en una vulneración a algún derecho sustantivo del peticionario, pues el desistimiento multicitado no implica automáticamente que se emita un fallo condenatorio en su perjuicio, lo anterior, ya que el Juez de Enjuiciamiento responsable deberá considerar todos los medios de prueba ofertados por las partes y desahogados en la etapa de juicio oral, y bajo un ejercicio de valoración racional, determinar si se acreditan los extremos de la hipótesis acusatoria del Ministerio Público, o si por el contrario, se derivan dudas razonables en cuanto a la responsabilidad del quejoso que imposibilitan concluir su participación en las conductas delictivas que se le imputan, ante el fortalecimiento de la hipótesis defensiva enarbolada por sus abogados. En este orden de ideas, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el precepto legal 107, fracción V, de la invocada ley, esté último aplicado a contrario sensu, pues como se ha expuesto, el amparo contra actos emitidos dentro de juicio, únicamente se pedirá ante el Juez de Distrito, contra aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, lo que en el caso no ocurre. En otras palabras, las violaciones procesales son impugnables en amparo directo, cuando se reclama la sentencia definitiva, y solo pueden ser combatidas en amparo indirecto, de manera excepcional, cuando afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte; sin embargo, en el caso particular, no se actualiza la excepción en comento. Es aplicable en lo conducente la Tesis Aislada II.3o.P.57 P (10a.), aprobada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en la página 2662, Libro 64, marzo de 2019, Tomo III, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materias Común y Penal, Décima Época, con número de registro digital 2019536, de rubro y texto: "DESECHAMIENTO DE PRUEBAS EN LA ETAPA DE JUICIO ORAL DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. AL SER UN ACTO INTRAPROCESAL QUE NO TIENE UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE. En el artículo 113 de la Ley de Amparo se faculta al juzgador para desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, y -de acuerdo con el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación- por "manifiesto" se entiende lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Aunado a ello, debe tenerse la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en cada caso concreto, de modo que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Asimismo, en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la diversa fracción V -en sentido contrario- del artículo 107, ambos de la ley de la materia, se establece que los actos emitidos durante el juicio sólo pueden impugnarse en amparo indirecto, cuando afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como la vida, la integridad personal, la libertad, etcétera, cuya afectación no puede ser reparada aun obteniendo sentencia favorable; lo que excluye la procedencia del amparo indirecto cuando sólo se afecten derechos adjetivos, aun cuando dicha afectación pudiera considerarse en grado predominante o superior. En estas circunstancias, cuando se reclame una determinación emitida en la etapa de juicio oral mediante la cual se inadmita una prueba ofertada por la defensa, el amparo indirecto es improcedente, en virtud de que se trata de un acto intraprocesal que no tiene ejecución de imposible reparación, pues no impide el ejercicio actual y real de un derecho sustantivo, al contrario, ese acto constituye una violación a las leyes del procedimiento, en términos del artículo 173, apartado B, fracción X, de la Ley de Amparo, que establece, por un lado, que las violaciones procesales (como es el acto reclamado) deben ser impugnadas en el juicio de amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, de ser ésta desfavorable a los intereses del quejoso y, por otro, dispuso que en los juicios del orden penal, se considerarán violadas las leyes del procedimiento, entre otras, cuando no se reciban al imputado las pruebas pertinentes que ofrezca o no se reciban con arreglo a derecho, como lo reclamado en el caso." Así pues, se pone en evidencia que en el caso concreto, no se actualiza alguna excepción a la regla de procedencia, respecto del juicio de amparo en estudio; por el contrario, si se diera tramite a la pretensión del impetrante, se llegaría al extremo absurdo de sustanciar un juicio de amparo que podría tornarse infértil, si al dictarse la sentencia definitiva en el juicio de origen, ésta resulta benéfica a sus intereses, lo que habría implicado no solo una utilización injustificada y excesiva del juicio de amparo, sino además un derroche de recursos técnicos, humanos y financieros sin sentido alguno, lo que desde luego resulta contrario a los propósitos de procedencia del juicio constitucional, que está instituido para reparar violaciones a derechos humanos y fundamentales reconocidos en el parámetro de regularidad constitucional, y no para fungir como un mero juicio de instancia. Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 8/2020, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la publicación semanal del Semanario Judicial de la Federación, de treinta y uno de enero de dos mil veinte, Décima Época, materia constitucional, con número de registro 2021551, que establece: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. DIFERENCIAS ENTRE EL DERECHO A RECURRIR UN FALLO ANTE UNA INSTANCIA SUPERIOR Y EL DE ACCEDER A UN RECURSO ADECUADO Y EFECTIVO. Si bien los derechos mencionados giran en torno al derecho fundamental de tutela jurisdiccional efectiva contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe tenerse presente que dichas prerrogativas son autónomas, con dimensiones y alcances propios que exigen desarrollos interpretativos individualizados que abonen en el entendimiento y configuración del núcleo esencial de cada derecho. Ahora bien, en cuanto al juicio de amparo, la Corte Interamericana ha establecido que éste se encuentra en el ámbito del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, "Pacto de San José", reconociéndolo, por su naturaleza, como el procedimiento judicial sencillo y breve que tiene por objeto la tutela de todos los derechos reconocidos por la Constitución y la Convención citada; el mismo Tribunal Interamericano precisó que el recurso consagrado en el aludido artículo 25 no es el recurso de apelación, el cual está previsto, en el artículo 8.2 h), del mismo tratado. Esta diferencia entre el derecho a la protección judicial y el derecho a la revisión, es de suma relevancia para entender cuándo se está en presencia del derecho a recurrir un fallo ante una instancia superior, en respeto al derecho al debido proceso, y cuándo se está ante la exigencia del derecho a un recurso que ampare derechos fundamentales de fuente nacional o convencional, por tanto, el juicio de amparo debe considerarse como un medio de defensa diseñado para proteger los derechos consagrados en la Constitución y la Convención Americana, y no como un mecanismo de segunda instancia, esto es, un recurso que sirve de margen para la revisión de una decisión en el marco de un proceso." Por las razones expuestas, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Domicilio y autorizados. De conformidad con los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa la lista de acuerdos, toda vez que el señalado se encuentra fuera de la residencia de este juzgado de distrito. En atención a la certificación secretarial que antecede, ténganse por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Guillermo Soto Monroy y Víctor Isaac Aguilar Caro, y únicamente para oír y recibir notificaciones a Gabriela García Piña, Danna Divanny Esparragoza Saldívar, Jaime Márquez Monroy y Anahí Adrián Hernández. Días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de la materia, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Medios alternos de comunicación. Respecto de los correos electrónicos oskqarmagmed@gmail.com y gabrelagarpi@gmail.com, así como el número telefónico 5630435299 se tiene únicamente como medio alterno de comunicación con la parte quejosa, ya que la notificación que se realice a través de la lista de acuerdos que se publica en internet, así como en el espacio de fácil acceso que para ello designe la administración de este edificio, es la que servirá como base para computar los términos y plazos procesales del presente juicio. Autorización de uso de medios electrónicos. De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizado el uso de medios electrónicos para la obtención de las constancias que obren en este sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que, por su naturaleza, sean de carácter confidencial o reservada, debiéndose asentar la razón de recibo respectivo; en el entendido de que el uso de las mismas es responsabilidad de la parte que las obtenga. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Exhortación a tramitar asuntos "EN LINEA". Con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en línea y, además, proporcionen algún otro medio de contacto, como correo electrónico o servicio de mensajería instantánea, a través del cual se pueda entablar comunicación no procesal. Finalmente, toda vez que el domicilio señalado por la parte quejosa, se encuentra ubicado en calle Constitución, número 40, colonia Escandón, Primera sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, Código Postal 11800, Ciudad de México, el cual se ubica fuera de la jurisdicción territorial de este juzgado, con fundamento en los artículos 124, 125 y 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo establecido por el numeral 27, fracción II de la Ley de Amparo, así como en los diversos 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la ley de la materia, y en el numeral 79 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, gírese atento exhorto vía electrónica a través del Submódulo Expediente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con las firmas electrónicas correspondientes al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado ordene a quien corresponda se constituya, en el domicilio descrito con anterioridad y notifique la presente determinación a la parte quejosa, corriéndole traslado con copia simple del mismo. Asimismo, en el acto de dicha diligencia lo requiera para que dentro del término de tres días, contados a partir de su legal notificación señale domicilio en este municipio de Naucalpan de Juárez, o bien, dentro de la zona metropolitana, esto es, los municipios de Tlalnepantla de Baz, Atizapán de Zaragoza, Huixquilucan y Cuautitlán Izcalli, todos del Estado de México, y la aperciba que de no hacerlo en el término concedido, se le tendrán las listas, sin ulterior acuerdo.
- Principal
Vista la demanda de cuenta presentada por ******, quien se ostenta como defensor particular del quejoso ********, contra actos del Juez de Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Chalco, México y otra autoridad, regístrese bajo el número 1041/2021-II. Desechamiento. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto debe examinar el escrito de demanda y si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En el caso, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, del propio ordenamiento legal. El primero de los artículos transcritos establece que la improcedencia del juicio de amparo puede sustentarse en alguna disposición legal diversa de las previstas casuísticamente en éste. Por las razones expuestas, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO.
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