Luis Antonio Rebollar Gómez
Expediente 494/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 494/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/05/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Luis Antonio Rebollar Gómez
Actuaciones
- Principal
Se agregan los oficios de las autoridades que se indican. En atención a su contenido, se toma conocimiento de los trámites que se realizan para cumplir con el fallo protector.
- Principal
Por recibido el oficio de las autoridades, mediante el cual, informa las gestiones realizadas para desahogar el requerimiento formulado a sus representadas en auto de veintinueve de marzo del año en curso, tal como lo acredita con el anexo que exhibe. En atención a su contenido, se tienen por hechas sus manifestaciones de las que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. En otro orden, por recibida la copia simple del oficio de la autoridad, sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento en virtud que la firma que ostenta el oficio remitido no es autógrafa y al carecer de ésta no existe la manifestación expresa de la voluntad de quien suscribe.
- Principal
Por recibido el escrito de cuenta signado por la autorizada de la parte quejosa, por el que en desahogo al requerimiento de veinticuatro de marzo del presente año, realiza diversas manifestaciones y solicita se requiera a las autoridades responsables a efecto de que cumplan con el fallo protector. Por lo anterior y a efecto de acatar en los términos precisados lo ordenado por la Superioridad, se requiere al citado Titular, en su calidad de superior jerárquico de las autoridades señaladas como responsables, para que en el término de DIEZ DÍAS HÁBILES, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, reconozca y dé de alta a la parte quejosa como derechohabiente del citado Instituto, realizando las diligencias necesarias, inclusive ante diversas autoridades no señaladas como responsables. Igualmente, porque el derecho a la accesibilidad desde la perspectiva de la discapacidad comprende el deber de ajustar un entorno en el que una persona con cualquier limitación puede funcionar y gozar de la mayor independencia posible, a efectos de que participe plenamente en todos los aspectos de la vida en igualdad de condiciones con las demás. Es así pues, se insiste, no se trata de una solicitud en la que tengan margen de decisión, sino de la ejecutoria de amparo (norma jurídica individualizada), cuyo cumplimiento es de orden público, por tanto, les corresponde, hacer las adecuaciones en cuanto a los trámites requeridos o al traslado físico de la quejosa a las instalaciones u oficinas que correspondan, a efectos de que se le expida la constancia que la acredite como derechohabiente y de que tenga garantizado la prestación de los servicios de salud que tiene a su cargo el organismo (ajustes razonables). Ello, en congruencia con los principios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que reconoce la necesidad de promover y proteger los derechos humanos de las personas con discapacidad, incluidas aquellas que necesitan un apoyo más intenso, para que puedan gozar de las libertades fundamentales; y la obligación de los Estados parte, de adoptar las medidas pertinentes para asegurar la realización de ajustes razonables, a fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación, y otorgarles apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica, así como a proporcionar los servicios lo más cerca de su comunidad Se apercibe, que de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá multa. Se hace del conocimiento de la autoridad requerida, que debe hacer uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer para conseguirlo, haciéndolo del conocimiento de este órgano jurisdiccional, ya que de no proceder así, incurre en responsabilidad en los mismos términos que las autoridades requeridas; bajo el apercibimiento, que los autos serán remitidos a la superioridad por inejecución de sentencia.
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