Luis Antonio Ramirez Villegas

Expediente 989/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
989/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
25/04/2022

Partes del expediente

  • Luis Antonio Ramirez Villegas

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México; veinticinco de abril de dos mil veintidós. Declaración de Ejecutoria. Visto el estado procesal que guardan los autos, así como la certificación de cuenta, se desprende que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha las partes hayan interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el tres de junio de dos mil veintiuno, en la cual se determinó sobreseer en el juicio de amparo. En consecuencia, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales a que haya lugar. Fundamento: Artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, como lo indica su numeral 2. Sirve de apoyo a lo anterior la Tesis XIX. 1º. A.C.J/1(10ª.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, visible en la página 2464, Tomo IV, septiembre de 2016, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De una interpretación literal del artículo 87 de la Ley de Amparo, se colige que para que una autoridad responsable esté facultada para interponer el recurso de revisión, debe resentir una afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones, pero ese perjuicio no debe ser hipotético, sino real, y su demostración incumbe a la propia autoridad; ejemplos de afectación son cuando se concede el amparo y la protección de la Justicia de la Unión respecto del acto que se le imputó o cuando se le impone una multa, de lo que se sigue que cuando el Juez sobresee en el juicio ante la negativa de los actos reclamados, para fines prácticos de la revisión, esa decisión ningún agravio ocasiona a la responsable, pues es inconcuso que el sobreseimiento es únicamente desfavorable para el quejoso y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente. Con este criterio se preserva la intención del legislador, de tener al recurso de revisión como un instrumento técnico a través del cual, se tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, pues si quien pudiera resultar afectado con la decisión de sobreseimiento, que es el quejoso, no se inconforma con la sentencia respectiva, es nítido que la responsable carece de legitimación para hacer valer el recurso de revisión, pues éste es un procedimiento de segunda instancia que se creó con la finalidad de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en el juicio de amparo, pero para aperturar la alzada se requiere de un agravio directo ocasionado por la decisión, lo que no ocurre en la hipótesis descrita." Archivo del asunto. En otro orden de ideas, del mismo estado de autos, se advierte que el juicio en que se actúa se encuentra debidamente integrado; por tal razón, ARCHÍVESE EL ASUNTO COMO CONCLUIDO. Fundamento: Artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario. Valoración del expediente, anotación en el Libro Electrónico y colocación de los sellos en la carátula. En consecuencia, para dar cumplimiento al ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se estima que el juicio de amparo en que se actúa, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en virtud de que se ubica en el supuesto descrito en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo en mención. Previo a calificar el destino de los cuadernos incidentales, cabe precisar que deberán archivarse por separado respecto del expediente principal, dado que no siempre existirá coincidencia entre la valoración que a cada uno corresponda (depuración, destrucción, etcétera), ni las reglas fijadas para la preservación de actuaciones, además de que los plazos de conservación del expediente son diversas. En lo que toca al cuaderno original relativo al incidente de suspensión, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del propio acuerdo invocado, es susceptible de depuración. Asimismo, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, conforme a lo previsto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General ya mencionado, una vez que transcurra el plazo de seis meses, contados a partir de la emisión de la resolución interlocutoria respectiva. Atento a lo anterior, colóquese el sello de fecha de archivo y destino final en la carátula del expediente en que se actúa y en los cuadernos incidentales, asimismo, háganse las anotaciones en el libro electrónico que para registro lleva este juzgado de distrito. Devolución de documentos Ahora bien, en virtud de que la parte quejosa exhibió documentos, pónganse a su disposición para que dentro del plazo de noventa días, se presente a recogerlos, asimismo la persona que lo haga, deberá exhibir su identificación oficial vigente y copia simple de la misma, para debida constancia legal; apercibida que en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser depurados junto con el expediente. Con motivo de lo anterior, y a efecto de cumplimentar las bases establecidas por el Consejo de la Judicatura Federal en el Acuerdo 21/2020, que se encuentren en el supuesto de que, el juzgado federal requiera la presencia de una de las partes para el desahogo de un requerimiento, se estará a lo siguiente: "Artículo 6. Modelo de atención presencial basado en citas. La presencia física de las partes en los órganos jurisdiccionales se admitirá dentro de los siguientes supuestos y reglas: I. Cuando sea la o el titular del órgano jurisdiccional quien cite físicamente a las partes o a diversas personas para una comparecencia, para el desahogo de un requerimiento o para su participación en una diligencia o audiencia, será el propio órgano jurisdiccional quien genere la cita respectiva desde la modalidad del programa "Agenda OJ" que le permita realizar dicha funcionalidad. Para ello, deberá considerarse que: a) El citatorio permitirá la generación desde uno hasta tres códigos QR, según se estime necesario atendiendo a la naturaleza de la diligencia a practicar. b) Cuando el citatorio respectivo se notifique electrónica o personalmente, junto con el mismo se hará entrega del Código QR respectivo. c) Cuando el citatorio se notifique por lista, el o los Códigos QR se dejarán en el del edificio respectivo y se dará aviso a la administración del mismo con las fechas y horarios de audiencia, de modo que quienes acudan a la cita puedan ingresar bajo la regla de hasta dos personas por Código. Una vez en el órgano jurisdiccional se verificará que quienes asistan cuenten con la capacidad procesal necesaria para participar en la diligencia. d) La o el titular deberá garantizar bajo su más estricta responsabilidad la adopción de las medidas de distanciamiento social necesarias, de modo que las diligencias, comparecencias y audiencias no interfieran con personas que hayan programado personalmente sus citas, y que en ningún caso se ponga en riesgo la salud del personal jurisdiccional ni de las personas justiciables. e) Tratándose de requerimientos sujetos a un plazo, el órgano jurisdiccional generará la cita para que tenga verificativo el día en que venza. f) La o el titular deberá determinar los casos en que los citatorios a una de las partes deban notificarse a las otras partes, para que, si así lo desean, puedan presenciar dicha comparecencia a través de videoconferencia". Al respecto, dígase a las partes, que se pone a su disposición como medio de contacto la dirección de correo electrónico siguiente: alma.rico.guerrero@correo.cjf.gob.mx, así como el teléfono 5551338100 ext. 1006 y 1005, a efecto de que se comuniquen a este juzgado de distrito y soliciten el día y hora en que desea comparecer a las instalaciones de este juzgado a la consulta del presente expediente, informándoles que dicho horario es el comprendido de lunes a viernes de ocho de la mañana a una de la tarde. Atento a lo anterior, una vez agendada dicha cita se generará un Código QR para permitirle el acceso a las instalaciones de este juzgado, mismo que estará disponible en el módulo de vigilancia y se dará aviso a la administración del mismo con la fecha y horarios de su cita, de modo que quienes acudan a la cita puedan ingresar bajo la regla de hasta dos personas por Código. Una vez en el órgano jurisdiccional se verificará que quienes asistan cuenten con la capacidad procesal necesaria para participar en la diligencia. Notifíquese y vía electrónica a la parte quejosa.

  2. Principal

    Ciudad de México, cuatro de enero de dos mil veintidós. Recepción. Téngase por recibida la promoción de cuenta, mediante la cual Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, en cumplimiento al Acuerdo General 19/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remite el juicio de amparo 2246/2021, de su índice, sin integrar, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por *******************, contra actos atribuidos al Presidente de la República y otras autoridades. Sin que sea necesario acusar recibo de autos, toda vez que así lo determinó el órgano jurisdiccional en cita, mediante proveído de uno de diciembre del año en curso, dictado en el cuaderno respectivo de su índice. Avocamiento y registro. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones 1 y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 115, 117 y demás relativos de la Ley de amparo y en términos del Acuerdo General 19/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este Juzgado de Distrito se avoca al conocimiento del juicio de amparo de que se trata, por lo cual, se ordena registrar el asunto con el número de expediente 989/2021. Fórmese el expediente físico y electrónico de amparo, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo e instrúyase al secretario de acuerdos que le corresponda el presente asunto, que deberá dar fe en lo sucesivo de que, tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. Determinación (Desechamiento) respecto del acto reclamado en el escrito de demanda de amparo. De una interpretación integral de la demanda de amparo, se concluye que la parte quejosa señaló como acto reclamado, lo siguiente: La discusión, aprobación, expedición y promulgación del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, respecto de los artículos relacionados con la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, respecto de los artículos señalados en el escrito de demanda. Al respecto, a consideración del suscrito, debe desecharse el presente juicio de amparo, respecto del acto reclamado por la parte quejosa, al actualizarse de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de amparo, ante la falta de afectación a su interés jurídico, por los motivos que se exponen a continuación. El artículo que establece la causa de improcedencia en cuestión prevé lo siguiente: "61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Del precepto reproducido se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no causen perjuicio al quejoso, es decir, que no le generen una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa (interés jurídico) o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Aunado a lo expuesto, es conveniente precisar que, tratándose de normas de carácter general, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la distinción de las normas autoaplicativas y heteroaplicativas se establece en términos del concepto de individualización condicionada o incondicionada, es decir, la característica que puede tener una norma jurídica, de cobrar aplicación en la esfera jurídica de su destinatario desde el momento de su entrada en vigor (individualización incondicionada), o bien, hasta que se produzca un acto necesario para que el ordenamiento jurídico adquiera su individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende el acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal (individualización condicionada). En ese sentido, una ley se considerará autoaplicativa cuando las obligaciones que de ella deriven nacen desde la entrada en vigor de ésta, independientemente de que no se actualice condición alguna, y en tal virtud, el juicio de amparo podrá ser promovido desde tal instante, pues se trata de disposiciones que, acorde al imperativo que contienen, vinculan al gobernado a su cumplimiento inmediato, en razón de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. Por otra parte, cuando la aplicación jurídica o material de una norma está sometida a la realización de un hecho futuro incierto, ésta tendrá el carácter de heteroaplicativa, ya que las obligaciones de hacer o no hacer no surgen de manera inmediata por la entrada en vigor de tal disposición, sino que requieren un acto diverso que condicione su aplicación y, en consecuencia, será hasta este momento en que la esfera jurídica del quejoso se vea afectada. Lo anterior, de acuerdo con la jurisprudencia P./J. 55/97 (9ª) y la tesis aislada 2a. XIX/96 (9ª) (registros 198200 y 200627), cuyos rubros son: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA." "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS (DISTINCION BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACION INCONDICIONADA)." Ahora bien, de la revisión a la red de información y comunicaciones del Poder Judicial de la Federación, concretamente en la página electrónica accesible vía intranet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que, mediante auto de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, dictado en la acción de inconstitucionalidad 82/2021 y su acumulada 86/2021, la Ministra instructora Norma Lucía Piña Hernández se pronunció sobre la afectación que pudiera generar el decreto aquí impugnado con motivo de su entrada en vigor, en los términos siguientes: (.) Ciudad de México, a veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. (.) Sin embargo, aun partiendo de dicha interpretación, en el caso no se satisfacen los supuestos excepcionales para conceder la suspensión, porque el posible daño a los derechos humanos invocados por los accionantes, como lo son, entre otros, el derecho a la privacidad y a la protección de datos personales relacionados con la identidad de las personas, a la presunción de inocencia y al uso de las tecnologías de la información, no se actualiza a partir de la vigencia de la norma. En efecto, de acuerdo con el régimen transitorio del decreto impugnado, si bien esas normas entraron en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, el diecisiete de abril del presente año (sic), lo cierto es que la obligación de proporcionar esos datos está sujeta, primero, a la condición relativa a que dentro del plazo de ciento ochenta días naturales siguientes a la expedición del decreto (artículo transitorio tercero, párrafo primero) el Instituto Federal de Telecomunicaciones expida, entre otras, las disposiciones administrativas de carácter general para la operación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, el cual corresponde a una base de datos que contendrá diversos datos personales de todas y todos los titulares de una línea telefónica móvil, entre otros, el domicilio, el número de identificación oficial con fotografía o Clave Única de Registro de Población del titular de la línea y los datos biométricos. Y segundo, al plazo de dos años a partir de la publicación del decreto para que los usuarios de líneas telefónicas móviles adquiridas con anterioridad a su entrada en vigor, cumplan con el registro de sus datos (artículo transitorio cuatro, párrafo primero); y al plazo de seis meses posteriores a que el Instituto emita las disposiciones administrativas de carácter general a que se refiere el presente decreto, para que los concesionarios de telecomunicaciones y los autorizados, realicen el registro de los nuevos usuarios de telefonía móvil (artículo transitorio quinto). En este sentido, y toda vez que los promoventes hacen depender el otorgamiento de la suspensión de la afectación a los derechos humanos precisados y esta afectación no se resentirá de manera inmediata a partir de la expedición del decreto cuya invalidez se solicita, dado que éste se produciría, en su caso, a partir de que los usuarios proporcionen la información respectiva, obligación cuyo cumplimiento está sujeto a la condición y plazos precisados, en consecuencia, no se actualizan los supuestos excepcionales precisados por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para conceder la suspensión solicitada en este medio de control constitucional. Lo anterior, sin perjuicio de que en caso de que varíen las circunstancias valoradas en este auto para negar la suspensión, dicha medida cautelar pueda ser nuevamente analizada. (.) De la transcripción que antecede se advierte lo siguiente: El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, no es susceptible de causar perjuicio con motivo de su sola vigencia. Lo anterior, ya que si bien, conforme a su régimen transitorio, dicho decreto entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, es decir, el diecisiete de abril de dos mil veintiuno, lo cierto es que la obligación de proporcionar esos datos está sujeta: 1. A la condición relativa a que dentro del plazo de ciento ochenta días naturales siguientes a la expedición del decreto (artículo tercero transitorio, párrafo primero) el Instituto Federal de Telecomunicaciones expida, entre otras, las disposiciones administrativas de carácter general para la operación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, el cual corresponde a una base de datos que contendrá diversos datos personales de todos los titulares de una línea telefónica móvil, entre otros, el domicilio, el número de identificación oficial con fotografía o Clave Única de Registro de Población (CURP) del titular de la línea y los datos biométricos. 2. Al plazo de dos años a partir de la publicación del decreto impugnado para que los usuarios de líneas telefónicas móviles adquiridas con anterioridad a su entrada en vigor, cumplan con el registro de sus datos (artículo cuarto transitorio, párrafo primero); y al plazo de seis meses posteriores a que el Instituto Federal de Telecomunicaciones emita las disposiciones administrativas de carácter general a que se refiere el mencionado decreto, para que los concesionarios de telecomunicaciones y los autorizados, realicen el registro de los nuevos usuarios de telefonía móvil (artículo quinto transitorio). Derivado de lo anterior, la posible afectación que pudiera generar el decreto impugnado a sus destinatarios no es susceptible de ser resentida de manera inmediata a partir de su expedición, sino a partir de que los usuarios proporcionen la información respectiva, obligación cuyo cumplimiento está sujeto a la condición y plazos precisados. En el caso, se reitera que la parte quejosa promovió el presente juicio de amparo en contra del Decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, -con motivo de la sola entrada en vigor-, de ahí que se estime que dicha norma de carácter general no genere perjuicio con su sola expedición. Cabe destacar que, conforme a lo expuesto en la demanda de amparo, la parte quejosa reclama de forma precisa, entre otros, el artículo 180 quáter de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en el que se establece, en esencia, lo siguiente: Se obliga a todos los titulares de las líneas telefónicas móviles "celulares" a registrar sus datos biométricos, bajo pena de cancelar la línea y no acceder a los beneficios de la misma. Se faculta a las compañías telefónicas privadas y al Instituto Federal de Telecomunicaciones, para recabar, obtener e ingresar los datos personales (biométricos) al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Debido a lo anterior, este órgano jurisdiccional concluye que, respecto del acto reclamado por la parte quejosa, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia citada con antelación, ya que el decreto controvertido no genera perjuicio a la parte quejosa, con motivo de su entrada en vigor. Así se afirma, ya que la posible afectación que pudiera generar el acto reclamado a la parte quejosa no es susceptible de ser resentida de manera inmediata a partir de su expedición, sino en el momento en que se esté en aptitud de proporcionar la información establecida en el artículo 180 quáter de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, obligación cuyo cumplimiento está sujeto a la condición y plazos precisados en los artículos tercero y cuarto transitorio del mencionado decreto, los cuales disponen lo siguiente: "Tercero. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la expedición del presente Decreto, deberá emitir las disposiciones administrativas de carácter general a que se refiere el presente Decreto. La no emisión de las disposiciones de carácter general en el plazo referido en el párrafo anterior dará motivo a responsabilidad administrativa para los integrantes del órgano de gobierno del Instituto, de conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Cuarto. En el caso del registro de líneas telefónicas móviles, en cualquiera de sus modalidades, adquiridas con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados, contarán con un plazo de dos años a partir de su publicación para cumplir con las obligaciones de registro a que se refiere el presente Decreto. El Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, así como los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados, durante el plazo de dos años a que hace referencia el párrafo anterior, deberán realizar una campaña de información dirigida a sus clientes, con la anticipación que les permita cumplir con su obligación de registrar y actualizar sus datos. Para tal efecto los usuarios deberán presentar ante el concesionario o autorizado de que se trate la tarjeta SIM, así como la documentación fehaciente a que hace referencia el artículo 180 Ter de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión o a través de los medios tecnológicos que faciliten a los usuarios el registro. También deberán ser informados de que, en caso de no realizar dicho trámite dentro del plazo señalado, se les cancelará la prestación del servicio relacionado con la línea telefónica móvil de que se trate, sin derecho a reactivación, pago o indemnización alguna. Transcurrido el plazo señalado para el registro de titulares o propietarios de las líneas telefónicas móviles, el Instituto solicitará a los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, a los autorizados, la cancelación en forma inmediata de aquellas líneas de telefonía móvil, que no hayan sido identificadas o registradas por los usuarios o clientes." Aunado a lo anterior, de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que de la página oficial electrónica del Instituto Federal de Telecomunicaciones, a saber http://www.ift.org.mx/, a la presente data, no se han emitido las disposiciones de carácter general a las que se hacen referencia en el Decreto controvertido mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de abril de dos mil veintiuno. Lo anterior sucede así, con motivo de la suspensión concedida en la resolución de once de junio de dos mil veintiuno, emitida en la controversia constitucional 71/2021, del índice de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual fue promovida por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), determinación que fue confirmada mediante diversa resolución de veinte de octubre de dos mil veintiuno, emitida en el recurso de reclamación 61/2021-CA, del índice de dicha Sala, dichas determinaciones resultan un hecho notorio para este órgano jurisdiccional en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. Esto es, con motivo de la suspensión concedida en dicha controversia constitucional, se determinó que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) no debe emitir las disposiciones de carácter general a las que se hacen referencia en el Decreto controvertido, lo anterior, hasta en tanto se verifique la constitucionalidad de dicha porción normativa, de ahí que al día de hoy, aún no se hayan emitido las disposiciones de carácter general en comento. En consecuencia, este órgano jurisdiccional considera que, a la fecha de presentación de la demanda electrónica (veintidós de mayo de dos mil veintiuno), el decreto reclamado no es susceptible de causar perjuicio a la parte quejosa, al no haberse satisfecho las condiciones y plazos previstos en los artículos tercero y cuatro transitorios citados. De igual forma se precisa, que el suscrito no desconoce el criterio establecido en la jurisprudencia 1a./J. 32/2005, de rubro: "AMPARO CONTRA LEYES. NO SE ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DESECHAR LA DEMANDA, SI PARA ESTABLECER LA NATURALEZA HETEROAPLICATIVA O AUTOAPLICATIVA DE AQUÉLLAS EL JUEZ DE DISTRITO REQUIERE HACER CONSIDERACIONES INTERPRETATIVAS, PROPIAS DE LA SENTENCIA DEFINITIVA"; sin embargo, dicho criterio no resulta aplicable en el caso, ya que para definir si los preceptos reclamados generan perjuicio a la parte quejosa con su sola entrada en vigor, no resultó necesario realizar una interpretación o análisis profundo de su texto, lo cual es propio de la sentencia de amparo, sino únicamente imponerse del contenido de las normas transitorias que integran el decreto controvertido. La presente determinación, también tiene como sustento lo resuelto en las sentencias siguientes: La dictada en el recurso de queja Q.A. 366/2021, por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, en sesión de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno. La dictada en el recurso de queja Q.A. 431/2021, por el Primer Tribunal Colegiado de circuito en Materia Administrativa especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, en sesión de uno de julio de dos mil veintiuno. En consecuencia, respecto del acto reclamado por la parte quejosa en el escrito de demanda, se desecha la demanda de amparo, al actualizarse de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Autorizados para oír y recibir notificaciones y consulta vía internet. De conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizado en términos amplios de la parte quejosa a Luis Fernando García Muñoz, dicha autorización se entiende para efectos de llevar a cabo todos los actos en juicio que correspondan a la parte quejosa, consistentes en interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas e, incluso, desistirse de ellas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte necesario para la defensa de los derechos del autorizante, sin incluir aquéllos que impliquen disposición del derecho en litigio y los reservados a la persona del interesado, como lo es la facultad para desistirse del juicio de amparo y sus recursos. Por otro lado, en relación con la autorización para la consulta del expediente electrónico vía internet, considerando que se encuentra registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el usuario NOALPADRON"; con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta vía electrónica de las constancias que integran el expediente en que se actúa. En atención a ello, se instruye al ÁREA DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (S.I.S.E.), a fin de que realice los movimientos informáticos necesarios para tal efecto. Utilización de Medios Electrónicos. De igual forma, conforme a la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes para que se impongan de las actuaciones de este expediente con la utilización de medios electrónicos. Notificación a la parte quejosa y consulta vía internet. Asimismo, la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, realiza lo siguiente: Señala domicilio en el presente juicio; y, Solicita el acceso al expediente electrónico y se le realicen todo tipo de notificaciones por esa vía. Al respecto se provee: se autoriza a la parte quejosa el acceso para la consulta electrónica del expediente y para que las notificaciones que le correspondan se le practiquen por esa vía, dado que el usuario que expresamente señaló para tal efecto "NOALPADRON", se encuentra registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para la consulta vía internet del juicio de amparo en que se actúa. Ello parte de la base de que, de acuerdo con la nueva tendencia en la tramitación de los juicios constitucionales, en términos de los artículos 28 y 31 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID 19, la tramitación de expedientes por medios electrónicos se considera la vía idónea para su continuidad, al ser, en la actualidad, un eje rector del quehacer jurisdiccional. Por esa razón, se opta por tener por señalado como medio de comunicación formal con la parte quejosa, los medios electrónicos, y no así el inmueble que indicó para recibir notificaciones de carácter personal que le correspondan. En atención a ello, se instruye al ÁREA DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (S.I.S.E.), a fin de que realice los movimientos informáticos necesarios para tal efecto. Habilitación de días y horas inhábiles. Se habilitan días y horas inhábiles para que se practique cualquiera de las notificaciones que se ordenen en este expediente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo. Transparencia (oposición a la publicación de datos personales). Comuníquese a las partes que, en términos del artículo 57 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, podrán oponerse a la publicación de sus datos informando tal circunstancia a esta potestad judicial para que se acuerde lo conducente. Jurisprudencia. La jurisprudencia y las tesis aisladas que se empleen durante la tramitación del presente juicio de amparo, que hayan sido emitidas durante la Novena Época, son válidamente aplicables en términos del Transitorio Sexto de la Ley de Amparo, así como de la jurisprudencia 2a./J. 10/2016 (10ª), de rubro: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA." Domicilio del Juzgado. Por otra parte, hágase del conocimiento de las partes que las subsecuentes promociones deberán estar dirigidas y ser presentadas de forma electrónica o en este órgano jurisdiccional auxiliar, o en su caso, en la Oficina de Correspondencia Común a la que pertenece, cuyo domicilio se encuentra dentro del edificio sede del Poder Judicial de la Federación en San Lázaro, ubicado en Eduardo Molina número 2, colonia Del Parque, Ciudad de México, Alcaldía Venustiano Carranza, código postal 15960. Notifíquese, y vía electrónica a la parte quejosa.

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