Luis Antonio Ramírez Hernández
Expediente 1367/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1367/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/01/2022
Partes del expediente
- Luis Antonio Ramírez Hernández
Actuaciones
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TRES DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que la parte quejosa dentro del término legal concedido, no se inconformó en contra del proveído de seis de diciembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó de plano por notoriamente improcedente su demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el mismo QUEDA FIRME para todos sus efectos legales procedentes. En consecuencia, una vez que obre agregada la constancia de notificación del presente proveído, sin previo acuerdo ARCHÍVESE el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 21 del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, pues se tuvo por desechada la demanda de amparo; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, procédase a su destrucción. NOTIFÍQUESE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes el escrito de cuenta que de manera electrónica envía RAÚL ARELLANO GUZMAN, en su carácter de Apoderado Especial de la parte quejosa, a través de cual solicita que se requiera al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, para que remita las constancias de notificación que le haya realizado a las partes respecto del auto de seis de diciembre del presente año dictado dentro del juicio laboral 95/2008 del índice del Tribunal Laboral. Sin que haya lugar a requerir a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, toda vez que por auto de nueve de diciembre del presente año, se realizó el requerimiento correspondiente, y aún se encuentra vigente el término que le fue concedido a la citada autoridad para tal efecto. NOTIFÍQUESE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta, signado por JUAN CARLOS SIMÓN HERNÁNDEZ, en su carácter de delegado del Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit, y por ende, de las autoridades que lo integran -Presidente, Síndico, Regidores y Tesorera-, a través del cual exhibe copia certificada del memorándum emitido por la Tesorera Municipal de citado Ayuntamiento, en el que informa el estado financiero en que se encuentra la Administración Pública Municipal de Ixtlán del Río, Nayarit, señalando que no se cuenta con recursos financieros presupuestados, ni se detentan partidas presupuestales para pago de salarios futuros para trabajadores que se reinstalen, por los motivos que expone. Ahora, visto el estado que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que no obstante los requerimientos -seis de mayo, dos y once de junio, dos de julio, once de octubre, ocho, dieciocho y veinticinco de noviembre, todos de dos mil veintiuno- que este Órgano Constitucional ha realizado a las autoridades del Ayuntamiento Constitucional de Ixtlan del Rio Nayarit Presidente, Síndico y Tesorera- dichas autoridades han sido omisas en pagarle al quejoso la cantidad que le adeuda con motivo del incidente de liquidación dictado en el juicio laboral de origen, lo que implica que la ejecutoria de amparo se vea incumplida. En ese sentido, la conducta contumaz de dichas autoridades contravienen lo establecido en el artículo 192 de la Ley de amparo, el cual dispone: Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, la jueza o el juez de distrito o el tribunal colegiado de apelación, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico. El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga. De la disposición normativa transcrita se advierte que su espíritu es el de velar por el debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, las cuales deben ser cumplimentadas sin demora por las autoridades responsables, pues el restablecimiento de la garantía o garantías violadas, mediante la ejecución de la sentencia de amparo, es una cuestión legal de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios. En ese tenor, corresponde a los Juzgadores de Distrito dictar las medidas necesarias a efecto de hacer cumplir las disposiciones establecidas en el numeral de mérito, esto es, que los fallos protectores dictados en los órganos jurisdiccionales a su cargo sean debidamente cumplimentados sin demora. Ahora, en el presente asunto se concedió el amparo y la justicia de la unión al quejoso JOSÉ ANTONIO ORTEGA VILLANUEVA, para que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, realizara lo siguiente: ".provea de inmediato sobre la ejecución del laudo dictado el dos de septiembre de dos mil ocho y actúe de conformidad con lo dispuesto por los preceptos legales que establecen los mecanismos coercitivos para sancionar el incumplimiento por parte del demandado. Luego, como se precisó en párrafos que anteceden, no obstante los requerimientos que se le han realizado a la autoridad vinculada al cumplimiento del fallo protector Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Rio, Nayarit, por conducto de las autoridades que lo integran -Presidente Municipal, Sindico y Tesorero- dicha autoridad ha sido omisa en pagar a la parte quejosa la cantidad que le adeuda con motivo del incidente de liquidación dictado en el juicio laboral de origen. En ese sentido, es evidente la necesidad que existe para que éste juzgador se haga valer de nuevos métodos, que se traduzcan en herramientas efectivas a efecto de hacer cumplir el citado fallo protector. En razón a lo anterior, resulta oportuno traer a contexto lo establecido en la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, en específico, su artículo 202, el cual a la letra señala: "ARTÍCULO 202.- Ningún gasto podrá efectuarse sin que exista partida expresa del presupuesto que la autorice y que tenga saldo disponible para cubrirlo, a excepción de las resoluciones de la naturaleza jurisdiccional que determinen obligaciones a cargo del municipio. Los beneficiarios de subsidios, aportaciones o transferencias, otorgados con cargo al Presupuesto de Egresos Municipal, deberán rendir cuenta detallada de la aplicación de los fondos relativos al Ayuntamiento, así como la información y justificación correspondientes en la forma y plazos de ley. El incumplimiento comprobado en la rendición de la cuenta, motivará, en su caso, la inmediata suspensión de las subsecuentes ministraciones de fondos que por el mismo concepto se hubieren autorizado, así como el reintegro de lo que se haya suministrado." El numeral en cita, establece como regla general que en la administración municipal, ningún gasto público podrá efectuarse sin que exista partida expresa del presupuesto que la autorice, es decir, como regla general únicamente se podrá destinar el gasto público del Ayuntamiento, siempre y cuando ese gasto se encuentre autorizado en alguna partida del Presupuesto de Egresos Municipal. No obstante lo anterior, la regla antes citada tiene una excepción y esta se encuentra contenida en la segunda parte del primer párrafo del artículo transcrito, en la cual se establece que cuando el Ayuntamiento tenga que cumplir con resoluciones de naturaleza jurisdiccional que determinen obligaciones a cargo del municipio, se puede hacer uso del presupuesto de egresos aun y cuando no se encuentre autorizado el gasto que implique cumplir con la obligación del pago correspondiente. En ese orden de ideas, si en el juicio laboral de origen se dictó un laudo en el que se condenó al Ayuntamiento Constitucional a pagar a favor del aquí quejoso, diversas prestaciones, por tanto, es evidente que existe una resolución que implica obligaciones de carácter jurisdiccional al Ayuntamiento en cita, sin que hasta el momento haya cumplido con la misma. En ese sentido, a efecto de cumplir con la obligación de mérito dicho Ayuntamiento puede destinar parte de su presupuesto a fin de pagar al aquí quejoso las prestaciones a que fue condenado en el incidente de liquidación dictado en el juicio laboral de origen, y con ello, cumplir con la ejecutoria de amparo dicta en autos, sin que exista la obligación de que dicho gasto se encuentre destinado en alguna partida presupuestal, pues se trata de una obligación que surge con motivo de una resolución de naturaleza jurisdiccional. Ahora, el ayuntamiento promovente en su ocurso de cuenta señala que no existen recursos financieros presupuestados, ni detenta partidas presupuestales para pago de salarios futuros para trabajadores que se reinstalen. En razón a lo anterior, y en atención a la ejecutoria dictada en autos, se ordena al Presidente Arbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, para que dentro del término de tres días contado a partir del en que quede legalmente notificado del presente proveído, requiera al Ayuntamiento Constitucional de Ixtlan del Rio Nayarit, por conducto de las autoridades que lo integran -Presidente Municipal, Sindico, Tesorero y Regidores- a efecto de que realicen lo siguiente: - Para que en la sesión de cabildo relativa a la aprobación del presupuesto de egresos municipal para el ejercicio fiscal 2022, incluyan o aprueben indefectiblemente una partida presupuestal para el cumplimiento de obligaciones generadas por resoluciones de carácter jurisdiccional, la cual deberá ser basta y suficiente a efecto de que con el monto que sea aprobado en dicha partida, se cumpla con todas las obligaciones económica surgidas con la emisión de la resolución de diez de diciembre de dos mil veinte dictada en el incidente de liquidación del expediente laboral 76/2006. - Lo anterior implica, que el monto aprobado deberá cubrir de forma total, la cantidad destinada al pago de las prestaciones a que fue condenado dicho Ayuntamiento. Luego, en mérito de lo expuesto, y a fin de lograr el cumplimiento expedito, eficaz y pleno del fallo protector, se requiere a las autoridades que conforman al Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit -Presidente Municipal, Síndico y Tesorero- para que una vez que sean notificadas de la determinación que emita el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit -relativa a la sesión de cabildo para el cumplimiento de la resolución de diez de diciembre de dos mil veinte, dictada en el incidente de liquidación del expediente laboral 76/2006- cumplan con dicho requerimiento, asimismo, deberán informar las gestiones que se encuentren realizado a efecto de cumplir con el requerimiento de mérito, debiendo acreditar dichas gestiones con constancias debidamente certificadas. Se apercibe al Presidente del Tribunal de conciliación y Arbitraje y a las autoridades municipales de referencia que de no cumplir con el requerimiento de mérito sin causa justificada, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se harán acreedoras a una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, conforme lo prevé el numeral 258 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 5/2011, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de datos, rubro y texto, siguientes: "Registro digital: 162469 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 5/2011 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Marzo de 2011, página 10 Tipo: Jurisprudencia SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO. AUN CUANDO LAS AUTORIDADES PUEDAN SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA ACATARLAS TAMBIÉN ESTÁN OBLIGADAS A INSTRUMENTAR SIMULTÁNEAMENTE, PARA ESE FIN, MECANISMOS DE TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES DE LAS PARTIDAS QUE LO INTEGRAN. Si bien en términos de lo previsto en los artículos 74, fracción IV; 116, fracción II, párrafo cuarto; 122, apartado C, Base Primera, fracción V, inciso b), 115, fracción IV, párrafo penúltimo y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presupuesto de egresos de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios debe aprobarse, respectivamente, por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa y los Ayuntamientos, sin que válidamente puedan realizarse pagos que no estén comprendidos en los presupuestos respectivos, lo cierto es que tratándose de las sentencias de amparo que implican el pago de recursos monetarios, las autoridades deben desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes, dentro de su ámbito de atribuciones, para dotar a la partida presupuestal correspondiente de los recursos necesarios para acatar la obligación constitucional derivada de las sentencias en comento, conforme a lo dispuesto en los artículos 17, párrafos segundo y sexto y 107, fracción XVI, de la propia Norma Fundamental, los cuales disponen que deben ejecutarse de manera pronta y completa en los plazos y términos fijados, al tenor de lo previsto en la Ley de Amparo y conforme lo ordene el juzgador de garantías. Por tanto, aunque las diversas autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector pueden solicitar al órgano legislativo competente o, en el ámbito municipal al Ayuntamiento, la ampliación del presupuesto respectivo, también tienen la obligación de instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, tomando en cuenta, por una parte, el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago -la que debe cumplirse en el plazo fijado en la sentencia respectiva- y, por otra parte, que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede condicionar su acatamiento." Por último, cabe precisar que el requerimiento de mérito no implica que la autoridad laboral tenga que actualizar -a la fecha en que se dicta el presente proveído- las cantidades a las que fue condenado el Ayuntamiento demandado en el juicio laboral de origen, sino que únicamente se deberá tomar en consideración la cantidad o cantidades que se encuentran determinadas, liquidadas o actualizadas al momento de emitirse la resolución de diez de diciembre de dos mil veinte en el incidente de liquidación del expediente laboral 76/2006. Lo anterior, toda vez que los efectos de la ejecutoria de amparo dictada en autos se constriñen en función del acto reclamado, al momento de emitirse la sentencia respectiva, sin tener el alcance de atender cuestiones futuras, que no prevalecían al momento de la emisión de dicha ejecutoria de amparo, pues actuar de forma distinta implicaría incorporar elementos novedosos para extender los efectos precisados en el fallo a otras posibles violaciones que no fueron motivo de protección por parte de la Justicia de la Unión. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 2771, del Libro III, Tomo 4, de la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a diciembre de dos mil once, que dice: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse". De igual forma, es aplicable por las razones que la informan la tesis 2a. XCVIII/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 646, Libro XXVI, noviembre de dos mil trece, Tomo 1, Materia Común, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que establece: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS. TRATÁNDOSE DE PROCEDIMIENTOS, DEBEN CONSIDERARSE ACATADOS LOS LINEAMIENTOS SEÑALADOS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO AUNQUE NO SE HAYA EMITIDO LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA, SI EL DICTADO DE ÉSTA NO FUE UNO DE SUS EFECTOS. Cuando los efectos de la concesión del amparo no vinculan a la autoridad responsable a dictar una resolución que ponga fin al procedimiento, sino que se limitan a la reparación de la violación cometida en la etapa específica en la que se cometió, es innecesario esperar hasta el dictado de la resolución definitiva, para tener por cumplida la obligación exigida en la sentencia concesoria del amparo. En este tenor, si la sentencia de amparo es clara en determinar que el alcance de la protección federal se limita a la etapa específica donde se cometió la violación procesal, las nuevas violaciones que llegaran a producirse, deberán recurrirse a través de un medio de impugnación diverso". NOTIFÍQUESE.
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